Antes de la tormenta Eta «todo el tiempo estamos construyendo riesgos»
Antes de la tormenta Eta «todo el tiempo estamos construyendo riesgos»
Ricardo Berganza, experto en gestión de riesgos, explica que desastres naturales como el ocurrido en la aldea Quejá, Alta Verapaz, donde murieron más de 50 personas, son en realidad producto de riesgos construidos. Los mismos que provocaron las muertes por el huracán Mitch, o que sepultó a toda una comunidad en Panabaj en 2005, y que incluso podrían causar una tragedia en el Libramiento de Chimaltenango.
Ricardo Berganza aclara constantemente que hay muchas ideas que quedarán fuera, que una entrevista no basta para explicar cómo un discurso y acciones específicas buscan debilitar al Estado —cuando en realidad ya es bastante débil— repercute en que comunidades enteras decidan construir viviendas sobre una ladera que evidentemente causará un desastre.
Sus ideas, advierte, parten de una lógica antineoliberal pero no anticapitalista, más bien sugiere la coexistencia de este modelo económico con un Estado con instituciones capaces de regular actividades públicas y privadas, pero sobre todo políticas públicas que provea de dientes a estas pequeñas entidades para lograr su trabajo.
¿La solución para reducir verdaderamente estos riesgos? Más democracia, algo que, dice, los grupos que concentran el poder en Guatemala no estarían dispuestos a favorecer.
¿Cuáles son las diferencias entre el deslave en la aldea Quejá y la erupción de Volcán de Fuego en 2018?
Un elemento que no se puede pasar por alto es la escala. El volcán de Fuego es una formación geológica que, vista desde una perspectiva de gestión de riesgos, es una amenaza en un ámbito limitado. Por lo general el riesgo de los volcanes es de 30 kilómetros a la redonda, aunque puede ser más extenso por caída de ceniza o diferentes productos volcánicos.
Fue una emergencia sumamente compleja, la más compleja que he visto en los años que he trabajado, una erupción atípica. No había correspondencia entre los planes de respuesta y el nivel de la erupción. Si lo viéramos en sentido figurado, los planes eran para un ejercicio de natación de media hora, cuando la respuesta requería atravesar el canal de la mancha. Pero no dejaba de ser localizado, al sacar a las personas de ese sitio ya se tenía la mayor parte del trabajo resuelto.
En cambio, la escala con la emergencia que estamos viviendo es muy distinta. El tipo de riesgo cambia porque los análisis de vulnerabilidad demuestran que los deslizamientos pueden ser letales por pendientes pronunciadas que están en casi todo el país. Un deslizamiento, un flujo de lodo, es más letal, más rápido.
Cuando uno ve los mapas de riesgo en la realidad abruman, es un riesgo construido en decenas de años, reducir ese riesgo implica reasentar una población y hacer presupuestos que se salen de cualquier gráfica en un país subdesarollado.
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En Guatemala a la fecha no tenemos una ley de ordenamiento territorial que ordene el uso del suelo, todo el tiempo estamos construyendo riesgos, la gente está asentándose en zonas inundables, vulnerables a deslizamientos, deforestan zonas de recargas, que protegen la estabilidad de las laderas y no hay un Estado que impida la generación de riesgos por actividades públicas o privadas.
Estamos ante un riesgo construido y abrumador, por la cantidad de personas que viven en laderas en las que puede haber deslizamientos.
A Guatemala no llegaron los vientos que azotaron a Honduras y Nicaragua, pero por la vulnerabilidad que tenemos a nivel nacional, con tres o cuatro días de lluvia empiezan a ocurrir estos incidentes en que mueren cinco personas en flujo de lodo; en otro lugar son dos, en otro lugar es la cosecha de maíz con la que iban a comer los próximos dos meses. La escala es diferente, el riesgo es diferente y las soluciones son distintas.
Cuando hablamos de riesgo, la primera reacción es que nos preguntamos por qué no hicimos algo. Mi primera reacción es que somos injustos pidiéndole reacción a pequeñas instituciones que en realidad deberían venir del Estado, de niveles superiores. Necesitamos políticas públicas para gestionar el riesgo existente y reducir riesgos futuros.
¿Qué factores llevan a las familias a ocupar estos espacios de alto riesgo?
Hay elementos estructurales. En gestión de riesgos hay que verlo con una mirada histórica, si lo veo en el vacío y veo que una familia se está mudando del oriente del país hacia la zona debajo del puente El Incienso, uno pensará; cómo es posible que se asienten en una ladera con 45 grados de inclinación, donde no hay cobertura vegetal porque están en riego. Eso visto sin contexto hace pensar que la familia son personas irresponsables que se están moviendo a un sitio de alto riesgo, y que si somos buenas personas las podemos ayudar dándoles servicios y aconsejándolos para reforestar y evitar un accidente. Pero sabemos que esa es una ficción.
En este país han ocurrido grandes despojos y desplazamientos forzados, desde la conquista, la que para mí es la nefasta reforma liberal, donde gobernantes como Justo Rufino Barrios expropiaron tierras que eran controladas por pueblos indígenas, y las repartió a sus amigos. También repartieron a las personas, eso implicó un desplazamiento de personas a zonas montañosas de mayor riesgo. Durante el conflicto armado interno hubo de nuevo despojos y desplazamiento.
Cuando tomamos una población, la sometemos a altos niveles de violencia, la echamos de donde está, se mueven a donde pueden entre las montañas, a zonas de difícil acceso, sin servicio, un conjunto de factores históricos que han generado una construcción de riesgo.
¿Cómo construimos el riesgo?
Si vemos esto en una línea del tiempo, y no quiero sobresimplificarlo, podemos ver otras tendencias que nos permiten explicar la construcción del riesgo, una de ellas es la urbanización.
A pesar de que el país es menos urbano de la región, este proceso es constante, la migración por buscar mejores condiciones de vida, trabajo, huir de las condiciones que vivimos empiezan a generar una gran tensión y no hay un Estado que esté preparado para planificar el uso del suelo para combatir la pobreza extrema.
No olvidemos que en los últimos diez años Guatemala y Honduras aumentaron la pobreza extrema, debería ser una vergüenza, debería ser una prioridad atenderlos, pero no lo es para la clase dominante.
Cuando hablamos de construcción de riesgo están los factores estructurales, los grandes despojos, la guerra, la migración constante a las ciudades, el proceso de urbanización que tiene que ver con los circuitos comerciales que nos han impuesto, pero también tienen que ver otros factores como el cambio climático. Lo que antes eran pronósticos de lluvia para tres o cuatro días ahora pueden ser incluso de dos días pero más intensa, el ciclo hidrológico se altera.
A esto podemos agregar que la gente no tiene acceso a salud, a educación, a medios de vida y mucho menos a un seguro de desempleo. Algunas conquistas laborales del pasado como obtener un contrato laboral se van diluyendo.
Agrego otra capa de información a estas tendencias: el neoliberalismo. Son 40 años de destrucción del Estado, de desensamblarlo y lo que nos ha dado es un estado débil policial, cooptado por grupos criminales —no tengo duda de eso. Puede haber instituciones tratando de salvar vidas en el Ministerio de salud, pero el Estado responde a una lógica de protegerse a sí mismo y a la clase dominante.
Entonces, la aldea Quejá no se derrumbó hoy, se derrumbó hace años.
Es una manera de decirlo, y además eso podría no ser necesariamente una metáfora. Panabaj, Sololá, donde ocurrió el deslizamiento en 2005, en Tzutujil significa «corrientes de lodo».
En ese lugar ocurrieron flujos de lodo a principios de siglo 20, enormes. La gente sabía que el lugar era peligroso. En la zona había aforismos populares que decían «no te vayás a vivir a Panabaj porque te va a llevar el río». Sin embargo la gente vivía ahí porque no había otro lugar, ahí es donde llegan los más pobres, y ahí murieron. Es un desastre construido históricamente.
Quejá está al lado de Los Chorros, también aldea de Alta Verapaz. En 2009 también hubo un derrumbe en el que murieron más de 30 personas en una de las carreteras más importantes entre alta Verapaz y Quiché con dirección hacia México. Los derrumbes y fallecidos constantes ¿son abandono de gobierno central o local?
No conozco la zona en particular. En realidad, el riesgo es muy complejo, se intercala con otras actividades económicas. No podemos negar que en cualquier país o sociedad, independientemente del modelo, hay construcción de riesgo. Existe en China, Taiwán, Rusia, Cuba o cualquiera. Al intervenir en el territorio para abrir una carretera causamos un problema mientras resolvemos otro.
Pero cuando tenemos un sistema neoliberal implantado, donde un grupo pequeño de personas se queda con la riqueza y un grupo permanentemente está sin acceso a servicios de salud, el impacto es mucho más agudo, las posibilidades de recuperación son más difíciles.
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En Alemania si construyen una carretera, construyen un riesgo. Estoy seguro de que en Alemania han judicializado procesos por un acto de corrupción en obra pública. La gran diferencia es que probablemente ese proceso avanza en tribunales, en Guatemala las cortes están cooptadas por criminales —salvo algunos reductos y jueces honestos y fiscales que hacen bien su trabajo—, es más probable que no haya consecuencias.
Como el caso del libramiento de Chimaltenango.
Es inevitable hablar de eso. Si el libramiento se derrumba y mueren cinco o seis personas debajo de algunas toneladas de arena, no podemos decir que es una condición de vulnerabilidad, sino que es un factor de riesgo construido. Primero porque no hay un Estado que vele porque la actividad económica pública y privada produzca el menor riesgo posible.
La lógica de gestión de riesgos no es que no haya riesgos. Siempre existirán. La lógica es que, si va a haber una actividad pública o privada que genera riesgos, que haya una compensación adecuada a una comunidad, una transferencia de riesgo a través de seguros, o que el impacto sea el menor posible a través de la modificación de la obra.
El error típico en la construcción de los puentes en este país, y en otros, es que para ahorrar recursos hacen un puente pequeño cuando en realidad debería ser más grande, pero el que se necesitaba hubiera costado más dinero. No sería buen negocio, aunque lo vuelven a inaugurar porque cada diez años se lo lleva el río.
La diferencia entre la obra pública donde el riesgo se regula, evalúa e interviene, es lo que podemos ver entre un país y otro.
Hace poco una colega, Gisela Gellert (geógrafa humana), me decía que para ella no hay algo equivalente a gestión de riesgos en Alemania, no lo necesitan. Tienen obra y políticas públicas, tienen un estado que controla el territorio, que cobra impuestos, que impone medidas políticas que pueden ser acertadas o no. A Alemania la pueden criticar por muchas cosas, pero es un país donde el Estado funciona. No quiere decir que no ocurran accidentes, el asunto es que el Estado asume su rol e interviene.
En Guatemala cada vez que hay que hablar de temas serios como reducir la pobreza extrema o una reforma fiscal progresiva, alguien en el Congreso dispone que hay que hablar sobre el matrimonio igualitario o sobre aborto o sobre cualquier otra cosa y nos paralizamos.
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Con los desastres pasa algo igual, en el momento del impacto estamos interesados en las noticias, hay solidaridad, maratones para recaudar víveres. Dentro de un mes ya nadie estará hablando de esto, las víctimas estarán viviendo el duelo de manera solitaria y una de las causas más terribles de los riesgos cotidianos es la individualización del riesgo, y es que el efecto se lleva como fracaso personal.
Ocurren las tragedias como el terremoto de 1976, Cambray II, Panabaj, los Chorros en 2009. ¿Qué hace el Estado después?
Uno de los problemas que enfrentamos es que la gestión de riesgo en Latinoamérica está construida sobre organizaciones que, en principio, eran paramilitares o de protección civil, con matices de estructuras militares.
En los noventas surgen instituciones civiles a cargo de la protección civil, la Conred fue de las primeras. El proyecto de ley entró de una forma al Congreso y salió diferente, básicamente sin dientes. En su momento era una institución civil que se construyó sobre una estructura previa al comité nacional de Emergencia, entonces había una especie de cultura institucional militar. El punto es que estas instituciones de protección civil están muchas veces preparadas para responder, y coordinar operaciones, pero la ley en mayor o menor medida les asigna funciones que no les corresponden. Para crear reducción de riesgos hay que hacer política pública, no podemos hacerlo desde una institución relativamente pequeña.
Hay que aclarar que a las instituciones que no tienen competencia, presupuesto o capacidades para hacer política pública, no les podemos pedir algo para lo que no tienen capacidad, mandato legal, o la posibilidad de regulación.
Un ejemplo es el riesgo sísmico de Guatemala. La Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (AGIES) propuso normas de construcción sismorresistente, y la Conred las promovió. Fue un acto bastante interesante y valiente del secretario ejecutivo de ese momento. Las han aplicado pero no hay una ley que obligue a esa norma se aplique. Hasta donde entiendo, quizás me equivoco, si se cae un edificio y se demuestra que alguien no aplicó estas normas cuando ya estaban publicadas, yo creo que no hay deducción de responsabilidades. Aquí de nuevo vemos el esquema neoliberal, y es regular pero es un laissez-faire, una hipocresía: al final cada quien hace lo que quiere.
Las construcciones en los municipios casi no tienen regulación, incluso circula una idea para legislar que cualquier obra de un tamaño menor no siga las normas de construcción sismorresistente. Lo que vemos de nuevo es que no hay un Estado que intervenga para regular actividades públicas o privadas.
¿Cuál debería ser el papel del Estado?
Cuando digo que haya un Estado, no digo que deba planificar todo. No pienso en el Estado soviético de la planificación central. Hablo de un Estado capitalista que tenga la capacidad de cobrar impuestos, de compensar a través de ciertas vías las carencias de ciertos grupos y combatir la pobreza extrema. Cuando la gente sale de la pobreza extrema está en condiciones de hablar de reducción de riesgos.
Una persona que no tiene para comer mañana no nos va a poner atención si le decimos que en un año un deslizamiento dañará su casa. La percepción de riesgo en el tiempo es importante, cualquiera proyección de más de un año difícilmente se tomará en serio. Todos los seres humanos tenemos prioridades, si tenemos problemas para comer, para vestirnos, o si tenemos problemas porque los delincuentes controlan el territorio, la gente va a tener prioridad de supervivencia. Sus prioridades no van a ser salirse de esta casa que está en riesgo, eso puede tratarse después, procrastinan ese tipo de intervención.
Lo que hace falta es un Estado capitalista que intervenga y que haga intervenciones prioritarias. Siempre habrá riesgos, y el riesgo construido en Guatemala es abrumador.
¿Qué podrían hacer el Congreso, las comunidades y personas que no padecemos estar tragedias directamente respecto a estos riesgos?
Es una pregunta difícil. En un país que funcionara si tuviéramos un Congreso preocupado por la gente vulnerable, uno de los temas clave es el ordenamiento territorial, planificar el uso del suelo, pero eso implica una mirada que trasciende los intereses de los grandes capitales que dicen qué sí y qué no se puede hacer en este país. Estoy hablando de ordenamiento territorial en general, no solo en zonas urbanas.
Es necesario un Estado que cobre impuestos, que imponga normas y medios para compensar a la población en alto riesgo si la vamos a mover a otro sitio. Eso cuesta dinero.
Un Estado con estas características exige que una empresa que va a construir, por ejemplo el Libramiento, haga los cortes en una inclinación adecuada y evaluar si hay una carga hídrica importante que amenace la obra. Eso no ocurre aquí, primero van los negocios por debajo de la mesa y no sabemos hasta dónde llegó el negocio del Libramiento.
Otro factor del neoliberalismo durísimo, también instalado en Guatemala, es que en cualquier país decente —y estoy hablando de países capitalistas—, si hay necesidad de expropiar una franja de tierra para hacer una carretera, la expropian. En Guatemala eso no se puede hacer, hay que pagarle a la gente, les ponen precios más altos.
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Uno de los grandes debates por el anillo metropolitano —esa carretera para desfogar la ciudad del tráfico pesado— es que cada vez que hacían el trazo, la gente que tenía acceso a la información del gobierno de turno compraba esos terrenos para luego servirse con cuchara grande en el momento que los vendieran al Estado. En el gobierno siguiente cambiaban la ruta y otra vez volvía la misma dinámica, un terreno que valía poco, advertían a sus amigos, ellos lo compran y cobran más cuando toca indemnizarlos. Lógicas como esas prevalecen.
Los desastres solo son una manifestación de los problemas que el modo de acumulación capitalista neoliberal nos impone, construye y reconstruye, y va aumentando. Mucho de este discurso que doy es antineoliberal, ni siquiera es anticapitalista. Las clases dominantes para descalificar cualquier crítica tienden a ser dualistas, si usted no está de acuerdo con que el Estado sea débil, lo acusan casi de ser bolchevique. Hasta a Dionisio Gutiérrez lo acusaban de comunista.
No tenemos el Estado mínimo que necesitamos, nos vendieron la idea del Estado débil, pero nos dejaron sin Estado.
¿Qué leyes tendría que impulsarse para una mejor gestión de riesgo?
Ordenamiento territorial, y al lado una ley de aguas con mandato constitucional que sigue congelada, hay interesas de grandes capitales para que esa ley nunca nazca, es una hipocresía. Por ejemplo, el río Coyolate puede ser desviado a una finca y lo que van a hacer es ganarse una multa, aunque destruya una cuenca o manglar.
No estoy diciendo que se prohíba la producción de caña de azúcar, puede ser importante, pero un Estado que regula debería decirles a los finqueros que no se pueden llevar toda el agua del río. Si incumplen esa norma habrá una sanción grave. Todo este conjunto de factores no ocurre.
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De forma paralela creo fundamental que haya normas de construcción, obligatorias y que tengan consecuencias. Uno de los problemas de la gestión de riesgo es que si no cumplen un dictamen es difícil que haya consecuencias penales o civiles. En algunos casos cuando hay fallecidos iniciaron proceso, pero no es suficiente.
Hay muchas empresas que impunemente arrojan a los ríos sustancias venenosas y no hay consecuencias, por ejemplo, la cantidad de contaminantes que entran a Amatitlán y van al mar, no tiene repercusiones.
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No se trata de regular una compañía para que quiebre, sino que fije una ruta para generar menos riesgos y contaminación, aunque eso generará costos. Pero no hay un Estado con capacidad para sentarse a plantear eso. También serían útiles leyes reguladoras de actividades de riesgo específicas como la construcción, transporte de materiales peligrosos, y esto deriva en protección al ambiente.
Hubo una gremial de productores de plástico que se opuso a una regulación antes de que la plantearan, lo que vemos ahí es el poder del capital. Un ejemplo es que en 58 instituciones del Estado tienen en sus unidades de tomas de decisiones a representantes del Cacif, entre ellas la Conred. Encontramos lo mismo en el Ministerio de Educación, en algunos ministerios como Economía o Finanzas, es sabido que el sector privado casi nombra al ministro. Ahí hay un conflicto de interés, no podemos esperar que el Estado sea regulador si esos grupos de poder nombran al jefe del despacho.
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¿Cómo podrían ocurrir estos cambios?
Además de las leyes y de cambios pensados estratégicamente, esto no se resuelve sin cambios democráticos. Digo que necesitamos más democracia porque significa más participación, más transparencia, más información a la gente.
En procesos exitosos de reducción de riesgos en otros países es fundamental que la gente conozca los problemas, los discuta y que tenga la percepción de que puedan participar en la toma de decisiones. Eso no ocurre aquí, en Guatemala deciden sobre hidroeléctricas, extracción minera o similares, pero después informan a la gente hasta el final, el poder de los capitales es grande. La cementera de San Juan Sacatepéquez es un buen ejemplo, probablemente el proyecto tiene cosas buenas, pero la mirada para imponer el proyecto no es de consenso y causó problemas.
El problema está en esa visión finquera en la que dicen «nosotros somos los que sabemos y los demás deben aceptar lo que nosotros les decimos».
En el caso de la gestión de riesgo encontramos problemas similares. Después de Panabaj, el presidente Berger ordenó que trasladaran la comunidad y construyeran viviendas, pero era un sitio que resultó estar en zona roja y de alto riesgo, tuvieron que dar marcha atrás.
Protagonismos políticos, decisiones autoritarias o mal tomadas y similares impiden que tomen decisiones más colegiadas. Si hay un país más democrático, en todo lo que eso implica, la gente tiene posibilidad de participar. Habrá equivocaciones, problemas, para la clase dominante sería espantoso tener tantos diálogos, pero la democracia es eso.
Necesitamos un país más democrático y eso implica compartir el poder. Más democracia es que haya más poder en más manos y menos concentrado, históricamente hay sectores que se han opuesto a eso.
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