Nos pegaron una endeudada monumental (200 millones de dólares) a cambio de nada, es decir, de una iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en la cual ellos se sirven con cuchara grande y a los ciudadanos nos convidan a probar con el tenedor.
Valiéndose de un malicioso juego de palabras: proselitismo, propaganda y campaña electoral, formalizan en Ley “su” derecho a realizar propaganda en época no electoral, es decir, todo el tiempo ¿Qué tal?. También se aumentan...
Nos pegaron una endeudada monumental (200 millones de dólares) a cambio de nada, es decir, de una iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en la cual ellos se sirven con cuchara grande y a los ciudadanos nos convidan a probar con el tenedor.
Valiéndose de un malicioso juego de palabras: proselitismo, propaganda y campaña electoral, formalizan en Ley “su” derecho a realizar propaganda en época no electoral, es decir, todo el tiempo ¿Qué tal?. También se aumentan el financiamiento público de dos a cuatro dólares y lo distribuyen en porcentajes específicos destinados a formación de cuadros, actividades y gastos de funcionamiento. Hasta aquí digamos que vamos bien, pero luego oiga usted, estipulan que las multas derivadas de cualquier violación a la normativa electoral serán descontadas directamente de este financiamiento público y ellos mismos, los partidos, acuerdan el techo máximo con el cual el Tribunal Supremo Electoral debe penalizarlos. En otras palabras, las multas por violación a la ley serán pagadas con los impuestos de los ciudadanos, y sellan el abuso con la decisión de que cualquier aprobación o modificación al Reglamento de Sanciones y Multas debe ser discutido con los representantes de los partidos.
En relación al financiamiento privado, se indica que las contribuciones a favor de candidatos a cargos de elección popular deben realizarse solo por depósitos bancarios a nombre del partido y éste debe llevar registro de los movimientos financieros y documentos de respaldo que sustentarán los informes financieros que deben entregar al Tribunal Electoral. No hacen mención a las donaciones en especie, con lo cual el párrafo anterior no es más que prosa romántica.
Establecen tiempos máximos para la transmisión de propaganda pero no dicen de dónde saldrá el dinero para pagarla dejando esa responsabilidad al Tribunal. Y, como esta caja de Pandora es bastante variada, deciden que los espacios y tiempos en televisión deben ser otorgados a canales de “cobertura nacional” beneficiando abiertamente al monopolio de Ángel González.
Instituyen el voto en el extranjero para elegir Presidente y Vicepresidente. Nadie niega la importancia de garantizar este derecho a nuestros connacionales pero esto requiere como mínimo lo siguiente: contar con un censo para saber con exactitud cuántos viven fuera; en dónde: cuál es su estatus legal; determinar si tienen documento de identificación personal y si existe o no una representación consultar cercana. Luego, la planificación debe incluir la forma en que se llevará a cabo la votación, cómo se garantizará la seguridad del voto, el escrutinio y el traslado del mismo. Todo ello sin otorgar un centavo más al Tribunal Electoral, quien tendría además que lidiar con la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas que los diputados le recetaron “para que pueda cumplir mejor con su función”.
Fijan en 160 el número de diputados sin valorar ninguno de los criterios técnicos que desde la academia se les facilitó para no sacrificar la igualdad, la representatividad y la proporcionalidad del sistema. Es ofensiva la ligereza y el populismo que caracteriza sus decisiones. No se qué es más grande, si su ambición o su ceguera. Está bien fijar el número de diputados, no me opongo siempre y cuando se adopten las medidas técnicas necesarias para que no resulte peor el remedio que la enfermedad pues ojo, que la fijación o reducción del número de diputados no asegura la erradicación de la corrupción ni una “supuesta” disminución de la erogación presupuestaria para este organismo del Estado.
Sobre la democratización de los partidos, ni una palabra. Seguirán siendo empresas clientelares y con dueño.
Finalmente, está la decisión de alternar hombre y mujer en las listas de postulación a cargos de elección y asegurar la inclusión étnica. Me pregunto, si esta medida justifica la aprobación de este fraude sobre todo cuando a decir de algunos constitucionalistas su redacción fue deliberadamente planificada para ser declarada inconstitucional. Juzgue usted.
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