Caso Aceros de Guatemala: Cacif, SAT y certeza jurídica

Una denuncia del 2012 por defraudación tributaria presentada por la SAT en contra de dicha entidad había llevado a la empresa a buscar, a través de intermediarios y de corrupción, que esta fuera desestimada. Para ello recurrieron al cambio de informes contables, que posteriormente fueron presentados en el juzgado contralor para buscar una desestimación del caso. Por realizar estos actos, altos funcionarios de la SAT recibirían una jugosa comisión en efectivo.

Si bien la percepción de la SAT por parte de la población luego del caso La Línea era sumamente negativa, fue el caso Aceros de Guatemala el que terminó de hundir la poca credibilidad que le quedaba a aquella entidad. Y para la autoridad tributaria fue una bomba atómica: básicamente todos los intendentes y superintendentes anteriores estaban presos. La corrupción ya no era solo un cáncer de aduanas. Estaba en recaudación, fiscalización, jurídico, grandes contribuyentes… En general, en todas las áreas importantes de la SAT.

El 10 de marzo, cuando tomé posesión del puesto de superintendente, una de mis primeras acciones fue solicitar un informe del caso Aceros de Guatemala. En lo personal, conocía perfectamente la investigación penal del caso, pues había participado en el Ministerio Público como jefe de los analistas financieros y criminales que lo tuvieron a su cargo. Conocía lo complejo e importante que dicho caso resultaba y, sobre todo, la impunidad y los artificios que habían sido utilizados, primero, para defraudar al fisco y, segundo, para procurar impunidad al cambiar los informes de auditoría. Fue esa parte la que me llevó a otra importante decisión: apenas una semana después de asumir (el 18 de marzo), nombré como gerente de Grandes Contribuyentes a la única auditora que, de acuerdo con las escuchas, se había opuesto en varias ocasiones a modificar su informe para exculpar a Aceros de Guatemala. No la conocía. Únicamente tenía un nombre y la certeza de su actitud intachable en el caso, por lo que la entrevisté e inmediatamente tomé la decisión. Su honorabilidad y honradez eran a prueba de fuego. Además, esta persona conocía perfectamente los detalles de la defraudación.

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Desde el principio, el objetivo fue que se pusieran al día. La persecución penal ya había ocurrido y había personas ligadas a proceso, por lo que desde ese momento comenzaron una serie de pláticas con abogados y representantes de la empresa, quienes en varias ocasiones indicaron que harían efectivo el pago de los impuestos adeudados más las multas y los intereses. Así transcurrieron varios meses en los cuales, además, me llegaban las noticias de que otros abogados recorrían despachos judiciales y buscaban soluciones políticas al caso. Sin embargo, nuestra postura como SAT siempre fue clara. Una vez nombrado el intendente de Asuntos Jurídicos, este trazó la ruta judicial para recuperar el dinero adeudado.

La primera decisión fue comunicarle a la empresa la ruta que tomaríamos y pedirle una vez más que se pusiera al día. Transcurrían los últimos días de abril y, a pesar de que la empresa había prometido dos veces que haría el pago, esto no sucedió. Entonces di la orden de que se procediera jurídicamente con la intervención de la empresa. Apenas una semana después se logró ejecutar dicha acción, que dio como resultado el pago en menos de 24 horas.

Rápidamente, con este y otros casos que fueron saliendo a la luz pública, algunos empresarios iniciaron una campaña en la que se denunciaba que la SAT incurría en terrorismo fiscal, que esta se valía de los medios de comunicación para asustar y que iba a matar la producción del país. Se argumentaba que cómo era posible que se tomaran esas medidas contra quienes producen empleos y generan desarrollo en Guatemala, que las acciones que tomábamos no estaban en ley, etc. Los ataques continuaron y las presiones políticas para que me sacaran del puesto fueron permanentes e incisivas hasta que lograron su objetivo.

En estos días en que el Cacif sale a pedir certeza jurídica, toca hacerse una pregunta: ¿cuál es el concepto de certeza jurídica que tiene el sector empresarial organizado? ¿Justicia para todos, menos para ellos? ¿Será ese el concepto? ¿Que todos cumplan las reglas y, cuando sean ellos quienes las incumplen, que se les perdone todo como por arte de magia? ¿Que paguen solo los impuestos que quieran porque igual los demás tampoco pagan? Definitivamente no es ese el concepto de certeza jurídica que aprendí en la universidad ni el que está en nuestra Constitución ni en los libros de texto.

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Sé por experiencia propia que hay muchos empresarios grandes, medianos y pequeños en Guatemala que quieren un verdadero Estado de derecho en el país, que cumplen sus obligaciones fiscales, que generan empleos dignos para muchos guatemaltecos, que conducen sus empresas de manera responsable, que quieren competir en condiciones de igualdad dentro de una sociedad en la cual la justicia sea pronta y cumplida, que han aprendido de sus errores para salir adelante y que buscan cambiar el destino de sus empresas. Ojalá sean estos los que prevalezcan en el país.

Pero también sé que algunos de los que hoy salen públicamente a pedir certeza jurídica son aquellos que en el pasado han retorcido las leyes y han sido parte de esas empresas que de forma descarada han defraudado al fisco y han procurado impunidad fiscal por años. Me pregunto con qué cara sale Marco Augusto García Noriega, actual presidente del Cacif, a pedir certeza jurídica, cuando él era uno de los abogados principales y mandatario de Aceros de Guatemala durante el tiempo en que dicha empresa incumplió la ley y evadió al fisco descaradamente. Ojalá el Cacif ponga al frente de sus instituciones personas con la solvencia moral necesaria para impulsar una agenda de cambio en beneficio del país y que se respete de verdad la certeza jurídica. Insisto: sé que hay muchos empresarios con esas características y que de verdad lo quieren hacer.