Una empresa puso una hidro, una comunidad, un bosque; y todo salió mal

Nadie o casi nadie le dio la bienvenida a la hidroeléctrica. Era una pequeña hidroeléctrica, pero llegaba a instalarse en una vasta finca de más de un millón de metros cuadrados en una aldea llamada El Carmen, donde nacían varias fuentes de agua, a unos minutos en carro del parque central de San Miguel Aroche. Y algunos tenían miedo de que fuera el inicio de proyectos mineros en el lugar.

Hace casi siete años, decenas de vecinos (niños, niñas, ancianos y ancianas, mujeres y hombres) se opusieron a su ingreso. Organizaron una suerte de barrera humana para dificultar las obras. La llegada de un gran contingente de agentes de seguridad y Defensa los intimidó. Negociaron una semana. A muchos les cambió el ánimo cuando les ofrecieron 60,000 quetzales anuales y algunas mejoras en la aldea. Otros no tuvieron más remedio que aceptar o vérselas con la policía y el Ejército, que se presentaron por órdenes del entonces Presidente, Otto Pérez Molina.

Su preocupación, en buena medida, al ver llos comienzos de la obra, era que el agua escaseara en el futuro, así que idearon un plan para evitarlo: comprarían cuatro manzanas de tierra, ampliarían con ellas el bosque comunal, y obtendrían así un mayor espacio para captar agua para hacer frente a los veranos.

Pero nada, o casi nada, saldría según lo esperado. Ni para la hidroeléctrica, ni para la comunidad.

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En Chiquimulilla, Santa Rosa, hay una aldea escondida entre descensos y montañas verdes. Está resguardada por manantiales, ríos y el volcán dormido, el Tecuamburro. Es la aldea San Miguel Aroche, o Aroche, como sus habitantes la llaman. Pasando por el calor que caracteriza a Taxisco y Cuilapa, al entrar a Aroche se distingue la frescura en el ambiente. La sombra de los árboles protege a sus habitantes del intenso sol de la bocacosta. Su temperatura, que varía de 20 a 35 grados centígrados, se debe a que la aldea está ubicada a 800 metros sobre el nivel del mar, pero también a que colinda con el Océano Pacífico Norte, que está a unos 140 kilómetros de distancia en carretera.  Su ubicación la convierte en una zona en la que abunda el agua subterránea.

En esta aldea en la que no faltan árboles, cerros ni montañas, hay un cerro especial para los arochenses. No tiene nombre. Es un cerro comunitario, resguardado durante cientos de años por los xincas y ahora, por sus descendientes. Es especial porque retiene y administra el agua que alimenta a los principales manantiales de la aldea, durante la época seca.

Allí, hace siete años, la empresa Regional Energética, S.A. se propuso instalar una hidroeléctrica utilizando las aguas residuales de los beneficios del café. La llamarían «El Libertador». Regional Energética es propiedad de Cromwell Cuestas, que en aquel entonces todavía no había sido candidato presidencial del partido evangélico Visión con Valores (Viva), y de un escultor llamado José Toledo.

Cuestas, vecino de Aroche desde los 90 por la familia de su esposa, compró fincas aledañas al terreno de su familia política, en donde se ha dedicado a la siembra de café, desde entonces. Convenció a varios vecinos de venderles sus tierras y consiguió abrirse paso para acceder a dos fuentes que nacen en el cerro, La Colorada y La Raicera, que fluían en terrenos privados, y que los vecinos aprovechaban para sus siembras. La intención del empresario era generar energía para encontrar una salida después de que, con el desplome del mercado del café, a inicios del 2000, sus terrenos en Aroche se volvieran menos rentables y sus negocios se vieran mermados. Seguía el consejo de Anacafé, que había propuesto a los beneficios utilizar el agua residual con la que lavaban la semilla. Varios cafetaleros, entre ellos Cuestas, se aventuraron en un negocio que conocían muy poco esperando obtener una ganancia en retorno.

Junto a Toledo invirtieron para construir dos hidroeléctricas en Chiquimulilla, Santa Rosa. La primera, El Libertador, produciría 1.88 megavatios por hora. Y la segunda, “El Panal”, ligeramente más grande, generaría 3.08 megavatios de energía por hora.

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Empezaron los trabajos para construir la hidroeléctrica. La resistencia por parte de la comunidad no fue inmediata. La maquinaría ingresó en julio de 2012 y no fue sino hasta septiembre de ese año, cuando el paso de los vehículos destruyó una tubería, que los habitantes se organizaron y detuvieron la construcción.

«Al principio no sabíamos qué construían. Donde están los canales de captación de agua, parecía que iban a hacer carreteras. Nos enteramos cuando ya iba avanzado», cuenta Otoniel Arias, uno de los vecinos que alertó sobre la construcción de la planta.  

El pueblo temía que el proyecto fuera una minera. Cuestas recuerda que «iba a media construcción cuando dos personas que estuvieron en la minera San Rafael vinieron a decir que nos estábamos metiendo en minería y armaron un relajo en la aldea». Las autoridades locales, aunque alarmadas en un principio, guardaron la calma al comprobar que solo se trataba de una hidroeléctrica pequeña que se instalaría en propiedad privada, ubicada en la parte más baja de la cuenca.

Cuando una hidroeléctrica llega

Hay dos versiones de cómo empezó todo, en 2012. La de la resistencia y la de los dueños de la hidroeléctrica. La versión de la resistencia inicia así. El 22 de septiembre de ese año, hubo un baile en el salón comunal del pueblo. Mientras todos bailaban al ritmo de la música disco, entraron tres hombres, Gabriel Romero, Jorge Valenzuela y Otoniel Arias. El primero tomó el micrófono y los alertó de la construcción de una hidroeléctrica, algunos pensaban era lo mismo que una mina. Todo se detuvo en ese momento. Romero no necesitó de mucho esfuerzo para convencer a la mayoría de salir y defenderse porque algunos comunitarios temían el impacto que un proyecto de ese tipo tendría. Otros los abuchearon.

Al día siguiente, a eso de las cuatro de la madrugada, empezaron un plantón decididos a no dejar pasar a nadie que trabajara en el proyecto, tomaron las armas a su alcance: machetes, palos y piedras. Se unieron mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, mujeres y hombres armados. También personas de las comunidades cercanas Ojo de Agua y Sinacantán.

Bajaron a cada maquinista que se atrevía a entrar a la aldea. Al mismo tiempo que eso ocurría, el administrador de la hidroeléctrica, Ovidio Castillo García, de 60 años en ese entonces, quiso negociar, pero los vecinos lo rechazaron. Si debían hablar con alguien lo harían con el dueño de la empresa Regional Energética, S.A.: Cromwell Cuestas Paz. Cuestas quería utilizar el agua de uno de los principales manantiales que abastecen a la comunidad, El Astillero. Además de las aguas residuales de la aldea.

«Llegó acompañado de 28 patrullas del Mingob. Una intimidación completa. Oró antes del diálogo para que se diera la solución del problema. Ahí se firmaron los acuerdos», recuerda Arias. Valenzuela, en cambio, recuerda que Cuestas «llegó con un gran miedo, rodeado de soldados y todo eso. Ahí estuvimos hablando con él que no estábamos de acuerdo con el proyecto. Aceptó que no seguiría, pero pidió que lo dejaremos usar lo que ya tenía».

Cuestas les ofreció 60,000 quetzales anuales a cambio de usar el rebalse de ese manantial. Los vecinos aceptaron, fuera por el beneficio económico que los hizo sentir ganadores del pleito o porque se sintieron intimidados con la llegada de la policía antimotines a la aldea, que según les dijeron, eran enviados del presidente Otto Pérez Molina.

Sentado en la sala de juntas de la concesionaria de autos que su familia posee en zona 9 de la capital, Cuestas cuenta otra historia. «El agua que está dentro de la finca es con la que estamos generando energía. Pero también usamos los desagües de la aldea. Como casi no hay agua ahí, entonces aprovechamos las residuales».

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«Aquí se hizo un proyecto con mucha alegría, mucha fe», indicó el exsecretario de Viva. «En el camino el señor Romero pensó que era una minera. No nos dejaron pasar los tractores. En esa época estaba de alcalde de Chiquimulilla, José Crespín. Él me preguntó qué de cierto era que había minería. “Nada”, le dije. “Estamos poniendo una generadora con el agua de los cafetales”. Él aclaró esto con la gente».

Eso fue suficiente para que buena parte de los vecinos en resistencia se retirara, al igual que las fuerzas de seguridad, pero los pocos vecinos que se mantuvieron alerta siguen pensando que el proyecto deja en desventaja a la comunidad.

En los días de negociación, hubo un incendio en una bodega propiedad de la hidroeléctrica. «Estábamos reunidos en la comunidad, sirviendo café en el plantón, cuando vimos el fuego y a los minutos nos cayeron los mensajes. El mío decía: “ya quemaste una champa, ahora la casa de doña Gina Melgar. La policía va en camino. Hay cargos en tu contra, mejor vete”», recuerda Arias.

Romero asegura recibió un mensaje similar y dice que el incendio fue planeado por la gente de Cuestas para inculparlos. «Nos metieron miedo para seguir luchando por el convenio. El mismo Cromwell nos amedrentó», dice.

Cuestas y su socio refieren que la resistencia le pidió a una persona que iniciara un incendio donde perderían tubería valorada en 500,000 quetzales. «Agarraron a unos bolitos, gente muy necesitada. A uno le dicen “el payasito”. A él lo vieron quemándonos ahí. Era el principal gritón que tenían. Entonces le dije: “Mirá, Gabriel”, y no fue amenaza, fue directo, “dejá de estar fregando porque esto sí es una denuncia penal y te vas a ir al bote. Ya te pasaste”. Él dijo: “Yo no fui”. Al día siguiente se arregló todo porque les dio miedo», asevera Cuestas.

Valenzuela, que vive cerca de donde ocurrió el incendio, tiene otra versión. No fue la comunidad, ni la hidroeléctrica la causante de la quema. «Fue porque unos muchachos de la cuadrilla querían luz. Como no tenían, hicieron su instalación, pero la hicieron mal y hubo un corte circuito sobre los tubos», revela.

Por otro lado, Cuestas reconoció que, cuando quemaron una de sus fincas llamada La Bendición, sede de la empresa Regional Energética, se asustó tanto que decidió contratar a dos guardias para cuidar de la propiedad. Gente que no se tentara el alma para dispararle a cualquiera. Se arrepintió de contratarlos porque metieron a otras personas armadas. Entonces, tuvo miedo. En ese momento, dijo que no sabía si el remedio había sido peor que la enfermedad. Temía por la vida de su familia, así que, dejó de visitar la finca. Hasta el año pasado que la policía los capturó por pertenecer a la banda criminal los Guangochas. Admitió sentirse agradecido de que los hubieran detenido y condenado porque, ya no les debía nada.

Del café a la energía limpia a la energía solar

El Libertador funciona desde hace casi siete años. Sus dueños aseguran que les trajo más penas que alegrías. «El primer invierno fue aceptable y, de ahí, se desapareció el agua. Ahorita es el quinto año de sequía», dice Toledo.

La falta de lluvia y que se haya secado El Astillero tiene a sus dueños al borde de la quiebra. En 2011, cuando mandaron a hacer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las perspectivas eran optimistas. Gerardo Paiz, experto del Colectivo Madre Selva, revisó y criticó el EIA del proyecto por no contar con las coordenadas de donde se implementaría. Cuestas aceptó que el estudio lo hizo un hidrólogo famoso que nunca fue al lugar. El estudio fue aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sin corroborar qué deterioro tendría la comunidad.

Cuando dejó de llover, la empresa empezó a decaer. Cuestas y Toledo dicen que se reunieron con las autoridades de la aldea para contarles que estaban “bien fregados”.

Las plantas tienen autorización para operar 24 horas al día, pero el agua que reciben de los manantiales es tan poca que pasan más tiempo esperando a que se llene el embalse que produciendo energía. Tanto así que en verano deben esperar más de 20 horas para captar el agua y solo pueden operar de dos a tres al día, en las que producen 3 megavatios. Este año, en la época lluviosa, han podido trabajar hasta siete horas, pero generan menos megavatios por hora, para vaciar completamente el embalse.

En julio llovió poco, apenas produjeron 85 megavatios, el equivalente a 3.5 días de trabajo si la planta estuviera conectada las 24 horas, según Albert Castellanos, operador de la hidroeléctrica.

De acuerdo al departamento de Climatología del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), desde el 2014 en todo el departamento de Santa Rosa ha llovido menos. Poco más de nueve mil milímetros de agua, equivalente a nueve metros de altura, o bien, un edificio de tres o cuatro niveles. En Aroche llueve, en promedio, 126 días al año pero hasta julio de 2019 solo había llovido 28.

En el mercado, cada megavatio cuesta entre 60 y 80 dólares, es decir, unos 180 y 240 dólares diarios, es decir, entre 1,380 y 1,840 quetzales. Al mes, logran vender 6,000 dólares en energía, según el portal del Administrador del Mercado Mayorista (AMM). La empresa ha vendido energía eléctrica al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en más de una ocasión. Pero su principal cliente es Energuate, que se encarga de reducir su voltaje y lo distribuye a 20 de los 22 departamentos del país, según Mynor Amezquita, vocero de la empresa energética. La energía generada por hidroeléctricas es la cuarta fuente de energía más comercializada en el país.

Hoy por hoy, el Panal mantiene a El Libertador. El Panal, por su ubicación geográfica y topografía, tiene una mejor producción: por hora podría generar lo que El Libertador obtiene en todo un día de verano. Aun así, no opera a su máxima capacidad por misma problemática del agua.

La situación de la pequeña hidroeléctrica ha llevado a sus dueños a contemplar la venta del proyecto. «Hasta le dijimos al alcalde si no la agarran ellos, porque ahí pueden llevar agua a Chiquimulilla. Si no la vendemos, porque no la compran, la debemos en el banco», dice Cuestas. Los empresarios prefieren hacer un último esfuerzo: pagar casi 2 millones de quetzales para instalar siete mil panales solares. De esa forma, esperan generar lo que les falta con la energía solar por la mañana y utilizar el agua por la noche.

Si no resulta como esperan, podrían perder el proyecto. Aroche no recibiría tampoco lo prometido, y aún debe un par de cuotas por el terreno que adquirió. 

El convenio contemplaba la creación de un balneario turístico, un laboratorio de computación, ampliar el terreno del cementerio, crear una pollera en sociedad con los campesinos del área, entre otros. La hidroeléctrica no cumplió esos acuerdos y redujo el pago de 60 mil a 35 mil quetzales. Con ese dinero, el Cocode construyó baños en el parque central, cambió el techado de la escuela primaria y el centro de salud, y levantó un aula de computación. Sobre todo, se comprometió a terminar de pagar las cinco cuotas del terreno comunitario.

Cuestas expuso que incumplió porque se secó el agua de El Astillero y sobre esa fuente fue que inició la negociación con Aroche. Regino Ramírez, presidente del Cocode, respaldó la declaración de Cuestas, enfatizando que él produce energía con el agua que nace en su finca.

Los empresarios saben que no todo el pueblo está enterado del porqué se incumplió una parte del convenio. «Para nosotros ellos no han entendido. Creen que estamos bañados en dinero. Cuando les damos ese dinero, no saben que es la producción de más de un mes. Era mejor negocio el café, mejor nos hubiéramos quedado con ese negocio», se lamentó.

Sueño y fracaso de un nuevo bosque

Pareciera que un lugar como Aroche no necesita más bosques, pero los vecinos habían decidido invertir lo que Cuestas les había prometido en que un nuevo bosque brotara y que les diera agua, porque habían notado que escaseaba desde hace unos años.

 —Cuanta más agua, mejor.

En Aroche hace falta un sistema de almacenamiento y distribución, casi no hay gestión del agua y casi no llueve, pero muchos culpan de la escasez a la hidroeléctrica.

«Utiliza el 90% del agua de la aldea», calcula Romero, sin pruebas. En realidad, ninguna institución pública monitorea el caudal que absorbe la hidroeléctrica y menos evalúa si queda suficiente agua para el caudal ecológico. Según el Departamento de Recursos Hídricos y Cuencas, del ministerio, solo hacen mediciones cuando el Ministerio Público (MP) lo solicita, pero se hace con equipo del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), porque la cartera no cuenta con uno propio. Así que no hay datos que respalden que la hidroeléctrica es la responsable de que haya disminuido la cantidad de agua disponible en la aldea.

Con el primer pago en mano, en noviembre de 2012, en una asamblea del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), propusieron comprar cuatro manzanas de tierra en las faldas del cerro, que hasta ese momento eran privadas y se utilizaban como potreros, para que creciera más bosque. Querían asegurarle a la montaña más espacio para captar agua y que en un futuro próximo no disminuyera su afluente. Las adquirieron dos años después.

En 2017, el Cocode pidió a la Delegación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) de Chiquimulilla los árboles para reforestar y así acelerar el crecimiento de bosque en la zona. «Cuando llueve, los bosques funcionan como esponjas que retienen el agua de forma subterránea. Cuando aflora el agua bajo tierra surgen los nacimientos y quebradas. Esa agua es liberada durante la época seca, de forma gradual. El resto del agua es captada por los ríos y que desemboca en los mares», explica el experto del Colectivo Madre Selva. 

La comunidad sembró 3,000 árboles con ayuda del programa Reforestemos Santa Rosa. Más de 70,000 árboles fueron sembrados en todo el departamento, según José de la Rosa Lemus, encargado de la delegación del Marn. El proyecto no pasó de la siembra. El pueblo no cuidó de los nuevos árboles y la mayoría murieron. Quedan unos pocos en la parte más alta del terreno. Así que los comunitarios deberán de esperar unos años más para que el crecimiento del bosque se dé, esta vez, de manera natural.

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Expertos hidrólogos y los dueños de la hidroeléctrica aseguran que la cantidad de tierra adquirida no hubiera significado, de todas formas, ninguna diferencia en la cantidad de agua que fluye por los manantiales.

«Sabemos que no es suficiente haber comprado cuatro manzanas, pero por algo debíamos de empezar», dice Romero por teléfono. El objetivo es seguir comprando más tierras, y reforestando.

En 2020, el programa podría llevar árboles al departamento. Pero ahora el ministerio propondrá a las comunidades inscribirse en el programa de reforestación Probosque del Instituto Nacional de Bosques (Inab), para recibir un incentivo económico por el cuidado de los árboles. 

Hasta ahora, doce familias y el Cocode de la aldea cuidan de 131.3 hectáreas de bosque y han recibido 258,000 quetzales desde que están inscritos en los programas de incentivos forestales del Inab.

Aunque el proyecto fracasó, los vecinos prefieren enfocarse en la falta de agua y en la incomodidad que genera tener que acarrearla desde la medianoche hasta la madrugada. Parecen resignados y tampoco parecen tener la voluntad para exigir mejores condiciones, tanto a la empresa como al Cocode.

«La mayoría de los vecinos», dijo Arias, uno de los opositores del proyecto, «se sienten traicionados porque la hidroeléctrica incumplió los compromisos que adquirió». Aparte, Romero refirió que se quejan de la falta de agua, pero no la relacionan con la hidroeléctrica. «Les decimos “hagamos algo”, pero no llegan. Esa gente –de la empresa– no tiene conciencia para pensar en proyectos comunitarios. A ellos les vale todo eso». 

Mientras tanto, media docena de vecinos contemplan organizarse para que la empresa cumpla con todos los compromisos del convenio, de lo contrario, buscarán anularlo. Rafael Maldonado, el director de Calas, no es tan optimista. El acuerdo fue firmado en el libro de actas del Cocode y carece de validez legal, porque las páginas no están certificadas por un abogado.

Los problemas de agua de San Miguel Aroche tampoco los ha resuelto la Municipalidad de Chiquimulilla. El alcalde, Obdulio Herrarte, dice que el Cocode nunca ha pedido que se priorice la compra de una bomba o algún proyecto relacionado. Es más, el presidente del Cocode lleva meses sin pisar la comuna. Ramírez alega que sí ha hecho solicitudes de proyectos para solucionar la problemática, pero «el alcalde no quiere ayudar en nada». 

Anualmente, Chiquimulilla tiene un presupuesto de unos Q6 millones para atender a las veinticuatro aldeas, y a los treinta y cuatro caseríos que la conforman. Y los fondos no alcanzan para atender a todos, expuso el alcalde.

La comunidad está frente a un panorama sin muchas alternativas alentadoras. Deberán de conformarse a aceptar lo que la hidroeléctrica pueda darles, en tanto siga operando, o resignarse a perder.