Con la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) en 1997 se cumplió el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, suscrito entre el gobierno de Guatemala y la insurgencia representada por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Dicho acuerdo, junto con las leyes que se originaron a partir de él, tuvo como objetivo ordenar el proceso de reforma de la seguridad, abarcando tanto la ciudadana como la de la defensa, para establecer un sistema profesional y apegado a la Constitución y la democracia.
La reforma iniciada hace 27 años buscaba superar las taras de la PN que terminó siendo un Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad (CIACS), con uniforme, insignias, estructura y presupuesto oficial. Los informes de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y después, dan cuenta de esas atrocidades. Mismas que han podido ser documentadas a tenor del análisis de los hallazgos en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Ejecuciones extrajudiciales como la de Oliverio Castañeda de León, la captura y desaparición de sindicalistas en la Central Nacional de Trabajadores (CNT), y la masacre de la embajada de España, entre otros graves hechos, dan cuenta del accionar ilegal de la PN.
[frasepzp1]
Sin embargo, no habría de pasar un lustro desde la reforma cuando el gobierno del Frente Repubicano Guatemalteco (FRG) y su líder, el condenado por genocidio Efraín Ríos Montt, modificó la ley en el año 2000. Su propósito: romper con el principio de carrera en la designación del Director General y facilitar el nombramiento de personas ajenas a la entidad. El gobierno de Óscar Berger y su partido en el Congreso tampoco se preocuparon por corregir ese cambio y, de hecho, se aprovecharon de él.
De allí que Erwin Sperissen y Javier Figueroa, asumieron el mando de la PNC sin haber estado un minuto en la academia policial. Es de público conocimiento que Sperissen ha sido juzgado y condenado en Suiza, a donde se fugó, por la masacre en Pavón, cometida por las fuerzas a su cargo. También es público que él y el titular de Gobernación de ese entonces, Carlos Vielman, debieron dimitir tras el asesinato de diputados del Parlamento Centroamericano a manos de personal de la PNC, a cargo de dichos advenedizos al sistema.
La PNC no llegó a la mayoría de edad y en manos de los gobiernos de turno vivió un viacrucis que no dio lugar a que se consolidara una entidad acorde a las necesidades. Terminó en trapos de cucaracha y no logró desarrollarse como lo que estaba llamada a ser. Tal nivel de pérdida de profesionalismo se puso de manifiesto en abril de este año cuando una unidad de la PNC en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, detuvo, torturó y ejecutó a dos personas.
Así que, una reforma y la decisión política de llevarla a cabo podría ser bienvenida siempre y cuando no fuera lo que resultó, un madrugón de su impulsor, el presidente del Legislativo, Nery Ramos. Si bien la norma aprobada resuelve falencias importantes en la estructura y funciones de la PNC, resulta que puede ser un Caballo de Troya que le lleve de nuevo a la triste historia de su antecesora la PN de Chupina, Donaldo y Valiente Téllez o de la PNC de Sperissen y compañía.
El artículo 60 que habla de presunción de legalidad no es cualquier cosa si queda tal cual. En cambio, es una especie de patente de corso para las ejecuciones extrajudiciales. Amén de que, si bien mejora las condiciones de quienes integren la PNC, el inciso b del artículo 16, incluye una prohibición que atenta contra preceptos constitucionales al vetar a sus integrantes el derecho de sindicalización. De buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Que la intención de mejorar el desempeño de la PNC y las condiciones laborales de sus integrantes no sea pretexto para uniformar a un nuevo CIACS, disfrazado de policía.
Más de este autor