Allí donde nace la seguridad ciudadana

A medida que la generación post conflicto va cediendo paso a una nueva cohorte de ciudadanos, también se abre un espacio para la comprensión de la seguridad ciudadana como componente del bienestar, la cual renuncia a las retóricas violentas como «guerra al crimen», y construye sus propuestas sobre la protección social del niño, las oportunidades para el adolescente, la reconstrucción del tejido social en la comunidad y el fortalecimiento de la identidad colectiva basada en prácticas de solidaridad y buena vecindad, la mediación ciudadana de los conflictos y la capacidad de vigilancia y reacción frente a los factores internos o externos que ponen en riesgo la convivencia pacífica.

La lucha contra la impunidad, impulsada en los últimos años, desarticuló varias de las estructuras de facilitación y logística del crimen, llevó a instigadores y perpetradores de transgresiones tras las rejas, aumentó el costo del comportamiento delictivo y criminal a la vez que redujo la percepción de que la astucia vence a la ley. El poder creado a la sombra de la impunidad y, en ciertos casos, invocando los imperativos de la seguridad interna y la libertad económica, ha movido sus piezas para detener esa lucha, y el tiempo dirá cómo se resuelve. Sin embargo, el efecto de la desarticulación entre el inframundo criminal y las estructuras legítimas que hacían posible la impunidad ha dejado una marca visible en los indicadores de criminalidad, especialmente en la violencia homicida, que ha presentado su punto más bajo, en mayo de 2019, de 22 homicidios por 100 mil habitantes.

¿Cómo se construye el siguiente capítulo en la historia de la seguridad ciudadana? La respuesta se nos ofrece como un puñado de experiencias en las que los gobiernos locales[1] han roto el concepto caduco e inoperante de la seguridad como represión del crimen, y han movilizado distintos sectores para la recuperación de espacios públicos, el uso de tecnologías de vigilancia, control y alerta temprana, la promoción de la organización comunitaria, los programas de ocio productivo para niños, adolescentes y jóvenes, la creación de habilidades para el trabajo,  y oportunidades económicas, el diálogo para la priorización de temas, cuadrantes, períodos donde el riesgo se incrementa.

Los proyectos locales fueron adaptados y adoptados desde experiencias en otros países. La cooperación internacional ha jugado, sin duda, un rol preponderante en la promoción del involucramiento de las municipalidades, invirtiendo millones en lo que el Estado no ha tenido voluntad de hacer: la prevención de la violencia y el delito. En desafortunadas ocasiones, los proyectos terminaron sin lograr la apropiación[2], legitimación y financiación necesarias para la sostenibilidad de las acciones y los logros, revirtiendo muchas veces las tasas de violencia alcanzadas, y aumentando la percepción de inseguridad entre la población.

[frasepzp1]

El desafío de la apropiación, es decir, asumir desde el ámbito local la responsabilidad de la seguridad ciudadana, no es tan complejo en los municipios más duramente golpeados por las actividades criminales; típicamente son municipios densamente poblados, con cuotas altas de población recientemente asentada y grandes contrastes entre grupos socioeconómicos. Hay mucho que pueden hacer en favor de una estrategia sólida y progresiva de convivencia y bienestar. Hay poco que pueden esperar de las decisiones, recursos y efectividad de las instituciones de gobierno central. Aunque urge llevarla a las ciudades principales e intermedias, en las cuales residirán de uno a dos millones de habitantes en 2025, esta visión de la sinergia entre seguridad y bienestar se puede extender a todos los territorios, especialmente en aquellos mayoritariamente habitados por población indígena, donde la cosmovisión faculta a la comunidad para hacerse cargo de estos temas.

Los municipios son la primera línea de defensa clave contra la violencia y el delito. Las personas en riesgo, que se involucran en actividades delictivas, lo hacen por diversas razones y por diferentes vías. Sin embargo, todos viven localmente e interactúan con pares u organizaciones criminales integrados en sus comunidades. Por ello, la comunidad es la primera línea donde la prevención y la detección temprana son más efectivas en el espacio local. Los maestros, los policías comunitarios, y las organizaciones de base, principalmente las de jóvenes, desempeñan un papel clave en la detección temprana y el control del comportamiento violento y criminal.

A menudo, la coordinación de estos profesionales locales de primera línea es un gran desafío para el trabajo de prevención sostenido y eficaz. ¿Cómo lograr la cooperación de entes gubernamentales que responden a diferentes mandatos, líneas de autoridad y recursos? ¿Cómo establecer la confianza en el intercambio de información y cómo organizar y coordinar los esfuerzos? De manera similar, ¿qué métodos existen en los diferentes niveles de intervención de prevención, hacia los individuos en riesgo y quienes se han convertido en criminales de carrera? ¿Cómo vincular más efectivamente a las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil en respuestas organizadas para la prevención?

El desafío de la legitimación encuentra al país en un buen momento. En diciembre de 2017, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural conoció la Agenda de Descentralización. En abril de 2018, se presentó a los ministros de Estado la ruta de trabajo para instrumentar la descentralización en cada ministerio. En marzo de 2019, se instaló la mesa técnica del proceso de descentralización, integrada por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (ente rector de la descentralización), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (la cual dirige el proceso de políticas, planificación y ordenamiento territorial), y los ministerios rectores de las ocho áreas que la ley establece como prioritarias para la descentralización: educación; salud y asistencia social; seguridad ciudadana; ambiente y recursos naturales; agricultura; comunicaciones, infraestructura y vivienda; economía, y cultura, recreación y deporte. Actualmente los ministerios están formulando sus planes de descentralización y preparando fichas técnicas con las funciones delegables[3].

[frasepzp2]

El proceso de descentralización abre la oportunidad para dejar asentadas las funciones de los gobiernos locales en materia de seguridad, a partir de acciones de efectividad comprobada. Es también una buena oportunidad para revisar los límites de las acciones municipales en seguridad, pues la delegación de competencias consiste precisamente en ampliar ese marco de funciones, trasladando también el poder de decisión, las capacidades técnicas y recursos financieros para implementar plenamente la competencia en el espacio local[4].

La legitimación debe ser también un ejercicio ciudadano, derivado de participar activamente solicitando de las autoridades nacionales y de los gobiernos locales respuestas contundentes, y recursos económicos y humanos para disminuir y prevenir la violencia de las comunidades. Más aún, la legitimación no puede darse sin que las autoridades locales se sientan responsables de brindar seguridad y promover la convivencia pacífica entre sus ciudadanos, buscando recursos y conocimiento para enfrentar este tema tan complejo.

El desafío del financiamiento depende de cómo se resuelvan los retos de apropiación y legitimidad. Los municipios que prioricen la seguridad ciudadana y soliciten la competencia, deberían recibir el acompañamiento para la formación de sus equipos y los manuales de procedimientos para apropiarse de la función y ser capaces de ponerla en marcha. Los recursos propios y las transferencias a los municipios no pueden usarse para temas que rebasan la competencia de los municipios. Por ello es necesario que éstos hagan legítima su participación por medio de la descentralización. El ministerio de Gobernación, y específicamente el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, actualmente provee asistencia técnica a municipalidades que, como San Juan La Laguna, en Sololá, necesitan formular una política de prevención de la violencia. El siguiente paso consiste en estimar los costos de la implementación y la mezcla de financiamiento de fuentes locales (ya sea a través del uso de recursos propios consignados en el presupuesto de la municipalidad o mediante el cobro de un arbitrio municipal de seguridad ciudadana) y nacionales, para hacer sostenibles los programas municipales de prevención.

Una efectiva transición de gobierno, a nivel central y local, fue la principal razón para hacer más corto el período de campaña electoral. La integración de concejos municipales con nuevas composiciones interpartidarias, ofrecerá también a partir de la segunda mitad de este año, un espacio de diálogo para inscribir en las nuevas agendas de gobierno esta concepción orgánica y comunitaria de la seguridad.

No hay soluciones universales para la prevención de la violencia y el delito. En cambio, requiere un enfoque holístico, sostenido, con recursos adecuados; que gira en torno a la cooperación entre múltiples agencias y está hecho a la medida de las circunstancias locales.