¿Todos somos Cacif?

Mi semana terminó en la segunda actividad con un eslogan tuitero de Antonio Malouf, presidente del Cacif, que decía: «Cacif somos todos».

Me quedé un poco sin palabras, pues unos minutos antes lo había escuchado reducir a las comunidades rurales organizadas a meros «grupos conflictivos interesados en la desestabilización», cuando en realidad estas comunidades lo que buscan es precisamente todo lo contrario: estabilidad, paz y seguridad jurídica.

Certezas para desarrollarse, pues.

Porque la seguridad jurídica es una condición esencial de la vida en sociedad y porque todos somos agentes económicos en el espacio en el que nos toque desenvolvernos. Cualquier discurso que reduzca la seguridad y la certeza jurídicas a una sacrosanta garantía a la inversión productiva[1], exclusivamente y en perjuicio de otras certezas humanas más profundas y vitales, es un discurso mentiroso y malintencionado.

Nadie puede ser tan tonto como para promulgar semejante incoherencia sin algún interés oculto o encomienda.

Como todas las ideas nobles que sirven de fuente a la ley, este concepto también fue ultrajado y apropiado indebidamente. La idea original es que los ciudadanos sepan, en todo momento, cuáles son sus derechos y obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles perjuicio personal o colectivo[2]. Esto incluye la seguridad de un trabajador para ofrecer su fuerza laboral a cambio de un salario estable en condiciones de dignidad, la seguridad que exige una comunidad para tomar las decisiones que les son propias sobre sus territorios y recursos naturales, la seguridad de la administración pública de captar impuestos y regalías equitativas de la actividad privada que se aprovecha de activos comunes o la seguridad que debemos tener todos los ciudadanos de que los corruptos se irán a la cárcel a pagar sus infamias.

La seguridad jurídica es, pues, multilateral, incluyente y universal, o es otra cosa.

Si el sector privado —conformado por bienintencionados y no tanto, como en todos lados— tiene miedo a invertir su plata, imagínense ustedes el miedo que podría sentir una madre ante cinco o seis platos vacíos a causa de un Estado débil y minimizado que no puede cumplir con su mandato constitucional primario de proteger a la persona, a la familia y el bienestar común (artículo 1 de nuestra Constitución Política).

Y es que ¿sabían ustedes que somos por ley un Estado social de derecho? La Constitución establece que el régimen socioeconómico del país se debe fundar sobre principios de justicia social, que se debe procurar la distribución equitativa de la riqueza y que la iniciativa y la actividad privada complementarán los esfuerzos del poder público, no al revés (art. 118).

Verán. «Garantizar la inversión» se ha convertido en un eslogan de marketing que repiten algunos sin ahondar en su falta de lógica. Y utilizan la seguridad jurídica para imponer dicha consigna en el imaginario social. Esconderse detrás de la legalidad para racionalizar y legitimar prácticas injustas no es nada nuevo. La Inquisición también fue legal. Y santa, además. Es la misma mala práctica que pretenden implantar al criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a los pueblos en resistencia mientras defienden sus abusos extractivos y neocolonizadores con fachadas perversas.

Están tan enamorados de las formas que olvidaron por completo el fondo, la razón de ser de sus preciadas instituciones. ¿Y cuando la forma es clara y los desafía? Simplemente la ignoran, como sucede con las provisiones constitucionales citadas arriba (el día que algún vocero del Cacif recite públicamente el artículo 118 de la ley fundamental me retracto).

Nuestro mantra diario debe ser que no todo lo legal es justo y que no toda justicia natural está inscrita en ley. No lo olvidemos y no temamos.

Dependiendo de la forma como se desarrolle y aplique la noción de seguridad jurídica, tendremos un Estado empresarial de derecho, un Estado popular de derecho o, si lo hacemos bien, un Estado de derecho a secas. Para todos.

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Posdata. Me pregunto qué será de mi certeza jurídica de libre expresión al publicar textos como este. ¿Cómo me aseguro de que no me van a poner una ficha en la frente? ¿Cómo sé que no habrá net centers detrás de mí? ¿A quién acudo?

Mientras la seguridad jurídica no sea de todos, pues que no sea de nadie.

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