El proceso de elección de cortes en Guatemala continúa dando sorpresas a cada paso del camino, ya que las últimas semanas ha sido evidente el retardo malicioso que había sido provocado por parte de una parte de los comisionados de cada proceso de postulación. Desde el ingenioso método de evitar que todos los integrantes designados fueran juramentados —lo que llevó varias semanas hasta resolverse—, hasta discutir extensamente respecto a la sede donde se realizarán las sesiones de deliberación, la actitud parecía retrasar todo lo posible el proceso de elección de cortes, con el presumible objetivo de lograr lo que ya se había intentado antes: mantener funcionando las actuales autoridades judiciales el mayor tiempo posible, tal como de hecho ya ocurrió con las anteriores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes se mantuvieron de forma anómala por casi cuatro años más del tiempo para el que fueron nombrados.
El proceso de elección de la futura Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones es un proceso clave para identificar cuál será la correlación de fuerzas que se tendrá durante los próximos años. La alternativa es avanzar en un proceso de mayor independencia judicial, frente a las actuales autoridades, quienes se han caracterizado por una impartición de justicia bastante cuestionable: desde el hostigamiento judicial de todos aquellos quienes antes estaban comprometidos con el combate a la corrupción tales como el juez Miguel Àngel Gálvez, el fiscal Juan Francisco Sandoval, o Virginia Laparra, así como los periodistas Sony Figueroa, Marvin del Cid o Michelle Mendoza, entre otros muchos exiliados. En el país, guardan prisión el periodista José Rubén Zamora, o el fiscal Estuardo Campos, mientras numerosos casos de corrupción están siendo sobreseídos, mientras numerosas denuncias nunca avanzan en los procesos de investigación, por lo que la sensación es un sector justicia claramente aliado a la impunidad y la corrupción.
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Pero el caso más evidente de falta de idoneidad es el sistemático atentado judicial en contra, primero, del proceso de transición cuando se intentó declarar nulo todo el proceso electoral, hasta los reiterados intentos por procesar o disminuir la capacidad política con la que se conduce el actual gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Todo esto se ha logrado gracias al contubernio perverso entre algunos jueces claramente antidemocráticos como el juez Fredy Orellana, coludidos con fiscales como Rafael Curruchiche. Ambos personajes han actuado bajo la protección del sistema judicial: las altas cortes judiciales tales como la Corte de Constitucionalidad (CC) no han sabido frenar tales procesos, aun cuando existe cierto consenso sobre lo altamente anómalos por las dudosas bases jurídicas sobre las que se sustentan.
La CC, en particular, ha jugado un papel bastante ambiguo durante todo el proceso: algunas resoluciones de la CC han protegido a los actores que conspiran contra la democracia, y algunos otros han mantenido formalmente los procesos de transición y de gobierno, tal como la última resolución de la CC, que ordena el debido complimiento del plazo para la elección de cortes, aspecto que automáticamente parece haber desentrampado la discusión sobre la sede del proceso: por consenso, ahora se aprobó que las sesiones se desarrollarán en la Universidad Landívar, algo que antes parecía ser un problema para más de la mitad de los comisionados.
Contar con un poder judicial independiente de los intereses dominantes es, por tanto, un objetivo fundamental para contar con mejores oportunidades para transformar la matriz político institucional de Guatemala, debido a que la evidencia apunta a que el diseño constitucional político, electoral y de pesos y contrapesos vigente desde 1985, ya está completamente caduco. Los próximos años se esperan grandes procesos de transformación, ya sea para profundizar la democracia o, por el contrario, para alentar el proceso de cierre de espacios democráticos. La batalla por Guatemala sigue más intensa que nunca.
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