La congestión que se genera para atravesar Chimaltenango llegó hace muchos años a niveles ridículos. Ciento cuarenta minutos en Chimaltenango no solo son un problema para sus habitantes, quienes ponen su vida en riesgo caminando en calles llenas de conductores cansados y enojados. Chimaltenango también afecta la actividad económica de muchos guatemaltecos, desde la de los agricultores del altiplano que quieren exportar sus verduras hasta la de los dueños y trabajadores de restaurantes y hoteles en el occidente del país que dependen de turistas locales y extranjeros.
Chimaltenango evidencia que somos lentos porque no entendemos bien nuestros problemas. Por ejemplo, hoy se está construyendo un periférico o libramiento para reducir los problemas de congestión en Chimaltenango. Sin embargo, el proyecto ha pasado largos meses sin avanzar porque los dueños de terrenos necesarios para su construcción se oponen a vender. ¿Acaso no se debió conocer este problema antes de empezar para evitar ser víctimas de una mala negociación por parte de los dueños de los terrenos? ¿Acaso el proceso no debería ser más público para evitar corrupción? ¿Acaso no existían alternativas distintas a pasar por esos terrenos? Suponiendo que esta era la única opción, ¿por qué no se ha avanzado con la expropiación de estos terrenos?
Asimismo, Chimaltenango evidencia nuestra escasa habilidad para proponer soluciones concretas. No se trata de ofrecer las grandes soluciones ideológicas, según las cuales todo se arregla cambiando completamente al país. Abundan aquellos que creen que para resolver la congestión en Chimaltenango se necesita empezar con reformar la Constitución. Estas soluciones no funcionan porque son tan idiotas como querer matar una mosca con una bomba atómica. Esto sucede, en parte, porque nuestras instituciones no han promovido activamente espacios de discusión para analizar las bondades y debilidades de alternativas concretas. Es evidente que ni el CIV ni la Segeplán ni el Concyt ni los colegios profesionales están cumpliendo con su rol. Tampoco las universidades y las cámaras empresariales. Ni siquiera los think tanks del país.
Este es el corazón del problema: no estamos utilizando a las mentes brillantes del país para estos y otros problemas. En muchos países, el Gobierno realiza concursos competitivos para financiar universidades, consultores y centros de investigación que generen propuestas alternativas. Además, se promueven conferencias académicas para que los jóvenes y la academia presenten ideas novedosas. Por ejemplo, imaginen una conferencia en la cual se discuten propuestas concretas para las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las alternativas que se han implementado en otros países para resolver problemas similares de congestionamiento? Este no es un ejercicio fútil, pues se pudo haber pensado en distintas soluciones: construir un tren este-oeste para reducir el número de camiones; incrementar el impuesto a la gasolina para reducir el número de vehículos; subsidiar el transporte público para habitantes de Chimaltenango y sus alrededores; construir carriles adicionales, carreteras paralelas o un periférico; construir pasos a desnivel; incentivar cambios en la localización de la vivienda y de los comercios en Chimaltenango; subsidiar la Policía municipal del área; combinar varias de estas opciones; etc.
- ¿A partir de qué precio solicitado por los dueños de los terrenos debería estar dispuesto el Gobierno a expropiar los terrenos? ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales para expropiar terrenos? Por ejemplo, ¿se tiene en cuenta el valor registrado para el pago del IUSI o una combinación entre el valor fiscal y el valor actual de mercado de propiedades similares? Asimismo, ¿cómo se puede introducir una normativa en materia de expropiación en Guatemala que logre el apoyo de los actores políticos más relevantes del país para facilitar estos procesos, dado que necesitamos resolver los problemas para construir infraestructura crítica para el país?
Estas ideas no son novedosas. La semana pasada asistí por cuarta vez a la conferencia de transporte más grande de Estados Unidos, la Transportation Research Board Conference. No recuerdo haber visto a ningún funcionario público guatemalteco, pero sí vi a muchos funcionarios de Estados Unidos. De hecho, compartí un panel con uno de los principales servidores públicos del Gobierno federal, encargado de promover la investigación académica sobre alianzas público-privadas. También vi a funcionarios de otros países del mundo yendo a aprender lo que la academia estadounidense está proponiendo para mejorar sus sistemas de transporte y qué herramientas analíticas usan para evaluar las propuestas. En Guatemala nos urge aprender. De lo contrario, nos vamos a llenar de Chimaltenangos a lo largo del país.
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