La ponencia “Quitar los medios de vida es acercar a niños, niñas, mujeres y hombres a la muerte: a propósito de los desalojos en el Valle del Polochic”,[1] resume la posición de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP) de la Universidad Rafael Landívar (URL), sobre una problemática agraria añeja en Guatemala.
La ponencia afirma que la problemática agraria debe ser abordada y resuelta en su complejidad, para evitar que se sigan profundizando los conflictos, así como exacerbando la polarización social. Está motivada por construir un modelo social inclusivo, “un nuevo modelo de desarrollo y una nueva visión de la economía”, como señaló la Conferencia Episcopal de Guatemala en enero de 2013, en diálogo con otros actores.
Este documento fue elaborado siguiendo dos hilos de análisis. El primero de ellos se desprende de la lectura del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala, desde donde se cuestiona sobre cuatro puntos fundamentales del Estado, de cara a los desalojos en el Polochic.
El primero se refiere a si el Estado escuchará las recomendaciones del Alto Comisionado en materia de derechos humanos, pues en 2005 se comprometió a analizar, escuchar y considerar sus recomendaciones para que las políticas y programas estén en concordancia con la protección de los derechos humanos.
El segundo señala que existe un Estado que no se preocupa por cumplir su mandato, al constatar que no ha escuchado a las comunidades ni ha cumplido con los estándares de transparencia o rendición de cuentas que exigen las inversiones en proyectos a gran escala. Preocupa la falta de rigor del Estado para que esas inversiones cumplan los requisitos en materia de derechos humanos.
El tercero se pregunta si serán los desalojos una política de Estado. Esto tras constatar que entre 2000 y 2011 se ejecutaron alrededor de 360 desalojos en zonas de interés petrolero, agroindustrial e hidroeléctrico, así como en regiones donde existen regulaciones de áreas protegidas. No ha sido posible contabilizar los desalojos durante el gobierno de Otto Pérez Molina, pero hubo intentos y otros se ejecutaron, en al menos ocho departamentos del país. Algunos se concretaron en marzo de 2013, pero se han hecho de forma privada o se han silenciado, con lo cual se puede afirmar que “el desalojo legal no se ejecuta”.
El cuarto sostiene que hay un vacío institucional por parte del Estado en el medio rural, al constatar que no se han cumplido los Acuerdos de Paz, las políticas de mercado del Fondo de Tierras han sido incapaces de responder a la demanda campesina, la Secretaría de Asuntos Agrarios no puede resolver la conflictividad agraria y no existen tribunales agrarios que conozcan y resuelvan los casos con pertinencia.
El segundo hilo conductor reflexiona sobre la racionalidad del Estado, pues al parecer está dispuesto a destruir vidas para resguardar intereses privados. El informe de la oficina del Alto Comisionado pone en evidencia que ninguno de los marcos legales −nacional o internacional− ha sido tomado como referente estatal para accionar frente a los desalojos. La ponencia hace un esfuerzo por explicar la perspectiva de quienes han sido desalojados, una visión que suele perderse en la gestión pública. ¿Qué sienten? Y, ¿cómo enfrentan el desalojo?
También se busca relacionar las causas del problema con su solución y entre las preguntas que guían la reflexión se plantea: ¿Cómo se desarrollará el Plan de desarrollo integral para el Valle del Polochic? ¿Se encuentra el Estado en disposición de reconocer el despojo recurrente al pueblo q’eqchi’? ¿Cómo entender los procesos de reconciliación y justicia? La VRIP-URL advierte que de no existir una política pública diseñada con instrumentos pertinentes para sentar las bases y resolver la problemática agraria, con el protocolo actual para atender los desalojos se corre el riesgo de perpetuar desigualdades de manera perversa.
* Economista e investigador social, con una Maestría en Economía y Planificación del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se desempeña como Coordinador de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar para Campus y Sedes Regionales.
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