Bicentenario: Los pasados presentes en Guatemala y los futuros que esperan

« Hablamos con nosotros, miramos hacia dentro nuestro y miramos nuestra historia: vimos a nuestros padres con la furia en las manos, vimos que no todo nos había sido quitado […] y vimos, hermanos, que era dignidad todo lo que teníamos, y vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado [...] y volvió la dignidad a habitar en nuestro corazón, y fuimos nuevos todavía, y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos todavía y nos llamaron otra vez, a la dignidad, a la lucha».

Comité Clandestino Revolucionario Indígena (Chiapas, 1994).

Esta semana se cumplieron 200 años desde que un grupo de miembros de la élite criolla, funcionarios españoles, sacerdotes y aliados decidieran firmar la separación política de España. Dejaron en el tintero la posibilidad de una anexión a México, que al final sí se realizó. Fieles a sus estrategias de conservación de grupo, se adelantaron a una serie de movimientos y trayectorias sociopolíticas de diferentes actores no solo en lo que hoy es Guatemala, sino en el resto de Centroamérica y Chiapas, y que probablemente hubiera puesto en riesgo su hegemonía y poder económico en la región.

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Este suceso, sin la parafernalia nacionalista que después se añadió (como la imagen de Dolores Bedoya de Molina animando marimbas frente al Real Palacio) es lo que ahora conocemos como «independencia patria», el 15 de septiembre de 1821.

Lo que sucedió aquel día, desde la historiografía nacionalista, marcó un quiebre con el pasado colonial y precolonial e, implícitamente, con la capacidad de pensamiento y acción de los grupos subalternos de entonces (buena parte de los indígenas y las denominadas «castas»).

Además, supuso la cancelación discursiva de todos los proyectos alternativos que existían entonces, un proceso que tomó décadas y aún no finaliza. Proyectos provenientes desde otras élites regionales (como las de Quetzaltenango y Chiquimula), comunidades indígenas económica y demográficamente poderosas (como los k’iche’ occidentales), o contextos multiétnicos económica y militarmente influyentes (como la región de la Montaña entre Santa Rosa, Jalapa y el oriente del actual departamento de Guatemala).

Sin embargo, un Estado débil, autoritario y carente de legitimidad, sumado a la organización local y regional, el peso económico y demográfico de comunidades indígenas y ladinas, ha evitado la concreción final de Guatemala como un Estado-nación en toda regla, entendido esto como la relación entre instituciones burocráticas estatales y una identidad colectiva propia.

200 años después Guatemala es la maltrecha, pero beligerante, inercia de los intentos de las minorías blancas y de la élite para imponer su idea de sociedad y Estado. Este nacionalismo también ha sido interiorizado por amplios segmentos de la población, sobre todo por las oportunidades de ascenso social.

En este ensayo no pretendo mostrar historia detallada, sino señalar algunos puntos y trayectorias de futuros que hace 200 años se veían posibles y que fueron cancelados. Y, sobre todo, resaltar el hecho de que Guatemala no es el himno, el quetzal, la ceiba y demás parafernalia nacionalista que apela al sentimentalismo y la obediencia acrítica. Es una multitud de futuros que convergen y divergen, y que explica la desigualdad generalizada, el autoritarismo endémico, y buena parte de los recurrentes ciclos de violencia política que han sucedido en estos territorios en los últimos dos siglos.

¿Había futuros viables en los que se planteaban en 1821? ¿Cuánto se cancelaron las trayectorias alternativas de Estado y sociedad? ¿Es posible un, unos futuros, sociopolíticos y culturales alternativos y que aún apelan a una supuesta gesta «sin choque sangriento»?

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Lo múltiple como caos o como ventaja

A inicio del siglo XIX la Audiencia de Guatemala era todo menos un conglomerado unificado y granítico de fidelidad hacia sus élites dominantes, afincadas en la nueva ciudad de Guatemala. Ya era evidente que las élites regionales (en Ciudad Real, Quetzaltenango, Chiquimula, San Salvador, Comayagua, Granada, León, Cartago y Heredia) exigían y necesitaban nuevos y amplios márgenes de acción económica y política, pero el centralismo rampante en el ocaso del imperio español en América lo impedía.

A la vez en el último siglo se había exacerbado la tensión entre los pueblos originarios, cuya población se incrementó desde mediados del siglo XVII. Las denominadas «castas», personas de diferentes ascendencias sociales como mulatos, ladinos, «indios aladinados», etc., que habían quedado relativamente al margen de la legislación colonial y que, como los indígenas, habían aumentado su población, eran el segundo grupo más amplio y el dominante en algunas regiones.

Estos grupos comenzaron a ejercer presión sobre las comunidades indígenas y sus territorios, a lo que se sumó la corrupción en la invasión y adjudicación de tierras a criollos y españoles. A inicios del siglo XIX la situación no era armónica. Y la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808 solo aumentó el malestar y los deseos de autonomía y reforma.

Hasta inicios del siglo XVIII, en los dos primeros siglos de control colonial español, la anterior dinastía de los Habsburgo o Austrias ejerció una especie de gobierno indirecto y de múltiples alianzas con sus súbditos indígenas: gobiernos semiautónomos, títulos nobiliarios a indígenas, concesiones económicas e incluso de prácticas religiosas, entre otros.

La nueva dinastía de los Borbones llegó con las ideas de la Ilustración despótica y la noción de un gobierno centralizado colonial y de excesivos controles, así como la construcción de lo que ahora se denominaría una ciudadanía única. O, en términos más locales, abogar porque «los indios calcen a la española», como se pedía en un concurso de la Sociedad de Amigos del País a finales del siglo XVIII. Esto significa la integración económica, cultural y religiosa de los súbditos indígenas dentro de una sola forma de vivir la ciudadanía.

En contextos secundarios del imperio, como la Audiencia de Guatemala, este proceso chocaba con siglos de abandono o control relativo, sobre todo en torno a la recaudación de tributos y en el trabajo forzado a través de los repartimientos y encomiendas sobre amplias poblaciones, tanto indígenas como «castas».  Los indígenas aprovecharon para continuar sus propias trayectorias sociopolíticas y las castas para imaginar sociedades alternativas, propias.

Las élites criollas tenían la intención de continuar una forma de régimen colonial, pero en un contexto republicano, siempre basado en la jerarquización de las personas según su origen. El historiador Arturo Taracena Arriola desarrolla este tema en su estudio sobre la élite ladina y criolla de Quetzaltenango, «Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena», mostrando cómo el regionalismo altense fue el que finalmente alimentó al guatemalteco posterior a 1871, fusionando además a las élites criollas con las emergentes ladinas. Pero esta situación, más que algo propio del altiplano occidental guatemalteco, era generalizado.

Durante el siglo XVIII hubo un cambio de perspectiva desde la metrópoli colonial respecto a cómo relacionarse con sus colonias de ultramar y con los súbditos que en ellas vivían. Desde el siglo XVI los pueblos originarios sufrieron una caída demográfica fuerte por guerras, hambrunas y esclavitud, pero, sobre todo, por las epidemias importadas por los europeos y esclavos africanos. Perdieron sus instituciones sociales más amplias y poderosas, como los huey altepetl en el centro de México o los winaq en el altiplano maya, el equivalente a «Estados».

Con la reorganización territorial, económica y religiosa, a través del proceso de «reducción a pueblos», aprovecharon las ventanas de oportunidad de la nueva realidad en los ámbitos religioso, económico, legal y político, negociaron mejores condiciones o se aliaron con los europeos. Así sucedió en Tlaxcala o con los k’iche’ occidentales. También incorporaron y utilizaron el sistema legal y económico para sacar ventajas, como las élites de Sacapulas y de Tecpán Guatemala.

La reconfiguración colonial no estuvo exenta de injusticias e ilegalidades, pero permitió amplios márgenes de acción y agencia para los pueblos originarios. Sumado al hecho de que los europeos reorganizaron antiguas formas de organización social indígenas, como el chinamit o el amaq’. A su favor, les proveyó a estas sociedades formas de continuar con procesos antiguos.

También permitió reformular sus sociedades bajo el régimen colonial e imaginar futuros más allá del pasado precolonial y del presente colonial, pero ligados con fuerza a sus orígenes antes del siglo XVI.

La realidad colonial permitió el surgimiento de un tercer grupo social: las «castas», un término que en realidad englobaba un universo de identidades de todo tipo (étnicas, familiares, regionales, económicas, etc.) y que no eran ni criollos (es decir, españoles americanos), ni españoles ibéricos, ni miembros de los pueblos originarios.

Quedaban relativamente al margen de la legislación colonial, que muchas veces utilizó el supuesto excedente de tierras indígenas para fundar «valles» de castas. También  fueron ocupando espacios vacíos dada la crisis demográfica de los primeros dos siglos coloniales.

Procesos complejos y variados de alianzas, enfrentamientos y distanciamientos de estos grupos respecto a poblaciones indígenas y el gobierno colonial impiden dar una caracterización total de las «castas» en los extremos antiindígenas o subalternos aliados a los pueblos originarios (o «en resistencia» total frente al sistema imperante).

Hay estudios muy importantes, como los de Jorge González Alzate sobre Quetzaltenango o Isabel Rodas y Edgar Esquit sobre Patzicía y sus alrededores. Pero hacen falta investigaciones específicas a nivel local y regional para comprender el surgimiento en el siglo XIX de lo ladino y su impacto en la construcción del naciente Estado republicano, así como en todos los proyectos alternativos por entonces.

A inicios del siglo XIX existía una serie de trayectorias, al menos sociales, que se entrelazaban y distanciaban del agonizante y reformista régimen colonial español. Las guerras y rebeliones indígenas, que pasaron de exigencias por mejores condiciones a ensayos autonómicos durante el siglo XVIII e inicios del XIX, comenzaban a plantear horizontes poscoloniales que no implicaban autonomías totales, pero sí un cambio en la correlación de poder entre todos los actores.

Se visualizaba en el medio y largo plazo la construcción de territorios confederados o federados, de liderazgos múltiples y centros económicos fuertes en diferentes regiones, contrario al centralismo de las élites criollas y emergentes ladinas en la ciudad de Guatemala y otros centros urbanos.

Eventos como la revuelta de 1785 en Quetzaltenango, una alianza interétnica entre k’iche’, mam, ladinos y algunos criollos locales, mostró al régimen y a sus élites los riesgos inminentes de la alianza entre grupos supuestamente antagónicos frente a un enemigo común. El carácter subalterno frente a la Corona, sus funcionarios y sus élites criollas (y algunas ladinas), comenzó a ser más fuerte que las cotidianas expresiones de subordinación mediadas por aspectos económicos, étnicos o religiosos.

Lo masivo y regional del ensayo autonómico de 1820 entre los k’iche’ de San Miguel Totonicapán y sus alrededores fue otro recordatorio del poder económico, político y territorial a nivel regional que algunos grupos podían llegar a convocar y, eventualmente, hacer realidad de manera exitosa frente a otros poderes más amplios. Y esto era inconcebible y peligroso para las élites criollas de la ciudad de Guatemala y sus ansias de mayor poder económico y político, ya sin el control de la metrópoli española.

De allí que los miembros de élite reunidos en el Real Palacio el 15 de septiembre de 1821 abogaran por la salida conservadora y a su favor: decretar el final del régimen colonial y a la vez la continuación de sus realidades, antes de que los actores subalternos y sus variados proyectos de futuros sociopolíticos lo llegaran a hacer «de hecho» y destruyeran tres siglos de «derechos de conquista», de rentismo económico y de hegemonía discursiva y militar.

Lo múltiple era lo peligroso. Lo único y dado «por derecho de nacimiento» era lo único válido para estas élites. ¿En qué consistían estos futuros que, después de 1821, entraron en franco rumbo de colisión con los proyectos de las élites criollas y ladinas?

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Xinka, castas, mayas y la defensa de lo local y regional

Después del breve período de anexión a México que terminó en 1823, el deseo de muchos en lo que fue la Audiencia de Guatemala fue conformar la República Federal, que descentralizara y minara el poder las élites criollas y algunas ladinas, la mayoría centradas en la Ciudad de Guatemala. Veían en este proyecto la posibilidad de mantener a la región como la unidad sociopolítica que tuvo en los últimos tres siglos.

Los dos bandos resultantes, centralistas y federalistas, que no podían clasificarse como conservadores en el sentido del siglo XIX, se disputaron el poder de manera más o menos alterna entre 1823 y 1839, época en que la República Federal existió.

Ahora la unidad federal centroamericana todavía es un ideal para muchos grupos progresistas en el istmo. Ha estado por concretarse en varios momentos: 1885, 1921, o el ensayo del Mercado Común Centroamericano a partir de la década de 1960. Pero como tal dejó de existir al iniciar la década de 1840.

Además, muchos de estos grupos han pasado por alto las otras alternativas sociopolíticas de grupos subalternos indígenas y no-indígenas que existían en 1821 y que han surgido desde entonces. El ideal federal centroamericano fue y sigue siendo un proyecto «desde arriba», tutelar y, aunque descentralizador, profundamente elitista.

Varios grupos subalternos aprovecharon la ventana de oportunidad de la descentralización federal para avanzar propuestas, a veces sin buscarlo. Algunos de ellos, y contra todo pronóstico lograron materializar su modelo.

Como mucho del contexto latinoamericano de entonces, el Estado de Guatemala debió enfrentarse a la disyuntiva de ser una prolongación republicana de muchos de los privilegios estamentales coloniales, o constituirse en una república moderna y democrática, siguiendo los modelos europeos y estadounidense. Al menos hasta finales de la década de 1830 el resultado fue una combinación.

Mientras federalistas y centralistas disputaban el control de la naciente República Federal, a nivel local y regional se gestaban organizaciones de todo tipo que buscaban materializar sus propuestas sociopolíticas.

Los primeros cincuenta años después de la separación de España fueron el crisol perfecto para la lucha entre diferentes formas de concebir el o los Estados  y las naciones en Guatemala, e incluso varias de estas propuestas se alternaron. No fue de forma pacífica. En términos militares, económicos y discursivos, la hegemonía de la ciudad de Guatemala no era tan fuerte para imponerse en todo el territorio.

Estudios como los de Arturo Taracena Arriola, René Reeves Reeves o Ralph Lee Woodward sobre el período demuestran esta fragilidad y por qué esta época fue quizás la mejor ventana de oportunidad histórica para construir modelos alternativos a la mera inercia colonial en tiempos republicanos.

Pero las personas que tomaron decisiones no podían prever el futuro de la manera en que sucedió y que nosotros lo analizamos en retrospectiva. Entonces como ahora, la existencia o no de «ventanas de oportunidad» para grandes cambios sociopolíticos no siempre son tan claras. La discusión y la acción en un presente determinado son, en todo caso, un elemento clave para su existencia y posibilidad.

Las élites criollo-ladinas quetzaltecas aprovecharon la preeminencia que su ciudad y región adquirió con más fuerza desde el siglo XVIII para apuntalar un largo deseo separatista regional de Guatemala. La revuelta de 1785 y el ensayo autonómico de 1820, más otras grandes revueltas regionales, fueron un recordatorio constante para estos grupos de que no contaban con el apoyo de la mayoría indígena en su región. Además, en el área de Quetzaltenango y Totonicapán las comunidades indígenas (k’iche’ sobre todo) contaban con pequeños y medianos propietarios, comerciantes y manufactureros, un poder económico que no podía ser ignorado.

Aprovechando el descalabro en el Estado de Guatemala y la animadversión del presidente federal, Francisco Morazán, contra las élites de la ciudad de Guatemala, en 1838 declararon la conformación de su Estado, miembro de la federación. Al igual que ahora una amplia crisis estatal-institucional, peleas entre las élites y una epidemia de cólera crearon el contexto perfecto para transformar el Estado.

Simultáneamente a la creación del Estado de Los Altos surgió la denominada «Rebelión de la Montaña», una amplia alianza de pequeños y medianos propietarios xinka, ladinos, mulatos y criollos de la región que ahora es el oriente del departamento de Guatemala, el occidente de Jalapa y el norte de Santa Rosa. Un lugar probablemente tan rica como Los Altos, aunque con relaciones interétnicas muy diferentes.

Además, en La Montaña la población estaba fuertemente militarizada, lo que no solo les proveyó de las armas necesarias sino de la cohesión regional para construir y sostener un esfuerzo de guerra y un proyecto alternativo de Estado-nación.

Al mando de los montañeses estaba Rafael Carrera, un mestizo indígena nacido en las zonas marginales de la ciudad de Guatemala y que había emigrado a la región. Se casó con la hija de un importante hacendado local y se dedicó a labores de ganadería, comercio y agricultura.

Detrás de Carrera estaba una serie de mandos regionales, hacendados medianos y pequeños y sacerdotes católicos. La caricaturización que se ha hecho después de 1871 de los montañeses, su guerra y su gobierno se debe, en parte, al prejuicio construido desde antes en torno a La Montaña: una región de promiscuidad, poco respeto a la religión y al orden colonial y estatal, pero simultáneamente un área de reclutamiento de milicianos y económicamente próspera.

A diferencia del altiplano occidental, en La Montaña las poblaciones originarias (xinka, poqomam y náhuatl centroamericano) conservaron mucha de su influencia política y económica a través de la transformación radical de sus elementos culturales más característicos como el idioma, la organización propia y la vestimenta. Por eso la región era considerada «mestiza», aunque un análisis más riguroso siempre destaca las múltiples y fundamentales diferencias culturales internas, que entonces como ahora han actuado más en alianza que probablemente en cualquier otra región del país.

Mientras el Estado de Los Altos y las élites capitalinas abogaban por una ladinización del país que a la vez integrara y excluyera a las mayorías indígenas, para una mejor expropiación y explotación, la propuesta de La Montaña era modernizar el país a través de complejos mecanismos que respetaran buena parte de la lógica de los Hasburgo. Negociaba su incipiente poder y legitimidad como modelo estatal a través de la concesión e integración de elementos locales y regionales dentro del ordenamiento más general. O, como se diría ahora, más una «pequeña federación» con pluralismo jurídico, que un gobierno centralizado y con un único sistema legal.

Carrera y los montañeses abogaron por el «respeto a la tradición», que no era solo la religión sino también el ordenamiento colonial que, aunque tutelar y expoliador, daba grandes ventajas a las comunidades indígenas. Eso, y el contexto particular, provocó gran adhesión a su movimiento.

Después de unas primeras derrotas en 1839 lograron tomar la ciudad de Guatemala. Carrera, entonces de 24 años, colocó durante varios años a gobernantes sin mucha autonomía y así mantuvo el mando del poder estatal.

Este movimiento se enfrentó al poder federal de Morazán e intentó retomar el Estado de Los Altos. En una serie de movimientos estratégicos entre finales de 1839 e inicios de 1840, sumado a la crisis del Estado de Los Altos y a la rebelión en su territorio, los montañeses no solo derrotaron a Morazán y sepultaron a la República Federal, sino que tomaron Quetzaltenango dos veces. Contrario a la construcción regionalista posterior, contó con el amplio y masivo apoyo de las poblaciones indígenas de la región, incluyendo a la poderosa élite k’iche’. Es importante resaltar que los xinka y los k’iche’ que apoyaron a Carrera eran pequeños y medianos propietarios, milicianos algunos (algo que ha trabajado a detalle Juan Carlos Sarazúa Pérez), por lo que contaban con apoyos económicos y militares de importancia.

Desde ese momento y hasta 1871 se construyó un modelo de Estado-nación muy diferente al que conocemos: basado en las Leyes de Indias (las «Dos Repúblicas», con los pueblos indígenas en semi-autonomía legal, territorial y económica, aunque tutelados por el Estado central), modernización lenta, dialogada y progresiva,[1] expropiaciones mínimas y compensaciones territoriales a los pueblos indígenas, y por supuesto la presidencia vitalicia de Carrera a partir de 1854. Durante su gobierno se dio un proceso de expropiación en algunas comunidades indígenas, aunque de una forma más lenta, no siempre exitosa, pero que fue allanando el camino a los liberales.

En el altiplano occidental había una agitación sociopolítica previa a 1821 y que continuó. La creación del Estado de Los Altos siguió el camino de las élites capitalinas de unos años antes: declarar la creación del Estado para no arriesgar sus privilegios estamentales.

Los pueblos originarios de la región, muy cohesionados a nivel interno y con una organización sociopolítica, económica y cultural fuerte, acostumbrados a lidiar con el sistema colonial y republicano temprano en formas más horizontales, continuaron avanzando sus proyectos sociopolíticos y económicos después de las últimas revueltas coloniales y el ensayo autonómico k’iche’ de 1820.

A la vez, el sentimiento autonomista y las contradicciones con los Estados federal y nacional guatemalteco se hacían patentes en las tensiones entre formas de concebir el territorio, pero también en la administración de la justicia. Estos modelos de Estado continuaron mucho después del triunfo liberal de 1871.

Hay elementos que demuestran el grado de agencia sociopolítica, cultural y económica de estas comunidades, pero además su importante papel en toda la historia republicana del país, aunque se pretenda folklorizar o anular: siguieron la negociación para mantener el poder local en manos indígenas (incluso el tradicional, a pesar de que por ley se eliminó), o la creación de instituciones paralelas al Estado para propiciar la «superación del indígena», así como la conformación de industrias y un comercio a escala internacional.

Sucesos como la fallida rebelión encabezada por Momostenango en 1877, o el pronunciamiento de los principales k’iche’ de Quetzaltenango en 1894 (y la creación de la Sociedad Indígena El Adelanto), son muestra de la pluralidad de caminos y estrategias de los pueblos indígenas en este momento.

Después de perdonar la vida a toda la élite criolla capitalina, Carrera y los montañeses comenzaron a construir un Estado nacional regido por una reinterpretación de las Leyes de Indias, el pluralismo jurídico y la modernización progresiva. Estos elementos establecían las bases para construir una manera alternativa del Estado-nación que ahora conocemos: centralista, monista jurídico,  expropiador y ladinizador.  

Fue el intento más amplio de construcción de lo que ahora llamamos «Estado plurinacional», aunque centrado en el caudillo Carrera y alejado del ideal de los grupos subalternos. Este modelo contrastaba con el de las élites capitalinas, pero sobre todo con el de las élites criollas y ladinas de Quetzaltenango, que en dos ocasiones perdieron su Estado, pero que al final comprendieron que su ideal pasaba por tomar toda Guatemala, no solo su región. De allí que 1871 es, como ha detallado ya Arturo Taracena Arriola y otros, el triunfo final de los ideales altenses, pero a escala nacional.

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Futuros limitados, futuros contradictorios, futuros cambiantes

Ni las «castas» coloniales ni los pueblos originarios vivían en aislamiento total de la sociedad colonial y republicana temprana. Podían ejercer amplios grados de autonomía, como los q’eqchi’ que huían a la región de Los Copones, al sureste de Ixcán, a crear enclaves comunitarios durante los siglos XVIII y XIX, pero siempre estaban en contacto con las comunidades y sociedades más «occidentalizadas».

A la vez las poblaciones del altiplano, boca costa, oriente y buena parte de la Verapaz estaban en constante interacción. Por eso varias de estas comunidades recibían las noticias llegadas de la metrópoli colonial mucho antes que la ciudad de Guatemala y tomaban decisiones. Un ejemplo célebre es la negativa de grandes poblaciones K’iche’ occidentales a pagar tributos a partir de la década de 1810.

Los futuros que comenzaron a enfrentarse con mayor fuerza a partir de 1821 han sufrido transformaciones fundamentales en los dos siglos siguientes. Muchos de ellos desaparecieron, como el sueño federal centroamericano o el «blanqueamiento» total de la población indígena y ladina guatemalteca, que ha demostrado su fracaso una y otra vez. Otros corrieron con la misma suerte, como el malogrado proyecto de colonización belga y británica de la región cálida de la Verapaz en la década de 1830, o la ciudadanía diferenciada de los liberales, o la ladinización revolucionaria a partir de 1944, o el exterminio masivo de comunidades enteras en el último cuarto del siglo XX.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos futuros, cuando ha llegado a triunfar, se ha constituido en el único y en una versión pura, en la práctica, de su propio discurso. En todos los casos han debido negociar: Carrera con las élites capitalinas y con las comunidades indígenas o cafetaleros incipientes, los liberales con las comunidades indígenas más poderosas, la Revolución con los campesinos frente a las élites locales, las élites nacionales con el Ejército durante lo más álgido de la guerra, las élites nacionales con el crimen organizado para destruir a la Cicig y coaccionar a la ciudadanía y comunidades indígenas en los últimos años.

También negociaron los grupos desde la subalternidad, sean estos movimientos sociales o comunidades. Y esto no niega la violencia endémica del Estado, pero sí la sitúa en contextos cambiantes.

De todos los proyectos alternativos sociopolíticos, culturales y económicos en Guatemala, las comunidades indígenas son los más fuertes y evidentes. Los mayas del altiplano occidental, particularmente los k’iche’ occidentales, han construido trayectorias paralelas en los ámbitos económicos, políticos, culturales y espirituales.

Han negociado y enfrentado al Estado y a otros futuros alternativos: negociado por las alcaldías indígenas bajo las dictaduras liberales de finales del siglo XIX e inicios del XX, por incluir el servicio militar y el magisterio como mecanismos de prestigio social y ascenso económico. Se han enfrentado contra las políticas económicas y de legislación relacionadas con el agua, en 2005, o las reformas magisteriales en 2012. También lo han hecho frente a otros proyectos alternativos, como la alternancia o no de pertenecer a los movimientos revolucionarios armados de la segunda mitad del siglo XX.

Crear su propuestas e implementarlas es otro elemento clave que muestran la vigencia de los futuros alternativos de Estado y sociedad en estas comunidades: el Estado plurinacional, el movimiento maya, la espiritualidad maya y la reconstitución de alcaldías indígenas en muchas partes son ejemplos.

En otros casos, el desarraigo finquero ha creado movimientos campesinos y obreros de amplio vigor, conformados por indígenas y por ladinos, lo que muestra la vigencia de un horizonte interétnico futuro, de múltiples matices, desde la subordinación de lo cultural frente a lo económico, hasta la plurinacionalidad.

El largo régimen finquero también provocó que en algunos lugares, como en Campur, Alta Verapaz, se diera una revuelta antifinquera en la década de 1890. En toda la región q’eqchi’ los alemanes perfeccionaran un sistema de trabajo que «volvía propias» a las comunidades indígenas, un proceso de desarraigo tan potente cuyas secuelas aún se ven.

Otras comunidades, como los mestizos y xinka del suroriente han visto su transformación de actores secundarios en el escenario nacional, sobre todo con los liberales y el auge cafetalero, a una reconstitución en torno a su identidad, un fenómeno más reciente pero que demuestra los vaivenes de los modelos alternativos de sociedad en el largo plazo, un fenómeno que la necesidad de actuación inmediata y de respuestas aplicables en un presente en constante crisis tienden a pasar por alto.

Los ladinos, sin una organización ni elementos culturales comunitarios fuertes, han oscilado entre su identificación con el Estado nacional de las élites altenses y capitalinas, o la conformación de movimientos obreros, campesinos, estudiantiles y sociales. Y, contrario a mucho de lo que se asume en las crisis actuales, los ladinos capitalinos han tenido papeles fundamentales en buena parte de los grandes sucesos sociopolíticos de los últimos cien años, como el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera en 1920, la Revolución de 1944, la guerra civil del último tercio del siglo XX, o los movimientos surgidos a partir de 2015.

Pero, sobre todo, estos movimientos han sido y son contradictorios. La contradicción no significa quiebre, sino pluralidad de posturas. De allí que esta pluralidad interna pueda desembocar en desacuerdos, paternalismos, posturas racistas, quiebres inminentes, o enriquecer los proyectos.

El proyecto nacional altense, devenido en guatemalteco a partir de 1871, apeló por una ciudadanía, un Estado y una identidad únicas, y muchos indígenas y ladinos se han identificado y dejado de identificar con ella en el último siglo y medio. Esto ha significado alianza y choque con otros proyectos alternativos de Estado y nación. Por ejemplo las discusiones sobre los derechos de los pueblos indígenas en 1999, sobre el uso de banderas y símbolos patrios en los movimientos a partir de 2015, o sobre el pluralismo jurídico en 2016 y 2017.

La mera existencia de estas discusiones demuestra el arraigo del imaginario liberal decimonónico en el presente (y buena parte de su éxito a nivel estatal y social) y sus límites como proyecto unificador de la pluralidad de identidades etnolingüísticas, locales, regionales, políticas y nacionales en Guatemala.

Mientras los proyectos alternativos al Estado-nación guatemalteco han continuado transformándose desde el siglo XIX, el Estado nacional se ve y se reproduce a sí mismo como una unidad granítica y atemporal: entre más tiempo pase sin cambios, es mejor.

En muchos sentidos, Guatemala parece congelada en el siglo XIX o más atrás, y no por las tradiciones y formas de organización de muchas comunidades indígenas, sino por su Estado e ideal de nación, anquilosados en una idea autoritaria, paternalista, racista y expropiataria que, al igual que buena parte de la élite criolla, aún se apela al «derecho de conquista» (o al «derecho de victoria», la de 1871), para ejercer su legitimidad.

Pero la legitimidad, hegemonía y el arraigo de los proyectos sociales de larga escala no se basan en su rigidez, sino en cuánto responden a sus miembros, a sus cambios, continuidades y expectativas. En este sentido, todos los proyectos alternativos de sociedad y Estado en Guatemala van por delante del Estado y la nación mismos, en tanto que su capacidad de concebir futuros colectivos e instituciones que hagan justicia y representen a la pluralidad de formas de identidad, de producción, de creencias y de vivir en estos territorios.

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Futuros cancelados, futuros abiertos

La narrativa nacionalista y estatal guatemalteca nos indica que cualquier alternativa al sistema debe ser una continuidad de sí mismo. Al estilo de las élites capitalinas en 1821, o de las altenses en 1838, los individuos y grupos dominantes actuales piensan el futuro como un cambio de antiguos ropajes por nuevos, pero sin que las personas o las condiciones se transformen. Y, todo esto, siempre antes de que el pueblo «lo proclamase de hecho», como reza el primer artículo del acta de la independencia en 1821.

La construcción del nacionalismo guatemalteco apela a una idea de unicidad cultural, política, legal, económica e ideológica de todo el país, a contrapelo de la evidencia cotidiana que muestra una pluralidad de nacionalidades, identidades y futuros más allá de la ceiba, la monja blanca o el himno nacional. Antes ese nacionalismo lo reproducía y masificaba el magisterio y el Ejército, ahora lo hacen influencers y publicistas encargados de marketing de empresas «100 % chapinas».

Irónicamente parece que los únicos futuros que fueron cancelados a partir de 1821 fueron los de otras élites regionales, a excepción de la altense, mientras los de los grupos subalternos continúan vigentes. Momentos históricos ahora vistos como excepcionales, como el largo gobierno de Carrera entre 1939 y 1865 o la Revolución entre 1944 y 1954, marcaron buena parte de las pautas que deberían de seguir las formas de convivencia social y estatal en Guatemala: alianzas interétnicas lo más horizontales posibles, eliminación de privilegios estamentales coloniales y republicanos, institucionalidad múltiple, reconocimiento de las diferencias, democracias plenas, acuerdos regionales y nacionales, economías múltiples y abiertas, seguridad social, entre otros.

En ambos momentos algunos de estos elementos se realizaron, no sin contradicciones, no sin cuestionamientos y oposiciones. Las transformaciones de gran calado han requerido movimientos amplios, plurales, masivos y de fuerza económica y armada. En estos dos siglos solo durante 40 años se vivieron esos modelos alternativos y en 15 años el modelo federal centroamericano.

En el tiempo restante, unos 150 años, se ha vivido el modelo centralizado, caudillista, monista, eugenésico, autoritario y expropiador. Y buena parte de su éxito es porque sirve de ascenso social de individuos y grupos subalternos a nivel local y regional, tanto indígenas como ladinos. A tal punto que la élite actual es una combinación de aquella criolla con extranjeros y también algunos ladinos «blanqueados». Llamarlos «criollos» no es una referencia a una continuidad «étnica» o «familiar» desde el siglo XVI, sino porque reproducen buena parte de las lógicas estamentales del período colonial.

El carácter interétnico, entre diversas formas de subalternidades para decirlo de otra forma, ha sido el elemento clave de todos los proyectos alternativos. Frente a la unicidad y la retórica de la «verdadera historia», «blanca» además, ha existido la pluralidad de expresiones indígenas, ladinas y de otras formas de identidades, que en los momentos de transformaciones más importantes se han aliado entre sí.

Sucedió en el contexto previo a 1821, durante la Rebelión de La Montaña y la destrucción del Estado de Los Altos, también entre 1870 y 1871 y entre 1947 y 1954, y durante la guerra del último tercio del siglo XX, particularmente entre 1975 y 1985. Estaba en proceso de gestarse en 1820 y 1877. En muchas ocasiones estos proyectos alternativos han visto su futuro, aunque general, como algo emanado desde sí mismos y para sí mismos. Pero cuando se transforman los contextos y se abren «ventanas de oportunidad» históricas, también surgen transformaciones en los siempre cambiantes proyectos alternativos.

Recientemente hemos visto algo de ello. En 2015 se pasó de una relativa separación entre proyectos, algunos incluso «reformistas» y fieles a la retórica nacionalista del Estado guatemalteco, a un progresivo entendimiento entre proyectos y la constatación de puntos comunes de encuentro y alianza. En esas estaban hasta llegar a  2020 y 2021 con una epidemia global, una crisis institucional local y climática global, que amenazan con destruir no solo a la pluralidad del país, sino a la humanidad misma.

Al igual que entre 1837 y 1840 y como no sucedía en tal escala y con esas características desde entonces, se comienza a gestar alianzas interétnicas y entre subalternidades para construir proyectos alternativos para naciones y sociedades plurales, múltiples, que terminen de una vez por todas con la inercia colonial y liberal.

Como en el pasado, grupos disidentes y progresistas de las élites, acallados por su grupo, se han sumado.

Pero nada está decidido todavía y es complicado y peligroso apuntalar algún escenario, sobre todo de manera pública. Una evidencia más de lo profundo y arraigado que está el carácter autoritario de esta forma particular de Estado y nación que es Guatemala.

A 200 años de la temerosa, pusilánime y casi con nocturnidad declaración de independencia política de las élites de Guatemala, estos territorios y proyectos de sociedades y naciones enfrentan amenazas políticas, económicas, culturales y de vida como pocas veces ha sucedido. Y, así como entonces, «fuimos esperados en la tierra», tal y como indica el célebre aforismo de Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia.

Nada más somos un eslabón en la larga cadena de victorias y derrotas por mundos mejores. Y su idea y concreción ya han existido y seguirán después de nosotros. Igual que nuestros antepasados, igual que quienes vendrán después.

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