Arévalo debe elegir a directores de SAT con pocos filtros
Arévalo debe elegir a directores de SAT con pocos filtros
La elección de dos directores de la SAT es un proceso similar a la elección de magistrados, pero sin vigilancia ciudadana. Las calificaciones las fijaron actores vinculados a Néster Vásquez, un diputado de Vamos, dos universidades y el Ministro de Finanzas. Hubo notas perfectas y tachas desvanecidas, ahora el presidente Arévalo debe elegir.
El próximo 16 de diciembre deben asumir como directores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dos de los seis postulantes que fueron seleccionados el 22 de octubre. El presidente Bernardo Arévalo tiene ahora en sus manos la lista y la responsabilidad de nombrar a los nuevos funcionarios para un periodo de cuatro años.
La Comisión de Postulación para el Directorio de la SAT recibió 36 expedientes, 14 quedaron en la contienda hasta llegar a la nómina de seis candidatos que obtuvieron los mejores puntajes de acuerdo con la tabla de gradación aprobada.
De esa cuenta, la actual directora de la SAT, con 17 años en la institución, Adriana Estévez Claveria, alcanzó 81.82 puntos y es la primera en la lista; le sigue la abogada Gladys Monterroso Velásquez, 62.6; Julio Otoniel Roca Morales, 61.6; Abel Cruz Calderón, 61.05; Mario René Álvarez Galán, 58.87 y Hugo Ovidio Chacón Cabrera, que obtuvo una nota de 51.51.
Similar a la elección de magistrados, las calificaciones las dan representantes de grupos profesionales, universidades y un representante de gobierno. De nuevo, el Colegio de Abogados -representado por una figura ligada a Néster Vásquez- tuvo un papel articulador.
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¿Quiénes definieron la lista?
La convocatoria estuvo a cargo del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, que participa como presidente de la postuladora. Las figuras que ocupan las representaciones muestran vínculos con operadores de justicia, con un diputado y un exministro de Vamos.
En la comisión que se integró el 23 de agosto, participan abogado Mario Siekavizza Alvarez, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); Deyvis Darío Martínez Salazar, presidente del Colegio de Ciencias Económicas; Tzul Tacam, presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, designado por sorteo como secretario de la postuladora.
Siekavizza fue representante en las comisiones de postulación para magistrados por la planilla ASPA, relacionada con el magistrado Néster Vásquez.
Martínez Salazar fungió como secretario adjunto. Es hermano del congresista del bloque Vamos, Duay Antoni Martínez, uno de los principales operadores del expresidente Alejandro Giammattei.
César Tzul Tacam, fungió como jefe de licitaciones del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) durante la gestión del exministro Alberto Pimentel (Vamos) en la que se les cuestionó por dudosas adjudicaciones.
Por parte de las universidades participaron Gerson Anneo Tobar Piril, de la Universidad Da Vinci, como representante de los Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas; y el español residente en Guatemala desde 1998, Enrique Fernando Sánchez Usera, de la Universidad Panamericana, representante de Decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ambos han participado en comisiones de postulación en elecciones anteriores para Contralor y Fiscal General.
La defensa del CANG por su tesorero
La última de las reuniones de la Comisión de Postulación para seleccionar a los seis candidatos al Directorio fue más tensa que las anteriores, principalmente, por el intento de sumarle puntos al abogado Carlos Amir Tucux Quemé, que sumó 50.86 puntos, es decir, quedó a poco menos de un punto del puesto seis en la nómina.
Siekavizza insistió, durante varios minutos, en aceptar la revisión del expediente a solicitud del postulante, en un intento de aumentar su puntaje por sus actividades de docencia universitaria y en proyección humana como directivo en una cooperativa. Esto a pesar del acuerdo de la postuladora para refrendar lo actuado en cuanto a la calificación de los expedientes.
«Comisionado, usted dijo anteriormente conocer al postulante» le señaló Menkos, al cuestionar un posible conflicto de interés, ante la vehemente defensa que hizo Siekavizza para revisar el expediente de Tucux Quemé, actual tesorero de la directiva del CANG, cargo que asumió para el periodo 2023-2025 con la planilla de la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), misma que integró Siekavizza.
El comisionado aludido reaccionó en defensa de la legalidad en todo proceso y recordó a Menkos que, como funcionario, tiene el compromiso de cumplir con la Constitución y todas las leyes.
Tras las intervenciones de otros comisionados, se votó a favor de refrendar la primera revisión de los expedientes en todos los casos, trabajo que según Menkos tomó largas horas y fue hecho «a conciencia» por la Comisión.
Defensor de una estructura que defraudó a la SAT
Con las pruebas de descargo, Tucux Quemé logró desvanecer el señalamiento que se presentó en su contra por su participación en la defensa de una persona señalada en el caso «Buró de Auditores GT» por evasión de impuestos. La SAT comenzó en 2020 una investigación y logró que en 2023 fuera detenido el director de la firma Bayron de León de León junto a otros auditores.
Al respecto, la ley establece como un impedimento para ejercer el cargo «ser parte o tener interés en algún litigio, contrato vinculado con la SAT o estar de cualquier forma relacionado con entidades que se encuentren en la situación descrita». Pero el abogado justificó que prestó sus servicios profesionales en una etapa procesal que ya concluyó, por lo que se deslinda del caso y presentó la documentación judicial de respaldo.
También los postulantes Óscar Perdomo, José Edgar Sánchez Romero y Abel Cruz, exjefe de la SAT desvanecieron los señalamientos que recibieron.
Alianza entre colegios profesionales
Las preguntas que se plantearon en las entrevistas fueron aprobadas previamente por la Comisión y constaba de una etapa de cuestionamientos obligados y otra serie de aleatorias extraídas de un sobre. Los aspirantes debieron responder en los 30 minutos estipulados.
Las calificaciones reflejaron una ausencia de un método estandarizado para evaluar.
Los presidentes de los colegios profesionales coincidieron en calificar con el máximo de 100 puntos a nueve de los 14 postulantes; mientras que a cinco de ellos les otorgaron notas entre 25 y cinco puntos, contrario a lo que adjudicaron a este grupo los decanos y el ministro de Finanzas que asignaron notas entre 30 y 100.
Adriana Estévez, Gladys Monterroso, Abel Cruz, Hugo Chacón Cabrera, Julio Roca y Mario Álvarez, es decir los seis seleccionados para integrar la nómina, recibieron 100 puntos por parte de los comisionados Siekavizza, Martínez y Tzul Tacam. Lo mismo ocurrió con José Vielman, Carlos Tucux y Mariana Morales, pero fue insuficiente para llevarlos a las primeras casillas.
La nota del postulante, Chacón Cabrera, entre otras, evidencia que las entrevistas tuvieron diferentes criterios de los comisionados o se usa como un mecanismo para impulsar a un candidato con discrecionalidad. En este caso, el titular de Finanzas le asignó dos puntos, y el bloque de los presidentes de los Colegios 100; mientras que, a Perdomo, Menkos le otorgó 100; Siekavizza, 25 y los otros dos comisionados de los Colegios, cinco.
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Se repiten los defectos de la comisión postuladora
Abelardo Medina, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) advierte de la preocupación en los procesos de selección de la nómina. En su mayoría quienes evalúan a los postulantes no son especialistas en impuestos, administración tributaria o política fiscal, por ello hacen una labor de verificación de los requisitos solicitados.
Las notas más altas son las consideradas para integrar la nómina. La tabla de gradación aprobada por la comisión, que califica con un “sí” o “no” los méritos éticos, establece que si no se cumple con este criterio queda fuera de la nómina de seis candidatos a entregar al presidente. El tiempo de evaluación fue innecesariamente largo.
Entre jueves y viernes (17 y 18 de octubre) se realizaron las entrevistas, pero no se conoció de forma publica la nota obtenida, hasta el martes 22 en la última sesión de la postuladora en la que se integraron los punteos y se concluyó el proceso.
Uno de los candidatos que prefirió omitir su nombre, dijo a Plaza Pública que los comisionados tenían la posibilidad de emitir su calificación a viva voz luego de la entrevista y asignar la nota correspondiente para evitar -como en esta oportunidad- más de un día para conocer el resultado. Esto puede ser inmediato, comenta. Les tomó cuatro días hacerlo público.
La dificultad en las entrevistas, es según Medina, la discrecionalidad que existe al otorgar una nota. Situación que se repite en las evaluaciones técnicas, que son definidas con una matriz que aprueba la Comisión, pero calificadas por un equipo de apoyo de la Dirección de Análisis y Política Fiscal (DAFP) del Ministerio de Finanzas Públicas.
Hugo Pirique, a cargo de la DAFP presentó los punteos que obtuvieron los candidatos después de calificar las pruebas, que incluyen diez preguntas de selección múltiple, cinco preguntas directas y cinco casos prácticos que resolver.
De nuevo, Medina señala que se desconoce si las evaluaciones tienen un respaldo metodológico en la formulación de las preguntas que garantice alcanzar los objetivos de la prueba. En este aspecto, también puede existir discrecionalidad en la calificación, indica.
Con la tecnología actual, se puede proyectar la evaluación, que de preferencia debe contener casos con respuestas preestablecidas, y ver cómo se asigna la calificación, señala una de las personas que se postuló.
Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas Públicas recuerda que en el proceso de 2016 que dirigió, se preparó un examen con preguntas cerradas, en conjunto con el personal de recursos humanos de la SAT y la DAPF.
En cuanto a las evaluaciones psicométricas a las que se someten los candidatos, se establece en las normas, la confidencialidad de los resultados y que son únicamente de referencia para las entrevistas, es decir carecen de un punteo.
Menkos asegura que el trabajo realizado por la comisión fue transparente, con el tiempo necesario para revisar la documentación y las entrevistas. Es un ejercicio que se puede replicar en otros espacios similares a este, agrega.
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La tarea pendiente del Directorio
La función más importante del directorio de la SAT es renovar o remover al Superintendente, en medio, tiene tareas que no han sido completadas desde su creación en 1998.
Deberá, por ejemplo, fortalecer las capacidades institucionales para el combate de la defraudación tributaria, como el reciente caso B410 que reveló una red de empresas que evadió el pago de impuestos y obtuvo contratos con entidades gubernamentales por 300 millones de quetzales. También debe mejorar los sistemas de fiscalización, atención y facilitación del comercio.
Su función es vital para sostener las finanzas públicas y que los entes gubernamentales tengan los recursos para la prestación de los servicios básicos de calidad a la población y para realizar inversiones en infraestructura.
La designación de las personas idóneas es la tarea que está en manos del Presidente para evitar la cooptación por parte de cualquier sector.
Este año la SAT alcanzó 26 años de creación, tiempo suficiente para registrar reformas en la Ley Orgánica, limpiar de estructuras internas articuladas a grupos de defraudación tributaria y aduanera, a cobros por trámites de devolución de crédito fiscal o de registro fiscal de vehículos. Uno de los casos más recientes, La Línea, involucró a altos perfiles de la entidad y le paso factura en la credibilidad y la moral tributaria.
Con la designación de los directores y el cierre del periodo para el que fue designado el superintendente Marco Livio Díaz, por primera vez se cumplirán los plazos normados para esos cargos. Pero los retos que se tiene son grandes para mejorar los ingresos fiscales, los servicios que prestan a los contribuyentes y la agilidad y controles que se esperan en las aduanas.
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Ocho años sin reglamento
La reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de 2016 requiere de un reglamento específico para integrar la nómina de seis postulantes al cargo de director de la SAT. A la fecha se mantiene este vacío y la actual Comisión de Postulación, al igual que las anteriores funciona con las normas que aprueban en cada convocatoria.
Para funcionar se tiene lo que establece la Ley Orgánica de la SAT y para algunos aspectos se apoya en la Ley de Comisiones de Postulación, en particular a que cualquier caso no previsto sea resuelto por la propia comisión.
Estrada indica que la actual Ley es muy reglamentaria y específica para el proceso, y en cada convocatoria a elección de Directorio se explican cuáles son los procesos. Desde 2016 «está pendiente el reglamento, y es un tema de formalizar un proceso que es muy estructurado», resalta.
Una de las situaciones que no están previstas, es por ejemplo que los representantes de los decanos de las facultades de Derecho y de las de Economía -que se seleccionan por sorteo- sean de la misma casa de estudios superiores.
Hay más de una docena de facultades de Derecho y de Economía en el país, y si salen los representantes a la Comisión de Postulación de la misma universidad sigue siendo con un proceso aleatorio, explica Estrada al señalar que un caso así no está previsto en la Ley.
La labor de la postuladora aún continua pues existe un periodo en el que se pueden presentar impugnaciones al proceso que deben resolver. Dos días después de la conformación de la nómina se presentó un amparo en el caso de Alejandro González Portocarrero, actual director de SAT que buscó reelegirse, sin embargo, la postuladora rechazó su participación aplicando el criterio de falta de una constancia de la empresa en la que laboró hace más de 30 años y que está en proceso de liquidación en la actualidad.
Hasta el 19 de noviembre tiene como plazo el presidente Arévalo para decidir a quiénes nombrará para integrar el Directorio de la SAT. En sus manos está la continuidad de Adriana Estévez o abrir la posibilidad a la renovación completa del Directorio.
El Congreso de la República antes del 29 de noviembre debe presentar objeciones o aprobar a los directores nombrados, para que en diciembre comiencen un nuevo periodo.
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