Conspiradores en la orfandad

En el proceso, Monzón se convirtió en testigo protegido y ofreció declaración, transcrita en un legajo de un poco más de 200 páginas que forman parte de los más de 28 000 folios de la acusación. Las declaraciones del testigo constituyen menos del uno por ciento del volumen total de documentos que integran la investigación. Según se aprecia durante el desarrollo de las audiencias, el testimonio del exsecretario es parte, solo parte, del proceso contra los sindicados.

Sin embargo, al parecer, el hecho de que tanto estos acusados como los vinculados a otros casos por violaciones de derechos humanos guarden prisión en el mismo cuartel facilita jornadas de concertación para la defensa. Así, en la semana resultó viral la distribución de algunas partes del documento, que solo podía estar en manos de la defensa.

Destacaron dos tipos de denuncia sustraídas del texto. Una, la que difundieron medios corporativos vinculados a Luis Rabbé, en la cual Monzón afirmaba haberse reunido con la fiscal general, Thelma Aldana, para lograr que un proceso por contrabando, el cual le afectaba, quedara cancelado. La intención del golpe es más que clara: si se acepta como verdad lo que dicen que dijo Monzón, Aldana habría violado la ley al abusar de sus facultades. Si se niega dicha afirmación, según la defensa, el caso se cae por invalidar el testimonio del parlanchín exfuncionario. Tanto la defensa como los medios vinculados a Rabbé, así como ciertos grupos de apoyo social a los procesados por corrupción, levantaron la voz contra la jefa del Ministerio Público.

Ya antes habían filtrado grabaciones que formaban parte de la evidencia y, lejos de analizar los argumentos y preparar una defensa técnica, juegan a la perversión del proceso. Las aguas se agitaron con estas acciones, y más con los señalamientos de Monzón. A estas se sumó la campaña de la Cámara de Radiodifusión, controlada principalmente por los dos grupos empresariales de radio vinculados al caso Cooptación del Estado. Dicho gremio reclamaba las garantías de presunción de inocencia, a la vez que buscaba aterrorizar con una supuesta conspiración para un golpe de Estado.

En medio del escándalo del gigantesco proceso penal contra exfuncionarios y empresarios de pedigrí, se agudizan los golpes en contra del movimiento social. Por un lado, el asesinato de la sindicalista Brenda Estrada Tambito, que representa la más brutal agresión en contra de una defensora de derechos humanos. Por el otro, el allanamiento de las oficinas de la organización internacional de derechos humanos Impunity Watch, así como la amenaza a un abogado de procesos por justicia transicional.

Ambos hechos se ejecutaron en medio de una campaña para destruir el prestigio de la fiscal Thelma Aldana y minar el respaldo social a ella, así como a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Campaña que, como se indicó, se adereza con el trillado ingrediente de que amenaza con golpe de Estado.

Las aguas, entonces, se agitan para la tormenta en aras de que la opinión no solo se distraiga, sino también se distancie de quienes sostienen los desgastados cimientos del sistema de justicia. A la vez, presiona hacia el repliegue del movimiento social para preparar lo que pueden considerar su mazazo definitivo para detener la lucha contra la impunidad. Pero, para desventura de los agitadores, pareciera que la corriente se mueve en el sentido contrario a sus deseos. La reacción ciudadana en respaldo a la Cicig y a la fiscal general deviene en huracán, que en última instancia puede terminar por arrastrarlos. A tal grado que su esfuerzo conspirador habrá de quedarse vacío mientras, por su clara vinculación con las estructuras que secuestraron el Estado, habrán de terminar en la absoluta orfandad social.