Un exsubcontralor, una exregistradora, un juez: Los otros nombres del caso “La Línea”

El lunes 15 de diciembre de 2014, a las 10:20 horas, una camioneta Land Rover negra se aparcó en la 4 avenida 15-46 de la zona 10, en el estacionamiento Plaza Viva. Del vehículo descendió un hombre de mediana edad y cabello gris, que ingresó al lugar por una puerta negra utilizando sus propias llaves. El hombre era Miguel Ángel Lemus, alias “Mike”, uno de los jefes operativos de “La Línea”, la red criminal que defraudó el sistema de adunas del país. La puerta que abrió conducía a una entrada lateral del centro operativo de la red delictiva, la Boutique Emilio, propiedad del empresario Luis Alberto Mendizábal Barrutia.

Minutos más tarde, un hombre de unos 50 años, vestido con traje beige, corbata a juego y camisa azul, descendió de una camioneta Toyota e ingresó por la misma puerta. Por el número de matrícula (P-763FKP) el vehículo fue reconocido como un automóvil registrado a nombre de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos financieros del Estado. El hombre fue identificado por los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), como Sergio Oswaldo Pérez López, quien entonces era el Subcontralor de Calidad y Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Pérez había sido seleccionado doce días antes por una Comisión de Postulación como uno de los seis candidatos entre los cuales el Congreso de la República elegiría al próximo jefe de la Contraloría. El cargo al que se postulaba Pérez incluía la responsabilidad de garantizar que funcionarios o particulares no robaran o malversaran fondos públicos. Esta reunión fue documentada con fotografías durante un seguimiento policial.

En las oficinas de Boutique Emilio se hallaron Q1.6 millones y US$160 mil en efectivo, los cuales según la hipótesis de la CICIG y el MP, eran producto de cobros ilegales resultado de la defraudación aduanera realizada por “La Línea”, la red criminal desbaratada el pasado 16 de abril.

Ese mismo día —15 de diciembre—, hubo diez llamadas telefónicas entre Pérez y Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez”, jefe operativo de la estructura externa de “La Línea” desde hacía dos meses y medio. Minutos antes de la llegada de Pérez a la “oficinita” de la Boutique Emilio, Ortiz recibió una llamada de Roberto Antonio Ramírez de Paz, alias “Riky”, el responsable financiero de la red quien le dijo a su jefe que no podía asistir a la reunión pero que “felicitara” a Pérez de su parte. Esas conversaciones fueron interceptadas por los investigadores respaldados con orden de juez.

El 20 de enero, el día en el que el Congreso de la República eligió al nuevo Contralor General de Cuentas, a las 8.39 horas, Ortiz llamó por teléfono a Pérez para pedirle una reunión de urgencia. Acordaron citarse en una cafetería del centro comercial Pradera, media hora después. Cinco minutos más tarde llegó al mismo lugar Jorge Alfredo Guillén Sagastume, uno de los encargados externos de aduanas de “La Línea”.

Ese día fue agitado para los jefes de la estructura. Ortiz convocó a la plana mayor de los operadores de la red criminal a una reunión a las 13:30 horas en el restaurante Tapas y Cañas, de la zona 10. Al llamado acudieron el jefe de la estructura externa, Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”; Miguel Ángel Lemus Aldana “Mike”, jefe operativo; y Geovani Marroquín Navas, el enlace entre los agentes externos de la estructura y los más altos funcionarios públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Se desconoce lo discutido por Ortiz durante los encuentros que sostuvo ese día con Pérez y con los altos mandos de “La Línea”. En las conclusiones del informe judicial de CICIG sobre ese grupo criminal, al cual Plaza Pública tuvo acceso, se menciona a Pérez: “Según la investigación, se evidenció que para la organización, es importante tener injerencia en la Contraloría General de Cuentas, para lo cual buscaron por parte del grupo delictivo colocar como Contralor General al señor Sergio Oswaldo Pérez López, sin lograrlo, pero igualmente esta persona fungía para la época como Subcontralor General de Cuentas”.

“Conocí a Luis Mendizábal por don Javier (Ortiz)”

Pérez se presentó por primera vez como candidato a Contralor General de Cuentas, en 2006, pero fracasó. Luego se incorporó al grupo Excelencia Profesional, el cual apoyó con anterioridad la candidatura de Carlos Mencos (el actual Contralor) y luego la de Nora Segura, quien desplazó a Mencos de esta agrupación gremial. Aunque Pérez asegura que no era integrante “formal” de este grupo, y que sólo los ayudó en cursos de capacitación, fue el ungido para representarlo en las elecciones de Contralor General de 2014, proceso en el que tampoco tuvo el éxito deseado.

Pérez empezó a laborar en la Contraloría en 2011 como asesor del área jurídica y pronto se convirtió en uno de los hombres de confianza de la excontralora Nora Segura, quien en marzo de 2012 lo nombró Subcontralor de Calidad y Gasto Público, cargo en el que continuó hasta enero de este año.

A Pérez se le conoce en el Congreso de la República desde 2008, donde fue asesor en las comisiones de Turismo, Descentralización y Desarrollo (2009 y 2010); y en la segunda Secretaría de Junta Directiva (2011), con Juan Carlos Rivera Estévez. En todo ese tiempo Pérez fue ligado al partido Victoria, de la familia Rivera, agrupación incorporada al partido Libertad Democrática Renovada (Lider) desde el año pasado.

Plaza Pública consultó a Sergio Pérez sobre su aparición en los informes que forman el expediente judicial del caso “La Línea” y la relación entre estos hechos y su postulación a la Contraloría General de Cuentas. La charla con Pérez tuvo lugar en cafetería ubicada a dos cuadras del Congreso de la República, tras la cual éste se dirigiría, en su función como asesor del subjefe de bloque de diputados de Lider, Leonardo Camey, a una reunión de trabajo del partido sobre la Comisión de Finanzas.

En un informe del MP y CICIG consta que usted tuvo reuniones con integrantes de “La Línea”, una de ellas en la Boutique Emilio, el 15 de diciembre del 2014, cuando todavía era Subcontralor de Gasto Público de la Contraloría, y era candidato a dirigir la institución. ¿Qué relación tenía usted con Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”?

—...Bueno —revisa las fotografías donde aparece descendiendo de su vehículo en el estacionamiento aledaño a Boutique Emilio—, en el caso del señor Javier Ortiz, yo lo conocí porque uno conoce a la gente en el camino, fue por un colega abogado, que le lleva los trámites legales en su oficina. Me lo presenta… yo soy ehhh… de alguna manera... ehhh… no estaba incorporado a la Contraloría todavía y ejercía todavía como abogado. Se da, lo conozco, desconocía quién era él, lo único que sabía es que era un empresario criador de cerdos. Eso es, por eso lo conocía yo.

¿En qué fecha lo conoció?

—A la gran... estamos hablando del año 2010.

¿Como cliente suyo?

—Era cliente del despacho de un colega que me hacía consultas referentes a problemas que tenían sus clientes en temas financieros. El licenciado Sergio Marchen, entonces... nos conocemos, platicamos y de alguna manera se forma una relación, de amistad, de afinidad, en el sentido de que aprecia los conocimientos que tengo en el tema empresarial.

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En una de las escuchas telefónicas interceptadas por los investigadores, Roberto Antonio Ramírez de Paz, alias “Riky”, le informa a Ortiz, su jefe, que no podrá asistir a la reunión, pero le pide que felicite “al licenciado Pérez” por su elección (entre los seis aspirantes a la Contraloría). ¿A qué otra gente conocía de la estructura?

—Lo que pasa es que todos creían, y oían en la calle que yo iba a ser (el próximo Contralor), pues, entonces obviamente... Es lo que le digo, todos buscaban acercarse a uno, saludarlo... ehhh… Entonces… este… ehhh… Yo inclusive conocí a Luis Mendizábal por don Javier, porque nosotros don Javier le decíamos. Me dijo: "le voy a presentar a una persona".

¿Conoció a Luis Mendizábal en la Boutique Emilio?

—No, lo conocí en una... cómo se llama. Sí, a Luis, lo conocí (allí) porque me dijo (Javier Ortiz): “Cuando quiera comprar un traje, allí le dan descuento”. En una ocasión (Ortiz) me dijo: “Lo puede saludar a él, es una persona que en un momento determinado… ehhh… podría dar alguna referencia para usted”. "¿Pero él qué relación tiene?", le dije yo. ¿Es del congreso?

¿Puede dar una referencia en el aspecto político?

—... Imagino que sí.

¿Le ofreció alguna gestión por su candidatura a la Contraloría?

—No... Porque si no hubiera funcionado, digo yo. Jajajajaja. No, mire: aquí el tema es que usted debe contar con el apoyo político, los votos del Congreso, y estos se pueden mover de cualquier manera, verdad, presentándose uno, creando un conocimiento, teniendo cercanía, contactos, pero no... En esa oportunidad, cuando fui, fue para felicitarme... Mire: en ese momento ya habían definido los seis (candidatos a Contralor entre los que elegiría el Congreso). Yo inclusive no había tenido la certeza de participar, porque Nora (Segura) no estaba decidida conmigo realmente; había otros candidatos.

En una de las conclusiones del informe judicial, la CICIG y el MP indican: “El grupo ilegal tenía entre sus prioridades captar funcionarios de la Contraloría General de Cuentas como es el caso del señor Sergio Oswaldo Pérez López". Ya lo están vinculando como una pieza que puede ser fundamental para “La Línea”. ¿Qué opina de esto?

—No, la Contraloría General de Cuentas realmente no tiene ninguna relación con el tema propiamente de recaudación tributaria de la SAT.

Pero emite hallazgos sobre irregularidades en las instituciones, como en el caso de la SAT.

—Bueno eso siempre se ha hecho y siempre han aparecido. Ehhh… mire: yo creo que lo que básicamente lo que quería... Sí eran un grupo que quería trascender en el nombramiento de los funcionarios, obviamente... Ehhh… Si ellos hubieran hecho algo por mí yo lo hubiera sabido pues, pero no. Yo sé que el tema fue político, el tema (la elección del Contralor) lo decidió... la señora (Roxana) Baldetti.

Durante la entrevista, Pérez reconoce que se le vinculó en charlas entre diputados y el operador político del proceso de Comisiones de Postulación, Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del Presidente y expresidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero niega cualquier apoyo directo a su candidatura. Afirma que su rival, Carlos Mencos, actual Contralor, tenía una mejor relación con personajes como la exvicepresidenta Baldetti.

Respecto a la reunión del 20 de enero de este año, el día en que se eligió al nuevo Contralor, y en la cual Pérez recibió una llamada temprano de Javier Ortiz pidiéndole una reunión urgente, el entrevistado asegura que fue para “una consulta de un problema legal de una empresa” de la hija de Ortiz. Asegura no recordar la duración del encuentro, ni si en el mismo se presentaron otros elementos de la estructura hoy capturados.

¿Cuál va a ser su reacción cuando trascienda su nombre en futuras escuchas del proceso por el caso “La Línea”?

—Yo creo que ellos (la CICIG y el MP) deberían de llamar para preguntarme. El hecho de que uno se reúna con una persona no implica que se está confabulando para cometer un ilícito. Es como si yo me reuniera con usted y luego dijeran: "miren, se reunió con Bill Barreto". Nosotros hablamos de otras cosas, pero no necesariamente...

No necesariamente de la elección... aunque usted dice que sí les explicó a estos integrantes de “La Línea” el proceso de designación del Contralor.

—Porque me preguntaron: "¿Mira cómo va?" Ellos sabían, era público que yo era candidato. Me lo presentaron (a Mendizábal) y nada más.

¿Cuántas veces visitó la Boutique Emilio?

—No lo recuerdo, pero no fueron muchas. Yo estaba dedicado a mi trabajo y al tema de la candidatura.

En esa boutique, en otras fechas de diciembre de 2014, se registró el ingreso de dinero proveniente de los cobros de “La Línea”, hay seguimientos policiales que lo establecen, fotografías, escuchas telefónicas y documentos contables del ingreso de dinero. En la misma oficina que usted visitó.

—Bueno, uno desconoce, pues yo me reuní con ellos allí donde estaba la boutique, donde estaba la venta de ropa. Yo no sabía si ellos hacían, deshacían, eso yo desconozco. De hecho, toda esa gente que está vinculada, yo no sé quiénes son.

Pese a esta afirmación, el seguimiento policial del 15 de diciembre establece que Pérez ingresó por la entrada lateral a la boutique. Una puerta que conduce a un patio interior desde el cual se llega a “la oficinita”, las instalaciones que se identificaron como el centro logístico de la estructura.

Pérez se desempeña actualmente como asesor en temas financiero del subjefe de bancada de Lider, Leonardo Camey, en temas económicos. Además de contar con una oficina propia de abogacía y cumplir un turno semanal en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Junto a Pérez, en Lider también colabora su mentora, la excontralora General de Cuentas, Nora Segura, quien según Pérez “es una de las opciones” de este partido para dirigir la SAT en caso gane las elecciones presidenciales de septiembre próximo.

Las tres hipótesis de Anabella de León

La exregistradora General de la Propiedad y ahora candidata a la alcaldía de la municipalidad de Guatemala por el Partido Patriota, Anabella de León, también aparece como aludida en una de las escuchas telefónicas interceptadas por los investigadores en el caso de “La Línea”. En una serie de llamadas de fecha 22 de julio de 2014, el entonces jefe de la estructura operativa, Osama Ezzat Aziz Aranki, pide referencia a Melvin Gudiel Alvarado de León, un funcionario de la SAT, administrador de la Aduana Puerto Quetzal, sobre las presiones de un personaje externo a la red. “Dame el nombre completo”, pide Osama. Las conversaciones continúan entre los miembro de la estructura para averiguar quién ha hablado con uno de los agentes de “La Línea”. Finalmente, en otra escucha telefónica entre Mynor Pineda, un responsable financiero, y “W”, William Estuardo Morales Lima, funcionario de la SAT y coordinador de Aduana Puerto Quetzal, se menciona a este nuevo personaje.

“W” dice: “Quiero hablarle del clavo de Batach porque ya está hablando hasta la Anabella de León, como que es del Registro Mercantil, la Registradora está hablando por ese caso, que ya le habló al Super (el superintendente de entonces Carlos Muñoz), y es un vergueo para que nos den apoyo…”.

Plaza Pública consultó a Anabella de León Ruíz, diputada durante 16 años, exfiscal electoral del Partido Patriota, abogada en varias ocasiones del presidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, como recalca a lo largo de la entrevista.

¿Conoce a la persona mencionada como Batach o a alguno de los involucrados?

—No, de ninguna manera.

¿Habló con Carlos Muñoz, Superintendente de la SAT, para facilitar el paso de algún contenedor?

—No, sólo por cuestiones de trabajo, y en reuniones públicas. Yo le pido a las personas que vengan a mi oficina, no me gustan los secretos.

¿Por qué aparece su nombre en esta investigación?

—Niego totalmente estar vinculada con las personas que están siendo procesadas en estos momentos por esos delitos de defraudación tributaria, por el caso de “La Línea”. En las escuchas se menciona a una señora Anabella de León, a secas. Eso no quiere decir que se trate de esta Anabella de León que está entrevistando. La primera teoría que tengo es que se trata de otra persona, no se trata de mí. Segundo, podría ser que alguien pudiera utilizar mi buen nombre y buen prestigio, pero en todo caso no autorizado por mí, porque yo no…

¿Cómo sería ese uso de su nombre?

—Muchas personas dicen, va a llamarle, digamos, Valentín Gramajo (diputado y secretario general del Partido Patriota); el general Otto Pérez Molina, va a llamar el periodista tal, o sea, están usando su nombre sin su autorización. La tercera hipótesis es que se trata de una campaña negra, un involucramiento a propósito que alguien le haya dicho a esta persona: “menciónala y que lo graben y que lo presenten”.

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En ese caso deberían haber estado enterados de las escuchas telefónicas… para hacer adrede esa mención. La llamada en la que se menciona a Anabella de León fue interceptada el 22 de julio del 2014, mucho antes de que fuera candidata a la alcaldía.

—No, eso podría ser… No quiero plantearle mi tesis tan abiertamente, pero que lo podrían hacer, lo podrían hacer.

Usted habla de alguna especie de pista falsa o sembrada. ¿Cuál es su hipótesis?

—Yo lo que le digo es que es otra persona y a mí me quieren involucrar en esta situación. Lo están haciendo a estas alturas cuando ya se les está terminando el plazo de la investigación (dos meses otorgados por juez). Sacan estas escuchas y me mencionan a… Supuestamente a mí, porque yo soy Anabella de León; Anabella de León, la política, Anabella de León, la famosa; Anabella de León, la funcionaria y lo que es más importante Anabella de León, la candidata a la alcaldía de la ciudad capital. Y como ven fuerte mi candidatura, como ven la posibilidad de que esta que usted ve, pueda terminar con los 17 años de acomodo (en la alcaldía capitalina) en donde se han gastado Q34 mil millones, con esa falta de cobertura a las zonas más desposeídas a las que yo represento, entonces hay que atacarla para que no pueda ser candidata a la alcaldía. Porque soy muy fuerte.

Anabella de León enumera sus múltiples cargos y reconocimientos, su trayectoria política, su enfrentamiento con distintos gobiernos. Es una política en campaña. Aspira a desbancar a Álvaro Arzú de la alcaldía capitalina. Poco a poco pasa de la defensa de su nombre a mostrar fotografías de asentamientos, de la jardinización de algunas zonas y el abandono de otras, habla también de su buena relación con los vendedores de los mercados capitalinos. “Me dice la gente en la zona 18, en el cantón Victorias, en La Terronera: ‘mire: si usted va a ser la alcaldesa, sea la alcaldesa del pueblo’. No es retórica, ni una cuestión populista, yo no soy populista, popular sí, y es a lo que tienen miedo”.

¿Se va a pronunciar el Comité Ejecutivo del Partido Patriota respaldándola por su implicación en el caso de “La Línea”?

—Yo creo que ahorita la situación está muy difícil a lo interno. Estamos inscribiendo candidatos, yo ayer me fui de aquí (las oficinas del Partido Patriota en zona 1) a las 11 de la noche, por eso ni vi las noticias donde me mencionaban —por única vez en la entrevista De León muestra duda—. Que daban por hecho que yo era una persona vinculada a “La Línea”. Llamo a la reflexión al MP y la CICIG para que no pierdan la credibilidad que tienen, involucrando a personas que no tienen nada que ver.

No es la primera vez que se le involucra en un caso a raíz de una escucha telefónica. El año pasado apareció en una llamada intervenida de Vernón González, abogado del Partido Patriota y de su despacho en el Registro de la Propiedad, acusado de tráfico de influencias.

—En esa escucha lo que hablamos fue de otra cosa, yo hablaba con él a diario porque era mi asesor, es como si hablara con usted, y me dijera: “mira, Anabellita, o Billy, mira Billito, tal cosa”. Hablábamos de otras cosas, fue una irresponsabilidad sacar esa escucha y decir… La fiscal después dijo: “es una conversación que se refiere a otra cosa”. Yo no tengo nada que ver en los casos que un abogado a mi cargo o como mi asesor lleve. Esa es una responsabilidad del juez.

El Bufete de la Impunidad y un "magistrado"

El pasado 8 de mayo la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP, presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling. La hipótesis de la fiscalía fue que la jueza pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red, a quienes benefició con fianzas para salir en libertad. Sierra de Stalling es cuñada de la magistrada Blanca Stalling, quien aparece mencionada en una escucha telefónica por Luis Mendizabal, uno de los jefes de “La Línea” como quien “está detrás” de obtener la libertad condicional para los cabecillas detenidos.

En esa ocasión, la CICIG argumentó que la jueza Sierra de Stalling no explicó las razones por las cuales otorgó la libertad a seis de los sindicados, mientras dejaba en prisión a otros 16 capturados. La jueza otorgó fianzas a Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez”; Miguel Ángel Lemus Aldana, alias “Mike”; Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”, los presuntos líderes de la estructura; así como a Mónica Jáuregui, técnica aduanera, a quienes les impuso una fianza de Q200 mil a cada uno. Mientras que a Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso, también técnicos aduaneros, les fijó un pago de Q250 mil.

El mismo día de los operativos, y antes de que hubiera una autorización judicial, en una llamada a Ortiz, su jefe Luis Mendizábal le informa que la decisión les será favorable. Unos días después los jefes salen con libertad condicional. Entre el 16 y 17 de abril, familiares de Francisco Javier Ortiz Arriaga, cobraron cuatro cheques por US$74,200.00 de la cuenta en dólares a su nombre; y un quinto cheque por un millón 300 mil, de otra cuenta suya. En el formulario que la hija de Ortiz Arriaga debió llenar por el cobro de este cheque anotó que los fondos se destinarían al pago de una fianza. Esta gestión fue facilitada por Ruth Emilza Higueros Alay, asistente del abogado José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, quien aparece referido en las conversaciones telefónicas como el encargado de gestionar la salida. Por el caso además fue detenido el abogado Jorge Luis Escobar Gómez, responsable de llevar a cabo la representación formal en el juzgado.

Pero esa no fue la primera vez que Emilza Higueros tenía contacto con integrantes de estructura. El expediente del caso “La Línea” consultado por Plaza Pública da cuenta que el 13 de diciembre de 2014, el mismo Javier Ortiz había contactado con Emilza Higueros para gestionar otro servicio para la red. Uno de sus más cercanos colaboradores, Miguel Ángel Lemus Aldana, alias “Mike”, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, con base en una orden de detención girada en 2013, la cual el suponía había sido conmutada al pagar la multa impuesta.

“Mike” fue detenido por policías en un retén y llamó a su jefe Ortiz, quien de inmediato se contactó con Emilza Higueros. Esta le aseguró, según las escuchas telefónicas presentadas por la fiscalía, que podía acelerar la excarcelación de “Mike”. Le dijo que tenía que presentarse ante el juzgado en Mixco, donde estaba detenido. En otra conversación telefónica del mismo día, a las 9:28 horas, Ortiz se comunica con su jefe, Luis Mendizábal, y le transmite el nombre del juez con el que tendrán que “arreglarse”: Héctor Antonio Vides Marín. Las escuchas vienen y van en el caso, una hora después de la anterior en otra sesión, Mendizábal le relata a Javier que el juez “como no conoce el caso, no quiere resolverlo”, según le cuenta “Mike”. Mendizábal pide en ese momento el número del juez para que “el magistrado” (un personaje que no es identificado en las escuchas del informe) lo llame y “lo ponga en orden”.

Vides Marín es juez de primera instancia penal de Mixco, donde atiende el juzgado de turno, y tiene 17 años de experiencia en el Organismo Judicial. También ha laborado como juez sustituto en la Torre de Tribunales y en varias judicaturas. Además se ha postulado dos veces sin éxito como aspirante a ocupar una Sala de Apelaciones. Plaza Pública lo consultó sobre esta alusión.

¿Usted estaba trabajando el 13 de diciembre del año pasado en el juzgado de turno de Mixco?

—Si no mal recuerdo, el 13 de diciembre yo estaba de turno y recibí la consignación del señor Lemus Aldana. La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado de Ejecución. Se recibió la prevención y lo único que hago es hacerle saber el motivo de la detención y trasladar el expediente para Ejecución, donde obviamente le resuelven su situación jurídica. Si no mal recuerdo del caso, como leí en Plaza Pública, en ese sentido ese proceso inició en el juzgado quinto de instancia penal, a cargo del licenciado Marco Antonio Sandoval. Eso fue en el 2008. Luego se abrió a juicio y conoció el proceso el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, quien emitió sentencia en contra de esta persona, y creo que había también una mujer involucrada; y luego de esto fue remetido el expediente a Ejecución, para que hiciera efecto la sentencia.

¿En esa fecha estaba vigente la orden de captura contra Lemus Aldana?

—No. Ellos estaban gozando medidas sustitutivas otorgadas, no sé si fue por (el tribunal de) Sentencia o por el Juzgado de Instancia Penal, aparentemente Ejecución. El segundo pluripersonal de Ejecución recibió el expediente y le dan el trámite correspondiente, no habían hecho el pago de la conmuta, si mal no recuerdo, que era de cuatro años de sentencia conmutables a razón de Q5 diarios, y Q5 mil de multa para cada uno de los involucrados. Cuando ellos se dan cuenta, porque están en medida sustitutiva, esas personas que no han hecho el pago ni de la conmuta ni de la multa, el Juzgado de Ejecución gira la orden de aprensión, eso en 2013. Estas personas, supongo yo, al advertirlo hacen el pago y el proceso termina. Ustedes no lo mencionan, pero tengo entendido que uno de los fiscales hizo mención que el error de la detención de las personas fue administrativo... porque no dejaron sin efecto la orden de aprensión.

¿Conoce usted a Emilza Higueros, asistente del bufete del abogado “Chepito”, a quién se menciona que lo habría contactado?

—Yo fui juez suplente, por varios años y conozco a muchas personas del Organismo Judicial...

¿Y a ella en particular?

—Sí, porque estuve en varias judicaturas. Ella estaba de secretaria en el Juzgado Cuarto de Instancia Penal, si no mal recuerdo.

¿Cuándo estuvo usted en esa judicatura?

—No recuerdo, pero eso fue hace años.

¿Usted recibió en algún momento una llamada de un magistrado por este caso?

—Nada, o sea, no hubiera sido necesario. De todas maneras yo ¿qué hubiera podido hacer? Si el tribunal a cargo del proceso era el de Ejecución Pluripersonal.

¿Recibió una llamada de Emilza Higueros o mensaje de texto?

—Tampoco.

¿Y si posteriormente apareciera un mensaje de texto de ella dirigido a usted?

—Yo estaría súper sorprendido, porque, o sea, la conozco, pero no tenemos ningún tipo de amistad.

El juez Vides Marín asegura no haber recibido, hasta la fecha, ninguna comunicación del MP o la CICIG, luego de que su nombre apareciera mencionado en escuchas telefónicas en el caso “La Línea”, y el relacionado “Bufetes de la impunidad”. Tampoco, dice, ha recibido ningún requerimiento por parte del Organismo Judicial. Mientras tanto, la investigación judicial por el caso continúa, la magistrada Blanca Stalling, también aludida, ha pedido permiso para ausentarse de sus labores, y la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling fue separada del caso y sometida a investigación para determinar si procede despojarla de la inmunidad de que goza para ser procesada.