Un preso que hasta el Ministerio Público quiere fuera de la cárcel

Abelino Chub Caal, de 33 años, es un preso atípico. Ni siquiera el Ministerio Público cree que deba estar en la cárcel. A pesar de ello, sigue encerrado. Hoy, martes 27 de junio, cumple 147 días. Que su lugar está en la calle lo certifica la fiscal Judith Esperanza Villagrán, quien el pasado 27 de mayo recomendaba paralizar el proceso durante un año al no contar “con los elementos de convicción suficientes que permitan formular acusación y apertura a juicio u otro acto conclusivo”. No hubo manera. El juez Edgar Aníbal Arteaga López, titular del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Puerto Barrios, rechazó el escrito fiscal, le obligó a mantener la acusación y ya ha fijado fecha para una vista el 6 de julio. Ese día, Abelino Chub Caal, activista q´eqchí y técnico promotor social en la Fundación Guillermo Toriello, sabrá si finalmente tiene que enfrentarse al tribunal o la causa queda desestimada y puede volver con su familia al valle del Polochic.

La de Abelino Chub es una acusación menguante pero que le mantiene en la cárcel. Cuando lo arrestaron, le cargaban con cinco delitos: usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupaciones ilegales de gente armada. En la audiencia de primera declaración, el juez retiró los tres últimos. Lo que se esconde detrás de letras tan gruesas es una imputación por “instigar” una ocupación de tierras y un incendio en la finca Plan Grande, en el municipio del Estor. Es decir, que el marco de toda esta operación es un conflicto por territorio, como otros tantos en los que Chub ha intervenido en sus acompañamientos a las comunidades en el Polochic.

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Los finqueros acusan a los campesinos de tomar lo que no era suyo. Por si acaso, todavía no se han presentado los peritajes sobre el historial de registro de la propiedad de las tierras. Tampoco las empresas Inversiones Cobra S.A., CXI Sociedad Anónima, Agrícola Industrial Sociedad Anónima y Bananera Izabal Sociedad Anónima, que aparecen como damnificadas, el correspondiente certificado histórico de inscripción en el registro mercantil.

Chub asegura que no se encontraba en el lugar de los hechos y desde su defensa se reitera que las únicas voces que sostienen su acusación son trabajadores de una finca cercana, pero que no estaban allí cuando la ocupación tuvo lugar. También recuerdan que cuando solicitaron medidas sustituivas para eludir la cárcel del activista, la fiscal argumentó que, si estaba en libertad, podría participar en el intento de paralización de unos desalojos en el Polochic. Unos desahucios que, hasta el momento, no se han producido.

“Está siendo perseguido por defender los derechos de tierra y territorio. Estoy segura”, asegura Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello. Diversas organizaciones se han sumado a una campaña para exigir la libertad de Abelino Chub. El proceso no solo ha generado preocupación en Guatemala, sino también en el extranjero. Organizaciones como la irlandesa Front Line Defenders o instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos siguen con atención el caso.

Abelino Chub seguirá en la cárcel, al menos, hasta el 6 de julio.

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