200 años después la historia nos hace dudar si debemos festejar

Guatemala no ha tenido suerte para conmemorar los centenarios de su independencia. En 1921 el país se recuperaba de la devastación por los terremotos de 1917 y 1918, y vivía una transición tras el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera en 1920. En 2021 llevamos más de un año sufriendo la pandemia de COVID19, que ha agudizado las profundas carencias del sector público y dado lugar a hechos que agravan la situación política, tan tensa en años recientes. La pandemia ha debilitado la calidad democrática y la garantía de los derechos fundamentales a nivel mundial. Guatemala y Centroamérica no han sido la excepción.

Esta situación no invita a celebrar. Las formas y gastos con que el Gobierno pretendía hacerlo son inapropiados en el contexto. Algunos rechazan radicalmente conmemorar un hecho que, a su criterio, no es sino el inicio de un Estado que por 200 años ha sido incapaz de garantizar los derechos de toda la población, incluso negándolos y violándolos. Otros adoptan posturas quizá más equilibradas, algunas apologéticas, sin que falten otras superficiales o facilonas.

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Aunque levanten polémica –y acaso precisamente porque lo hacen–, estas conmemoraciones son oportunidades de aprender, reflexionar, discutir, evaluar, con mente crítica y abierta.

¿Fuimos colonia?

Una discusión es si Guatemala fue o no colonia. Desde una perspectiva, el Estado-nación es un concepto más reciente que la época llamada colonial. Se refiere a una entidad política basada en el derecho al autogobierno de una comunidad que comparte una identidad colectiva. Esa identidad suele basarse en el idioma, la historia, la etnicidad, la cultura o el territorio.

En cambio, el territorio llamado Reino de Guatemala fue uno de los reinos que integraron la Monarquía Hispánica, en posesión de la Corona de Castilla. Los conceptos políticos que la fundamentaban eran distintos a los del Estado-nación. Hispanoamérica era una realidad multiétnica. Guatemala aún lo es. No fue sino hasta 1812, con la Constitución de Cádiz, que se trató de definir una nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios».

Aunque los movimientos independentistas presentaron a España como potencia extranjera y entonces ya se manejaban conceptos modernos de nacionalidad, durante los siglos anteriores la Monarquía Hispánica fue un ente no nacional, que concebía el poder radicado en la comunidad cristiana, la cual elegía un rey para administrarlo. Estas ideas provenían del llamado pactismo que fundamentó las coronas españolas medievales.

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Los españoles que llegaron a América no se consideraron colonos, es decir, trabajadores de tierras por las que pagaban renta, sino conquistadores, vecinos, pobladores.

Severo Martínez Peláez, muy influyente en la interpretación del periodo colonial guatemalteco, explicaba que «una sociedad vive una situación colonial cuando es gobernada en función de los intereses económicos de las clases dominantes de una sociedad extraña». Esta noción es más amplia, vinculada a su marco conceptual de explotación y clase social, que explícitamente parte de una ideología marxista revolucionaria.

Más recientemente, el pensamiento decolonial critica la herencia colonial entendida como un conjunto de instituciones, relaciones de poder, elementos culturales y simbólicos, debidos a que persisten relaciones desiguales surgidas de la invasión. Por ejemplo, se profundiza en la transmisión o imposición religiosa y artística, el sometimiento a trabajos forzosos y tributación, los traslados forzados, etc.

Ideas como colonia y colonialismo serán distintas según las perspectivas que las aborden. No necesariamente implican un elemento ideológico, aunque puede haberlo. Decir que Guatemala no fue colonia en sentido estricto jurídico-político no es igual a decir que no hubo colonialismo en sentido de dominación económica o cultural. Cada afirmación será debatible. Es importante tenerlo en mente, pues puede ahorrar malentendidos o discusiones desorientadas.

Las ideas políticas de la España medieval y la escolástica española no suelen evocarse entre las grandes tradiciones del pensamiento, en parte porque se acostumbra resaltar avances posteriores en filosofía política desde Inglaterra, EE.UU. y Francia. Pero es interesante acercarse a ellas. Por ejemplo, en la defensa de los indígenas hecha por Bartolomé de las Casas hay valiosas nociones sobre lo que hoy conocemos como derechos humanos.

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Pero la realidad en América con frecuencia distó mucho de reflejar los altos conceptos plasmados en la legislación. Como ejemplifica el antropólogo y etnógrafo Robert Hill en su estudio sobre el pueblo kaqchikel del siglo XVII, la colonia fue una compleja red de presiones, resistencias, adaptaciones, cambios e intercambios. Mucho de eso, en efecto, nos define hasta ahora.

Los pueblos indígenas asumen cada vez más una conciencia activa de interpretar su pasado y protagonizar su presente. Quizá todos los habitantes de este país debemos hacerlo. Nos falta mucho por aprender de nosotros mismos y de los demás.      

¿Qué ideas inspiraron la independencia?

Las interpretaciones clásicas pintan la independencia como lucha del absolutismo y despotismo de España contra los ideales de igualdad y libertad de los americanos. Pero la historia es más interesante y compleja. Algunos la interpretan como brotes aislados de una élite intelectual criolla o mestiza, como movimientos antifiscales y antiespañolistas, o como participación de masas populares y sectores dominantes.

El historiador Jorge Luján Muñoz dice que la independencia debe estudiarse como un proceso, y la proclamación del 15 de septiembre no fue su culminación. Fue minoritario y urbano, influido por realidades del campo por ser una economía agrícola. En vez de en términos de criollos y mestizos, propone examinarlo según clases sociales que tenían propósitos y expectativas diferentes. Sus orígenes son populares, luego fue dirigido por las clases altas.

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Los pueblos indígenas protagonizaron rebeliones no conectadas con el proceso independentista urbano. La más conocida es el alzamiento k’iche’ de Totonicapán en 1920. Las posturas indígenas también se fortalecieron por las Cortes de Cádiz, que abolieron el tributo cuyo cobro era uno de los motivos de lucha. De hecho, Atanasio Tzul y Lucas Akilar asumieron el poder en nombre de Fernando VII, cuyo retrato colgaron en el salón del cabildo. No era un movimiento para desligarse de España, sino contra el sistema de las élites locales.

El movimiento intelectual de la Ilustración creía en el poder de la razón humana para reorganizar la sociedad, reclamando la libertad de pensamiento frente a la intolerancia religiosa y exaltando la libertad como autonomía de la voluntad.  

La Ilustración tuvo varios efectos. Inspiró las llamadas reformas borbónicas, un conjunto de cambios administrativos y tributarios que produjeron descontento entre los criollos. Fortaleció en ellos una conciencia localista en rivalidad con los españoles peninsulares, que ocupaban muchos cargos públicos en América. La difusión del pensamiento ilustrado se benefició de la reforma educativa en la Universidad de San Carlos.

Cambió las creencias y valores de los sectores educados medios y altos, rompiendo su relativa uniformidad e introduciendo ideas de reforma social, libertad religiosa y otras. Fue un rompimiento entre una minoría con ideas modernas y una población más orientada a los valores tradicionales. Sumado a los antecedentes coloniales de intolerancia y autoritarismo, surgió una polarización que impidió consensos y sentó bases para conflictos en la región durante el resto del siglo XIX y, en cierta forma, hasta nuestros días.

En los años posteriores a la independencia, las políticas del gobierno de Mariano Gálvez provocaron el alzamiento de Rafael Carrera, que canalizó no sólo la resistencia de élites conservadoras sino los propósitos de indígenas y campesinos. Las luchas entre liberales y conservadores acabaron con el proyecto federal centroamericano.  

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El movimiento independentista estuvo ligado a las consecuencias de la invasión napoleónica de España. En ese contexto, las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución española de 1812, anulada por Fernando VII cuando retornó al trono, y puesta en vigor otra vez con un alzamiento militar en 1820.

Al amparo de las libertades garantizadas por la Constitución –como las de pensamiento y de imprenta, protección de la libertad personal y la propiedad–, en América se difundieron nuevas ideas políticas mediante tertulias y publicaciones. Las más conocidas en Guatemala son los periódicos El amigo de la patria de José Cecilio del Valle, y El editor constitucional, de Pedro Molina.

Suele decirse que representaban, respectivamente, a los partidos conservador y liberal. El historiador salvadoreño Adolfo Bonilla cuestiona esta división. Dice que se originó por una clasificación incorrecta de José Francisco Barrundia para fines propagandísticos y para atacar a rivales políticos. A criterio de Bonilla, los tradicionalmente llamados «conservadores» eran realmente liberales y republicanos moderados, mientras que los «liberales» eran absolutistas ilustrados y republicanos clásicos.

Por tanto, el debate en la época independentista no fue entre liberales y conservadores, sino entre absolutistas ilustrados, republicanos (clásicos y modernos) y liberales (incluyendo liberales desarrollistas). El absolutismo ilustrado favorecía la centralización del poder para imponer prioridades sociales y económicas. El liberalismo protegía la libertad individual bajo los conceptos de contrato social y representatividad política. En su vertiente desarrollista, admitía que el papel del gobierno no se limitaba a proteger al individuo. El republicanismo defendía la constitución mixta y las virtudes cívicas.

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El sociólogo e historiador hondureño Rolando Sierra Fonseca estima que las diferencias políticas e ideológicas originaron dos concepciones de Centroamérica. Una era pluralista, respetuosa de opiniones diferentes, de la Constitución y de las características propias de cada Estado, que procura cambios pacíficos y ordenados respetando la libertad. Otra era monista que busca cambios acelerados con expectativas utópicas, aceptando métodos absolutistas y violentos, que favorecía concentrar el poder en una élite dueña de la verdad y donde la libertad podía sacrificarse para alcanzar el progreso.

¿Qué pasó el 15 de septiembre de 1821?

Desde 1811 varios territorios de Sudamérica se declararon independientes o estaban por hacerlo. Fue a través de guerras de insurrección contra fuerzas militares españolas. En México, Agustín de Iturbide lideró un ejército que proclamaba la independencia, aunque bajo un régimen monárquico, la igualdad de derechos y defendiendo la religión católica. Quería a Centroamérica parte del imperio mexicano como lo había sido del Virreinato de Nueva España.

Este contexto permite comprender que la independencia no solo era deseable según ideales filosófico-políticos, sino conveniente o necesaria desde perspectivas más pragmáticas de intereses sectoriales, o incluso inevitable como tendencia regional.

Esa diversidad de ideas e intereses que lucharon por prevalecer después, ocasionaron guerras que acabaron con la Federación Centroamericana. No parece sencillo leer la independencia en términos de beneficio para un solo sector o clase.

El historiador y antropólogo David Hernández Gutiérrez detalla lo que sucedió el sábado 15 de septiembre de 1821. La independencia y la anexión a México eran temas que se discutían. La reunión de ese día se convocó al recibir la noticia de la declaración de independencia de Chiapas de España y de Guatemala. Se unión al proyecto de Iturbide.

Se llamó a representantes de la Audiencia y la Diputación Provincial de Guatemala, Ayuntamiento de la Nueva Guatemala de la Asunción, Iglesia Católica, Universidad de San Carlos, Consulado de Comercio, Colegio de Abogados y Cuerpos Militares. Los mismos sectores que siempre han integrado instancias, formales o no, de decisión en el país.

La reunión empezó con 53 asistentes. Al inicio la mayoría se manifestó a favor de la independencia. Luego se discutió una propuesta de José Cecilio del Valle para convocar un congreso que la oficializara y decidiera la forma de gobierno. Esto porque la sesión era capitalina. Era necesario que estuvieran representadas todas las provincias del Reino de Guatemala. Se registraron 23 votos a favor y 7 en contra. Es decir, 28 asistentes se habían retirado, quizá atemorizados por la multitud que increpaba y amenazaba a quienes no se mostraran favorables a la independencia.

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Esta multitud, como expresa el acta, estaba reunida «en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este palacio» clamando por la independencia. Fueron organizados el día anterior por Pedro Molina, Dolores Bedoya y otros correligionarios, para presionar a los asistentes a la reunión. Varios manifestantes entraron al salón donde se realizaba y exigieron declarar la independencia. Solo 13 personas firmaron el acta de independencia, pues varias ya se habían marchado. 

¿Qué significó la independencia?

Desde 1821 hubo interpretaciones distintas del sentido y alcances del acta del 15 de septiembre. Según Pedro Molina fue una verdadera y absoluta independencia, proclamada por el pueblo, incluso más allá de lo originalmente decidido por la junta, sin necesidad de ratificaciones.

En cambio, Gabino Gaínza entendió que sólo tenía efecto para la provincia de Guatemala y que no definía si Guatemala era Estado independiente o parte de México. Esto no solo porque la Capitanía General integró el Virreinato de Nueva España sino por sus aspiraciones anexionistas.

El abogado Iván Ricardo León Archila resalta el valor del acta de independencia como punto de partida de la historia constitucional guatemalteca. A su criterio, proclamar la independencia fue el primer «balbuceo» de soberanía popular por el cual el pueblo tomó y ejerció el poder de crear un nuevo Estado y decidir sobre su gobierno, aunque provisional.

En terminología jurídica, afirma que el 15 de septiembre de 1821 nació el poder constituyente originario y material, distinto del poder constituyente derivado y formal que se encarna en una Asamblea Nacional Constituyente.

En la teoría constitucional moderna, el poder constituyente originario radica en el pueblo. Una asamblea constituyente recibe, por delegación del pueblo, el mandato de formalizar una Constitución, que puede modificarse. Cita como ejemplo que las dos revoluciones inspiradoras del constitucionalismo moderno (Estados Unidos y Francia) también formalizaron sus constituciones años después de que el pueblo se proclamara titular de soberanía.

Como dijo el jurista Buenaventura Echeverría en 1944, el acta es un documento contradictorio. Dispone proclamar la independencia y hasta prestar juramento, pero a la vez convoca un congreso «que debe decidir el punto de Independencia general, absoluta y final», previendo expresamente la posibilidad de que no la acuerde.

Esta aparente ambigüedad se ha atribuido a que los llamados conservadores querían ganar tiempo para lograr la anexión a México, de donde algunos critican la propuesta de José Cecilio del Valle. Otro factor obvio es la redacción del acta bajo presión, con el propósito inmediato de calmar a los manifestantes.

Sobre esa línea puede entenderse la frase de haberse firmado «para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Para algunos se refiere concretamente a la situación que se vivió en el Palacio Real. Echeverría la consideró prueba de que la independencia contaba con respaldo popular. Estimaba que las autoridades reunidas tenían suficiente representatividad y facultad legal para proclamarla.

Otros ven la frase en el panorama más amplio de que se buscaba evitar guerras como las de Sudamérica. Esta es la lectura que hacen los historiadores Lorena Castellanos y Carlos Sabino, y el escritor Francisco Pérez de Antón, en sus recientes libros sobre el tema. Para otros, la frase evidencia un carácter elitista y antipopular.

En el acta hay constancia del apoyo de la población a la independencia. De hecho, empieza describiendo como «públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital».

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Otra cosa es discutir si en efecto se limitaba a la capital o si el grupo de manifestantes del 15 era solo una minoría organizada. Es una discusión que se mantiene todavía para interpretar manifestaciones actuales.  

Al parecer no solo el pueblo y las élites de la capital guatemalteca querían la independencia. Más aún, al conocer lo proclamado en la ciudad, las provincias se declararon independientes de España y de Guatemala. Chiapas recordó que ya eran independientes y solo reconoció al gobierno mexicano. Comayagua (Honduras) y Nicaragua se declararon independientes y se unieron a México. Costa Rica se proclamó independiente de España, de Guatemala y de Nicaragua. Solo San Salvador y algunas ciudades como Tegucigalpa (Honduras) y Granada (Nicaragua) se adhirieron al proyecto político esbozado en el acta guatemalteca.

Echeverría afirma que el acta de independencia «tiene dos puntos que la glorifican»: reconoce la voluntad soberana del pueblo como causa suficiente para su independencia, y da igualdad en el ejercicio de la soberanía popular al otorgar «ciudadanía a los originarios de África».

El primer aspecto es interesante. Por ejemplo, la declaración de independencia de EE.UU. había considerado que cuando un pueblo ve necesario tomar tal decisión, debía declarar las causas por «respeto a las opiniones de la humanidad». El acta guatemalteca, en cambio, apela a la voluntad general popular sin ofrecer justificaciones. Con esto, un pueblo tendría esa autonomía por su sola decisión, aun sin circunstancias históricas que justifiquen romper lazos políticos. Sin embargo, esto puede ser resultado de las circunstancias en que se redactó, no de una decisión consciente de reflejar una doctrina filosófica.

Las Cortes de Cádiz confirieron la ciudadanía a los indígenas. Pero «los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África” solo podían adquirirla por servicios a la patria o distinción en su talento, aplicación y conducta, cumpliendo además varios requisitos. El acta de independencia de Guatemala va más allá en ese aspecto.

Sin embargo, como señala Hernández Gutiérrez, en la práctica la independencia fue dirigida por los blancos, tanto peninsulares como criollos (en su mayoría mestizos). Los indígenas, afrodescendientes y los mestizos, que no eran parte de la élite, quedaron al margen.

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El congreso centroamericano ordenado por el acta no se reunió en la fecha prevista sino hasta 1823, luego de fracasar el proyecto imperial mexicano de Iturbide. El 1 de julio de 1823, los representantes de las Provincias Unidas del Centro de América declararon que estas «son libres e independientes de la antigua España, de Méjico y de cualquiera otra potencia así del antiguo, como del Nuevo Mundo». Con esa declaración de independencia absoluta culmina realmente la etapa independentista.

¿Hay algo que celebrar?

No pregunto aquí por celebraciones oficiales, organizadas por el gobierno con dinero público. Esas son inapropiadas en la actual situación por la pandemia de COVID19. ¿Pero será verdad que no hay nada que celebrar? Quizá en 100 años (si aún existe Guatemala) nuestros descendientes vean absurdo que hayamos discutido por eso. 

Los hechos históricos siempre pueden interpretarse de varias maneras, conforme avanzan las investigaciones, cambian los intereses, las perspectivas de análisis y las sensibilidades sociales. La historia, como cualquier campo de conocimiento, tiene debates internos que contribuyen a su avance.

Discutir esta conmemoración es valioso, siempre que nos lleve a ocuparnos en aprender más para formar criterio, y nos haga abiertos a las perspectivas ajenas.

En una columna Lionel Toriello criticó el libro de Pérez de Antón. Lo consideró un llamado desacertado a ser benevolentes y conciliatorios con las élites del siglo XIX. Sin embargo, reconoció que al autor quizá lo movía «el ascenso de esa izquierda cerril, antirrepublicana y antiliberal, (…) la cual también critica el proceso independentista».

Esto nos recuerda que los eventos históricos, sobre todo los de trascendencia política, siempre serán objeto de debate donde se mezclan perspectivas filosóficas e ideológicas, muchas veces apasionadas. Esto es normal e inevitable. Más aún si el evento se reconoce, por críticos y simpatizantes, para bien o para mal, como punto de partida de una etapa o realidad.

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Eso es parte de lo que va construyendo nuestra valoración y reevaluación del pasado y del presente. No lo podemos ni debemos evitar. Cómo abordamos esos debates también refleja la cultura política actual. No es extraño que la polarización cultural y política de nuestra época se manifieste también en este tema.

En principio, eso dice más sobre nosotros que sobre los antepasados. Pero hemos visto que ellos tampoco eran ajenos a una cultura política intolerante. Los llevó a la guerra, como a las siguientes generaciones en el siglo XX. ¿A dónde nos llevará a nosotros?

Conmemorar la independencia nos recuerda que llevamos 200 años con la capacidad de proclamar grandes y nobles ideales, pero incapaces de construir un orden político tolerante, abierto, democrático, republicano, que garantice los derechos de toda la población. Al hacerlo, nos exige preguntarnos por qué hemos fallado y cómo podemos corregir el rumbo.

También nos recuerda que si comprendemos los contextos políticos locales, regionales y globales, los intereses opuestos pueden coincidir en acuerdos básicos, con una dosis de presión popular. Quizá eso es lo que Guatemala y Centroamérica necesitan ahora.

Nos recuerda que los acuerdos no pueden ser coyunturales, sino que requieren buenos cimientos y mucha visión a futuro.

Si la independencia nos ofrece estas lecciones, quizá sí merece celebrarse.

En cien años, ¿podrán celebrar que las aprendimos?