El juicio que le enseñó a Comitancillo a sentir derecho a la justicia
El juicio que le enseñó a Comitancillo a sentir derecho a la justicia
En los tres años del proceso transformaron su tristeza en fuerza para exigir no más tratos inhumanos contra quienes van de paso en busca de una vida mejor. La condena contra los 12 policías mexicanos no les devolverá a sus seres queridos asesinados en el trayecto a Estados Unidos. Pero los hizo descubrirse merecedores de justicia, algo que Guatemala, su país, no propicia y eso los empuja a marcharse.
Por las calles de Comitancillo, San Marcos, llamó la atención de vecinos una caminata de personas con ramos de flores en sus brazos y fotografías de familiares a quienes vieron por última vez hace tres años. Es su manera de recordar a sus hijos, hermanos y padres asesinados a manos de policías mexicanos cuando transitaban por Camargo, Tamaulipas, México.
El ritual de cada 22 de enero conmemora aquel 2021 cuando recibieron la llamada de un coyote confirmando que sus familiares perdieron la vida en territorio mexicano. La caminata suma otro motivo en esta ocasión, hace tres meses lograron una sentencia condenatoria de 50 años contra 11 policías estatales por su participación en la masacre de 19 personas de las cuales 16 eran guatemaltecos, uno de El Salvador y dos de México. Un agente más recibió 19 años por colaborar en el caso.
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Con este veredicto lograron marcar un precedente, pero falta mucho por hacer, saben.
«Estamos contentos por lograr justicia en nombre de los 19 migrantes muertos, pero también pedimos que no se repita otra masacre», dijo Ricardo García, padre de Santa Cristina, una joven de 20 años del grupo de connacionales asesinados. Para él, esta es una victoria agridulce, porque ninguna condena les devolverá con vida a sus hijos, pero ahora tienen otra motivación.
Su convicción y la de otros vecinos con quienes comparte el mismo dolor, es evitar otra tragedia. Las 19 familias comenzaron este proceso con escepticismo y total desconocimiento, ahora saben de su derecho a tener justicia porque migrar no es un delito.
Irse, la opción más requerida
En Comitancillo la migración jamás se ha detenido. La mayoría de familias dependen del trabajo en el campo sin la garantía de un sueldo fijo. «En la agricultura el ingreso se recibe cada fin de año y con ello invertimos a inicio de año. Se prepara la tierra, en marzo sembramos milpa y hasta diciembre cosechamos. Mientras tanto (el resto de meses) no hay ingresos económicos, solo el maíz —de autocultivo— nos sostiene», explicó Marco Antulio Pablo, padre de Anderson, un joven que tenía 16 años hasta aquel 22 de enero de 2021.
Motivado por otros jóvenes que llegaron a Estados Unidos, Anderson también emprendió el mismo recorrido. Quería asegurar mejores condiciones de vida para sus nueve hermanos menores y sus padres, Marco Antulio y Marcelina. En Comitancillo, los ingresos por los cultivos, o el pago por jornada de un trabajador —unos 75 quetzales por día— no alcanzan para comer, vestir, procurar salud y condiciones dignas para una familia.
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La casa que un día habitó Anderson es de adobe con piso de tierra y techo de lámina. Las de sus vecinos que lograron completar el viaje, en cambio, las construyeron de concreto con más de dos niveles.
Estudiar tampoco es opción. Terminar una carrera de nivel medio o profesional no los motiva porque no es garantía de bienestar económico.
«Aquí en Comitancillo hay maestros graduados que trabajan en el campo». Marco Antulio lo contó mientras sus hijas pequeñas corrían de un extremo a otro en el patio de su casa y la menor de tres años buscó su regazo para dormir.
En ese contexto es lógico que los niños y jóvenes del lugar pierdan interés en estudiar, por ello migrar se convierte en su proyecto de vida, como fue el caso de Anderson. «Lo peor», dijo, no descarta que otro de sus hijos también quiera migrar.
Frente a esa realidad, el caso de Camargo cobró relevancia para la familia de Marco Antulio y la de otras que lloraron la pérdida de un pariente. Lograr una sentencia es apenas un paso en un trayecto a seguir con el propósito de transformar esta tragedia en un motivo para exigir a países como Guatemala, México y Estados Unidos que crímenes de este tipo no se repitan.
«Ahora queremos continuar. No lo hacemos por nosotros porque al final ya perdimos a nuestros familiares, pero hacemos estas caminatas porque hay guatemaltecos que cruzan el territorio mexicano y no se les ha hecho justicia. No queremos más tragedias como esta en la frontera», repite.
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El derecho a una reparación
Ángel Escalante, abogado de la Red Jesuita con Migrantes, acompañó legalmente a las familias desde 2021. Adelanta lo que sigue en este proceso: un juez de ejecución deberá analizar las medidas de reparación para los familiares de las víctimas.
En la sentencia se estableció como medida de reparación a las familias el pago de 335,709 pesos mexicanos —alrededor de 145,000 quetzales— por cada víctima. El monto podría variar según el criterio del juez a cargo de esta nueva etapa.
A finales de 2023, los abogados defensores de los 12 policías sentenciados apelaron el fallo. En algunos casos, solicitaron retroceder a etapas del juicio previas a la sentencia.
Las 16 familias guatemaltecas no olvidan la promesa que el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hizo en nombre del Estado de México en febrero de 2021. Aseguró identificar a los responsables y una reparación por parte del Estado para ayudarlas a reconstruir su proyecto de vida. «No es por ponerle precio a la vida humana sino una medida de mitigación y en seguimiento a estándares internacionales», dijo el exfuncionario mexicano.
Es una medida que establece la legislación mexicana por los hechos cometidos. Incluye una reparación por daños adicionales y gastos incurridos por las familias durante el proceso. Escalante insiste en que «es un derecho de las familias afectadas lo soliciten o no», según establece la Ley General de Víctimas de México.
El seguimiento a este proceso legal implicó gastos para las familias cuyos ingresos son escasos. Marco Antulio, por ejemplo, de su casa en el caserío Nueva Esperanza al centro de Comitancillo pagó 300 quetzales por el viaje de ida y vuelta. Cada vez que debía asistir a una audiencia transmitida por videoconferencia —con apoyo de la Red Jesuita con Migrantes— sacrificaba un día de trabajo, más el costo del transporte.
La pregunta sin responder por ahora es ¿por qué lo hicieron? «(Los autores) fueron personas del Estado, policías mexicanos que hicieron daño a quienes iban en busca de oportunidades, cuando debieron tenderles una mano y no lo hicieron», reflexiona Marco Antulio.
En la Fiscalía de Tamaulipas existe una investigación abierta sin mayores avances, en contra de los autores intelectuales. Ese es otro proceso que las familias están dispuestas a seguir.
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«Tenemos derecho a hablar y pedir justicia»
La caminata de flores y fotografías en brazos del pasado 22 de enero terminó en un pequeño salón con niños, jóvenes y adultos vestidos con trajes regionales de San Marcos. Bailaron al ritmo de la marimba y cantaron como si fuera un festival cultural.
«¿Qué celebramos? Creemos que se merecen un homenaje porque murieron en el intento de querer hacer algo importante en su vida, aunque sus sueños se quedaron en el camino», respondió Marco Antulio. Junto a Marcelina Pablo, su esposa, y tres de sus hijos, también prepararon un baile para la ocasión: él y sus hijos vistieron pantalón y camisa blanco, y un cinturón rojo. Marcelina y sus hijas de güipil rojo, corte negro y el cabello trenzado con cintas multicolor.
Para Marcelina también es válido celebrar el camino recorrido el cual empezaron con desconfianza, miedo y desconocimiento de las implicaciones del proceso. Desde entonces, asegura, han crecido, aprendido, y logrado ser escuchados.
«Había momentos de desesperación porque no había resultados. “Se burlan de nosotros”, pensamos porque nos citaban a cierta hora y luego no se daba nada», recordó. Al conseguir una sentencia ven hacia atrás y no fue en vano se dicen, aunque tampoco fácil, relata frente al altar con fotografías de Anderson, un crucifijo y velas. «Aquí nos reunimos en la noche para recordarlo», comenta.
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La de ella es una de las voces más vigorosas para exigir justicia por la muerte de su hijo y la de los otros 15 guatemaltecos. Uno de los aprendizajes más significativos fue haber perdido el miedo de hablar y hacerse notar. «A nosotros como comitecos y mujeres indígenas nos tienen marginados y a veces eso nos baja la moral porque decimos “soy mujer, no puedo hablar, me da miedo”. Pero sí tenemos ese derecho de hablar, de poder hacer justicia, debemos armarnos de valor y estar seguros de que buscar justicia es un derecho», dijo.
En este proceso, el acompañamiento de la Red Jesuita con Migrantes fue clave. Procuraron espacios de convivencia entre las familias, asesoramiento legal y psicológico, fundamentales para pedir justicia en su proceso de duelo para aprender a vivir con estas pérdidas.
En Comitancillo no tienen cultura de denunciar, les valió cuestionamientos de familiares y vecinos ajenos a la situación: «¿Por qué tiene que seguir usted ese proceso que es muy cansado? Ya deje a su familiar en paz, no lleve ese proceso porque le va generar muchas enfermedades, nos decían».
Hoy, su consigna es «vamos a seguir adelante». Que más padres, madres, hermanos o hijos logren justicia. Marco Antulio lo resume de esta forma: «Hacemos estas actividades para motivar a otras personas encerradas en su situación, en su tristeza. Nos hemos dado cuenta de que todos valemos, tanto quien tiene dinero y quien no. Somos personas, ciudadanos y tenemos los mismos derechos. A eso queremos llegar, a motivar a otras familias».
En tres años, las 16 familias acumularon aprendizajes: migrar no es un delito y la justicia es para todos, no se mide en función de la condición económica o social. Buscarán dejar en firme la sentencia y exigir una reparación por parte del Estado de México. Todo esto cuando hace un par de semanas, otro grupo de jóvenes de Comitancillo salió en enero en busca de cruzar dos fronteras porque quedarse no es opción.
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