Violación a la intimidad sexual: cuando se culpa a la víctima y no al agresor

En 2006, Lucía Rosales se tomó una foto con una amiga mientras ambas se cambiaban para una obra de teatro. Su torso estaba desnudo. La foto sería un recuerdo privado entre las dos. Un compañero tomó prestado el teléfono de la amiga, encontró las fotografías y las compartió por bluetooth a otros compañeros. 

Así, las imágenes se difundieron. Las adolescentes fueron señaladas y sancionadas en su entorno próximo, mientras que los agresores, es decir quienes guardaron y compartieron las fotografías sin autorización, no tuvieron una reprimenda. Diez años después de aquel suceso, Lucía comprendió que no fue su culpa, que no hizo nada malo, que la responsabilidad no fue suya.

Compartir una fotografía propia es un acto cotidiano que no se debería vulnerar, compartir imágenes privadas de otra persona sin su consentimiento es un delito. «No tiene que ver con que nosotras dejemos de hacer algo que es normal y natural de nuestra sexualidad», dice Lucía, «se trata de cómo se propaga la información del delito. Yo no dejaré de vivir mi sexualidad porque el delito está en la otra persona», concluye.

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El 16 de marzo de 2009, en Guatemala se aprobó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. El artículo 34 de esa norma reforma el artículo 190 del Código Penal y reconoce el delito de violación a la intimidad sexual. ¿Qué conducta regula este delito? Sanciona con prisión de uno a tres años a quien sin consentimiento capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general del cuerpo de una persona o que afecten la intimidad sexual.

La sanción será la misma para la persona que sin autorización se apodere, acceda o utilice datos reservados, personales, con contenido sexual. La pena aumenta de dos a cuatro años de prisión cuando se difunde, revela o cede los datos o imágenes con contenido sexual sin autorización de las personas. 

En 2014, Lucía escuchó a un grupo de amigos, hombres heterosexuales, cuestionando el delito de la violación a la intimidad sexual; opinaban que a las mujeres les ocurría eso «por putas». En ese momento, Lucía se enteró de que el delito existía y comprendió que describía lo que ella vivió cuando era adolescente.

Después de esa plática, Lucía empezó a abordarlo en espacios feministas. Cuando a ella le violentaron su intimidad, apenas tenía 14 años y el delito no era reconocido en Guatemala.

Cuando se le pregunta a Lucía si denunciaría ahora si le ocurriera algo similar, lo piensa por un momento, acomoda sus lentes grandes, redondos y rosados con el índice derecho y responde con seguridad: «Sí, y mi respuesta está basada en que ahora existe una red que me puede acompañar en el proceso».

Lucía tiene 30 años, es activista, nutricionista antidieta y artista del performance. Sus redes de apoyo son los espacios feministas. Antes de compartir nudes —fotos íntimas, desnudos o fotos sexuales—, se toma tiempo para conocer a las personas.

«Le pongo marca de agua a las fotos, marcas diferentes dependiendo a quién se las mande, entonces si pasa, si las comparten, sabré a quien se las mandé. Reprimir mi sexualidad por el abuso de alguien más, no es solución», dice Lucía. 

Desde marzo de 2009 cuando Guatemala reconoció el delito de violación a la intimidad sexual, hasta el 31 de julio de 2022, el Ministerio Público (MP) registró la denuncia de 6,003 agraviadas y hubo 5,702 personas sindicadas.

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Débil investigación sobre delitos informáticos  

Mónica Fuentes es abogada desde hace 16 años, tiene un diplomado en medicina legal  y estudia un doctorado en Derecho. Desde 2009 ha asesorado legalmente a ocho personas a quienes se les violó su derecho a la intimidad. Uno de los casos la impactó con mayor fuerza: una mujer adulta con una pareja estable, quien la grabó al momento de tener relaciones íntimas, sin consultarle.

La grabación la hizo usando la bombilla de la habitación. Enseñó y compartió las imágenes con sus amigos para presumir la belleza exterior de ella. Los videos se difundieron y fueron vistos por la familia de la mujer.

«Primero, la decepción sentimental de la pareja; segundo, el impacto familiar porque le recriminaron las imágenes y su familia la abandonó. La soledad la frustró y tuvo muchos intentos de suicidio. No quiso accionar legalmente, necesitó de un acompañamiento psiquiátrico y a la fecha está medicada. Fue uno de los casos que me impresionó mucho por la impotencia como profesional, por querer llevar esto hasta las últimas consecuencias, pero también debo respetar a la víctima, no la puedo obligar por las repercusiones psicológicas», recuerda Mónica.

Las cifras de denuncias en el MP confirman que la mayoría de personas afectadas por este delito son mujeres: el 86.94 % de las víctimas. El porcentaje mayor de agresores son hombres: 65.68 %.

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Mónica asesoró también el caso de un joven, su novia compartió fotografías donde aparecía sin ropa, en las redes sociales. Él no denunció porque en una sociedad machista sería reprobado.

A pesar de que el delito es poco denunciado porque involucra muchos temas tabú en la sociedad, el aumento de denuncias es significativo. En 2009 se registraron 43 víctimas que denunciaron. En 2010 la cifra incrementó a 69, pero en 2011 el número subió más de diez veces, llegó a 1,011. Cada año hay una particularidad: más víctimas que sindicados.

La abogada explica que lo más difícil de probar es quién difundió la imagen o el video y en qué momento. «Es incipiente nuestro desarrollo tecnológico para este tipo de pruebas. Pero es importante denunciar para obligar a las autoridades a adquirir los programas, el  software necesario para investigar estos delitos y que capaciten a su personal para investigar delitos cibernéticos. El caballito de batalla de muchos sindicados es: «Me robaron el celular», puede ser cierto o no, pero lo sabremos con el software necesario y el personal capacitado», dice.

2,876 casos —es decir, la mayoría— en contra de los 5,702 sindicados está en investigación. De estos, 11 fueron denunciados en 2009 y siguen en investigación 12 años después.

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Este delito puede cometerse de diversas formas y no siempre se trata de mujeres u hombres que traicionaron la confianza de sus parejas. Por ejemplo, puede ser un mesero que graba a mujeres que ingresan al baño de un restaurante, como lo habría hecho Alexander Sagastume Reynoso, quien quedó ligado a proceso en enero de 2018.

«Es un delito muy común, pero poco perseguido», dice Carlos Martínez, sobre la violación a la intimidad sexual. Carlos es abogado y también asesoró a víctimas por este delito, tres en total. Una de las agraviadas, a causa del hecho, se tuvo que mudar a otra ciudad porque era una persona conocida. En otro caso, la víctima tuvo una relación fuera del matrimonio y al terminarla, el agresor publicó un video íntimo que terminó su matrimonio; en el caso de la tercera víctima la publicación de la foto fue en la página de una iglesia evangélica, la joven estaba en pijama y había compartido la imagen a una persona, el consejo de la iglesia castigó a la víctima.

«La sociedad no tiene la perspectiva de cómo esto puede afectar a la persona. Cómo recuperar su dignidad por el acto cobarde de otra, es bastante difícil, ni una condena aunque fuera muy fuerte puede hacerlo, dice Carlos. Los tres casos que asesoró el abogado se resolvieron por un procedimiento abreviado y se dio una pequeña reparación digna para la víctima, pero el MP no profundizó en la investigación para saber si habían más implicados. 

Mónica y Carlos coinciden en las deficiencias que tiene el MP y en la urgente necesidad de tener personal capacitado para investigar delitos como la violación a la intimidad sexual.

Más allá de la pena

«Tú puedes grabarte o dar el consentimiento para que te graben en alguna cuestión de índole sexual o de tu cuerpo, pero no estás consintiendo que lo difundan. Se convierte en delito cuando esta persona difunde las imágenes, sonidos o conversaciones, es delito porque no se le dio consentimiento para difundirlo»,  explica Stephanie Rodríguez, consultora y profesora investigadora sobre derechos humanos de las mujeres.

«El mensaje que se debe mandar es que el MP tiene los mecanismos suficientes y necesarios para sancionar e investigar este delito», dice la investigadora.

Stephanie también amplía su mirada a otra perspectiva: la descentralización. De acuerdo con los datos del MP que obtuvo Plaza Pública por medio de una solicitud de acceso a la información pública, los cinco departamentos con más personas denunciadas por violación a la intimidad sexual son: Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Alta Verapaz y Quetzaltenango.

«Es importante que se hagan campañas de sensibilización e información porque muchas personas no conocen este tipo de delito y la comunicación no es suficiente. El fortalecimiento a las instituciones se da en la capital con una visión centrista, sin informar en los diferentes idiomas mayas, cuando la mayoría de la población es maya», reflexiona Stephanie.

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La impunidad de los chats 

En Guatemala, como en otros países, existen grupos de chats de Whatsapp y otras redes sociales en donde las personas, con más frecuencia hombres, comparten fotografías de desnudos. No siempre tienen autorización para hacerlo.

Ana Guerra trabaja en una empresa de construcción y todos los días interactúa con sus compañeros de trabajo —la mayoría hombres–, escucha cuando platican  y alardean de las fotografías sexuales que les comparten sus parejas y que en ocasiones muestran a los demás.

«Ellos comparten videos, fotos, tienen grupos de Whatsapp. Hablan y yo por dentro digo: son unos machos. Yo no los podré cambiar, pelear con ellos no logrará que cambien. Se comparten las fotografías libremente sin miedo de que les pase algo. El año pasado tenía un grupo de Facebook con excompañeros y empezaron a compartir fotografías que  les habían mandado, en esa ocasión sí los maltraté”, recuerda.

La mayoría de parejas de Ana son de ciudades lejanas a donde ella reside, en las relaciones a distancia comparte fotografías y videos de desnudos. Lo hace con medidas de protección: enviar fotos distintas a cada persona, así podría individualizar quién las comparte si sucediera. Las imágenes que comparte son de partes del cuerpo, pero no del rostro y sin incluir tatuajes o características que la identifiquen. Hasta ahora no ha tenido una mala experiencia.

«Comparto fotografías desde que iniciaron los teléfonos con cámara —dice Ana—, estoy consciente del riesgo que corro al ser sexualmente activa y que en algún momento se podrían filtrar». Ella reconoce que habla desde el privilegio de nunca haber sido víctima del delito de violación a la intimidad sexual, pues tiene amigas que lo han vivido y han sido señaladas por la sociedad.

«Es importante la denuncia, pero también hablar de la importancia de la sensualidad y sexualidad que nos han reprimido», opina Ana, quien añade que si divulgaran sus fotos, ella denunciaría pues tiene las herramientas para hacerlo. «Siento que el mismo hombre que está conmigo podría no publicar mis fotos, pero sí la de otras mujeres. El agresor sabe quién está más indefensa y analiza quién sí lo denunciaría».  

La educación, un camino para la prevención

Gabriela Monroy es psicóloga, tiene experiencia en procesos terapéuticos y consejería en salud sexual y reproductiva desde hace 12 años. Tiene claro que la educación integral en sexualidad está ligada a la prevención de este delito. 

En el acompañamiento a las víctimas, Gabriela ha observado cómo el personal de las instituciones de justicia tiene muy poca sensibilidad hacía ellas y presentan dificultad para identificar lo sucedido como una violación a los derechos.

«(Las víctimas) son juzgadas, equivocadamente se entiende que ellas sabían que eso podía pasar o “a quién se le ocurre hacer eso”. Con las víctimas se trabaja para que comprendan que tener conversaciones de contenido sexual, compartir fotografías íntimas, es parte de los derechos sexuales de las personas. Es una práctica sexual y no las hace responsables incurrir en la práctica, es responsable la persona que falta a esa privacidad», explica la psicóloga.

Aún así, Gabriela opina que hay algunas estrategias que pueden usarse para mejorar la seguridad: «Evitar en la medida de lo posible que en las fotografías se pueda identificar una señal particular de tu cuerpo, como un lunar, tatuaje o cicatriz que te identifique plenamente; evitar exponer el rostro; realizar acuerdos con la persona a quien se le enviará las fotografías o videos; conservar por seguridad a quien se la ha enviado el contenido, porque si hay una divulgación, permite tener un registro de cómo inició; sensibilizar a todas las personas que el sexting y el compartir fotografías o videos sexuales es una práctica sexual y requiere: consenso, cuidados y protección. También hay que identificar que este intercambio de imágenes ha dado pie a muchos procesos de trata de personas y las más vulnerables son las mujeres jóvenes», explica Gabriela.

Que los potenciales agresores sepan que existe un  castigo por violar la intimidad de otra persona es importante, indica Gabriela: «Deberían invertirse recursos en promocionar que la conducta es castigada, es importante que sepas que no lo tienes que hacer».

La profesional también indica la necesidad de que se conozcan los derechos de las mujeres y se fortalezca la EIS: «Informar sobre el derecho de enviar este contenido, pero informar en qué condiciones es ideal compartirlo; y seguir promoviendo la EIS: las personas que la tienen van a poder tener esta práctica sexual y cualquier otra cuidándose y cuidando a otras personas».

Las estadísticas proporcionadas por el MP comprueban que la mayoría de las víctimas de este delito son mujeres. «Hay un concepto que no podemos sacar de la ecuación, históricamente el cuerpo de las mujeres y las mujeres mismas han sido cosificadas, esto es una manifestación moderna de  violencia que hemos vivido las mujeres. En quienes comparten el material sin consentimiento y lo viralizan, a nivel psicológico no hay un reconocimiento de la otra persona como una sujeta de derechos» concluye la psicóloga.

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Esta publicación es parte del Programa de formación dual para periodistas departamentales de Plaza Pública, 2022.