El tercer juicio de Benedicto Lucas García
El tercer juicio de Benedicto Lucas García
Con 91 años, Benedicto Lucas se enfrenta a un tercer juicio por delitos ocurridos durante su gestión como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala. Esta, además, es la segunda vez que se juzga un genocidio cometido en el país.
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Detrás de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A, hay una pantalla que muestra a dos personas: un hombre y una mujer. Él tiene una bata blanca y un reloj negro en la muñeca izquierda. Escucha con atención y responde a las preguntas del juez presidente. A veces se detiene en los detalles, sobre todo cuando habla de su pasado, de cuando fue estudiante en Francia, de cuando era joven y comenzaba su carrera militar.
La mujer es la jueza de paz que garantiza que la videollamada que hacen desde el Hospital Militar sea válida. Está al lado de Manuel Benedicto Lucas García.
Benedicto nació en 1932. Fue juramentado como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, el 15 de agosto de 1981, un puesto decisivo y de poder, mientras su hermano Romeo Lucas García era el presidente. La ley constitutiva del Ejército de ese momento, nombraba el puesto como el tercero en el mando. Benedicto tenía a su cargo la organización, instrucción, educación, disciplina y conducta del Ejército de Guatemala. El nombre cambió a Jefe del Estado Mayor de la Defensa en 1983.
Benedicto Lucas dejó el cargo cuando su hermano fue derrocado en marzo de 1982 y, aunque ya pasaron más de 40 años de su gestión, sus acciones lo persiguen.
En 2016 fue capturado por el caso Creompaz (Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz). En este lugar de Cobán, Alta Verapaz, que actualmente funciona como centro de entrenamiento, se encontraba antes la Zona Militar 21. En 2012, investigaciones del Ministerio Público junto a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), demostraron la existencia de 84 fosas que guardaban los restos de 565 personas. Por esto, Benedicto, junto a otros siete militares, fue acusado por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. Apenas en febrero de 2024 la Corte de Constitucionalidad (CC) cerró de manera definitiva este caso.
La segunda vez fue en 2018. Benedicto llegó a tribunales por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. Fue declarado culpable por desaparición forzada, delitos contra los deberes de humanidad y violación con agravación de la pena en agravio de Emma Guadalupe, hermana de Marco Antonio. Por este caso recibió una condena de 58 años de prisión. En junio de 2023 les otorgaron, a él y a los demás condenados, prisión domiciliaria. Benedicto no pudo gozar de este beneficio pues tenía prisión preventiva por el caso Creompaz y el de Genocidio del pueblo ixil. La sentencia y prisión preventiva las ha cumplido en el Centro Médico Militar.
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Los dos procesos previos han sido lentos para todos los implicados. Quizá por eso, en la apertura del debate, Lucas expresó sentirse cansado: «estoy ya desesperado. A la edad que tengo he estado yendo y yendo a Torre de Tribunales por casos que ni siquiera conozco».
Segundo caso por genocidio en Guatemala
El genocidio ocurre cuando se destruye de manera total o parcial un grupo étnico, nacional, racial o religioso. El primer juicio por este delito en el país dictó una sentencia, en 2013, en contra del ex presidente Efraín Ríos Montt, por las masacres contra el pueblo ixil durante su gobierno, entre 1982 y 1983.
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Benedicto Lucas García es acusado de los delitos de genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad también contra el pueblo ixil. Para sostener la acusación, el Ministerio Público (MP) presenta los testimonios de 152 personas, entre sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas. Son escuchados sobre los mecanismos de tortura y violencia que se realizaban en esa época. Además, 81 expertos certificarán más de 150 peritajes realizados por el MP y la FAFG.
El MP explicó que se presentan como pruebas la individualización de: 71 personas que murieron, 12 comunidades desplazadas a raíz del sometimiento del ejército, 109 víctimas por sometimiento a condiciones, el saqueo y destrucción de al menos 18 comunidades del territorio ixil, 16 víctimas por violencia sexual y 42 víctimas por desaparición forzada.
Cambios en la representación de Lucas
Lucas García fue ligado a proceso en 2019 junto con Manuel Callejas y César Octavio Noguera. Este último falleció en 2020. El auto de apertura fue dictado en 2021 por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ahora se encuentra en el exilio. En enero de 2024, el Tribunal de Mayor Riesgo A declaró a Callejas incapaz para enfrentar el juicio, pues tiene Parkinson.
El juzgado encargado del caso es presidido por el juez Gervin Sical y los jueces vocales Lilian Ajcam y Óscar Herrera. Sical era vocal durante la sentencia de Sepur Zarco. También desempeñó ese puesto en el caso de las mujeres Achí’, donde 36 mujeres denunciaron la violencia sexual que vivieron durante el conflicto armado interno por parte de miembros del ejército.
Jorge Lucas Cerna, hijo de Benedicto, le representó en los casos anteriores. Sin embargo, en marzo de 2024, renunció argumentando problemas de salud. En su lugar quedó la abogada María Teresa Martínez Velásquez, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). La abogada fue parte del equipo defensor de Alfonso Bulux Vicente, en el caso de las Dos Erres y representó a Estuardo Galdámez en 2021, cuando fue señalado por enriquecimiento ilícito.
Debido a la magnitud del caso, María Teresa Martínez se apoya en la abogada Carmen Ileana Peralta Marroquín también del IDPP. Al inicio del juicio, Karen Fischer, mandataria judicial de Benedicto Lucas, ocupó un lugar al lado de las abogadas defensoras. Peralta Marroquín solicitó que Fischer fuera retirada de su cargo como mandataria judicial. Aunque la petición fue rechazada y Karen Fischer puede mantener el título, se le pidió escuchar la audiencia en el público pero, tras la resolución del tribunal, se retiró de la sala de audiencias.
Un genocidio juzgado en el país donde fue cometido
El 10 de mayo de 2013, Efraín Ríos Montt fue declarado culpable por el genocidio cometido contra el pueblo ixil entre 1982 y 1983. La sentencia fue de 80 años de cárcel. Once días más tarde, la CC anuló la sentencia. La misma CC aprobó en 2015 que el juicio se reiniciará, pero Ríos Montt fue diagnosticado con demencia senil. En 2017 se reinició formalmente el juicio. Un año después, en abril de 2018, murió.
Ese mismo año se dictó sentencia contra el ex jefe de inteligencia militar Manuel Rodríguez, también acusado de genocidio. El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por María Eugenia Castellanos, estableció que sí se cometió genocidio contra el pueblo ixil. Por segunda vez un juzgado afirmaba que en Guatemala sí hubo genocidio, sin embargo se absolvió al ex militar por falta de pruebas. La jueza Sandra Yoc razonó su voto, pues sí consideraba culpable a Rodríguez.
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En el inicio del tercer juicio en su contra, a Benedicto Lucas se le dio la palabra para que diera sus datos personales. No declaró porque su abogada le sugirió no hacerlo. Sin embargo, en cada pregunta ampliaba su respuesta. En una de ellas declaró que es parte de la Cofradía más grande de Alta Verapaz. «Soy cofrade de la mayor Cofradía de Santo Domingo de Guzmán en Alta Verapaz, trabajando solo con gente indígena. Mi esposa es indígena alemana, yo soy protector de la “raza indígena”». Así argumentaba su papel de protector pues se crió entre «ellos».
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Desde que comenzó el juicio, se han programado las audiencias de debate oral y público tres días a la semana, del 8 al 12 y del 15 al 19 de abril. La abogada Jovita Tzul, realizó el alegato de apertura en nombre de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), que participa como querellante adhesivo en el debate y expresó que «es un proceso importante que nos va a traer a la memoria situaciones críticas, duras y lamentables que se vivieron en nuestro país». También explicó que parte de la importancia del juicio es dar a conocer la verdad histórica del pasado reciente.
Juana Avilés Torres testificó el 9 de abril. Ella es sobreviviente, sus papás y hermanos fueron asesinados y quemados. Cuando el MP le preguntó si fue obligada a testificar, respondió en ixil: «Lo único que me obliga es la pena que cargo por lo que viví en el año 82».
Un intérprete la acompañó y tradujo al español. Su petición para el tribunal es clara: «quiero que se haga justicia, que las autoridades vean que no se vuelva a repetir lo que vivimos porque me da mucha pena. Ahora tengo hijos y que ellos no sufran lo que yo viví. No es posible que (quienes) nos lideran son los mismos que nos manden a matar. Por eso quiero que se haga justicia».
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