Aún lejos de modificar el secreto bancario

Eliminar el secreto bancario representa la posibilidad de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pueda tener acceso a información para corroborar los ingresos reales de los contribuyentes.

Con una normativa que permita llevar controles sobre estos datos se haría posible salir de la lista de paraísos fiscales, que clasifica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Para alcanzar este objetivo, el pleno del Congreso se preparaba el pasado 2 de agosto para aprobar en su redacción final la iniciativa 4326, tal como lo habían pactado los jefes de bloque.

El anteproyecto consiste en modificaciones al Código Tributario y la Ley de Bancos para brindarle más herramientas de control a la SAT. Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explica que la forma en que quedó redactada la iniciativa es suficiente para salir del listado en el que le OCDE tiene a Guatemala.

Sin embargo, la iniciativa regresó el a la Comisión de Economía del Congreso el mismo día que se había previsto que se aprobara, por una moción presentada por las bancadas del Partido Patriota (PP) y Visión con Valores (Viva).

Una de las razones argumentadas por los diputados del PP y Viva para sacar la Ley de la discusión en el pleno era su intención de que se aplique sólo a extranjeros y se deje afuera de su margen de acción a los guatemaltecos.

 También plantearon que se debe contar con una orden de juez competente para tener acceso a esta información. El argumento para ambas propuestas fue la necesidad de garantizarla seguridad de las personas cuya información se hará pública y evitar un mal uso de ella.

Otro de los aspectos que se revisarán nuevamente en la sala de trabajo incluyen la forma en que la nueva ley abordará el tema de las financieras offshore. Según Emmanuel Seidner, diputado del PP y presidente de la Comisión de Economía, Q20 millardos que se encuentran en el sistema bancario del país corresponden a estas entidades. Para ello se solicitará la opinión del Banco de Guatemala.

En cuanto a la posibilidad de sacar a los guatemaltecos del margen de acción de la normativa que se discute, Seidner explicó que se trata de una propuesta que se evaluará en la Comisión, pero que él no tiene una postura al respecto. Otros aspectos que se revisan son más  controles para evitar la divulgación discrecional de los datos que se manejan en el sistema bancario.

La extracción de los artículos incisivos

Más allá del atraso que representa enviar la iniciativa de nuevo a una Comisión está el riesgo de que ésta pierda los elementos más significativos para convertirla en una herramienta contra las actividades ilegales que se pueden cubrir con el secreto bancario.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), resalta que además de su importancia para evitar la defraudación tributaria, una ley así permite llevar más controles sobre las actividades ilícitas al comparar los ingresos de las personas con las ganancias que reportan.

Cuatro días después de que el proyecto regresara a la Comisión, Barreda presentó una nueva propuesta. El congresista señaló que en ésta se incluyen los aspectos que corren el riesgo de desaparecer en la 4326.

Barreda expone que aplicar la Ley sólo a extranjeros y dejar fuera a los guatemaltecos y las offshore del alcance de la ley es “quitarle los dientes”, y no le permitiría al país salir de la lista de la OCDE.

“No hemos sabido de casos de bandas de sicarios integradas por miembros de la SAT o la Superintendencia de Bancos”, expone el congresista para explicar que no hay riesgo en la seguridad con que estas dos entidades tengan acceso a la información delas cuentas bancarias.

El diputado de la UNE acepta que debe haber orden de juez competente y aclara que este era un tema que no se había cuestionado. También señala que si se desea poner sanciones a quien divulgue información privada sobre el tema, se puede agregar en la iniciativa, aunque la Ley de Acceso a la Información ya establece penas de cinco a ocho años, más multas, para quienes difundan datos protegidos por la normativa sin contar con la autorización necesaria.

De momento, la Comisión de Economía está a la espera de recibir nuevamente la iniciativa. Seidner explica que se esperará a que vengan los técnicos de la OCDE en septiembre próximo, pues “hay mucha especulación con respecto a lo que esta entidad plantea”. Esto significa que las aspiraciones de eliminar el secreto bancario se vuelven a ver postergadas y el plazo para contar con su aprobación es de nuevo indefinido.