Un cacique en el banquillo

La figura política del diputado Jaime Antonio Martínez Lohayza no se puede entender alejada de su natal Quesada en Jutiapa, y de una biografía construida sobre tres pilares: el servicio militar, ser celebridad local en el fútbol departamental, y ser paisano y amigo de la madre del expresidente Óscar Berger (2004-2008). Ha sido una figura prominente en los partidos gobernantes, y es uno de los diputados con más legislaturas bajo el brazo: tres, más la cuarta para la que fue electo el pasado 6 de septiembre. Compitió por la tercera casilla del listado nacional como diputado del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y ganó la reelección pese a ser objeto de un antejuicio por asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. De haber ocurrido un proceso ininterrumpido, en octubre pasado habrían vencido los 60 días que el juez pesquisidor Freedyn Fernández Ortiz tenía para analizar si le retira la inmunidad, y se le procesa judicialmente como a cualquier ciudadano. El pasado 15 de octubre, Martínez Lohayza presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender el antejuicio, cuyo resultado aún se desconoce. El 19 de noviembre la Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones presentadas por Martínez Lohayza y el diputado Manuel Barquín, y ordenó continuar con el antejuicio.

El 15 de julio de 2015, un día después de su cumpleaños número 58, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) solicitaron el antejuicio en su contra con base en evidencias de que, según dicen, Martínez Lohayza pertenece a una red delictiva que lavó al menos US$33 millones de dólares (unos Q255 millones) y financió varias asambleas del partido Gran Alianza Nacional (Gana). La CICIG afirma que la organización criminal, de la cual hay al menos 11 presuntos miembros capturados, manejó las operaciones desde Jutiapa disfrazadas de remesas familiares. Las autoridades señalan que entre los cómplices de Martínez Lohayza figuran los hermanos Manuel Barquín, otro diputado de Líder (quien no se postuló para la reelección), y Edgar Barquín, excandidato a vicepresidente por el mismo partido, exsuperintendente de Bancos y expresidente del Banco de Guatemala.

Según la CICIG, la red delictiva financió las campañas políticas de Martínez Lohayza y Manuel Barquín en 2011 para reelegirse como diputados al Congreso. El primero habría recibido Q1.4 millones. Los hermanos Barquín también comenzaron un proceso de antejuicio a cargo del juez Fernández Ortiz, pero el ex vicepresidenciable lo recusó en agosto pasado y frenó momentáneamente el proceso en su contra. Sin embargo, cuando Lider perdió las elecciones, automáticamente perdió la inmunidad. Mientras tanto, Manuel Barquín ha dicho a la prensa que se les debe “respetar el debido proceso y el principio universal de inocencia”.

PRIMER ACTO: servicio militar

Martínez Lohayza nació en 1957 en la aldea Los Comunes, en el municipio de Quesada, Jutiapa. Creció en una zona clave para el Ejército durante el conflicto armado por su colindancia con El Salvador y Honduras: el oriente del país. Una fuente que prestó servicio militar en Jutiapa en 1974, dice que en una ocasión Martínez Lohayza se le presentó así: “yo fui soldado en la Compañía de Armas Pesadas” en Jutiapa (refiriéndose al mismo año). Esta compañía apoyaba con armamento a las unidades regulares de infantería. Para entonces, Martínez Lohayza tenía 17 años de edad, lo que exigía haber pasado por el Centro de Adiestramiento de Reclutas (CAR), cuya sede era Jutiapa.

Un militar retirado explica que el CAR era el punto de convergencia de todas las redadas a nivel nacional para el reclutamiento militar obligatorio. Después de 1954, el reclutamiento forzoso fue una de las responsabilidades de los comisionados militares. “Pero en el caso de Jutiapa, no había necesidad de agarrarlos”, afirma este militar retirado. “Era una cosa de cultura y herencia familiar haber prestado servicio militar; querían estar en una situación real de combate y tener la experiencia del uso de las armas. Iban a sus 30 meses de servicio y regresaban a sus familias formados por la disciplina militar”.

La oficina de información pública del Ministerio de la Defensa Nacional asegura que no existe registro alguno de que Martínez Lohayza haya sido comisionado militar en Jutiapa. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que lo fue después de que prestó el servicio militar. El coronel retirado Mario Mérida, por ejemplo, recuerda que el diputado sí fue comisionado militar alrededor de los años 80, pero no tiene información documental.

Un investigador académico afirma que si bien no existen registros documentales, sí hay testimonios de víctimas de la violencia durante el conflicto armado (en los años 80), que aseguran que veían a Martínez Lohayza “entrar y salir de la zona militar en Jutiapa sin problemas, que trabajó en Inteligencia Militar”, y que cometió abusos contra población civil.

Por aparte, un diputado de oposición también se refirió a Martínez Lohayza como un comisionado militar que empleó prácticas represivas. “Su habilidad era manejar información, y no darse color”, dijo el legislador, quien explica que capitalizó esas habilidades para entrar en la política y ser exitoso.  “Ahora utiliza las mismas estrategias, está conectado, tiene inteligencia, y es temerario; este señor desafió a toda la estructura de la Gana, y le ganó. Este tipo de personas van por el puesto del jefe, aunque por fuera se muestren amables, suavecitos, siempre queriendo ayudar a la gente”.

Pese a los señalamientos, Martínez Lohayza no aparece entre los nombres de los victimarios identificados en el informe “Guatemala: Nunca más”, del proyecto de  Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi). Tampoco aparece en los registros del National Security Archive (NSA), una organización estadounidense especializada en la investigación de violaciones de derechos humanos.

Fue imposible preguntarle directamente a Martínez Lohayza porque nunca respondió a al menos siete solicitudes de entrevista que se le hicieron por medio de la oficina de la bancada de Lider en el octavo nivel del edificio “7 y 10” (zona 1 capitalina), de su asistente Maritza Reyes, vía telefónica; y de su hijo y también diputado de Lider, Carlos Martínez Castellanos. Un diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en Jutiapa también ofreció servir de gestor para obtener una entrevista con Martínez Lohayza (a quien conoció hace 25 años), pero después de tres llamadas a su oficina, y de dejar mensajes con sus asistentes, no devolvió la llamada ni gestionó la entrevista.

El papel de los comisionados

El comisionado militar era un civil que servía de vínculo entre la comunidad y el comandante de la zona militar departamental (cuando había una por departamento). Entre los gobiernos de Jorge Ubico (1931-1944), cuando surgió la figura, y el gobierno de Jacobo Arbenz (1951-1954), el comisionado militar informaba de cualquier anomalía en su comunidad: desde la necesidad de una pila, hasta que un maestro no llegaba a la escuela a impartir clases.

“De la época de Ubico para mediados del siglo XX, el perfil de un comisionado era gente importante, respetada, altruista, líder en su comunidad; después, ya era gente con determinado cacicazgo, más que liderazgo, y sujetos que sabían que ser comisionados militares representaba un poder en su comunidad; era gente que el Ejército ya no tenía que formar”, explica Mérida, quien admite que el derecho a portar un arma de fuego se convirtió en un estímulo para ser comisionado.

“En época del conflicto armado, la principal necesidad era obtener información (de las condiciones socioeconómicas en la comunidad y la insurgencia), y los comisionados militares eran los ojos y oídos de las fuerzas armadas, y trabajaban de la mano con Inteligencia Militar”, agrega el militar retirado. “Un comisionado era el coordinador de la red de informantes de su comunidad”. Según Mérida, a principios de los años 80, durante el conflicto armado, los requisitos para ser comisionado se relajaron ante la necesidad de ampliar la red de comisionados en las zonas donde había una mayor demanda de inteligencia.

La hoja de vida de Martínez Lohayza en el portal digital del Congreso de la República sólo revela que se graduó con un título de educación media como perito contador, y cursó dos años de licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad San Carlos de Guatemala, sin citar fechas.

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Los comisionados, ayudantes de comisionado y colaboradores de Inteligencia Militar recibían un trato favorable de los militares a quienes proveían de información útil. Y la gente lo notaba. De ahí que testigos recuerden que Martínez Lohayza frecuentaba la zona militar. Para entonces, ocurría que a un sujeto promedio el papel como comisionado militar, o como informante de los militares, le granjeaba un alto perfil en su comunidad.

En época de Ubico, la ley establecía que hubiera un comisionado militar por cada 500 habitantes, según Mérida.

Para 1995, cuando se clausuró legalmente la figura del comisionado, Mérida dice que había unos 30 mil comisionados y ayudantes de comisionado en todo el país. Pero sólo en Jutiapa hubo unos 20 mil, el departamento con la mayor concentración. Otros departamentos con voluminosos números de comisionados fueron Izabal, Zacapa y Chiquimula. Las cifras obedecían a que el Ejército estimó que la frontera con El Salvador y Honduras era geoestratégica por el desplazamiento de la guerrilla.

Los comisionados, un poder paralelo

El voluminoso número de comisionados durante el conflicto armado llevó a un descontrol sobre sus actividades. La situación era grave porque el Ejército extendía carnés de autoridad y permiso de portación de arma a cada comisionado militar y a sus ayudantes o colaboradores, que podían ser múltiples.

 “Después de Arbenz, los comisionados militares fueron mal utilizados porque, de ser recolectores de información y delatores (bajo responsabilidad del Ejército), algunos, como los de Zacapa, se convirtieron también en combatientes”, explica Mérida. “Luego, se volvieron una fuerza que en algún momento actuó de forma descentralizada”.

Los comisionados, ayudantes y colaboradores tenían una buena relación con los agentes de la desaparecida Guardia de Hacienda, Dirección de Migración, y Policía Nacional de esa época, según el coronel retirado. “Para esas autoridades, los comisionados militares eran personajes que hablaban en nombre del Ejército de Guatemala; en Asunción Mita o Pedro de Alvarado (Jutiapa), ya no mandaba el comandante del destacamento militar, sino los comisionados militares”, afirma Mérida.

Se formó una estructura de poder paralelo que en Jutiapa superó a la tropa militar a mediados de los años 80, cerca de la época cuando Martínez Lohayza es asociado a la misma. “Entre soldados y especialistas, Jutiapa tenía 2 mil (elementos militares) versus los 20 mil comisionados y colaboradores que pululaban por todo el departamento”, recuerda Mérida. “El comisionado de Jutiapa se convirtió en un problema de control militar porque actuaba impunemente; hacían lo que se les daba la gana”.

Algunos comisionados militares han sido condenados en los últimos años por violar los derechos humanos. En 2014, por ejemplo, el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij figuró entre los acusados en el caso por esclavitud y abusos sexuales de al menos 11 mujeres entre 1982 y 1983, en el destacamento militar Sepur Zarco, en El Estor, Izabal. El juicio está programado para 2016.

Aunque Mérida insiste en que la estructura de los comisionados actuaba como un poder paralelo, la historiadora y socióloga Matilde González-Izás explica en “Territorio, actores armados y formación del Estado” que “los pactos de dominación y formas particulares de mantener la desigualdad entre los dominantes y los dominados” es una de las formas que adoptó el Estado. Además, el informe del Remhi concibe los abusos de los comisionados militares y Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) como una responsabilidad institucional del Ejército.

Militares,  política y corrupción

González-Izás explica que los caudillos del oriente del país fueron determinantes en algunos movimientos políticos regionales y nacionales. Esto incluye los golpes de Estado entre los años 60 y 80. “Tras cada guerra de secesión, golpes de Estado o cambio de gobierno, las instituciones estatales se reorganizaban para dar cabida a las demandas de la red de colaboradores del nuevo caudillo (financistas, finqueros, comerciantes, caciques)….con sus propias milicias y gobiernos territoriales”, escribe González-Izás.

“El reto del nuevo gobierno era asegurar la lealtad de los caciques de provincia y fuerzas militares, estatales y privadas a quienes debía su arribo al poder”, afirma la experta. “De allí la necesidad de negociar, cooptar, o sobornar a quien fuera capaz de mover la fuerza armada opositora”. Este aspecto hizo clave a figuras como Martínez Lohayza, un caudillo de Jutiapa cuyo caudal político aprovecharon el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Gana y, más recientemente, Lider. Además de liderazgo local, este personaje ofrecía la capacidad de financiar un movimiento político — “ilícitamente”, según el MP.

Mérida cree que, cuando desapareció la figura del comisionado militar a finales de 1995, la mayoría de ellos se integró a varios partidos políticos o a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). Ese año, Martínez Lohayza fue electo alcalde de su natal Quesada y se inició en la vida política. El sociólogo Héctor Rosada afirma que los comisionados y las ex PAC, que dirigían los comisionados, se convirtieron en las bases del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que lideró el general retirado Efraín Ríos Montt. La principal función de las bases, según Rosada: organizar votos.

SEGUNDO ACTO: Don Jaime, el fútbol, y la política

Martínez Lohayza encontró la ruta hacia la política en un campo de fútbol, unos 15 años después de prestar servicio militar. Sandino Reyes, diputado de Jutiapa por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a la que migró en 2014 desde Gana, no está  seguro de que su paisano hubiera sido comisionado militar. “No recuerdo que él lo mencionara; le mentiría al decirle que sí o no”. “Lo que sí dijo en algunas pláticas, recordándose de su juventud, es que a él le gustaba jugar fútbol, y que jugó en equipos del Ejército, del Estado Mayor”. Sin embargo, sí recuerda que su relación con la política comenzó cuando conoció al profesor Edwin Lemus Morales, con quien, según Reyes, jugaba en el mismo equipo de fútbol. “(Lemus ) ‘Chicuito’ salía de candidato a diputado cuando fue la depuración de diputados en ese tiempo (1993), y  él le habló a Martínez Lohayza para que se hiciera cargo del partido CAN (Central Auténtica Nacionalista) en Jutiapa. Así empieza su carrera política a principios de los 90”, relata Reyes.

El CAN fue fundado en 1980. En las elecciones de 1984, para la Asamblea Nacional Constituyente, creó una alianza de 24 diputados constituyentes con el derechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), parte de los 88 diputados constituyentes que elaboraron la Constitución actual hace 30 años.

“Conocí a Martínez Lohayza en su primera campaña a la alcaldía de Quesada, cuando participó por el CAN”, recuerda Reyes. “Yo era director de una estación de radio y él era un futbolista destacado. Ya era empresario, importaba carros de Estados Unidos. Se caracterizaba por ayudar mucho a la gente, apoyar a los equipos de fútbol. Yo siempre lo molestaba porque nunca me dejó de pautar Q100 (se ríe), y cuando le fui a decir que me subiera un poquito la pauta, me dijo: ‘No hay dinero; mejor quite el anuncio’, entonces yo le respondí: ‘¡Mejor dejémoslo ahí!’”.

Martínez Lohayza perdió su primera campaña. “Él era nuevo; no sabía cómo era el tema político, pero como quedó en segundo lugar y tenía un buen perfil político, la dirigencia departamental del PAN lo fue a buscar para que fuera el candidato a alcalde en Quesada, y ganó con un buen margen (en las elecciones de 1995)”, recuerda el diputado Reyes. “Logró tener el apoyo del presidente en ese entonces, Álvaro Arzú. Hizo muchas obras en comunidades que no tenían servicios básicos, ni luz eléctrica, como en la aldea Los Comunes, Quesada, El Retiro, Santa Gertrudis, donde hubo proyectos de drenajes, agua potable. Eso le sirvió para volver a ganar las siguientes elecciones en Quesada” en 1999.

Entonces, el PAN estaba dividido. Se fueron los M17, diputados distritales que se quedaron sin partido después de que renunciaron, y se formó la Gana con partidos que surgieron entre 2000 y 2003: el Partido Patriota (PP), el Movimiento Reformador (MR), y el Partido de Solidaridad Nacional (PSN).

En la transición de Martínez Lohayza al Congreso, fueron determinantes las obras que hizo como alcalde de Quesada, pero también otros factores, según el diputado Reyes. El colega y coterráneo del diputado de Lider narra que para 2003 en Quesada había dos personajes: Winston Pineda y Martínez Lohayza. “Por medio de la Pepsi, de la que era representante, Pineda conseguía uniformes y pelotas para los equipos de fútbol, y Don Jaime Martínez lo hacía por medio de la municipalidad y su empresa; ayudaban al deporte, pero trabajaban juntos, eran muy amigos”, recuerda Reyes, esmerado en subrayar que no había rencillas entre ambos.

Pineda era el designado para llegar al Congreso en 2004 como diputado de Gana para Jutiapa, uno de los 47 diputados de Gana entre el total de 158. Sin embargo, “fallece de un derrame cerebral… Winston murió pobre. Ni le terminó de pagar un carro que le había comprado a Don Jaime”, recuerda Reyes. “Al morir Winston, por la proyección que tenía Don Jaime, le dan la oportunidad para que se venga al Congreso de la República. La gente de Quesada no quería porque él transformó el pueblo. Pero por su liderazgo, los candidatos a alcalde lo proponen para que fuera diputado, y tenía el apoyo del Ejecutivo”.

También intervinieron otros elementos. “Como alcalde, (Martínez Lohayza) había sido compañero de Don Óscar Berger cuando éste fue alcalde de la capital (1996-2000); además, la mamá de Don Óscar es de Asunción Mita (Jutiapa), y como que hicieron amistad,  cabildearon, hicieron un sondeo y la misma base del partido  y las encuestas lo posicionaban como un personaje muy dadivoso. Así, lo postularon como candidato a diputado (en 2003)”, afirma Reyes.

Una fuente cercana a Martínez Lohayza dice que este diputado aseguraba, durante el período electoral 2003, que era capaz de conseguir la cantidad de votos que quisiera para Berger en Quesada. Cuando Berger fue electo mandatario para la administración 2004-2008, Martínez Lohayza comenzó su primera legislatura como diputado de la Gana. Aún era el cacique de Quesada, pero había consolidado su posición política fuera de Jutiapa.

En las elecciones de 2003, la Gana obtuvo 76 alcaldías (frente a 122 del FRG, 37 de la UNE, y 34 del PAN, principalmente). La de Quesada no fue una de ellas, que quedó en manos de un comité cívico. Pero aunque el FRG obtuvo el mayor número de alcaldías en Jutiapa, la alianza PP-MR-PSN o Gana  obtuvo la mayor cantidad de votos (33,019) en la primera vuelta de la elección presidencial en ese departamento. Berger ganó las elecciones en la segunda vuelta.

Irónicamente, el profesor Lemus Morales, el mentor de Martínez Lohayza en política y que lo introdujo al CAN, fue desplazado de la planilla de diputados del PAN en 2003. En la misma figuraba en primer lugar Manuel de Jesús Medrano Castillo, conocido como “Manolito Castillo”, capturado y condenado por los asesinatos de tres diputados del Parlamento Centroamericano y su chofer perpetrados en 2007. En las elecciones 2015, Lemus Morales fue uno de los ocho candidatos para ocupar la alcaldía del municipio de Jutiapa (con la coalición Compromiso, Renovación y Orden-Unionista), y uno de los siete que no lo logró. En el puesto quedó Edwin Castillo del PP. Martínez Lohayza fue reelecto como diputado con el partido Lider, aunque su futuro dependa de la decisión del juez pesquisidor.

Los cargos en su contra

La investigación de la CICIG y el MP y las escuchas telefónicas apuntan a que Martínez Lohayza recibió ayuda financiera de Francisco Morales Guerra, alias “Chico Dólar”, por medio de una red de lavado de dinero en Jutiapa, para el partido Gana, entre 2008 y 2014. Esta maniobra implicaba que él y los hermanos Barquín supuestamente recibían una comisión y, a cambio,  hacían gestiones para que Morales Guerra saliera librado de las pesquisas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la entidad encargada de trasladar al MP las alertas en los casos de lavado de dinero para abrir una investigación.

Según la acusación, el apoyo del “Chico Dólar” fue clave en 2011, cuando la Gana sólo alcanzó ocho de 158 diputaciones en el Congreso, tres de las cuales ocuparon Martínez Lohayza, su hijo Carlos Martínez Castellanos, y Manuel Barquín. Fue clave también en el proceso electoral 2015, cuando según reportes de prensa en junio, Martínez Lohayza admitió que él y su hijo y la mayoría de las bases de Gana ya apoyaban a Lider y que buscarían la reelección con este partido.

Un diputado de oposición explicó que Martínez Lohayza comenzó a hacer negocios con el “Chico Dólar” porque los gobiernos de la Gana (2004-2008), la UNE (2008-2012), y PP (2012-2016) no le permitieron participar en los negocios del partido oficial, especialmente para financiar una campaña que le facultara optar a una reelección. No obstante, entre 2005 y 2006, la prensa publicó que figuró entre los diputados a quienes el Congreso cubrió gastos en viajes supuestamente no justificados. Martínez Lohayza, por ejemplo, viajó a Trinidad y Tobago para presenciar un partido de la selección nacional de fútbol y a Puerto Vallarta, México, para atender un seminario de recaudación tributaria. Para entonces, era miembro de la Comisión de Deportes del Congreso, más no de la de Finanzas, según los registros de la Dirección Legislativa (pero integraría ambas comisiones, entre otras, para 2014). Pero  además, fue uno de los tres diputados que supuestamente fingieron haber sido invitados a París, Francia, por la Acción Mundial de Parlamentarios con una carta calzada calzada con una firma falsa del presidente de la organización, el senador Alain Destexhe. Comparecieron ante un juzgado, pero no perdieron su inmunidad. En 2006, Martínez Lohayza fue señalado de participar en un desfalco por Q1.4 millones al Crédito Hipotecario Nacional, un hecho del cual dijo que no era responsable y  no fue procesado penalmente.En el gobierno de la Gana, un documento registra que había turbulencia en la relación entre Martínez Lohayza y parte de la dirigencia del partido. En 2006 (su tercer año como diputado), según un cable diplomático que Wikileaks filtró, el entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y el entonces secretario privado del presidente Berger, Alfredo Vila, dijeron a la Embajada de los EE.UU. que “estaban por terminar una investigación interna de acusaciones por narcotráfico contra Martínez Lohayza”. El documento indica que pretendían persuadir al mandatario de que, como mínimo, removiera al diputado como jefe de la bancada de la Gana en el Congreso.

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Los esfuerzos de Vielmann y Vila fueron infructuosos. Sin embargo, consultados por Plaza Pública cuando el cable fue publicado en agosto de 2011, Vielmann dijo que “necesitaría leer el cable completo para saber el contexto en el que se produjo tal acusación”, mientras que Vila dijo no recordar el tema. “No recuerdo haber pedido al Presidente retirarlo (a Martínez Lohayza)”, afirmó.

El diputado (cuando todavía era secretario de la Gana) rechazó las acusaciones, pero reconoció que sabía que Vila y Vielmann le habían asociado al narcotráfico ante la embajada de EE.UU. “La embajada….no me encontró nada”, dijo a Plaza Pública en 2011. “De hecho, se disculpó conmigo, no me quitó la visa, y yo entro y salgo de Estados Unidos y sigo viajando con toda la libertad del caso. En el partido tampoco me quitaron la jefatura de bancada. Se lo inventaron todo. Vila intentó expulsarme del partido, tiempo después, pero las bases lo impidieron. En ese grupo había mala fe. Sentían envidia porque como jefe de bancada nunca les di mayor importancia y pasaba a hablar directamente con el Presidente. Yo era amigo de Berger”, dijo el diputado. Desde entonces, la Embajada de los EE.UU. no se ha pronunciado respecto al estatus de la visa estadounidense del diputado.

Pero para 2010, en un aparente plan alternativo, Martínez Lohayza ya había tejido algunas alianzas con la UNE en el Congreso, y también había procurado acercamientos con el PP, según lo documentó El Periódico en una nota del 13 de julio de ese año. Una fuente de la UNE afirma que el acercamiento fue sólo coyuntural, para las elecciones de 2011. Además, advierte que la UNE salió perdiendo porque la Gana (aliada con el PP, su antiguo socio y el partido oficial para 2012) les arrebató la estructura partidaria en al menos 12 departamentos y la debieron reconstruir casi de cero.

TERCER ACTO: los negocios

Una vez inmerso en la política, Martínez Lohayza mantuvo el contacto con el fútbol por medio de sus empresas. Una fuente del círculo deportivo afirma que era uno de los patrocinadores del equipo “Los Cebolleros de Achuapa” (equipo de primera división en Jutiapa). En ocasiones, supuestamente fue el único patrocinador, y llegó a cubrir el salario de los jugadores y/o del entrenador, además de otros gastos. En total, la fuente estima que desembolsó entre Q10 mil y Q40 mil al mes, desde finales de los años 90 hasta aproximadamente 2009. Un blog de deportes de Jutiapa, por ejemplo, registra que el apoyo de Martínez Lohayza fue clave para el trabajo de pretemporada del equipo en 2008, cuando el diputado fue nombrado presidente honorario del equipo. En ese lapso, se presentaba como propietario de una agencia de venta de vehículos en la zona 5 capitalina, que después convirtió en una gasolinera —aunque no aparece en el Registro Mercantil como propietario de ningún comercio en esa zona.

El 19 de septiembre de 2001, durante su segunda administración como alcalde de Quesada, y en el gobierno del FRG (2000-2004), Martínez Lohayza se inscribió como comerciante individual y propietario de la “Gasolinera J. M.” en la aldea El Amatón, kilómetro 100 de la Carretera Interamericana (Quesada, Jutiapa) para la compraventa de combustibles, repuestos, importación y exportación de vehículos nuevos y usados. Su capital inicial era Q15 mil. Hoy el expediente y la empresa, según el Registro, están cancelados.

El 8 de octubre de 2001, sólo 20 días después, inscribió a su nombre la empresa “Importadora y Exportadora Car Wash J. M.”, en la 7ª avenida 4-26 zona 4 en la Ciudad de Guatemala. El objeto de la empresa, al momento de la inscripción, era muy versátil: importación y exportación de vehículos, repuestos y accesorios; lavado y limpieza de tapicería, mecánica en general, aparatos eléctricos y exportación de granos en general.

 El 20 de enero de 2003, la perito contador Marlen Florián Salguero certificó quelos ingresos de Jaime Antonio Martínez Lohayza ascendían a “Q10 mil quetzales mensuales producto de su actividad comercial”. Este monto no incluía el sueldo que devengaba como alcalde de Quesada, pero tampoco cubría el financiamiento que ofrecía al equipo “Cebolleros de Achuapa”. Ese mismo año, su último como alcalde, también solicitó la inscripción del Hotel Galvestone en la aldea La Barrona, en Moyuta, Jutiapa (un expediente y empresa hoy cancelados, según el Registro Mercantil), la tierra natal de Berger.

En julio de 2003, Martínez Lohayza inscribió otra empresa, también de vida efímera: “Transporte de Combustible Don Jaime” para el transporte, comercialización y distribución de combustible, fletes y servicio de transporte en general, y otras actividades relacionadas, en kilómetro 100 de la Carretera Interamericana, aldea El Amatón, en Quesada, Jutiapa. El expediente y la empresa están actualmente cancelados según datos del Registro Mercantil.

En 2005, el PP se retiró de la coalición, igual que el PSN, dejando solo al MR, que cambió su nombre oficial a Gana (como partido, y no como coalición). No obstante, según reportes de prensa, se acordó que “la ficha del PSN sería utilizada para la nueva agrupación”, Gana. Aun así, el cambio debía significar menos miembros y, por lo tanto, menos fondos.  Ese año, no obstante esas condiciones, Martínez Lohayza se convirtió en el secretario general de la Gana.

El 21 de agosto de 2006, durante su tercer año como diputado de la Gana, Martínez Lohayza inscribió la “Gasolinera J. M. II”, en el kilómetro 114, Colonia El Maestro, en Moyuta, Jutiapa. Es una de las dos empresas a su nombre que todavía aparecen vigentes. Ese mismo año fue cuando, según el cable diplomático, Vielmann y Vila le vincularon al narcotráfico.

Para 2008, el diputado aparentaba gozar de bienestar económico. Una fuente que solicitó el anonimato recuerda que para entonces “los festejos en la finca” de Martínez Lohayza eran “impresionantes”. Según la CICIG, de este año data el inicio de su relación con “Chico Dólar” y la red de lavado de dinero. Ese año también presentó la iniciativa para la aprobación de las “Normas Éticas del Organismo Legislativo”.  Además, aunque era parte interesada por ser propietario de una gasolinera, presentó en 2008 y 2009, iniciativas de ley con reformas a la Ley de Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, y a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

Mientras tanto, la fuente, que recuerda las fiestas del diputado, dijo que para 2010 se le veía cargando encima cinco chequeras. Cuando pagaba una cuenta, las sacaba cual mano de partida de póker. Se tomaba unos minutos observándolas, y de pronto decía, “de ésta”, sólo para segundos después re-barajar las chequeras y decir, “no, no, mejor de ésta”. Escribía el cheque, y pagaba.

En el lapso de los siguientes cinco años, el MP y la CICIG grabaron una conversación entre Chico Dólar (ChD) y Martínez Lohayza (ML), un fragmento de la cual es especialmente revelador:

ChD: Le hablé a Manuel (Barquín) para saludarlo y…me estaba diciendo ahí de las asambleas… ¿Cuándo son?

ML: Empiezan en febrero las municipales, departamentales, y en mayo, es la grande, donde hemos hecho grandes inversiones, donde usted nos ha hecho la campaña de prestarnos y ayudarnos.

ChD: Sí pueees.

ML: En eso estamos ahorita.

ChD: Yo allí le estoy mandando tres trailers diarios, consumiéndole combustible, y —hoy tal vez le ha contado Jaimito (hijo de ML)— he estado apoyándole, consumiéndole su producto. Fíjese que yo le tenía unos Q15 mil para fin de mes, para que le sirva para la asamblea, o no sé para cuándo lo quiere usted, para fin de mes se los tengo. No sé cuándo empiezan las asambleas.

ML: Ahorita en febrero empiezan.

ChD: Va. Si quiere recójalo en la primera quincena de febrero. Voy a ver si le ajusto un poco más entonces. Mande allí a Jaimito a traer ese dinerito. Ahí para algo les sirve.

ML: Gracias oye. Le agradezco mucho. Mire agradecidísimo toda la vida del apoyo que nos da, ¿oye?

ChD: No, hombre, mire ahí pensando para que la Gana siempre esté a flote…

ML: Gracias, ¿oye? Estoy a la orden en lo que le pueda servir.

Chico Dólar dijo en la conversación que le compraba combustible todos los días a Martínez Lohayza. Pero aunque Chico Dólar vivía y operaba en Jutiapa, donde el diputado es propietario de la “Gasolinera J.M. II” en Moyuta, Jutiapa. Las autoridades no han revelado si el combustible en cuestión fue adquirido en esa gasolinera de Martínez Lohayza.

Reportes de prensa indican que Manuel Barquín y Martínez Lohayza supuestamente habían organizado las asambleas departamentales y municipales, y lograron controlar los principales puestos del comité ejecutivo de la Gana hasta julio de 2014, “cuando decidieron guardar la ficha del partido para buscar seguir en el poder a través de Lider”. Ese año Martínez Lohayza presentó un variopinto de iniciativas que proponían desde declarar el 22 de agosto de cada año el “Día Nacional con Desayuno de Oración por la Paz en Guatemala”, aprobar la “Ley para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil en Guatemala”, evitar el uso de celulares en las cárceles, y prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, entre otras. En junio de 2015, los dos diputados todavía aparecían como miembros de la bancada Gana, pero Martínez Lohayza admitía públicamente que apoyaba a Manuel Baldizón.

“Cualquier jutiapaneco se lo puede decir…”

Reyes es propenso a decir que Martínez Lohayza “ha ayudado a mucha gente”. Parece no querer dejar duda alguna. “Usted puede ir a preguntar, y sigue siendo el mismo Jaime Martínez que usted conoció hace 20 años, un poquito más viejo y delgado, pero es el mismo”, dice el diputado de la UNE. “Cualquier jutiapaneco se lo puede decir. Nunca lo han visto en un escándalo, o tomado en una cantina, o en un restaurante. Él es muy reservado”.

Otro diputado de oposición dijo que después del anuncio de los antejuicios, Martínez Lohayza y Barquín dejaron de llegar al Congreso por orden de la alta dirigencia de Lider. Sin embargo, Reyes dijo que vio a Martínez Lohayza un par de días después.

“Hablamos del tema, y me dijo, ‘yo me siento tranquilo, yo me siento limpio; la gente que me conoce lo sabe. Quizá por hacer un favor, por hablar por una persona que yo no sé si él anda metido en cosas malas. Es cierto, le hizo un préstamo al partido; voy a presentar las pruebas donde él ingresó el dinero, y cómo se lo devolvimos. Y de esto tiene conocimiento el Tribunal Supremo Electoral, y el Comité Ejecutivo Nacional, que ellos son los que me avalan’. Eso fue lo que platicamos. Y me dijo: ‘usted me conoce’, y yo le respondí: ‘claro, yo lo conozco’”. Martínez Lohayza enfrenta un futuro incierto. Si el juez pesquisidor le quita la inmunidad, podría convertir la carrera política del diputado en un castillo de naipes —según el curso que tome el proceso judicial en su contra. Sin embargo, Reyes asegura que, al menos en Jutiapa, su paisano no ha perdido apoyo. Otro diputado de oposición cree que atrás del apoyo todavía hay temor, y antes de las elecciones del 6 de septiembre decía que “si en su localidad todavía le temen, van a votar por él”. Pero las razones de la reelección de Martínez Lohayza dependen de a quién se le pregunte.

“Yo le voy a decir algo: él es muy querido; quienes se aprovechan son los contrincantes políticos”, insistió Reyes el pasado 20 de agosto. “Hace unos cinco o seis días vi que  en Jutiapa están tristes por el tema que él está viviendo, y se preguntan: ‘¿por qué a Don Jaime?’”, dice este diputado de la UNE. “Él ha sido muy reservado, pero abre las puertas de su casa para que la gente haga actividades en su campito de fútbol que tiene allí engramilladito, en la cabecera de Jutiapa —porque él tiene su casa en aldea Cerro Gordo. La mayoría de personas lo respeta. Esa es mi percepción. Mire, en el oriente se da un factor: O lo respetan porque es malo o el otro extremo, ¿verdad, usted?, porque es buena gente”.