Camargo es un parteaguas: familias de migrantes asesinados logran condena histórica
Camargo es un parteaguas: familias de migrantes asesinados logran condena histórica
Hace 33 meses, 19 migrantes fueron asesinados por policías mexicanos, quienes dispararon contra ellos y luego prendieron fuego a sus cuerpos, en Camargo, Tamaulipas. Dieciséis eran guatemaltecos. De manera histórica, el caso llegó a sentencia. Después de este hecho, muchas cosas han cambiado, otras no. Por un lado la migración sigue, pero ahora hay un motivo para confiar en la justicia. La Red Jesuita con Migrantes los acompañó en este trayecto y cuenta a Plaza Pública las complejidades de este caso.
Este 30 de octubre de 2023, después de más de dos años de suspensiones y retrasos, el juez unitario de enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Patricio Lugo, sentenció a 11 policías estatales mexicanos a cumplir 50 años de prisión por su participación en la masacre que cobró la vida de 19 personas el 22 de enero de 2021. Entre los fallecidos, 16 provenían de Guatemala, uno de El Salvador y dos de México. Según información de la fiscalía, dos de ellos eran personas encargadas de llevar a los migrantes a territorio estadounidense.
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Para el sistema de justicia mexicano lograr este fallo fue posible debido a que uno de los policías que participó en los hechos, Ismael Vázquez, se acogió al criterio de oportunidad y confesó lo sucedido ese día. Por su colaboración en el caso, fue el único condenado a 19 años.
Presentaron más de 60 testimonios y pruebas documentales para demostrar la culpabilidad de los 12 sindicados. Las acusaciones fueron: 11 señalados de homicidio calificado, los 12 de abuso de autoridad —delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas— y uno por el delito de informes falsos dados a una autoridad.
Tanto para México como para Guatemala, esta sentencia es emblemática e histórica pues se trata de la primera condena a elementos del Estado por una masacre de migrantes.
Desde Guatemala, el abogado de la Red Jesuita con Migrantes (RJM), Ángel Escalante, ha acompañado y asesorado legalmente a las familias de los 16 guatemaltecos fallecidos, en conjunto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con sede en México. Según explica, luego del fallo condenatorio el juez escuchó el testimonio de las familias de las víctimas para determinar los detalles de la condena, así como las medidas de reparación que el Estado vecino deberá tomar en favor de las familias afectadas.
Según explica, luego del fallo condenatorio el juez escuchó el testimonio de las familias de las víctimas para determinar los detalles de la condena, así como las medidas de reparación que el Estado vecino deberá tomar en favor de las familias afectadas.
Una tragedia, hace dos años
María Marcelina Mauricio, madre de Anderson Marco Antulio Pablo, recuerda que sintió que le «arrancaron el alma» el día que confirmó que su hijo era una de las víctimas fallecidas en la tragedia de Camargo. Para entonces estaba embarazada de su hija menor. Sin embargo, el impacto de la noticia tuvo repercusiones en su estado físico y emocional, al punto de afectar también a la bebé.
La niña, le dijeron los médicos, no viviría mucho tiempo. «Sentí que mi vida ya no tenía sentido sin él, pero gracias a Dios a estas alturas sigo con vida. Es muy duro, muy doloroso poder explicar lo que sentimos, lo que hemos vivido durante todo este tiempo», recuerda ahora, más de dos años después de aquel acontecimiento.
Anderson Marco Antulio tenía 16 años cuando emprendió el arriesgado viaje a Estados Unidos. Al igual que otras 15 personas guatemaltecas. En su mayoría no mayores de 35 años, hombres y mujeres jóvenes. Doce de ellos eran originarios de Comitancillo, dos más de municipios cercanos en San Marcos y otros dos provenían de Granados, Baja Verapaz.
Desde lo ocurrido hasta la fecha, las familias afectadas no recibieron mayor acompañamiento de parte del gobierno guatemalteco. Excepto por las primeras semanas, durante el proceso de identificación de los cuerpos.
Ante la falta de orientación y la necesidad de apoyo, los padres y familiares de los fallecidos pidieron la ayuda de la RJM, una organización que brinda apoyo a personas en tránsito y que además de este caso brinda acompañamiento a más familias de migrantes guatemaltecos que han fallecido en condiciones inhumanas. Por ejemplo, la ocasión en que murieron más de 50 personas encerradas en un furgón que fue abandonado en Texas, o en el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez.
Lo primero que las familias les pidieron, recuerda José Luis González, el sacerdote jesuita coordinador de la Red, fue una oración. «Marco Antulio Pablo nos llamó para ver si lo podíamos apoyar a él y demás familias. Le dijimos que sí y además le pedimos confirmar si se trata de sus hijos ¿Por qué están ustedes tan seguros de que son ellos? Después supimos por qué», relata.
Tanto Marco Antulio como otros de los familiares habían estado en comunicación con sus hijos, hermanos, padres que iban rumbo a Estados Unidos. Algunos recibieron llamadas y audios minutos antes de lo ocurrido. Eran mensajes que relataban lo que estaba sucediendo, cómo fueron atacados a balazos y cómo habían sido perseguidos, algunos de ellos se comunicaron mientras se ocultaban en matorrales.
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El proceso judicial que se lleva a cabo desde Tamaulipas, México, confirma que, a groso modo, lo que ocurrió ese día fue que el grupo de migrantes que viajaba en una camioneta fue perseguido por policías, quienes dispararon contra ellos más de cien veces y posteriormente quemaron los cuerpos.
Luego volvieron al lugar para recoger los casquillos e intentar alterar la escena. Para sustentar esta cronología, se escucharon y tomaron en cuenta distintos medios de prueba. Los dispositivos móviles de los policías, por citar un ejemplo, demostraron mediante el sistema GPS que todos estaban presentes en el lugar de la tragedia en el momento en que las víctimas murieron.
Aunque se conocen los hechos de aquel día, lo que aún se desconoce es la razón que motivó a los policías a actuar de esa forma. En la Fiscalía de Tamaulipas existe una investigación abierta en contra de los autores intelectuales; sin embargo, aún no hay mayores detalles de este caso.
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Olvidados por el Estado
Comitancillo es uno de los municipios del país en donde las estadísticas y condiciones de vida arrojan la conclusión de que allá, a 250 km de la capital, el Estado no ha invertido nunca.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el área rural del municipio nueve de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza. Además, el municipio presenta el Índice de Desarrollo Humano más bajo de todo el departamento de San Marcos.
Las tierras son montañosas y en ellas se cultivan alimentos como frijoles, maíz, durazno, manzana, entre otros. Pero más allá de eso, las alternativas económicas son limitadas.
Por ejemplo, cuenta González, desde hace muchos años las comunidades han pedido un instituto para que por medio de carreras técnicas los jóvenes puedan desarrollar habilidades y trabajar en su lugar de origen. Sin embargo, sus peticiones no son atendidas y más allá del trabajo de campo, no hay muchas oportunidades de desarrollo.
«La masacre no frenó la migración de Comitancillo. Casi todas las familias de las víctimas tienen hermanos que en estos dos años y medio, a pesar de la tristeza que les provocaba a sus papás y mamás y el miedo de que pudiera pasar otra cosa parecida, han viajado y ya están allá en Estados Unidos, han logrado pasar», explica el sacerdote jesuita, con la propiedad de quien durante más de dos años ha estado de cerca de las 16 familias de los migrantes asesinados.
Una de las madres que lloró la muerte de su hijo en Camargo emprendió la misma travesía dos años después de lo ocurrido. La migración en los últimos años, dice González, ha sido salvaje y la masacre no la ha detenido.
En Comitancillo las familias tienen al menos seis miembros. Y la mayoría de personas solamente alcanza cinco años de escolaridad, según datos oficiales.
En la lista de las víctimas de la tragedia en Camargo, la mayoría eran pobladores de Comitancillo. Cuatro de ellos provenían de los municipios de Catarina y Concepción Tutuapa, San Marcos; y Granados, Baja Verapaz. Lugares similares en cuanto a limitaciones de desarrollo.
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Otilia Agustín Pérez, psicóloga de la RJM, se acercó a las familias de los fallecidos para acompañarlos en su proceso de duelo y observó las implicaciones emocionales en ellas, fruto de la falta de oportunidades de crecimiento en esa región.
«Vemos que los papás manejan mucha culpabilidad por haberles dado permiso o por no tener las condiciones económicas para poderlos apoyar en sus estudios o en algún emprendimiento, por ejemplo. Entonces es la realidad, no solo de Comitancillo sino de otros lugares», explica.
La tendencia en los jóvenes de Comitancillo, así como de otros lugares del país, es que parte primordial de sus proyectos de vida radica en migrar para poder ayudar económicamente a sus familias. Este deseo se incrementa cuando se dan cuenta de lo mucho que mejora la vida de sus vecinos o familiares que ya han migrado.
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Sin embargo, el sueño no solo se limita a tener bienes materiales sino al deseo de vivir en condiciones dignas y tener acceso a servicios básicos como la salud. Santa Cristina García Pérez, por ejemplo, de 20 años, fue una de las víctimas en Camargo y su principal motivación para dejar Guatemala era buscar un trabajo con el cual poder costear una operación para corregir el labio leporino de su hermana menor.
Detrás de estos proyectos truncados, opina González, existe una gran responsabilidad del Estado por no garantizar que existan condiciones para un desarrollo adecuado.
Dos años en busca de justicia y resiliencia
Los últimos 33 meses fueron para las 16 familias una lucha por ser escuchados y tener acceso a un sistema de justicia que no está preparado para incluirlos adecuadamente en estos procesos. Los padres, madres e incluso hermanos han podido mantenerse informados y al tanto de los avances para identificar a los responsables de lo ocurrido gracias al acompañamiento legal brindado por la RJM en Guatemala y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la cual trabaja desde México.
Desde el Estado de Guatemala, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores ni alguna otra entidad les brindó este servicio, pese a que en 2021, el presidente Alejandro Giammattei realizó una serie de ofrecimientos a las familias y aseguró que recibirían acompañamiento del gobierno.
Pero ese apoyo recibido duró sólo unos meses. «Su ayuda fue básicamente con el traslado de los cuerpos a sus comunidades para los entierros, pero después hubo cosas muy curiosas. Por ejemplo, en un taller que realizamos con las familias, el Ministerio de Agricultura intervino para hablar con los familiares y entregarles una bolsita de semillas, que cabía en la mano de cada uno. Ellos se quedaron muy sorprendidos», relata González.
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Ante la ausencia del Estado, fue la solidaridad de los pobladores de Comitancillo, e incluso el apoyo económico de migrantes radicados en Estados Unidos, lo que impulsó a las familias hacia mejores condiciones en los últimos años. Gracias a eso, todas han recibido ayuda para construir viviendas y mejorar su calidad de vida. La hermana de Santa Cristina, por ejemplo, fue operada después de la tragedia, cuando la noticia llegó a oídos de profesionales de la salud.
Desde lo ocurrido, en México se iniciaron investigaciones para deducir responsabilidades por estos asesinatos. En Guatemala, en cambio, el Ministerio Público (MP) se desligó de la investigación aduciendo que debido a que los hechos ocurrieron en otro territorio, no era competencia de la entidad investigar. Sin embargo, realizaron operativos para identificar a los «coyotes» que trabajan en el territorio de Comitancillo.
Tener acceso al proceso judicial fue el primer gran desafío que enfrentaron las familias. Muchos de ellos son personas cuyo principal idioma no es el español, además de que no tenían experiencia previa o conocimiento de un proceso de este tipo. La primera reacción de los familiares ante lo ocurrido fue la resignación y la desidia. Solamente querían recibir los restos de sus seres queridos, darles una digna sepultura e intentar seguir con su vida.
Otros pocos sí insistieron en la importancia de esclarecer lo sucedido para evitar que algo como esto volviera a pasar.
Sumado a eso, debido a que a nivel nacional la cultura de denuncia no es la que predomina, vecinos y demás parientes cuestionaban la necesidad de «desgastarse» en un juicio para alcanzar justicia. «Se sentían desmotivados porque en su comunidad les decían: “¿Por qué tiene que seguir usted ese proceso que es muy cansado? Ya deje a su familiar en paz, no lleve ese proceso porque le va generar muchas enfermedades”», cuenta la psicóloga que les acompaña hasta la fecha.
También hubo temor a que la resolución del caso no fuese favorable para las víctimas y hubiera represalias para los familiares. «Los papás pensaban que si perdían el caso y los policías quedaban libres, iban a venir por ellos. En ese proceso manejaron mucha angustia y ansiedad, horas y noches sin poder dormir», relata González.
Depresión, desintegración familiar, alcoholismo, estrés e incluso problemas de salud les afectaron. El caso de Marcelina es una muestra de ello. Al nacer su hija menor no había muchas expectativas de vida para ella. Devolverle la salud no fue fácil; sin embargo, hoy es una niña de dos años que juega y ríe mientras sus padres, Marcelina y Marco Antulio Pablo, recuerdan lo duro que fue el trayecto hacia una sentencia condenatoria.
«Recordar esta tragedia nos pone nostálgicos —dice Marco Antulio—, el migrar no es un delito, es un derecho, pero lamentablemente las personas se sienten dueñas de un país, no lo somos».
En el juicio desde México, como constantemente sucede también en Guatemala, hubo una serie de retrasos para entrampar el proceso. Debido a que las audiencias se llevaban a cabo en Tamaulipas, el juez a cargo autorizó que las familias pudieran participar de ellas por medio de videoconferencias.
De esa forma podían estar al tanto de los avances. El abogado Escalante relata que no fue el Estado el que facilitó un espacio y recursos para que las familias pudieran conectarse a dichas audiencias, sino la RJM, quienes se convirtieron en los asesores legales de las familias desde los primeros días después de la tragedia, con apoyo de la Fundación para la Justicia.
En numerosas ocasiones, las audiencias fueron suspendidas o interrumpidas por distintas razones. Debido a la precariedad de los caminos, los cuales son de terracería, en montañas muy alejadas del casco urbano, para las familias movilizarse desde sus casas hasta el centro de Comitancillo implicaba una inversión importante de tiempo y recursos.
Asistir a las audiencias virtuales, por lo tanto, era sacrificar una jornada de trabajo y gastar en transporte. Por esas razones, explica Marco Antulio, este proceso se sintió como una lucha cuesta arriba, en donde todo parecía estar en contra de las familias.
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«Las distancias y carencias económicas de las familias eran tan evidentes que para trasladarse algunas personas al lugar donde se eligió para las audiencias viajaban de dos a cuatro horas, otras debían pagar un vehículo particular que los llevase al centro de Comitancillo, que representaba un gasto entre 100 y 300 quetzales por persona. Además perder un día completo de trabajo implica no recibir unos 50 o 100 quetzales por persona», explica el abogado del caso.
No obstante, en ese vaivén, las familias formaron entre sí un grupo de apoyo para no desmotivarse y entender juntos las etapas del juicio. También entendieron la importancia de alcanzar una sentencia, con el único fin de obtener justicia y sobre todo evitar que esto se repita.
«Hoy creo que pueden hablar del caso y percibo mucha resiliencia. Uno de ellos me dijo en una ocasión: “Yo ya he perdonado, no me alegra saber que los policías van a estar encerrados tantos años porque me imagino que ellos también tienen hijos, pero entiendo que tienen que pagar. El proceso es por justicia, no es una venganza”», dice González.
Una sentencia parteaguas
En horas de la mañana del 30 de octubre, el juez Patricio Luego leyó y explicó su sentencia final. De los 12 policías implicados, 11 fueron sentenciados a 50 años de prisión por homicidio, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. Una de las acusadas, Mayra Vázquez, también fue sentenciada por falsedad de informes dados a la autoridad. Ella fue quien realizó el informe policial, el cual tenía una serie de inconsistencias. En México, la fiscalía solicitó una pena de 50 años por cada víctima; sin embargo, la legislación del país establece esa cifra como pena máxima.
El agente Ismael Vázquez, de 28 años, fue la pieza clave de la investigación pues sus declaraciones desmintieron los informes falsos y testimonios de sus compañeros.
En la sentencia, la cual consta de poco más de 1,000 páginas, se detalla como medida de reparación a las familias el pago de 335,709 pesos mexicanos —unos 145,000 quetzales— por cada víctima. Además, los sentenciados quedaron inhabilitados de poder ejercer cargos públicos por ocho años. A partir de hoy, los abogados defensores cuentan con diez días para presentar alegatos y pedir la reposición del juicio. Algunos de ellos ya han manifestado intención de hacerlo.
No existe un registro exacto de cuántos guatemaltecos mueren en su camino hacia Estados Unidos, debido a las condiciones infrahumanas en las que viajan, ataques de parte del crimen organizado, abusos policiales, secuestros o asaltos, entre otras circunstancias. En los últimos años, no dejan de registrarse tragedias de esta magnitud. Pero ninguna de estas muertes se ha esclarecido y, mucho menos, llegar a una sentencia condenatoria.
«De todas las masacres, —explica González—, esta es la primera sentencia y eso indica que la justicia llega pero que hay que tener una alianza de organizaciones como gobiernos, justicia y, sobre todo, tener una unidad entre familiares de las víctimas que creemos que ha sido lo más importante de este proceso». Fue en parte, una coincidencia que la mayoría de las víctimas sea originaria del mismo municipio, Comitancillo, y esto facilitara cierta unidad entre los familiares.
Esta sentencia se considera un logro histórico que deja un precedente importante para no permitir más impunidad en estos casos.
En esta tragedia, añade González, los autores fueron policías y por tanto el Estado está implicado, es responsable de lo ocurrido. Esto también lo vuelve un caso emblemático.
A partir de este hecho, muchas cosas han cambiado en Comitancillo. Otras siguen igual.
Por un lado, la migración no se detiene, ni siquiera ha disminuido. Pero hoy no respira el mismo aire, hoy aquellos que fueron escépticos y cuestionaron el esfuerzo de las familias, de buscar justicia y asumir el desgaste de un juicio de este nivel, tienen un motivo para confiar en que no puede haber impunidad por la muerte de migrantes.
«Solamente con haber logrado el fallo ya cambió algo muy importante para Guatemala y toda la región, no se puede permitir que estos casos queden en impunidad. Hace unos meses era impensable un fallo así, porque ha habido masacres anteriores que aún están en espera de una resolución», explica el coordinador de la RJM.
Antes, las familias renegaron del tiempo perdido entre audiencias suspendidas. Hoy, aseguran que su presencia y persistencia fue importante para llegar a esta etapa final.
«Ha cambiado mucho la concepción de justicia en las familias y en la comunidad. Las personas que les decían que para qué iban y no iban a lograr nada ahora tienen un motivo para creer en la justicia», reflexiona Otilia Agustín.
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