Abogado laboralista: «Alejandro Giammattei se está lavando las manos»

René Girón, abogado laboralista, cree que el gobierno de Alejandro Giammattei ha generado incertidumbre y no hay directrices claras de cómo se manejará lo relacionado con el trabajo. Para comprobarlo hizo un llamado a través de redes sociales. Pedía conocer denuncias por violaciones a los derechos laborales. Recibió casi 350. «El Estado debe actuar y garantizar la sobrevivencia de las empresas y el salario de los trabajadores», afirmó el abogado.  

¿Cuáles fueron las denuncias recibidas?

Responden a que las empresas no están produciendo y, desde la perspectiva patronal, tendrán complicaciones para el pago de los salarios. Varias empresas ingresaron a escondidas a sus empleados para seguir operando. A veces los metieron por sótanos. Un call center que ocupa varios pisos de un edificio hacinó a sus trabajadores en uno solo.

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Cuando el Ministerio de Economía llegó para verificar el cierre, les enseñaron los pisos que quedaron vacíos y les hicieron creer que no había nadie. Hubo casos de empresas que contrataron servicios de transporte privado, pero a cuenta del salario de los trabajadores.

Además, muchos patrones suspendieron labores, pero a cuenta de vacaciones, lo que contraviene la naturaleza de estos días destinados al descanso y a la recreación. También recibimos denuncias de trabajadores que han sido obligados a presentar su renuncia para que las empresas no les paguen la indemnización.

¿Cómo califica las decisiones del Gobierno en materia laboral?

Atiende el impacto económico, pero deja por un lado el tema laboral. Hay ambigüedad y contradicciones por parte de Alejandro Giammattei sobre el manejo de la crisis y esto genera incertidumbre. Tenemos directrices que cambian de un día a otro; primero nos dicen que solo pueden operar las empresas que generan productos esenciales y luego que todas si cumplen con los protocolos de seguridad e higiene. Esto ha generado caos en el tema laboral.

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Se están creando las condiciones para arbitrariedades y abusos que afectarán principalmente a los trabajadores. Hasta el momento, ni los empleadores ni los trabajadores ni los abogados que nos dedicamos al tema tenemos claro lo que sucederá.

¿En dónde queda el Ministerio de Trabajo en esta situación?

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Desde la creación del Código de Trabajo y de la Inspección General de Trabajo nunca habíamos vivido una situación como esta, ni siquiera para la catástrofe del terremoto de 1976. Estamos frente a un paro obligatorio de todas las empresas que no se dedican a la producción de productos esenciales. Además, no todos los trabajadores se pueden desplazar hacia sus lugares de trabajo y no todas las empresas pueden implementar el trabajo a distancia. El Ministerio de Trabajo y la Inspección General de Trabajo deberían de asumir su papel de liderazgo y dejar en claro cómo se definirán las relaciones de trabajo durante la crisis. Su ausencia favorece la ambigüedad y la incertidumbre.

Una de las decisiones del gobierno de Alejandro Giammattei fue exhortar a empleadores y trabajadores a ponerse de acuerdo y permitió la suspensión de contratos. ¿Cuáles sería el impacto de esta política de Gobierno?

En lo laboral Giammattei se está lavando las manos. Dejó claro que no habrá un posicionamiento ni del Ministerio de Trabajo ni de la Inspección General de Trabajo para enfrentar la crisis. Deja al arbitrio de los patronos la manera en que se resolverán los problemas laborales que ocasione el cierre temporal de las empresas.

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Normalmente la suspensión de los contratos de trabajo es una decisión unilateral del patrono, pero sus causas y justificación deben de ser conocidas por la Inspección General de Trabajo, que tiene la responsabilidad de pronunciarse al respecto. Lo que está diciendo el presidente es «arréglense ustedes como puedan».

¿Cuál es el escenario para los trabajadores con las actuales decisiones del gobierno?

Es un escenario muy oscuro. La mayoría de los empleadores optarán por la suspensión de los contratos de trabajo, lo que implicará que las personas no irán a trabajar y no recibirán salarios. Aquí es donde los temas económicos y financieros se unen a lo laboral. Luego de la crisis tardaremos años en recuperarnos.

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En esta coyuntura vemos a supermercados abasteciéndose y vaciándose por las compras que genera el miedo y la prevención. Esto pasa porque la gente todavía tiene poder adquisitivo. En unas semanas, cuando ya no reciba salario, necesitará adquirir productos de subsistencia, pero ya no tendrá dinero para comprarlos.

Frente a una situación sin precedentes para Guatemala, ¿en dónde encontrar referencias sobre el camino a tomar?

La recomendación 205 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nos habla sobre el trabajo durante los conflictos y desastres[1], es una ruta que podemos seguir como país. Esta dice que se debe proteger a los trabajadores, pero también a las empresas y al capital. Durante los momentos de crisis se pierden las fuentes de trabajo y para la sociedad esto trae consecuencias fatales. La gente no tiene dinero para adquirir lo que necesita y, si no hay empleo ni consumo, se genera una espiral de crisis económica y financiera.

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La crisis actual requiere sacrificios por parte de todos, tanto de empleadores como de trabajadores. Sin embargo, hay condiciones mínimas que deben de estar vigentes aún en los peores momentos. Siempre se debe de garantizar el trabajo decente. No se puede permitir, por ejemplo, que alguien trabaje y reciba menos del salario mínimo. Tampoco se puede obligar a las personas a que realicen un trabajo que no quieren.

Otra recomendación que da la OIT es que para este tipo de coyunturas las decisiones en conjunto con los empleadores y los trabajadores. Las acciones del Gobierno no pueden beneficiar solamente a un sector. Estos tiempos requieren que se hagan las cosas de manera diferente porque vivimos una situación sin precedentes. 

¿Cuáles son las medidas diferentes que deberían de aplicarse?

Enfocado en la crisis actual se puede implementar una política de trabajo de tiempo parcial y de salarios mínimos diferenciados. Lo que sería inconstitucional es pagar un salario inferior al mínimo. Ahora bien, esas acciones se deben de implementar para conservar el empleo durante la crisis. No son políticas que deben quedarse fuera de la coyuntura.

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El sector empleador más grande en Guatemala son las micro, pequeñas y medianas empresas. General alrededor del 80% de las fuentes de trabajo. ¿Cuáles deberían de ser las acciones del Estado en materia laboral para este sector?

Este es el momento en el que el Estado debe de intervenir. Debe de cuidar y rescatar a las mipymes, proteger los puestos de trabajo y garantizar el salario de los trabajadores. Si bien es posible la suspensión temporal de los contratos de trabajo, se deben de prohibir los despidos.

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El IGSS debe de tomar un papel activo y asumir el pago de un porcentaje del salario de los trabajadores de este sector cuyos contratos sean suspendidos. Y si este caso no es posible, el Estado debe de hacer transferencias monetarias directa a la población, fijar precios topes a los productos, velar por que no se detenga la producción de alimentos.  Lo más importante acá, tanto para las mipymes como para los trabajadores, es que deben de tener dinero y el Estado debe de resolver esto.

¿Y para las grandes empresas?

Tienen recursos para enfrentar la crisis durante más tiempo. Se les debe de restringir la libertad que ahora tienen de despedir a sus empleados. Está bien que el gobierno les ofrezca modalidades más cómodas para el pago de impuestos y prestaciones laborales, pero siempre y cuando mantengan los puestos de trabajo y el salario de los trabajadores.

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Las grandes empresas se han beneficiado durante mucho tiempo de políticas públicas que les facilitan la producción y las ganancias. Ahora no tenemos de otra: el Estado debe de intervenir. En material laboral, Alejandro Giammattei debe de enmendar su decisión respecto al tema. Urge que el Ministerio de Trabajo y la Inspección General de Trabajo brinden certeza sobre cómo se manejará la crisis. A todos nos tocará hacer sacrificios, pero debe de haber directrices claras por parte del gobierno. Solo de esta manera los empleadores y los trabajadores podrán planificar y construir su futuro.