Una pantomima para un presupuesto de Q67 mil millones

Los pasillos del Congreso de la República olían a comida. El aroma era una mezcla de pollo frito y carne guisada. En las oficinas alrededor del hemiciclo, el personal almorzaba fútbol del bueno, de la Champions. Los que no comían eran los ujieres y el personal administrativo. Ellos corrían hacia la oficina de la Dirección Legislativa por las copias del dictamen a la iniciativa 4559: La ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013.

Hasta entonces, el documento era casi exclusivo de los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y, en el pleno, el bloque de oficialistas ya daba por hecho que ese día sería aprobado el plan de gastos por Q66.985 millardos, el presupuesto más cuantioso en la historia de Guatemala. Así estaba estipulado desde inicios de octubre, cuando el presidente Otto Pérez Molina aseguró el apoyo de los votos suficientes para sacar adelante una agenda legislativa mínima en el Congreso. El paquete incluía la aprobación de dos préstamos internacionales, la elección de la nueva junta directiva y el nuevo presupuesto, entre otras cosas.

Así, si la aprobación del presupuesto fuese una obra de teatro, los ires y venires de los ujieres y la prisa del presidente del Congreso Gudy Rivera, diputado del Partido Patriota, por obtener los 105 votos que le dieran carácter de urgencia nacional a la votación del plan de gatos 2013 solo eran parte del tercer acto. El final de un proceso que inició 18 días atrás, fuera del Palacio Legislativo, en una casa de la zona 10.

El viernes 5 de octubre, el presidente y la vicepresidenta Roxana Baldetti se reunieron con representantes de al menos siete diferentes bloques legislativos: Gran Alianza Nacional (Gana), Partido Unionista (PU), el bloque independiente País, Visión con Valores (Viva), Todos, Unión del Cambio Nacional (UCN) y  el partido de gobierno. y Habría pasado desapercibida si no fuera porque la diputa Delia Back, del partido Libertad democrática renovada (Lider), no hubiera interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, el 8 de octubre pasado, acusando a los diputados que asistieron de haber recibido Q250 mil para aprobar un paquete de iniciativas de ley en discusión en el Congreso.

¿Qué se discutió en este encuentro? Cuando se destapó la denuncia de Back, Roberto Alejos, diputado de Todos reconoció a Siglo XXI que el presidente había cabildeado por la posibilidad de crear una junta directiva de consenso. ¿Dinero bajo la mesa para los diputados? Nada.  “Fuimos con el presidente para priorizar una agenda que beneficie a los guatemaltecos, incluyendo la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. En ningún momento nos ofreció dinero”, aseveró Jaime Martínez, de Gana, otra de las personas que asistió a la reunión.

El 15 de octubre, después de la sorpresiva aprobación de dos préstamos por US$569.5 millones, el presidente del Congreso afirmó en el programa A primera hora, de Emisoras Unidas, que la reunión solo intentaba buscar “los consensos para ver una agenda legislativa en común, una agenda legislativa mínima”. ¿Qué contenía esa agenda? Este miércoles, Rivera reconoció a Plaza Pública que se habló de la aprobación de los empréstitos y el presupuesto de 2013, las reformas a la Constitución Política y a la ley Electoral y de Partidos Políticos, la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito y la elección de la nueva junta directiva.

Segundo acto: Batalla en el pleno

Los empréstitos y el presupuesto eran temas que estaban amarrados desde un inicio. Los primeros servirían para dar forma en un poco más del 62% de los 7.3 millardos de fondos provenientes de préstamos externos a largo plazo que alimentan el gasto de 2013: 509.8 millones de gobiernos extranjeros y 6.8 millardos de organismos e instituciones regionales e internacionales. Con un faltante de más del 40% en este punto, se prevé que nuevos préstamos entrarán al Congreso en las próximas semanas.

La principal crítica al proyecto de presupuesto presentado por el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, al Congreso de la República era su financiamiento. En el papel, el plan de gastos presentaba un aumento de 11.1% con respecto al aprobado en 2012, unos Q7.4 millardos más. Pero este aumento estaba amarrado a un crecimiento anual del 43% de los impuestos indirectos, principalmente el impuesto sobre la renta apoyado en las reformas tributarias realizadas a principio del año; y su financiamiento también depende en un 47.39% en impuestos indirectos, con énfasis en el impuesto al valor agregado (IVA) a bienes, servicios e importaciones, algo que cuelga de situaciones como que la economía nacional e internacional no entren en crisis y no se reduzca el gasto.

En medio de esta discusión, analistas económicos de diferentes instituciones privadas miraban de reojo el aumento de algunas carteras sobre otras, mientras se criticaba la falta de ejecución presupuestaria en la actualidad y su poca transparencia, así como el mayor endeudamiento de las arcas del Estado y bajo nivel de inversión pública, de apenas del 15% del Producto Interno Bruto (PIB).

Dentro del Palacio Legislativo, la discusión del presupuesto estaba lejos de los planes de los diputados oficialistas. La ley Orgánica del Congreso establece que la elección de la junta directiva puede realizarse 90 días antes de su juramentación, por lo que era un tema que desde el 14 octubre se podría tratar.

Sin tener todavía el dictamen oficial de la Comisión de Finanzas Públicas para la presentación del presupuesto, el 15 de octubre se abrió la postulación para la nueva junta. Ese día, por los corrillos del palacio legislativo, el único nombre que sonaba era Pedro Gálvez.  “Efectivamente manifiesto mi intención de postularme como candidato a la Presidencia del Congreso”, dijo el diputado de Viva en una conferencia de prensa que dio en solitario.

Un día después, el nombre de Gálvez no volvió a figurar en la lista de potenciales candidatos a remplazar a Gudy Rivera. El jueves 16, cuando el reloj marcaba las 11:00 de la mañana, 102 diputados hacían pleno en el hemiciclo del Congreso pero el inicio de la sesión estaba lejos de concretarse. Lejos de los micrófonos de la prensa, todavía se hacían esfuerzos para consolidar una sola planilla a la junta directiva con Pedro Maudi a la cabeza, según la decisión institucional realizada por la secretaría general del PP. Todo era cuestión de tiempo.

Cuando inició la sesión plenaria al filo del medio día fue la hora de las coincidencias. Roberto Alejos, quien estuvo en la reunión del 5 de octubre, propuso la planilla unificada. “El partido de gobierno ha escogido a alguien que representa a un sector que por primera vez está diciendo ‘estamos aquí en el Congreso’, que es el sector privado representado en el diputado Pedro Muadi (…) Sabemos que es un diputado del PP, pero también es un empresario exitoso”, dijo el diputado. Cerca de él, Luis Chávez, de Lider, y Juan Ponce Guay, de Gana, estaban a punto de irse a los puños. Gustavo Medrano y Carlos Martínez los detuvieron.

¿Más coincidencias? Ocho de los nueve integrantes de la nómina de la directiva que acababa de leer Alejos pertenecían a partidos políticos que estuvieron presentes en dicho encuentro en zona 10. Todos los partidos políticos que participaron votaron por los préstamos la semana anterior y ese día votarían por la elección de la nueva Junta Directiva, que entró a la agenda por medio de una moción privilegiada.

Así, con conatos de trifulcas, gritos de los diputados de Lider provistos de megáfonos y cohetillos explotando en señal de protesta, Muadi Menéndez fue electo presidente del Congreso para 2013. El partido de gobierno también obtuvo una vicepresidencia, con Mirma Magnolia Figueroa de Coro, la esposa del alcalde por el PP de Santa Catarina Pinula, y dos secretarías, Alfredo Cojtí y Marco Antonio Orozco. Todos se hizo con la segunda vicepresidencia, a cargo de Chistian Boussinot, y la tercera vicepresidencia fue para José Gándara, de CREO.

¿El último acto?

Hasta las 11:00 de la mañana del martes 23 de octubre, la mayoría de diputados reunidos en el Congreso aseguraban que no tenían ni idea de lo que el documento decía. Según Nineth Montenegro, segunda vicepresidenta y diputada por Encuentro por Guatemala (EG), se rumoraba que el mismo lunes por la noche se le habían hecho cambios. En la oficina de la Dirección Legislativa, donde se tenía que haber presentado el dictamen, aseguraban que aún no tenían ninguna copia.

La Comisión de Finanzas Públicas emitió su dictamen favorable desde el jueves 18 de octubre. José Alejandro Arévalo Alburez, diputado independiente, firmó el documento y razonó su voto. “Fui el séptimo en poner la firma”, recuerda. Extraoficialmente, miembros del partido oficial reconocen que al final de ese día nueve diputados lo habían firmado. Eso era suficiente para discutirlo en el pleno.

Pero la sesión del martes no inició a pesar de que se contaba con el quórum necesario. Fueron los mismos diputados los que señalaron que en ese momento todavía no se tenían los 105 votos necesarios para emitir un decreto por urgencia nacional que permitiría al oficialismo cumplir con la aprobación del presupuesto en un solo día. La misma medida empleada para aprobar los préstamos, dos semanas atrás.

Todo cambió alrededor de la 1:30 p.m. La dirección legislativa corría a toda marcha para imprimir 158 copias, además algunas adicionales para asesores y periodistas, de un documento de 82 páginas del que casi nadie estaba al tanto en detalle cuando se votó que la iniciativa se conociera por urgencia nacional, en una sola lectura, sin tener que pasar por el proceso habitual de tres debates. 115 votos se reflejaron en la pantalla electrónica del hemiciclo.

“No tendrá muchos cambios a lo que se presentó en un inicio”, asumieron los periodistas, mientras la bancada de Lider solicitaba la palabra para razonar su voto. De poco sirvió. Los cambios estaban ahí. El plan de gasto que ojeaban los diputados traía al menos 10 modificaciones en la distribución de montos en siete ministerios, las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo y los servicios de Deuda Pública, así como en instituciones con aportes del Estado a cargo del Tesoro Público. Con el techo presupuestario en 66.9 millardos, los mismos diputados de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso reconocieron que el ejercicio era simplemente sumar y restar. Se sumaron Q677 millones a gastos de funcionamiento y otros Q525  millones a inversión. Se restó Q1.2 millardos a los servicios de Deuda Pública.

Los grandes ganadores en este sentido fueron Gobernación, con Q200 millones más; Agricultura, con Q100 millones: y los ministerios de Desarrollo Social y Educación, con Q205 millones cada uno. Además, hubo incrementos de por Q144 millones en funcionamiento de instituciones, Q100 millones de ellos solo para el MP.  En el papel, el gran ganador fue el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que sumó al plan de gastos solicitado al congreso Q427 millones más para inversión, con lo que alcanzó Q3.8 millardos.

Pero todo eso solo se podría ver después, cuando con calma se compararan el presupuesto presentado y el que se estaba votando. Justo ese fue el reclamo de los diputados en contra del procedimiento.  José Gándara, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), dijo que en su bloque no se conocía el documento. También aseguró que era muy apresurada su aprobación y recordó que cuando se debatía la Ley de Actualización Tributaria, muchos diputados, él entre ellos, la apoyaron sin evaluar a profundidad las consecuencias y eso causó problemas legales posteriores.

Leonel Lira, diputado de EG, manifestó otra inquietud de su bancada: el no contar con representación en la Comisión. El congresista señaló que su bloque solicitó la ampliación de la sala para incluir Montenegro en ella, pero que no se ha hecho nada al respecto. Iván Arévalo Barrios, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, señaló que eso se tenía que hacer a principios de año, no ahora. Pero la petición de EG venía desde antes de que se interpelara al ministro Pavel Centeno (Fecha). Entonces Arévalo, con una respuesta para cada situación, indicó que ocurrieron una serie de sucesos en el pleno que impidieron conocer la petición.

En ocasiones anteriores ya se había cuestionado la forma en que está integrada dicha sala de trabajo y cómo diputados como Arévalo la manejan a su antojo. Cuando se aprobó la Ley de Actualización Tributaria, Carlos Barreda, de UNE, señaló que a pesar de que era él el designado para representar a su bloque, Arévalo optó por Mario Rivera y a otros excompañeros suyos en el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Actualmente la sala de trabajo está integrada por seis diputados oficialistas y cinco integrantes y exintegrantes del FRG. EG no tiene un representante ante la Comisión de Finanzas, pero Creo sí. Gándara explicó que ni siquiera Carlos Fión, su representante en ella, conocía los cambios que había sufrido la iniciativa original. “Hace 20 minutos nos dieron una copia del dictamen”, dijo Montenegro al pleno. “Hay que estudiarlo antes de votarlo”, razonó.

Eso no importó. Arévalo Barrios explicó que se esperó cinco días para presentar el proyecto de presupuesto para dar la oportunidad a los otros integrantes de la comisión firmar el dictamen. También sostuvo que no era necesario más tiempo para analizar el contenido porque este ya se había socializado a cada una de las bancadas. La aprobación del dictamen, con 106 votos, no tardó ni media hora más. Los bloques que mostraron su descontento fueron Creo, Lider y EG. El resto de bancadas, entre ellas la de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), después de que lograron poner algunos candados para evitar las transferencias de los programas Hambre Cero y la Ventana de los Mil Días, dieron su voto.

“La alianza oficialista viene funcionado desde principios de la legislatura, pero se ha visto más solida desde principios de octubre”, reclama ahora Álvaro Trujillo, diputado de Lider. “Todas estas coincidencias en las votaciones se están archivando como elemento de prueba para la denuncia interpuesta al MP por Back”, sentencia. Pero la denuncia por cohecho activo y pasivo tiene validez solo si se logra probar que se ofreció dinero y que el mismo fue aceptado por los congresistas aliados al oficialismo.

Hasta el momento, ninguna prueba  ha sido presentada. Según la demanda las pruebas con las que se cuentan son la agenda legislativa, los videos de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) –que deben solicitarse–  en la que se observaría la llegada de los diputados a la reunión a una casa de la zona 10 de la capital –dato que no niegan los señalados– y las declaraciones de los diputados de Lider. Tampoco se han presentado pruebas de que los votos otorgados en las últimas tres sesiones correspondan a dádivas.

Lider tampoco escapa de las acusaciones en los corrillos parlamentarios. Un diputado del bloque Todos, quien prefirió no dar su nombre, señaló que al menos estas bancadas están apoyando abiertamente la agenda del partido de gobierno. “En cambio Lider y la UNE tratan de mantener ocultos sus convenios con el oficialismo”, aseguró. ¿Pruebas? Ninguna.

Sin embargo, también miembros de la bancada oficial señalaron que se había dado el convenio con Lider y que gracias a ello su oposición se había limitado a expresar su inconformidad y no a tratar de entorpecer el proceso como lo hizo con la elección de la Junta Directiva. ¿A cambio de qué? Fuentes dentro del Congreso atribuyeron esto a una asignación de recursos para el hogar de ancianos Dulce Refugio, fundado por el secretario general de ese partido, Manuel Baldizón. “Son habladurías”, respondió Trujillo, quien consideró que ha sido inútil tratar de bloquear las decisiones que impone la bancada del PP. También niega que su forma de actuar tenga que ver con la asignación a Mi Dulce Refugio. “Pobres ancianitos. Se están muriendo porque este año el hogar no recibió recursos”, agregó. El asilo recibió Q17 millones el año pasado, pero este apoyo del presupuesto se le retiró para el ejercicio fiscal de 2012. El monto que se le asignó para 2013 es de Q5 millones y forma parte del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

Roberto Alejos, también diputado de Todos, trató de cerrar toda discusión alrededor de la reunión del 5 de octubre y adujo que el apoyo de su partido se debe a que se está tratando de hacer una oposición constructiva. “Si el PP se opuso por oponerse a lo que proponíamos en el pasado, no significa que nos tengamos que vengar haciendo lo mismo”, asegura el congresista, que hasta finales del año pasado formaba parte de la entonces oficialista UNE. ¿Estamos frente a una alianza que puede romper por la misma vía todos los candados legislativos? Las votaciones de los siguientes puntos de la famosa “agenda mínima” lo dirán.

(*) Con Información de Cindy Espina.

Nota de edición: Por un error técnico, en la versión anterior de este texto faltaban los cuatro párrafos que ahora preceden al último.