Cuando repasamos el deber ser en la mayoría de las políticas públicas, hacemos énfasis en la necesidad de tener funcionarios de carrera, en la de tener una institucionalidad sólida, en que las políticas que se pretende implementar hayan trascendido las administraciones gubernamentales de turno, en que se tenga una agenda legislativa clara y medianamente apegada a la concepción original de los instrumentos de la misma política.
En el caso de la política económica, como mencionaba anteriormente, existen algunos circuitos cortados, pero lo bueno del comentario es que estos se hacen notar porque, en su mayoría, los requisitos de lo deseable se cumplen. Veamos. El Ministerio de Economía es el órgano rector de la mayoría de las acciones públicas en el campo económico y participa en la institucionalidad relacionada. Este ministerio fue reorganizado funcionalmente en el año 2000, y su estructura, hay que reconocerlo, responde bastante bien a lo que se espera de una institución de su tipo de cara a lo que le manda hacer la Ley del Ejecutivo y a las concepciones teóricas que desde principio de este siglo soportan el modelo económico nacional.
En la misma época en que se creó la estructura funcional actual se llevó a cabo la reclasificación de puestos y salarios para sus empleados y funcionarios, lo cual ha permitido una apreciable estabilidad de los mandos desde directores hasta abajo, con sus obvias ventajas al momento de aprovechar aspectos como las capacitaciones y especializaciones temáticas. Es un caso significativo que, al revisar la historia institucional, la alta rotación en los cargos es propia del despacho ministerial, y no de los mandos técnicos u operativos.
Las políticas relacionadas con su accionar (por ejemplo, comercio, atracción de inversiones, promoción de exportaciones, promoción de pequeñas y medianas empresas, etcétera) han trascendido de una administración gubernamental a otra con pocos ajustes desde la ultima década del siglo pasado para acá. Y la agenda legislativa para la implementación de las políticas avanza lentamente, pero no muy alejada de las concepciones originales de las leyes como instrumento de las políticas (acá podemos acotar que, probablemente, en algunos casos se debe a la correspondencia de estas con compromisos contenidos en tratados internacionales).
Hace algunos años comenté en este mismo espacio una columna de opinión escrita hace aún más años por Pablo Rodas, en la cual se decía que el Ministerio de Economía era una «brújula sin norte» que pasó de ser una oficina estatal para administrar la integración centroamericana a una para fijar precios tope, que después se centró en la negociación de tratados comerciales, y así sucesivamente, según llegaban al medio las modas y las necesidades, por lo que entonces y ahora esta institución no termina de definirse y, consecuentemente, de adoptar el liderazgo que le corresponde en la dirección del aparato económico.
Pero, sumado a lo anterior, ahora se me ocurre que ese liderazgo se debe detonar a partir de lo que en su momento también comenté en este espacio. En esa institución se debe dejar de jugar a las comiditas y, con el apoyo de los sectores económicos relevantes, hay que entrarle a reparar esos cables pelados que cortan el circuito. Como propuestas, dos para empezar. El excelente planteamiento de política económica hecho para el período 2016-2021 con el fin de generar empleo está parqueado hasta que los presupuestos nacionales eleven el nivel de inversión pública como detonante de la inversión privada. Acá es un claro prerrequisito. Y, segundo, hay que llevar adelante el proyecto de ley marco del sistema nacional de competitividad y de productividad. Si no les gusta la iniciativa 4647, ajústenla, pero no la mantengan en el congelador. Por cierto, estos dos temas requieren que el Congreso ayude a reparar los cables pelados.
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