El falso «outsider» y el reacomodo del tablero electoral
El falso «outsider» y el reacomodo del tablero electoral
Esta es la historia de cómo Carlos Pineda perdió una elección presidencial en 17 días, de cómo se esforzó por parecer un novato en la política para aumentar su caudal electoral, de cómo se cuidó de no cuestionar en público al presidente Alejandro Giammattei, de su imperceptible ascenso y de su estrepitoso derrumbe, en medio de una lucha entre élites por mantener el poder político.
«Me di cuenta del silencio de la secretaria general y el abogado del partido. A pesar de mi insistencia no tuve respuesta de ellos, más bien se escondieron y eso demuestra su mala intención (…) Yo no puedo trabajar con gente traicionera y mentirosa». Con este mensaje, enviado a un chat de Prosperidad Ciudadana (PC) el 21 de mayo, Carlos Pineda terminó su relación con la persona que controlaba el partido. Él mismo marcó los primeros pasos del fin de su candidatura. No es la primera vez que sus aspiraciones políticas se truncan, tampoco la única ocasión en la que se granjea enemistades tras un fallido intento en una organización política.
[relacionadapzp1]
Dos días después del mensaje de Pineda, la secretaria general de PC, la diputada Lilian Piedad García Contreras, retiró una apelación que había presentado en la Corte de Constitucionalidad (CC) para intentar frenar un amparo que suspendía todas las candidaturas del partido, incluida la de Pineda. García dijo que lo hizo porque falsificaron su firma para plantear esa acción legal sin consultarle. Pero el abogado de PC, Manuel González Paniagua, explicó que se trató de una «estrategia legal». Lo cierto es que esa «estrategia» terminó de detonar las aspiraciones de todos los candidatos de la organización, y hoy los tiene fuera de las elecciones 2023.
[Mira el video más abajo]
El principio del fin
El autor material de la caída de Carlos Pineda y de Prosperidad Ciudadana es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien en 2018 aceptó en Estados Unidos haber recibido contribuciones para su anterior partido, Lider, provenientes del narcotráfico. El expresidenciable aún busca ser candidato a diputado en estas elecciones. Cambio, la organización que controla Baldizón y sus hijos, planteó un amparo contra tres anomalías de la asamblea que PC realizó el 20 de noviembre de 2022, cuando una nueva dirigencia tomó el control del partido y lo salvó de ser cancelado.
En dos semanas, la familia Baldizón desbarató la sorpresiva candidatura de Pineda y acabó con su meteórico ascenso a la cima de las mediciones electorales. El 2 de mayo, el diario Prensa Libre publicó una encuesta en la que Pineda encabezó la intención de voto con el 23.1%. Su más cercana perseguidora era una vieja conocida en la política nacional: Sandra Torres, del partido Une, con el 19.5%. Tres días después, Cambio presentó un amparo contra las anomalías de la asamblea de PC y el 19 de mayo la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió todas las candidaturas de Prosperidad Ciudadana.
[embedpzp2]
A partir de entonces, el desplome de Pineda se aceleró. Y en esta parte, el papel del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pesó en contra del candidato sorpresa, al enviar a la Sala Sexta un informe «escueto» e «incompleto» sobre lo ocurrido alrededor de la asamblea, según las magistradas Juana Solís Rosales, Alba Susana López Racanac y Nadya Amabilia Morales de León.
En ausencia del director del Registro de Ciudadanos (RC), Ramiro Muñoz Jordán, quien pidió licencia «por motivos de salud», Eleonora Nohemí Castillo Pinzón, interina en el Registro, envió el informe incompleto y a última hora. El 19 de mayo, las magistradas de la Sala Sexta suspendieron la asamblea de Prosperidad Ciudadana y ordenaron a Muñoz que estableciera los alcances y efectos de la suspensión. Dos días después, el director resolvió botar todas las candidaturas de PC, a pesar de que él asegura que en la asamblea no se cometió ningún vicio.
En medio de las tensiones por la situación del partido, Lilian García, diputada al Congreso electa en 2019 con la Unidad Nacional de la Esperanza (Une), y quien este año buscaba la reelección con PC, el 22 de mayo se reunió con dirigentes del partido a quienes les comunicó que retiraría la apelación que buscaba revertir la suspensión de todo el partido. A esa misma hora, Pineda ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que mantendría una batalla legal hasta lograr su inscripción.
Pineda acudió a la conferencia de prensa con el rostro desencajado, con ojeras y la mirada cansada. Era la primera vez que aparecía solo en una actividad pública. No lo acompañó ni el candidato a la Vicepresidencia, Efraín Orozco. En realidad, Carlos Pineda estaba solo desde mucho antes, incluso, previo al 19 de mayo, cuando la Sala Sexta suspendió todas las candidaturas de PC. Una persona que colaboró con el partido y que pidió no ser identificada en esta nota, sostiene que en los días previos a la resolución de la Sala Sexta, los cuadros allegados a Lilian García empezaron a distanciarse de Pineda.
[embedpzp3]
González, también fiscal del partido PC, ya no apoyaba a Pineda y este último incluyó en su equipo al abogado Erick Castillo, quien en 2022 cobró notoriedad cuando logró un amparo que le abrió la puerta a Consuelo Porras para su reelección como fiscal general del Ministerio Público (MP).
Lo anterior explica por qué Carlos Pineda habló de «traiciones» en el mensaje por chat que mandó a integrantes del partido un día después de acudir solo a la CC.
El 26 de mayo, la Corte de Constitucionalidad confirmó que todos los candidatos se mantienen fuera de la contienda electoral. Contrario a lo que asegura el director del RC, el fallo del tribunal constitucional señala que el TSE inobservó el incumplimiento de todos los requisitos en la asamblea de noviembre del año pasado. La Corte pidió al MP que investigue posibles «actividades ilícitas» en ese trámite.
Una pugna entre élites
Si bien, la familia Baldizón, el tribunal electoral y las cortes de justicia protagonizan este episodio sobre la candidatura de Carlos Pineda, estos son solo los instrumentos de «la mano que mece la cuna», dice el analista e historiador José Alfredo Calderón. La analogía es una interpretación de lo que ocurre tras bambalinas del espectro político guatemalteco y que podría ayudar a buscar respuestas a preguntas como ¿por qué los Baldizón actuaron de esa forma?, ¿Quiénes ganan con la caída de Pineda? O ¿Quién movió las piezas para alterar el juego político?
Lo que vimos en las últimas semanas, dice Calderón, no fue una pelea entre candidatos y partidos políticos, sino un reacomodo entre las élites que financian y respaldan a las figuras políticas. En esta disputa no solo compiten el capital oligárquico tradicional frente al corporativo, sino también el emergente; el más heterogéneo de todos porque en este también se cuentan a narcotraficantes, militares, contratistas del Estado y grupos religiosos.
«Entonces, de los tres candidatos punteros los tres capitales tienen su propio representante: Zury Ríos, el sector oligárquico; Sandra Torres, el sector emergente, aunque ya hay parte del capital tradicional metido con ella. Finalmente, Edmond Mulet está claramente con el capital corporativo», sostiene el historiador.
Esta no sería la única vez que las élites económicas buscan influenciar en un proceso electoral. Un caso emblemático es el del financiamiento que empresarios de las familias más poderosas del país dieron en 2015 al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que entonces postuló a Jimmy Morales como presidenciable.
Dar dinero o aportes en especie a campañas políticas no es delito, pero hace ocho años los empresarios no reportaron al TSE los 8 millones de quetzales que donaron a Morales y, al verse descubiertos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pidieron perdón en una inédita conferencia de prensa. Aunque el caso no está cerrado, en 2021 una sala de apelaciones anuló un acuerdo de colaboración importante en esa causa, con el que se aportaban pruebas sobre posibles actos ilícitos.
Sobre esas decisiones de los capitales más importantes del país, Calderón añade: «Históricamente, sólo en dos oportunidades se han unificado en un solo candidato las élites: con Álvaro Arzú, en 1995, y con Óscar Berger, en 2003».
El 29 de mayo, Carlos Pineda señaló en una rueda de prensa en el MP, cuando acudió a denunciar al registrador de ciudadanos del TSE, que el candidato que se benefició con su salida fue el del partido Cabal: «El candidato que logró cuadrar todas estas fuerzas oscuras que se reparten el pastel, fue Edmond Mulet. ¿Por qué sale contradiciéndose diciendo que ahora la Cicig no va más?,¿A quién no le interesa la Cicig? ¿A los corruptos, cierto?¿Y a algunos monopolios? Pues ahora cuadró con ellos», aseguró Pineda.
No obstante, Calderón opinó que en la actual contienda electoral, tras el veto a Carlos Pineda, los grupos de poder no han encontrado un «consenso». «De ahí, las élites se reúnen y dicen ‘bueno, no nos pusimos de acuerdo en un candidato único, escojamos los tres que tienen que llegar a la final’», consideró el analista.
[relacionadapzp2]
La última encuesta elaborada por la firma CID Gallup, publicada por el medio Con Criterio el 24 de mayo, refleja que, sin Pineda en la papeleta electoral, Torres escaló al primer lugar de la contienda con el 23% de preferencia, frente al 21% de Mulet y el 19% de Ríos. Si Mulet logra meterse a la segunda vuelta electoral, tiene altas probabilidades de ganar la elección frente a Torres, quien en los últimos dos comicios se ha convertido en una hacedora de presidentes por el antivoto que genera y que se multiplica cuando Torres llega al balotaje.
Lo más probable que ocurra con la anulación de los candidatos del partido PC, es que los potenciales votos de Pineda no se «endosen» a otro candidato, sino que estos puedan convertirse en votos nulos o abstención, considera Calderón. Aunque aún tiene opciones para pelear en las cortes su candidatura, Pineda parece descartar que su rostro aparecerá en la boleta blanca el próximo 25 de junio; ahora su consigna es llamar al voto nulo.
Esa podría ser la única y remota opción para que Pineda compita como presidenciable. Es remota porque tendrían que alinearse varios sucesos poco probables: que los votos nulos en la elección presidencial superen el 50% de los sufragios válidamente emitidos. Si eso ocurre, el TSE estará obligado a repetir la elección y todos los partidos políticos vigentes deberán celebrar nuevas asambleas y aunque no estarán obligados a postular nuevos candidatos, sí pueden hacerlo. A eso se añadiría que, de nuevo, algún partido quiera «darle jalón» a Pineda.
Turcios, Machado y Los Huistas
Los desacuerdos entre Carlos Pineda y la «dueña» de Prosperidad Ciudadana, Lilian García, significaron el fin de las candidaturas y del partido político. La diputada por Alta Verapaz se convirtió en una de las figuras más prominentes dentro de la actual contienda electoral por llevar en sus filas al candidato sorpresa. Del historial de García se desprenden varias razones para cuestionarla.
Antes de llegar al Congreso fue alcaldesa de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Formó parte de la Une, el partido de Sandra Torres que ha tenido serios señalamientos de financiamiento ilícito. La congresista dice que en la Une le quisieron imponer a personas en su equipo de trabajo. Tras su salida de la Une, después de que pidió que la expulsaran para postularse sin problemas con un partido distinto, García cuenta que los diputados Hernán Morán Mejía y José Quezada Valdéz la invitaron a PC. Tiempo después, ella tomó las riendas de un partido con varios de los aliados del presidente Alejandro Giammattei.
Pero no solo su alianza con Giammattei se le cuestiona a la diputada, sino los indicios sobre actividades ilícitas y sus vínculos con personas dedicadas al narcotráfico. Es acá donde la élite emergente, de grupos ligados al tráfico de drogas, podría influir en el partido Prosperidad Ciudadana y explicar otra parte del juego político-electoral.
Diversas publicaciones señalan que García está vinculada con Ottoniel Turcios Marroquín, apodado «el Loco» Turcios, un narcotraficante cuya base de operaciones se encuentra en Alta Verapaz, el distrito que representa la secretaria general del partido PC. Turcios, también contratista del Estado durante el gobierno de la UNE, fue detenido en 2010 por la DEA, en Belice, y cinco años después cumplió una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Después volvió a Guatemala.
García dijo a Plaza Pública que su comunicación con Turcios ha sido «poca». Pero admitió que, durante su periodo como alcaldesa de Fray Bartolomé de Las Casas (2016-2020), intercedió para que «el Loco» les vendiera materiales a las constructoras que después le revendieron esos mismos productos a la municipalidad que dirigió.
«Cuando él (Turcios) regresó, yo no sé… en nuestro municipio lamentablemente no contamos con bancos de materiales para balastar carreteras. En la finca de él es el único lugar donde se encuentra ese tipo de material. Era el único (vínculo) que se tuvo en ese entonces: comprar material para balastar algunas carreteras. (…) Las empresas que me trabajaban me hablaron para ver si yo le hablaba al señor, pero no fue ni directamente a él, sino con la administración porque él tiene una oficina ahí», declaró la secretaria de PC.
La legisladora negó alguna relación sentimental con Turcios, en el presente o en el pasado, como lo sostienen diversas fuentes políticas: «Yo soy amiga de la esposa de él (Turcios)… amiga no, sino que la señora asistía a la misma iglesia que yo cuando yo vivía en Fray Bartolomé de Las Casas. Cuando el esposo de ella fue detenido, ella pedía oración por él. Nosotros, claro… creo que nadie está libre ni limpio de decir, tirémosle las piedras a esta persona. Lo único que hacíamos era apoyarla y orar por él».
[relacionadapzp3]
Una investigación de Plaza Pública que cita informes oficiales, da cuenta que «el Loco» Turcios manejó una de las cuatro columnas de poder que los Zetas usaron para incursionar en Guatemala, durante el periodo que la Une gobernó el país. Informes de Isight Crime señalan que Turcios también tenía vínculos con Obdulio Solórzano (un operador uneísta asesinado en 2010) y que colaboraba con la familia Mendoza de Izabal.
La asesora de García en el Congreso, Karin Fabiola Landaverry, fue detenida en 2021, acusada de usurpación de atribuciones por hechos durante su paso como funcionaria del Ministerio de Energía y Minas (MEM), cuando Jimmy Morales estuvo al frente del Ejecutivo. Además, según datos del Registro Mercantil, Landaverry figura como notaria de la sociedad anónima Desarrollos Inmobiliarios Izabal, fundada por el argentino Federico Andrés Machado, acusado de narcotráfico por la justicia de Los Estados Unidos.
García le resta importancia al pasado de su asistente: «ella ha sido asesora de muchos diputados y consideré que es una de las que más capacidad tenía para poder ser mi asesora, por eso la contraté. Yo desconocía que ella había trabajado con Machado o Iván, no sé cómo se llama el otro señor que también había trabajado con el MEM. (…) Creo que como asesora es eficiente. Lo que ella haya hecho anteriormente, a mí no me incumbe ni me permite estarla fiscalizando».
En 2021 se reportó la captura de cinco personas quienes conducían, en camiones, oro que era extraído de manera ilegal de la aldea El Pato, Chiquimula, y lo llevaban a un terreno, en Alta Verapaz, de la empresa Minas del Pueblo, Sociedad Anónima, propiedad del argentino Machado. Uno de los camiones estaba a nombre de Lilian García, según una publicación de Prensa Comunitaria.
La diputada García fue con quien Carlos Pineda negoció su incursión al partido PC. Después de su pelea de Pineda con la familia Baldizón y su salida del partido Cambio, dice Lilian García que el excandidato y «cinco jóvenes» se reunieron con ella y le pidieron participar en el partido. El excandidato cuenta otra historia: dice que solo «le ofrecieron jalón».
Integrantes de Prosperidad Ciudadana también tienen estrechos vínculos con la estructura de narcotráfico que opera en Huehuetenango, llamada Los Huistas. Por ejemplo, a principios de mayo cuando Carlos Pineda participó en un desfile hípico en Santa Rosa, se fotografió con Elisa Judith Mejía Salazar de Rozotto, esposa de uno de los líderes de Los Huistas, Juan Bautista Rozotto López, alias Juancho, detenido en 2013 cuando transportaba 600,000 quetzales en efectivo. Mejía buscaba ser diputada en la tercera casilla de PC en Santa Rosa.
En esa misma actividad, también participó el actual diputado al Parlacen, Freddy Arnoldo Salazar Flores, a quien Estados Unidos solicitó en extradición porque está acusado de, supuestamente, almacenar y transportar embarques de cocaína en representación de Los Huistas. Salazar busca ser candidato a diputado por Santa Rosa con Prosperidad Ciudadana y, aunque el TSE le revocó la postulación en la primera casilla, por su pedido en extradición, hasta hace unas semanas estaba en una disputa legal por la candidatura.
Salazar también postuló a su esposa, Danury Lizeth Samayoa Montejo, como candidata a diputada suplente 1 en el Parlacen; y a su mamá, María Alma Judith Flores Porras, como aspirante a diputada titular del Parlamento. Danury Samayoa es hija de Aler Samayoa Recinos, apodado Chicharra, el supuesto máximo líder de Los Huistas, según una investigación de la Cicig, ahora extinta.
Mientras tanto, en el distrito de Jutiapa se postuló con el partido PC, Rosvin Manolo Reyes Ortiz, como candidato a diputado en la cuarta casilla. Una publicación de Prensa Libre da cuenta que, en 2006, en la vivienda del diplomático guatemalteco Luis Alberto Henry Sánchez, donde tres hombres fueron asesinados a balazos, la Policía halló una camioneta agrícola con doble fondo para transportar droga, registrada a nombre de Reyes. En esa misma lista de candidatos en Jutiapa se postuló Lesli Elisa Buezo Escoto, exdiputada que en 2013 fue capturada en Honduras por transportar varias armas de fuego sin los permisos.
[embedpzp1]
El falso «outsider» y sus vínculos
Carlos René Pineda Sosa se esfuerza por venderse como una persona ajena al sistema tradicional de partidos políticos. En las redes sociales, la principal plataforma para promover su imagen, ese fue el discurso que lo catapultó hacia un éxito efímero. Sin embargo, Pineda no es nuevo en estas andanzas. Antes de llegar a ser el candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, participó activamente o negoció con al menos siete partidos políticos, según sus propias declaraciones.
Pineda, de carácter temperamental y reacio a las críticas, se cuidó de no cuestionar públicamente al presidente Alejandro Giammattei ni a la fiscal general del MP, Consuelo Porras. Sin embargo, eso no le alcanzó para mantener a flote su candidatura, con altas expectativas de convertirse en el próximo presidente de la República, aunque sin una propuesta clara para gobernar.
Uno de los temas más incómodos para Carlos Pineda fue cuando, en diversas entrevistas, se le cuestionó sobre la carencia de visa estadounidense. Según el excandidato, la embajada de EE.UU. tiene su pasaporte desde marzo de 2022 y no le ha respondido si le concederá permiso para ingresar a ese país.
Su primera incursión fue en las elecciones 2019, cuando fue secretario de Izabal del partido Avanza, el cual fue cancelado por no lograr ningún escaño en el Congreso ni reunir el mínimo de votos que exige la Ley Electoral para que un partido se mantenga vigente.
Mario Antonio Guerra León, quien fue secretario general de Avanza, aseguró que a Pineda no se le recuerda bien en esa organización. «Él (Pineda) compró voluntades para llegar el día de la asamblea general. Él presentó otra propuesta para el Comité Ejecutivo… cuando le digo comprar voluntades es porque dio dinero, se trajo a algunos delegados y los hospedó un día antes de la asamblea en un hotel. Aparte de eso, les dio dinero en efectivo», señaló Guerra.
Según el exsecretario de Avanza, Pineda y un grupo de colaboradores buscaron quedarse con el partido político a través de amparos, pero estos no prosperaron. La supuesta compra de voluntades de parte de Pineda, de la que lo acusa Guerra, ocurrió cuando Avanza realizó su primera asamblea para elegir directiva, previo a los comicios de hace cuatro años.
Guerra dijo que Pineda les ofreció 2 millones de quetzales para quedarse con el partido político, pero que rechazaron esa oferta. Aseguró, también, que ese mismo año le consultaron si estaba interesado en postularse como candidato presidencial, pero que él les manifestó que no estaba interesado.
Plaza Pública solicitó en repetidas ocasiones a Pineda una entrevista para plantearle este y otros cuestionamientos, y para que tuviera derecho de réplica. Sin embargo, él y su equipo de trabajo rechazaron todos los requerimientos de este medio.
De acuerdo con Guerra, entre los allegados de Pineda se encontraban expatrulleros de Autodefensa Civil (ex-PAC), dirigidos por Luis Arturo Méndez Barrios, conocido como «Doctor Méndez», creador de la Confederación Nacional Ciudadana (CNC) que aglutina a expatrulleros.
En septiembre de 2011, un grupo de expatrulleros de La Gomera, Escuintla, denunció que cada uno le pagó a Méndez 150 quetzales, como afiliación a la CNC, y a cambio se les ofreció una retribución de 10,000 quetzales por su labor como patrulleros durante el Conflicto Armado Interno, pero el pago nunca llegó. En 2014 un juzgado de Escuintla giró una orden de captura por caso especial de estafa contra Méndez, pero esta se ejecutó en octubre de 2020.
En diciembre de 2020, cuando Pineda conformaba el partido Nosotros junto a Rudy Guzmán, ambos se apoyaron de la CNC de Luis Méndez para entregar bolsas con víveres en la aldea Los Llanos, de Villa Canales, Guatemala.
En las fotos compartidas en la página de Facebook de la confederación, aparece Pineda junto a Guzmán en esa labor. Guzmán es dueño de la empresa de seguridad privada VIP Security, S.A. En 2021, una vecina de Villa Canales denunció que Nosotros entregó víveres a pobladores y pedía a los beneficiarios anotarse en listas que después resultaron ser hojas de adhesión al partido en formación.
Eso podría explicar por qué Carlos Pineda propuso en su plan de trabajo, llamado «Plan Pineda», crear un grupo paraestatal de seguridad, conformado por agentes privados, para que colaboren con la seguridad pública, a cambio de una retribución del gobierno.
La repartición de alimentos en Villa Canales ocurrió un mes después de que Pineda buscó figurar como «héroe» durante la emergencia por las tormentas Eta e Iota que golpearon el norte guatemalteco en noviembre de 2020, el área donde la familia Pineda tiene propiedades.
Carlos Pineda es un empresario con diversas actividades. Dice que su fortuna la inició con el apoyo de su papá, Carlos René Pineda Rossell, fundador de la entidad Transportes Pineda Rossell, de la que se desprende la mayoría de las empresas del clan Pineda, según datos del Registro Mercantil. Carlos Pineda aseguró en varias oportunidades que él era diferente a otros candidatos porque «nunca ha tocado un centavo de los guatemaltecos».
No obstante, Plaza Pública verificó que a cuatro de las sociedades de la familia Pineda, el Estado les ha adjudicado Q6.9 millones. Una de estas adjudicaciones, a favor de la gasolinera Texaco El Trébol, S.A., se produjo en 2009 por parte de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por la compra de diésel por Q4.4 millones. En ese entonces, el representante legal de la gasolinera era Herling David Pineda Sosa, hermano de Carlos. Las otras sociedades anónimas que también han obtenido adjudicaciones, según Guatecompras son, Transportes Pineda Rossell, Comercio y Servicios del Norte y Transportes Piman.
Hay otro vínculo del que se conoce poco de Carlos Pineda, y que lo relaciona con Manuel Baldizón, ahora su principal enemigo político. En dos de sus empresas, Pinhurt y Hacienda la Perseverancia, el notario fue Carlos Eduardo Machado Chacón, quien fungió como secretario de asuntos políticos de la Secretaría Privada de la Presidencia, cuando el empresario farmacéutico Gustavo Alejos Cámbara fue el secretario privado de Álvaro Colom.
Machado Chacón fue, además, secretario privado de Manuel Baldizón durante la campaña 2015, según reveló el exdirectivo del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Eduardo José Lui Yon, en 2019, en su declaración como colaborador eficaz del caso «Arca», una investigación que reveló el supuesto financiamiento ilícito de parte del Bantrab a expresidentes y excandidatos como el propio Baldizón, Otto Pérez Molina, Álvaro Colom, Sandra Torres, Jimmy Morales y Fredy Cabrera.
Según Liu, en una de las reuniones para, presuntamente, coordinar los aportes a la campaña del partido Lider, Machado Chacón le reclamó al también exdirectivo del Bantrab, Ronald García Navarijo, que él y Baldizón estaban enterados de que personeros del banco también mantenían acercamientos con Jimmy Morales, cuando este fue el candidato sorpresa en las elecciones 2015.
Mientras que, en el sector privado, la familia Pineda Rossell ha tenido como cliente a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), a la que brinda servicios de transporte, según la filtración de datos Mining Secrets, que en 2022 reveló correos electrónicos de la minera ubicada en El Estor, Izabal, filial del grupo Solway, con sede en Suiza.
Después de pasar por el partido Nosotros, Carlos Pineda Sosa también integró el comité Nuevas Ideas con miras a convertirlo en partido político. También estuvo un tiempo en el Partido de Integración Nacional (PIN), en la organización Cambio de la familia Baldizón y antes de aterrizar en Prosperidad Ciudadana, mantuvo pláticas con el Partido Popular Guatemalteco (PPG), del alcalde de Mixco, Neto Bran, donde no llegó a acuerdos.
***
Mientras avanza el tiempo, Carlos Pineda parece haberse resignado a ya no buscar la Presidencia de la República en estas elecciones. En sus redes sociales ya no se observa al empresario que mostraba amistoso sus propiedades y el funcionamiento de sus fincas. Su foto ya no aparece en el perfil de sus cuentas, la cambió por un fondo negro con letras blancas en las que se lee «no al fraude electoral».
Si las cortes de justicia mantienen suspendido al partido Prosperidad Ciudadana, la cancelación del partido será inminente, pues desde 2019 la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que si un partido vigente no postula binomio presidencial y no logra al menos el 5% del total de los votos válidos, será anulado por el TSE.
El sistema le aplicó a Carlos Pineda la misma fórmula, a base de amparos a la medida y en medio de un proceso de cancelación que, este mismo tribunal electoral y las cortes usaron el año pasado para revivir a un moribundo Prosperidad Ciudadana y así postular a candidatos aliados del presidente Alejandro Giammattei.
Más de este autor