Bastaron 58 palabras del presidente estadounidense amenazando con poner tarifas a las exportaciones y a las remesas guatemaltecas para poner a la élite política, económica e intelectual del país en guerra contra sí misma. Y, lejos de liderar una discusión profunda sobre el tratado de tercer país seguro (TTPS), algunos portavoces de las élites nacionales se apresuraron a iniciar una nueva batalla de descalificación de sus oponentes. Esto evidenció la vulnerabilidad de Guatemala ante intereses ajenos y la dificultad que hoy tienen las élites nacionales para cerrar filas y generar soluciones a los problemas más apremiantes del país.
Ante esta crisis política y diplomática, algunos líderes nacionales respondieron con una mezcla de acusaciones mutuas y justificaciones de sus posiciones. Por un lado, el Cacif y la Cámara del Agro se precipitaron al decir que la CC le había «amarrado las manos» al Gobierno de Guatemala para negociar el tratado y al pedir que se suspendiera el trámite del amparo presentado por los excancilleres, pues ello aumentaba el riesgo de que el Gobierno estadounidense le impusiera sanciones económicas al país. Esta postura contribuyó a generar una percepción de que parte del sector privado estaba del lado del Gobierno a pesar de que aún se estaba discutiendo la legalidad del tratado.
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Por su parte, el Gobierno de la República desinformó, retuvo información sobre la negociación del TTPS y acusó a quienes presentaron amparos en contra del tratado de intentar desestabilizar al país, así como a la CC de no actuar conforme a derecho. Esto cimentó la percepción de que al Gobierno y al sector privado organizado no les interesaba que el TTPS pudiera tener efectos negativos para Guatemala.
Y la respuesta de quienes se oponían al TTPS fue igualmente dura. Organizaciones como la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la Fundación Myrna Mack y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) criticaron cómo se había negociado el tratado, la capacidad e idoneidad del equipo del presidente, la legalidad del TTPS y al Cacif por lo que parecía una postura a favor de las acciones del Gobierno.
Esta beligerancia entre las élites nacionales visibilizó la facilidad con que estas priorizaron una actitud ofensiva en lugar de explorar posibilidades para fortalecer la posición negociadora del país. Por esto es por lo que aún no hay certeza de si la negociación del TTPS y de su contenido fueron apegados a derecho, de su impacto potencial y del de las posibles sanciones económicas en contra de Guatemala. Pero más importante que lo anterior es reconocer que se desaprovechó la oportunidad para discutir las posibles causas que facilitaron la firma del TTPS a pesar de que contravenía los intereses nacionales, del sector privado guatemalteco y de los migrantes centroamericanos.
Un primer paso para devolverles una sana soberanía a los guatemaltecos es reconocer que el sector exportador nacional es un actor fundamental en la defensa de los intereses nacionales. Y más útil que criticar su postura ante la firma del TTPS es comprender que este no contaba con herramientas económicas de corto plazo (como una política cambiaria favorable a las exportaciones, una política salarial alineada a indicadores de desempeño económico o una devolución del crédito fiscal clara, entre otras) para actuar de manera distinta.
De haber contado con estas herramientas, es más probable que este hubiera tenido la flexibilidad para adherirse a la suspicacia sobre la negociación del tratado y le hubiera permitido al Gobierno contar con más poder de negociación.
Pero la preeminencia del ataque en la discusión pública guatemalteca, la falta de una política exterior que aclare los intereses internacionales del país y las rigideces que limitan la capacidad de adaptación del sector exportador nacional a los cambios y amenazas globales permitieron que los intereses estadounidenses se sobrepusieran a los guatemaltecos. Y, dado que estas condiciones siguen igual, el futuro de los guatemaltecos continúa a merced de la voluntad del presidente Trump de hacernos pagar por su política exterior y por sus intereses.
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