1. En cumplimiento de sus propias palabras («El Ministerio Público actúa con estricto apego a la ley y con criterios objetivos») la fiscal general anunció que a la lista de información solicitada a la red social X sobre las personas acusadas en el caso Toma de la USAC: botín político, se añadirá la identificación precisa de las cuentas que ilegal y sistemáticamente filtran información confidencial del MP.
2. Añadió que se estará haciendo una consulta a la CC sobre la validez de las pruebas de cargo en el caso anterior, dado que provienen de las redes sociales y si publicar en redes sociales es ilegal, personas mal intencionadas podrían alegar que las pruebas, por tanto, también son ilegales.
3. En evento separado, fiscales contra la corrupción confirmaron lo anunciado la noche anterior por una cuenta anónima de redes sociales sobre la orden de captura para el diputado y el exministro acusados en el caso por treinta millones de quetzales conocido como Clima, Corrupción y Poder: Insivumeh, que en enero de 2024 cumplirá sus traviesos dos añitos.
4. Para alegría pública, el MP anunció, además, la captura del exministro de Salud acusado en el caso del equipamiento de utilería (como en el teatro) del hospital de Chimaltenango, con un desfalco al Estado de más de setenta millones de quetzales.
5. El MP también anunció, luego de dar algunas disculpas públicas y justificaciones por la demora en las investigaciones, que se realizaron capturas por varios casos paradigmáticos que salpicaron la honra del actual gobierno y que se debieron a acciones aisladas, tales como la venta de pruebas falsas de Covid en momentos en que podían resultar en la muerte de ciudadanos inocentes, la compra multimillonaria de medicamentos sobrevalorados por parte del IGSS, los pagos por contratos de infraestructura pública aun en casos de avance cero en la obra física, el desvío de fondos del préstamo para luchar contra la desnutrición infantil hacia gastos de publicidad del gobierno y otros.
6. El MP anunció el inicio de gestiones para deducir responsabilidades a cuatro juntas directivas del Congreso por el retraso doloso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones. Es inadmisible, se dijo, que se viole la Constitución Política de la República y se erosionen las bases morales de la nación al mantener ilegítimamente en el cargo a personas que responden a intereses políticos sectarios y, cuando menos, muy dudosos. «Las órdenes de la Corte de Constitucionalidad (CC) no se discuten, se ejecutan», dijo el portavoz de la institución, y dicha elección fue ordenada por la CC en 2020.
7. Por su parte, el Congreso de la República anunció que retiraba de la agenda un grupo de leyes que han sido adversadas ampliamente por la población. «No podemos legislar en contra de la voluntad del Pueblo porque es a él que nos debemos», dijo su vocero. El Honorable Congreso mencionó, en particular, a la iniciativa que buscaba extender un manto de opacidad y el bloqueo a la rendición de cuentas por todo el dinero que se consagró a la reactivación económica del país por medio de préstamos bancarios del Crédito Hipotecario Nacional. «Sospechamos, aunque debe ser confirmado, que muchos altos funcionarios de los tres poderes del Estado aprovecharon, de forma directa o con testaferros, para obtener créditos sin cumplir con las condiciones exigidas y ahora pretenden no devolver el dinero», agregó el portavoz.
8. Volviendo al Ministerio Público, se anunció que ha iniciado investigaciones para esclarecer la utilización de fondos públicos a favor del partido oficial y otros dos o tres partidos durante las elecciones generales de 2023. Según lo explicado, se despidió a personal clave de la fiscalía que ocultó a los ojos de la señora fiscal general las denuncias y evidencias, incluyendo testimonios personales y abundante material fotográfico, sobre la participación forzada de empleados públicos en acciones de clientelismo político para favorecer a la alianza solapada de ciertos partidos.
9. El caso de la Universidad de San Carlos ha dado un vuelco dramático, pues ahora se investiga paralelamente el uso de fondos públicos y la injerencia de instituciones del Ejecutivo en la designación ilegal del rector. «Básicamente, se irrespetaron las normas internas legales para la elección», dijo la fiscal a cargo.
Y aquí nos detenemos por falta de espacio. Esta columna se escribió para ser publicada el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero por vacaciones de los columnistas ha salido el 25 de noviembre. De todas formas, valga decir: ¡Por inocentes!
Y luego se preguntan algunos por qué el Pueblo votó para dar a alguien nuevo el beneficio de la duda en vez de tropezar de nuevo con la misma piedra.
¡Libertad para los secuestrados políticos!
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