Respecto a la primera perspectiva, el primer ciclo es el del agua y este parece ser uno de los más conocidos formal o intuitivamente y ha sido interpretado para fines prácticos tanto en los círculos de las ciencias naturales sistematizadas como en el de los saberes ancestrales milenarios. De este ciclo depende la vitalidad del planeta y de la integridad del complejo suelo, vegetación y atmosfera (que encuentran su síntesis en los ecosistemas), depende la estabilidad de este. Son conocidos los impactos negativos de las carencias o excesos del agua ligados a las distorsiones globales y locales a los ecosistemas que hacen sinergia, en no pocas ocasiones de manera catastrófica, con el cambio y la variabilidad climática de orden global. Las adaptaciones posibles a estas distorsiones planetarias que quedan dentro de nuestra esfera de control se reducen, por un lado, a la gestión de los ecosistemas y, por otro, a la gestión de los flujos de agua con un sentido de largo plazo haciendo uso de diferentes opciones tecnológicas de escala variable, recurriendo, especialmente, a la disciplina hidráulica.
El segundo ciclo que ocurre en el ámbito socio económico, se activa con el anterior y se refiere a la captura, utilización y devolución del agua. La captura requiere de infraestructura de una escala proporcional a la demanda y además debe adaptarse progresivamente. El uso del agua al margen de la planificación hidrológica (balances hídricos) e inequitativo conduce a escasez, disputas y violación de derechos humanos. El tratamiento es requerido previo a su utilización para asegurar su calidad (según diferentes usos) y, para cerrar el ciclo de manera conveniente, también se requiere tratamiento posterior al uso. La devolución del agua con contaminantes provoca verdaderos desastres extendidos, no siempre perceptibles. Para sintetizar, afectan la salud de las personas, la salud de las otras formas de vida continental o marina y afecta la salud de los ecosistemas al extremo de que varios tienden a la degradación total, como ocurre, por ejemplo, con varios de los lagos más conocidos. Las aguas extremamente contaminadas que son devueltas al entorno tienen a superar la capacidad de este para limpiarlas o demandan tiempos largos, de tal manera que se exacerba la escasez. En fin, este ciclo debe gestionarse de forma que el agua no se degrade a tal extremo que sea imposible su reutilización.
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El tercer ciclo es político-institucional e idealmente debe ser la vía para dar contenido a la idea de la democracia, gestionando los derechos por intermedio de las políticas públicas. No solo los simbólicos (como la libertad de reunión, de participación, de expresión y de conciencia) sino los que otorgan capacidades (como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales). Respaldar los derechos de las personas, gestionar bienes públicos (como el agua, el saneamiento, la salud, entro otros) y cuidar los entornos saludables, es la esencia de las políticas públicas. Estos propósitos y dinámicas se amparan en el estado de derecho (que precisa de un contrato social inspirado en el bien común, la separación de poderes, la justicia como medio para la paz, principalmente) garantizando elecciones libres y transparentes y alternabilidad en el poder.
Este ciclo idealmente virtuoso de renovación de poderes cuya inspiración debiese ser el progresivo mejoramiento cualitativo y cuantitativo de todas las dimensiones, expresiones y escalas de los derechos, ha mutado hacia un ciclo perverso de degradación sistemática de las condiciones y recursos que sostienen la vida y que explica, en gran medida, las más variadas, complejas y profundas crisis que ya parecen inmanejables. Este ciclo perverso de acceso al poder instrumentalizando entidades y personas (con todo tipo de aparatos represivos e ideológicos) tiene como actores centrales a grupos organizados disfrazados de partidos políticos cuyo fin último es el erario y los bienes públicos (especialmente los variados elementos de la naturaleza). Tras este propósito, no vacilan en criminalizar a aquellas personas y grupos que los llevaron al poder, cuando estos hacen uso del derecho de denuncia y resistencia frente a esos desmanes.
En lo que a la gestión integral de los dos ciclos previamente abordados compete, este ciclo vicioso y perverso resulta determinante y explica las anomalías y el caótico desempeño de ambos y, consecuentemente, explica la secular carencia en el derecho humano al agua. Ausencia de vision (integral y de largo alcance), estructura y procesos elementales con arraigo social y estabilidad institucional; carencia de infraestructura apropiada para gestionar la oferta y la demanda del agua para todos los usos y, entre otros abundantes déficit, una indiferencia, o más bien desprecio, por las necesidades de las personas que refleja, sin titubeos, un desprecio por la vida misma.
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Este último ciclo resulta propicio para abordar la segunda perspectiva, la ética. Desde la configuración de Dussel[1], la política debe descansar en tres principios éticos. El primero debe ser el principio ordenador de la política (y también de la economía) y el autor lo expresa así: «Debemos en nuestras acciones e instituciones afirmar, producir y acrecentar nuestra vida singular y comunitaria, en último término de toda la humanidad». Afirmar la vida significa, por ejemplo, garantizar el acceso universal al agua, a los alimentos, al techo, a la vestimenta, al trabajo digno, es decir a un conjunto de elementos materiales que, junto a los simbólicos, conducen a la realización física, psicológica y espiritual. El segundo principio ético tiene una interdefinicion con el primero y se refiere a la jerarquización de «prioridades fundadas en el consenso comunitario» alcanzado a partir de la «participación simétrica, es decir, con los mismos derechos y en igualdad para que gocen de legitimidad y la democracia sea legitimada». ¿Acaso la política (y la economía) responde a las necesidades materiales y simbólicas de la gente en Guatemala?
El tercer principio ético es el de la factibilidad, es decir, lo que se puede hacer (rechazando la demagogia) para cerrar el ciclo de la ética en la política y la economía. ¿Es factible universalizar el derecho humano al agua? ¿Qué condiciones se deben generar y que recursos se deben aplicar?
La realidad empírica basada en registros observables nos permiten interpretar hechos que certifican la violación sistemática de estos principios éticos, de la distorsión global y local del ciclo natural del agua y del caótico desempeño del ciclo de gestión en Guatemala, consumando así el fracaso del ciclo de la política y la economía como medios para garantizar el derecho humano al agua y para reafirmar la vida en su esplendor. Buena parte de esos hechos han sido rigurosamente documentados por la academia guatemalteca. No es difícil inferir, con el acervo de conocimientos disponibles sobre la realidad nacional, que la vulnerabilidad social, tan solo aquella que se explica a partir de la carencia del agua, se ha exacerbado. Es decir, conforme la demanda se incrementa (en un escenario de disputas asimétricas) y la oferta es más incierta, la indefensión de la población se ha ampliado y profundizado. Agregar otros elementos a la ecuación que explican la vulnerabilidad, es lo que nos sitúa, como ya es reconocido, en la cola del listado de naciones, cuando se analiza cualquiera de los indicadores comunes ligados al desarrollo humano y sus entornos.
La tercera perspectiva, como se indicó al inicio, es la sistémica. Resulta oportuno hacer algunas consideraciones sobre esta perspectiva, especialmente cuando se trata de sistemas complejos cuya esencia demanda la aproximación metodológica interdisciplinar para interpretar fenómenos de la realidad y hacer predicciones. Primero, insisto. Las contribuciones académicas y los testimonios comunitarios acerca del agua en Guatemala, ofrecen explicaciones causales sobre la realidad concreta y empírica que dan pautas para la acción y la acometida de problemas socio ambientales que aquejan a amplias masas poblacionales. Una vez más, en consecuencia, hay que indicar que no es por falta de razonamientos técnicos y evidencia empírica que la gestión del agua y los otros derechos humanos, tienen un desempeño caótico. Segundo. Es evidente que el agua es solamente un componente dentro de un subsistema con múltiples relaciones hacia adentro y con otros subsistemas que constituyen estructuralmente un sistema mayor que opera como totalidad organizada, como un «sistema complejo». Esta aproximación condiciona, al menos, la conceptualización y el diseño de políticas públicas y la institucionalidad que debe implementarlas. Pero en este país, donde el poder se reviste de perversidad y su móvil es el saqueo material, la negación de la ciudadanía y el atropello de la vida, estas consideraciones no tienen presente.
[1] Dussel, Enrique. Hacia una nueva cartilla ético política.
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