11 diputados quieren dejar libres a los militares condenados por delitos contra la humanidad

Los once diputados que apuestan por reformar la ley, firmada en 1996 con el acuerdo de la guerrilla y el Estado, tienen referencias particulares: se oponen a la lucha contra la corrupción, algunos han perdido la inmunidad, otros tienen familiares militares con problemas legales, hay integrantes del partido oficial y que fueron parte del Pacto de Corruptos.

El que encabeza esta propuesta para reformar la Ley de Reconciliación Nacional, decreto 145-96, es Fernando Linares Beltranena. El parlamentario fue uno de los ponentes de la iniciativa, también es el presidente de la comisión legislativa que le dio el visto bueno –un trámite necesario antes de que pueda ser sometida a votación del Pleno– y tiene un historial como opositor a la lucha contra la corrupción.

Los aliados que también estamparon su firma en el documento, que se presentó el jueves 7 de junio son: Adim Maldonado, el diputado del partido oficial, amigo y financista del ahora presidente Jimmy Morales y del alcalde de Mixco, Ernesto Bran; José Conrado García Hidalgo, el parlamentario que perdió la inmunidad y es investigado por cobrar cheques con montos que no pudo justificar con sus ingresos. María Stella Alonzo, nuera del expresidente Otto Pérez Molina. Javier Alfonso Hernández, el jefe de la bancada oficial FCN-Nación, uno de los artífices del Pacto de Corruptos, que pretendía aprobar leyes de impunidad para políticos. Juan Ramón Lau, que propuso una ley para impedir que la prisión preventiva se extendiera por más de un año.  Mayra Alejandra Carrillo de León, la diputada que lideró el partido Movimiento Reformador, apoyado por Alejandro Sinibaldi; Juan Manuel Díaz Durán, señalado en la investigación de los Papeles de Panamá; Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, polémico constante y conocido por intento de soborno a un periodista. Así como los parlamentarios Aníbal Estuardo Rojas Espino y Carlos Enrique López Maldonado.

El texto que los diputados quieren aprobar tiene una sencilla propuesta: que se le extinga la responsabilidad penal a todos los militares que ya fueron sentenciados o están en juicio por delitos de lesa humanidad. En otras palabras, que esos crímenes, declarados imprescriptibles por tratados internacionales, y sus perpetradores, queden en la impunidad.

Esta reforma sería el salvamento para los cuatro exjefes militares que fueron condenados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y las vejaciones que sufrió su hermana, Emma Guadalupe en 1981. Dos hechos que fueron juzgados a finales del mes pasado y que terminaron en la condena a 58 y 33 años de cárcel para los generales retirados Manuel Benedicto Lucas y Manuel Callejas. Y de los coroneles, también retirados, Hugo Zaldaña y Francisco Luis Gordillo.

La propuesta de Beltranena, si es que logra 80 votos, alcanzaría para beneficiar a José Mauricio Rodríguez Sánchez, el único militar que está sometido a juicio por genocidio, luego del fallecimiento del exjefe de facto Efraín Ríos Montt. También concedería libertad a todos los militares y comisionados militares que han sido sentenciados por violaciones a los derechos humanos a varias comunidades indígenas, comunidades civiles que fueron masacradas por grupos castrenses durante el conflicto armado interno.

La reforma en tres puntos

El dictamen de la reforma de la Ley de Reconciliación resalta tres hechos: que Guatemala no tiene la “obligación de cumplir con compromisos que no haya aceptado”, que existe el principio de “irretroactividad” de la ley y que se “violó el debido proceso”.

Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que hay crímenes que no prescriben, porque violan los derechos humanos de las personas, los diputados señalan que Guatemala no está obligada a juzgar ni la desaparición forzada ni la tortura que se usó como método de persecución y para obtener información de los prisioneros. Se escudan en que el país no ha firmado la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Crímenes de Lesa Humanidad.

Aunque admiten que Guatemala es parte del convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y los Cuatro Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, así como el Estatuto de Roma, instrumento de la Corte Penal Internacional, y que el genocidio forma parte de la legislación interna, tampoco admiten que se juzgue este delito. El dictamen expone que estos instrumentos fueron aceptados por el país después de la emisión de la Ley de Reconciliación Nacional (1996) y por lo tanto no se pueden aplicar para hechos cometidos antes de esa fecha.

Beltranena agrega que, a pesar de ser el genocidio un hecho atroz, aquí se ha juzgado mal. “Se ha violado el debido proceso (de los acusados) porque no están siendo juzgados por un tribunal militar”. Justifica que se violó la garantía constitucional que tienen los militares para ser juzgados por sus pares.

La reforma propuesta a esta ley, estipula que ni las autoridades del Estado ni los miembros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) deberían ser juzgados por actos cometidos durante el conflicto armado interno. Incluso, que los militares y el único guerrillero que ha sido enjuiciado, deberían quedar libres en menos de 24 horas.

Las posibilidades de conseguir el apoyo de 80 diputados “son altas”, dice Linares. Asegura que hizo una encuesta y que “una mayoría de bloques legislativos estarían dispuestos”.

Y cuando se le pregunta qué le diría a las víctimas que han buscado justicia por la desaparición de sus familias, como la familia Molina Theissen o el pueblo ixil, Linares es osado: “les diría lo mismo que a las víctimas de los guerrilleros, que hubo reconciliación nacional y que no vamos a continuar con la venganza sino que vamos a poner punto y final y vamos a voltear la página y a salir hacia adelante”.

La respuesta a esta propuesta no se ha hecho esperar. Alejandro Rodríguez y Héctor Reyes, que representaron a la familia Molina Theissen en el juicio, argumentaron que los diputados obstaculizan la acción penal en el ámbito local y llevan al país a incumplir las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta Corte ha ordenado, en la mayoría de las sentencias emitidas para Guatemala, que el Estado debe investigar y juzgar a los responsables de los crímenes como desaparición forzada, torturas y masacres.

Rodríguez espera que el proyecto de Linares y los otros 10 diputados que le apoyan, se frustre. Hace falta que la Comisión de Derechos Humanos emita un dictamen y el presidente de esta sala, Ronald Arango, ya anticipó que será desfavorable.

El procedimiento que sigue cuando hay dos dictámenes opuestos, es que los dos se someten a votación. Será la batalla de los buenos contra los malos. De los que buscan la justicia, contra quienes quieren dejar todo en el pasado. Y como están las cosas en el Congreso, en donde los diputados han aprovechado las fechas de la emergencia por la tragedia del Volcán de Fuego, para pasar leyes que les benefician, la expectativa no es positiva.

Nineth Montenegro, diputada por el partido Encuentro por Guatemala, ha empezado a hacer cuentas. En la comisión de Derechos Humanos hay 13 representantes, uno por cada partido político y necesitan siete votos para declarar negativo el dictamen.

Asegura que además de su voto y el de Arango, que lo anunció en su cuenta de twitter, tienen el apoyo seguro de otros tres diputados. Sin embargo, una de esas personas está de viaje y no vuelve sino hasta finales de mes. Otro más tienes planes de salir a una comisión fuera del país y eso los obliga a apurarse y convencer a otros colegas. Linares Beltranena, quien también integra esa comisión, también busca firmas a favor de su propuesta.

Mónica Leonardo, consultora en temas de justicia, es más práctica. Aunque el Congreso avale esta reforma a la ley, le augura un pronto fracaso. “Todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos se comprenden como parte integral de la Constitución. En esa línea, la figura de amnistía es inadmisible si tiene como efecto dejar impunes graves violaciones de derechos humanos”. Incluso si el presidente Jimmy Morales decide promulgarla, la Corte de Constitucionalidad debería ser el escudo para que no cobre vigencia.

“Las leyes de autoamnistía, como en este caso, son prima facie (a primera vista) inadmisibles, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque violan la ley interamericana y no tienen ningún efecto jurídico”. Añade, ya en dirección hacia los diputados y sus asesores legales, “denotan o una ignorancia muy grave de normas elementales de derecho constitucional y derecho internacional público o una notoria mala fe que pretende reforzar la impunidad en el país”.

El abogado Héctor Reyes, también integrante del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), señala que esta no es la primera vez. Con la serenidad de la experiencia, recuerda que ya han tenido que enfrentar otras acciones legales para entorpecer la justicia. “En el caso de la Masacre de las Dos Erres interpusieron una infinidad de amparos, hasta que la Corte Suprema de Justicia  dictaminó la autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Este nuevo intento de frenar los juicios, dice Reyes, “trata de aislarnos de las nacionales civilizadas del mundo”.

La propuesta de cesar los casos de la guerra se presenta cuando están en ciernes los juicios por las Dos Erres, el caso Creompaz, el de Genocidio y el de las violaciones sexuales a mujeres de la comunidad Achí. Y se han concluido otros como el de las mujeres que denunciaron esclavitud sexual y doméstica en Sepur Zarco.