Cabrera: “Necesitamos aumentar exponencialmente los peritos del Inacif”

Jorge Nery Cabrera, el nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), es un hombre de la casa. Hasta que asumió la dirección del Instituto, el 5 de julio, él era  jefe del área de necropsias. Fue electo en el último momento entre otros 14 aspirantes, incluyendo a la ex directora Miriam Dolores Ovalle de Monroy.

Ahora se sienta a la cabeza de la mesa de la sala de reuniones al lado de la dirección y recita de memoria las funciones del Instituto que dirige. La misión principal, dice Cabrera, es “contribuir con elementos técnico científicos que le sirven de herramienta al fiscal y al juez para poder hacer sus acusaciones o contribuir a la sentencia absolutorias o condenatorias”.

Aunque el dato no se conoce bien, se habla entre el 75 por ciento y el 95 por ciento de impunidad. Y uno se pregunta qué pruebas se presentan para que los casos no terminen en codina. ¿No hay prueba científica, técnica?

Existen tres tipos de pruebas: la testimonial, la científica y la documental. Sin embargo, está la teoría, como en Estados Unidos, de que la prueba científica es la prueba reina porque no puede ser manipulada, porque no se puede construir pruebas o indicios donde no se tienen. Las tres son importantes, las tres tienen que ser evaluadas en conjunto tomando todas las herramientas y las circunstancias de un hecho criminal. Ejemplo: el caso de los violadores de la zona 11. Se realizan pruebas de análisis genético, pero también se tienen testimonios de las víctimas. Si usó un preservativo, no vamos a encontrar ADN. ¿Dónde estará la contundencia de la prueba científica?

En el conjunto: utilización de tarjetas de crédito de las víctimas, vídeos de los recorridos de los vehículos, llamadas telefónicas…

¡Esa es la documental! Entonces, tengo A + B + C y se tiene una acusación del MP.

Claro, en una violación con más de cinco personas es muy difícil que aparezcan muestras puras de ADN.

Pueden aparecer muchas mezclas de perfiles y ponen de cuadritos la vida a un genetista porque tiene que extraer el conjunto de alelos necesarios para hacer una identificación. Así, no es una prueba la definitiva sino que es el conjunto las que pueden hacer una acusación fuerte y documentada.

¿La escena del crimen no la maneja Inacif?

No, la maneja el Ministerio Público. Por eso nosotros tenemos una relación directa con ellos. Nos trasladan los indicios para ser analizados.

¿Cómo es la relación con el MP en este sentido?

Estamos tratando de estrechar y coordinar esfuerzos. Con Claudia Paz y Paz, Fiscal General, estamos teniendo una relación más abierta y de coordinación a través de la secretaría general y la secretaría de política criminal. La coordinación es vital para nuestro funcionamiento. Hay secciones importantes que tal vez son de las más fuertes que nos envían solicitudes: fiscalía de la vida, fiscalía de la mujer, fiscalía de trata de personas, últimamente, y de narcoactividad, en el tema de los precursores. Tenemos también delitos administrativos. Creo que ahí está la importancia de estrechar lazos de coordinación, porque nosotros somos una autoridad.

¿Y el Inacif no ve la prueba documental?

En algunos caso… Pero, la prueba documental es un vídeo, una tarjeta de crédito… y si el MP necesita que sean analizados, aquí también tenemos una sección de documentoscopía, donde se verifica la veracidad de esos documentos.

Por ejemplo, ¿seguimiento de células telefónicas?

Eso de la Unidad de Métodos Especiales (UME) del MP, que por ley tiene que hacer escucha telefónica.

No hablo de escuchas sino de seguimiento de la huella electrónica de un celular. ¿Eso no lo hacen ustedes?

Eso es informática forense, pero lo hace el MP… Inacif se creó en 2007. Estamos cumpliendo cinco años tratando de integrar todos los servicios básicos de cualquier instituto de medicina legal y ciencias forenses del mundo, pero nos hacen falta algunas secciones. Por ejemplo, acústica forense, que necesita un perito especial. Este procedimiento de las llamadas necesita ser ratificado por un experto. Esperamos que con un aumento de presupuesto y con el apoyo del sistema de justicia se nos pueda dar un presupuesto acorde a las necesidades de lo que el MP exige.

Un ejemplo de la necesidad de expertos fue el caso de los diputados del Parlacen. El perito que llevó el MP para certificar el mapeo de llamadas entre los acusados fue un agente que hizo el mapeo de llamadas, pero no es un perito. ¿Quién garantiza esa prueba?

A raíz de las secciones con las que no cuenta el Inacif existe un espacio en la ley permite al MP contratar peritos externos. En cuanto a esto, creo que el MP si tiene personal o apoyo internacional. En cuanto al seguimiento de celdas telefónicas y análisis de voz, queremos implementar estos servicios, lo que sucede es que los servicios forenses son caros.

El análisis comparativo de voz es caro y a eso hay que sumar un analista que pueda hacerlo.

Eso es más caro, todavía. Se tiene que tener es programa especial y el perito para dar la certeza que se necesita en un juicio.

Usted habla de la necesidad de coordinación. Me interesa hablar de dos coordinaciones en especial. La primera, el Inacif ocupa un Sistema Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, por sus siglas en inglés).

Existe un servidor que lo tiene el ministerio de Gobernación y el Inacif tiene una base de alimentación de datos. Alimentamos con los análisis que realizamos. Ahora bien, obviamente, es importantísimo compartir las bases de datos con todo el mundo pero no podemos hacer más allá de lo que la ley nos permite.

No sería más fácil para una investigación tener la base de datos con las huellas digitales del sistema judicial, de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Registro Nacional de las Personas (Renap)…

… Por supuesto y esos convenios se pueden realizar. Hay mucho apoyo de Estados Unidos y del MP.

¿Sería viable pedirle al OJ que toda la gente que está actualmente en las cárceles pase por el AFIS?

Sería prudente que toda persona que ingresa al sistema penitenciario sea registrada en el sistema de identificación. No solamente a los reclusos, sino también a los funcionarios, los peritos y los fiscales, porque ellos van a escena de crimen. A veces encontramos dos o tres perfiles y resulta que es de un funcionario por contaminación.

No me deja de parecer un desperdicio no tener una sola gran base de huellas digitales que permita la identificación más expedita de una persona.

El problema también es que hay personas que no se han registrado nunca en un registro general civil. Se ha tenido personas fallecidas que no están registradas en ningún lado. Y por el mejor AFIS que tengamos, no van a aparecer nunca. Esa es parte de nuestra cultura guatemalteca.

Veamos a otra base de datos. Me llama la atención el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés). ¿Tienen acceso al registro de armas de Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam)?

No, no tenemos. Tenemos el registro de las armas que son solicitadas a través del MP. Cuando es requerido, para hacer una comparación, se solicita la huella balística al Digecam para poder compararla y lo que nos detiene es la propia ley, que no nos permite actuar de oficio, sino que es a través de una solicitud del MP. Esa es de las coordinaciones que estamos pendientes de realizar con el MP y Digecam.

Hablo de nuevo de lo expedito de una investigación. Por ejemplo, en una investigación se recogen casquillos y proyectiles que vienen a dar al Inacif y luego tiene que solicitar la huella balística a Digecam para descartar que sea un arma registrada. En ese tiempo entre solicitudes y respuestas se puede haber fugado un delincuente.

Eso por la ley. Habría que modificar la ley para poder hacerlo. Incluso, algunas personas dicen que no es posible que los militares sigan manejando el Digecam, que quieren una modificación para que sea el Minigob quien lo maneje y comparta a la huella balística directamente en una base de datos como la que idealmente deberíamos de tener. Esas son las coordinaciones que tenemos que hacer y creo que estamos en el tiempo indicado para hacerlo con el IBIS, el AFIS y el CODIS.

Hablemos del CODIS, de la base de datos de ADN.

Tenemos que compartirla. ¿Quiénes más tienen bases de datos de ADN? La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) tiene la base más grande. Sería de entrar en un tipo de coordinación o convenio para que el MP tenga acceso a ellas.

Si yo tengo un cuerpo XX y un arma disparada, la someto a todos los exámenes y lo que puedo encontrarme si no tengo a mi disposición los datos registrados en las bases son sólo limitantes. Podrían pasar dos o tres semanas antes de dar con la información que necesito para una investigación.

Ahora, las armas que se utilizan en criminalidad son armas traídas de fuera, no registradas, o incluso artesanales. Por eso el ministro de gobernación decía que la mayoría de armas que se utilizan son armas que han sido modificadas o con registro borrados. Ahí radica la importancia en balística identificativa, que prueba de dónde proviene esa arma, y ese es el análisis que hacemos aquí. Y obviamente los criminales no van a utilizar un arma registrada para matar a alguien.

Uno se puede sorprende de la cantidad de armas que han sido utilizadas en crímenes que son reportadas como perdidas o robadas.

Si, también.

¡Que no me digan que en todos los casos es verdad eso!

Comparto lo que ha dicho el ministro de Gobernación.

Muchos piensan que un arma es parte del derecho a la defensa propia, pero los datos dicen que en 8 de cada 10 casos de violencia donde hay un arma resulta un muerto o un herido. Y no necesariamente es un arma ilegal. En Guatemala, 70% de homicidios son con armas de fuego.

Aunque el número de homicidios pueda ser inferior, no puedo dar por sentado que una persona con un arma legal no vaya a matar a alguien.

¿Qué porcentaje de los cadáveres son cuerpos no reconocidos, los XX?

A la larga no es tanto, porque muchos ingresas como XX pero salen de la morgue identificados. Tal vez, a la semana llegan unos 8 o 10 cuerpos como XX porque no cargan una identificación pero son identificables. El problema es cuando no hay una persona que lo pueda identificar. Y hay tipos de identificación científica como la huella dactilar, la odontología forense y el ADN. Abogamos por la huella dactilar por ser más precisa, más barata y más viable. En los últimos casos dejamos el ADN.

¿Cuánto cuesta un examen de ADN?

Alrededor de US$300. Por ejemplo, en una prenda del caso de los violadores de la zona 11, un técnico decía que ya llevaba US$2 mil.

Usted decía que el Inacif sigue siendo una institución joven. ¿Qué le falta para llegar a la adolescencia? ¿Cómo la ve en 10 años?

Ahora podemos decir que empezó a caminar y tenemos que enseñarle a correr y a saltar. Tenemos bastante trabajo hecho, los sistemas están funcionando, las solicitudes siguen fluyendo y los resultados y los dictámenes siguen llegando a las entidades que lo necesitan. ¿Qué nos hace falta? Las coordinaciones que menciona. El trabajo sale, pero las coordinaciones son importantísimas. El uso de la tecnología también. Por ejemplo, en este momento estamos en un proceso de poder hacer ADN mitocondrial. Hacemos el nuclear, el normal, en el que se necesita células nucleares para hacer una prueba; estamos implementando el mitocondrial, que es a través del citoplasma de las células. Esto necesita un equipo adicional y la prueba tiene una precisión casi parecida a la del nuclear pero que sirve cuando se tiene pelo sin raíces. Estamos en unas compras para ello, solo hace falta el presupuesto.

¿De cuánto es el presupuesto anual?

En este momento es de Q140 millones.

Pero este es modificado al momento de la gestión.

¿Que sea modificado? Ojalá lo sigan modificando, para que tengamos más.

En alguna ocasión superó a los Q300 millones por año, por construcción de edificios.

La infraestructura es una cosa importante, pero no tenemos todas las sedes propias que necesitamos. La anterior directora tuvo el proyecto de construir siete. Tenemos que construir otras 10 y hacer la sede central.

Si no tienen sedes, ¿cómo hacen con las morgues?

Como cuando se estaba con el Organismo Judicial: en salud pública, en los hospitales. En estos momentos se tienen siete sedes más o se alquilan algunos edificios.

¿Quién cuenta los muertos en Guatemala?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Inacif. Nosotros vemos las estadísticas de las muertes criminales o que llegan a las morgues judiciales. Pero la mortalidad en general la maneja el INE.

En Bogotá, las estadísticas de homicidios y muerte violenta la maneja Medicina Legal y no la policía ni el MP. Aquí, las estadísticas de PNC, MP e Inacif no coinciden. Mes a mes no pegan los números. Ya sea por distancias a la morgues o porque los parientes de las víctimas se niegan a que sea traslados, no los registra el Inacif.

So pena que haya una estadística más…

… So pena que haya una estadística menos…

Es cierto. Esa es una de las fugas que tenemos. El Inacif trabaja con estadísticas diarias de las que podemos dar fe. Obviamente, los lugares lejanos en los que el juez de paz decidió enterrar a la víctima porque si no lo linchaban se nos salen de las manos. Y hay una unidad en Gobernación encargada de hacer las estadísticas, que contabiliza las muertes violentas y todos la alimentamos.

Si hay una persona que aparentemente murió por causas naturales en un hospital, ¿el Inacif no lo ve?

Solo vemos muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Esa es una facultad que tienen los médicos: certificar la defunción. Si hay un médico que certifica que el fallecido a sus 90 años tenía hipertensión, diabetes y cáncer... se escapa de las estadísticas. Si después viene una denuncia al MP, puede ordenar una exhumación.

¿Qué más le falta al Inacif?

Más personal, más recursos. Balística, que es una de las secciones más grandes, tiene balística identificativa e IBIS, y la violencia en Guatemala es exponencial y seguimos con los mismos peritos, los mismos 40. Pero recibimos 30 mil indicios entre casquillos, proyectiles y armas que hay que someter a análisis. Y tenemos el mismo espacio físico para ello, la misma bodega para las pruebas, donde ya no caben más. Si el crimen es exponencial, necesitamos aumentar exponencialmente a los peritos. En Toxicología es increíble la cantidad de trabajo que se tiene. Son 14 mil muertes al año que llegan a las morgues de todo el país, casi seis mil solo en Guatemala, y cada una genera test de alcoholemia y toxicología. ¿Se imagina cómo está ese laboratorio? En Balística, incluso, se implementaron los turnos para dar más empuje a los dictámenes.

¿Y con los casos de vivos?

Hay casos de violaciones, lesiones y accidente en los que se necesita enviar gente al hospital para evaluación y emitir un reconocimiento médico legal. Esto significa que el perito también tiene que ir a un juicio oral, sacándolo de su labor de peritaje y mandarlo a tribunales.

Hablaba de aumento del presupuesto ¿Cuánto sería lo suficiente de presupuesto?

En edificios propios son Q100 millones más; y para implementar las áreas de psiquiatría y psicología forense, otros Q50 millones. Dos áreas que hay que descentralizar para dar el servicio en las siete regiones geográficas. A nivel central tenemos siete psicólogos para dar este servicio a las diferentes fiscalías.

¿Siete psicólogos para violencia intrafamiliar y otros delitos como la trata de personas y violación?

No sólo por eso. Se han creado leyes nuevas, como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que incluye la violencia sicológica. ¿Cómo se va a evaluar si no tenemos psicólogos forenses para hacer dictámenes?

¿Psiquiatras forenses?

En este momento, incluyendo a tres nuevos, tenemos cinco. La gran demanda que existe es en psicología forense. Y necesitamos más para complementar otras áreas, como documentoscopía, que tiene cinco peritos que ya se nos van a ahogar. Obviamente estamos pidiendo tecnología para poder dar un buen servicio, que es cara. En este caso, estaríamos pidiendo el doble de presupuesto.

¿Nada más?

Es fácil decirlo, pero que lo den es diferente.