Consuelo Porras: “Jimmy Morales es un buen aliado contra la corrupción”

Las personas dedicadas al derecho suelen ser huesos duros de roer para el entrevistador. La Corte tiene mucho de batalla dialéctica y los letrados son hábiles en el arte de eludir las preguntas comprometidas y anestesiar la conversación para sacarla de terrenos hostiles. María Consuelo Porras Argueta, nacida en San Juan Comapala, Chimaltenango, en 1953, hace honor a sus más de 35 años dedicados al ámbito de la justicia. Responde a todo afablemente, sin perder la sonrisa, con seguridad, pero regateando las interrogaciones para no decir una palabra más alta que la otra.

La actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), escogida por la Corte Suprema de Justicia en 2016, es una de las seis aspirantes a sustituir a Thelma Aldana en la Fiscalía General de Guatemala. Su suerte está en manos del presidente Jimmy Morales —aunque ella, por sus profundas convicciones religiosas, prefiera hablar de la voluntad de Dios—, así que parece lógico que no deje caer una sola crítica a su gestión: ni por los dos antejuicios solicitados por el Ministerio Público (MP), ni por su voluntad de expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez. Se centra en aspectos técnicos. Pone en valor su conocimiento de la institución. Es la segunda vez que llega al último peldaño tras superar la Comisión de Postulación. Hace cuatro años, el entonces presidente, Otto Pérez Molina, prefirió a Aldana antes que a ella y a los otros cuatro candidatos. Esta vez espera que Morales la prefiera a ella, antes que a sus colegas.

Graduada de Abogada y Notaria, con maestrías en Derecho Penal y Gestión Jurisdiccional, la aspirante pone en valor su experiencia en el MP. Comenzó en la institución en 1996 y llegó a ser jefa de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. En 2004 pasó al Organismo Judicial, cuando fue elegida Magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones en Antigua. Desde 2016 es magistrada suplente en la Corte de Constitucionalidad.

Esta entrevista se realiza el martes 17, dos días antes de que el MP y la Cicig presentaran la investigación sobre presunta financiación irregular de FCN-Nación. En caso de resultar elegida, Porras tendrá que lidiar con un caso que señala directamente al presidente Morales.

¿Por qué quiere ser Fiscal General?

Mi motivación siempre es estar al servicio de mi sociedad. Amo a Guatemala, tengo la experiencia, la capacidad, la trayectoria de desempeñarme en varias instituciones del Estado que me dan la fortaleza y la capacidad para poder desempeñarme en el Ministerio Público (MP).  

¿Cuáles son los cinco puntos más importantes de su plan de trabajo?

Estimo sumamente necesaria una revisión y readecuación del modelo de gestión. Es importante considerarlo a manera de tener una investigación eficiente. Revisar todos los protocolos de investigación e incorporar más investigadores. No necesitamos que el denunciante, el agraviado, la víctima, tenga que estar yendo a ratificar su denuncia al MP. Nos corresponde iniciar una investigación aún de oficio. Muchos no tienen el acceso económico de trasladarse a buscar hasta el MP para ratificar su denuncia, y mientras no vayan a ratificar no se inicia la investigación. También valoro la importancia que tiene los pactos que podemos tener con los países del Triángulo Norte (de Centroamérica). La delincuencia ha traspasado fronteras. No se puede quedar única y exclusivamente una persecución penal a nivel nacional. Tenemos que cooperar con El Salvador, con Honduras.

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Paralelamente, tenemos la profesionalización y el estímulo del recurso humano. Creemos muy importante que cada fiscalía tenga sus profesionales para el área que va a atender. No solo para litigios sino también sus investigadores. No podemos depender de una DICRI (Dirección de Investigaciones Criminalísticas) como una institución única a nivel nacional. Tenemos que crear bastantes DICRIS en cada fiscalía. En definitiva: preparación y profesionalismo tanto del agente fiscal como de los investigadores. Paralelamente, hacer buen uso de las instituciones que por mandato de ley tienen que incidir en la investigación como es la Policía Nacional Civil (PNC). No vamos a trabajar separados, sino que vamos a conjuntar. Lo primero que se está pensando es tener presencia del MP en todas las zonas rojas donde se están dando tantísimos hechos delictivos. No podemos esperar mandar a las personas a recabar la información una, dos, tres horas después. Tenemos que administrar bien los recursos. Si la policía ya tiene una subestación en tal zona, ¿por qué vamos a crear otra vez otro gasto para el MP? Incluso con la presencia se va a ver un poquito más de respeto. Es deber también del MP la prevención del delito. En la medida en la que tengamos la política adecuada de prevención vamos a reducir la mayor parte de hechos delictivos. Otro de los ejes que tenemos, es evitar la revictimización de las personas. La incidencia en el delito de violación a las mujeres a las niñas ha sido alta. Podemos hacer uso de los mecanismos legales para que estas personas no se encuentren en los órganos jurisdiccionales con su victimario. Queremos que sea una única instancia, una única oficina, la que le brinde todo el apoyo, y que se puedan tomar todas sus declaraciones por la vía de videoconferencia.

¿Qué presupuesto necesitará para cumplir sus planes?

No soy de las personas que está pensando en más presupuesto. Hay que examinar exactamente si las personas que actualmente cuenta el MP están bien utilizadas o no. Se va a ir ubicando lo más esencial, lo más necesario en cada una de las fiscalías, fortalecer donde hace falta y crear nuevas agencias. La meta inmediata es tener presencia en todas las zonas rojas en nuestro país para evitar está delincuencia común. Paralelamente, sobre la base de esta evaluación interna que hagamos, vamos a ver hasta cuántas agencias a nivel municipal tenemos capacidad de poder abrir con las mismas personas que tenemos. Primeramente, hacer buen uso de lo que ya tenemos. Luego, sobre la base de esta evaluación y ubicación de las personas, ya estaríamos viendo cuánto tenemos disponible para poder incorporar al renglón de contratación de personal.

¿Cuál será su equipo de trabajo? ¿Quiénes son los fiscales que considera imprescindible conservar?

El equipo de trabajo, en primer lugar, va a reconocer al personal eficiente que tiene el MP. No se puede pensar llevar gente que a veces no conocen la institución y dejar de apreciar la gente buena que tiene el MP. Van a ser parte de mi equipo los fiscales reconocidos que hay que premiar por su alta trayectoria, experiencia, capacidad. Son los más indicados de incidir en la política de persecución penal porque son los que la conocen.

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¿En qué dará continuidad al trabajo de la actual fiscal, Thelma Aldana, y en qué se distanciará?

En principio, el seguimiento del trabajo que se ha venido dando es una obligación constitucional y legal. No nos podemos apartar porque el mandato es muy claro en la Constitución y en la ley: tenemos la acción penal y la persecución penal. Paralelamente a eso, ir mejorando las cosas que, por tiempo por cualquier otra circunstancia, pues no se logró hacer. Vamos a continuar el cumplimiento de las funciones que tiene el MP asignadas. Tenemos que seguir adelante, fortalecer lo que se ha hecho en la mejor medida y manera que se pueda.  

¿Valora positivamente los cuatro años de Aldana al frente del MP?

Totalmente. Siempre he sido de las personas que advierte los avances cada institución tiene. Yo he trabajado con cuatro o cinco fiscales anteriormente. A todos se les tiene que dar el mérito porque sí se ha trabajado. Yo valoro de sobremanera los esfuerzos que la licenciada Aldana ha hecho por el MP.

¿En qué cuestiones concretas se diferenciará?

Tal vez no diferente, sino que lo que hay que implementar es lo que está haciendo falta de implementar. Póngale el punto del sistema penitenciario. Hay que tocarlo, porque hemos visto que ha rebasado la capacidad y muchas veces hay personas que tienen cinco o seis años y tal vez la pena esperada es de tres años. Hay que hacer la revisión judicial para que se vea cómo se va ubicando de mejor forma a esas personas. El aspecto preventivo al que yo le voy a entrar con mucha dedicación, creo que esto permitirá reducir al máximo todos los procesos. Creo importantísimo que cada fiscalía tenga su equipo de investigadores. Eso también es otra fortaleza que quiero yo adicionar. Vamos a establecer cuántos investigadores tiene el Ministerio Público versus cuántos fiscales.

¿Se va a reunir con Thelma Aldana para darle continuidad a su gestión?

Yo pienso que es lo más indicado, tener el período de transición para que verdaderamente se conozca de cerca todos los resultados que ella ha dado a la sociedad guatemalteca en el MP.

¿Cómo valora el papel de la fiscalía y de la Cicig en la lucha contra la impunidad y la corrupción?

Creo que están cumpliendo con su mandato. Es aplaudible que ambas las instituciones estén haciendo los mejores esfuerzos para contrarrestar la corrupción.

¿Será la lucha contra la corrupción uno de los pilares de su gestión?

Totalmente. La impunidad, la corrupción y todos los hechos que afecten y atenten contra la seguridad de nuestros ciudadanos.

¿Qué giro personal le dará a la lucha contra la corrupción?

Mi capacidad, mi trayectoria, el conocimiento que tengo de las instituciones que conforman el sector justicia. Por ser guatemalteca, tengo el deseo de que Guatemala alcance la paz y la armonía.

¿Cómo valora el trabajo de Iván Velásquez?

Totalmente acertado. Muy bueno, con mucha decisión, con mucho aporte y, sin lugar a dudas, ha sido de mucho beneficio para Guatemala.

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Por el contrario, el Gobierno ha intentado sacarle del país. ¿Cómo lo valora?

No puedo tener una apreciación en ese sentido porque, acuérdese usted, que cada funcionario pensamos totalmente diferente. Mi apreciación frente a la pregunta anterior fue muy concreta. En cuanto a la segunda, son decisiones que tienen cada uno de los funcionarios del país.

El MP ha solicitado en dos ocasiones retirar la inmunidad a Jimmy Morales. ¿Cómo deja eso la relación con el presidente de la República?

Yo pienso que no tiene nada que afectar, porque cada institución está haciendo lo suyo en cumplimiento de las funciones que le corresponden. Todos los funcionarios estamos sujetos a planteamientos y cualquier antejuicio. Siempre en todo proceso hay partes. Unas van a estar satisfechas y otras insatisfechas. Son todos estos mecanismos legales que permiten que un país verdaderamente tenga democracia. En este caso, cualquier petición que se haga está en cumplimiento de los deberes y funciones que tienen las instituciones. No nos tiene que afectar ni molestar a los funcionarios el recibir una crítica o un antejuicio. Ya sabrán los órganos jurisdiccionales si verdaderamente es pertinente o no.

¿Cree que Jimmy Morales es un aliado contra la corrupción?

Pensaría que sí. Financieramente, él ha apoyado muchísimo al MP. Siendo la parte económica un factor decisivo para poder desempeñarse las funciones, entonces es un buen aliado contra la corrupción. Si él no hubiera tenido interés en colaborar con el MP, sencillamente no le amplía el presupuesto. Sin embargo, se ha advertido que, con buen vino tino, con mucha responsabilidad y con mucha entrega él dijo “vamos a apoyar a los sectores de la justicia”.

¿Cuál cree que debe ser la relación entre el Fiscal General y el presidente de la República?

Tiene que ser una relación de respeto, de independencia, guardando cada uno las funciones que constitucional y legalmente tienen. La Constitución nos da a cada uno de los órganos que conformamos el sector de Estado nuestras funciones. Consecuentemente, cada uno las tenemos que cumplir a cabalidad, con el respeto mutuo, garantizando la independencia de poderes. En este caso, si cada uno hace lo que debe de hacer en forma responsable, en forma contundente, con profesionalismo, no vamos a tener ningún inconveniente.

¿Cree que debe renovarse el mandato de la Cicig?

Si tengo la concepción de qué es importante el apoyo de la Cicig, pienso que la continuidad es importante. Consecuentemente, si se ha logrado lo que se ha logrado, con el apoyo de la Cicig, la Cicig sí tiene que colaborar con Guatemala con el MP por motivos de la investigación.

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¿Se imagina un escenario en el que el gobierno no renueve el mandato de la Cicig?

Esas sí son ya decisiones de otro nivel. No le podría yo contestar por el señor presidente.

En caso de que no se renovase, ¿cómo le afectaría a sus planes? ¿cómo plantearía la transición?

El MP tiene que tener la responsabilidad de tener la capacidad de la investigación. Es la institución que por mandato de ley guatemalteca tiene que responder al cumplimiento de sus obligaciones. Cada uno tenemos que cumplir con lo que nos corresponde. De ahí también la importancia que tiene el eje de profesionalizar, porque tenemos buenísimos fiscales.

¿Cuáles son sus aspiraciones para ampliar la cobertura del MP?

Altas. Primero, con el personal que tenemos. Luego, con el presupuesto que tenemos. También es importante advertirle que las fiscalías actualmente que están liquidando no pueden tener carácter permanente. Porque el mensaje que estamos dando es: “señores fiscales de las demás fiscalías, dejen procesos pendientes y no tengan pena porque como tenemos fiscalías liquidadoras, después vienen la cantidad enorme de procesos que ustedes no pueden salir a la fiscalía liquidadora”. A ellos se les va a señalar una vigencia determinada y hasta ahí. La obligación de las fiscalías y las agencias es poner su trabajo al día. Si no, eso es impunidad también. Solo con el personal de las fiscalías que ahora están dentro de la liquidadora tenemos un gran grueso de personal que va a ser redistribuido a la manera de conformar las agencias o fiscalías dependiendo de las necesidades del servicio que hagan falta.

La justicia transicional ha sido una línea clave de trabajo en los últimos tres fiscales. Usted, ¿cómo lo va a afrontar?

Igual que los fiscales que me anteceden.

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Desde 2009 se ha reducido el número de homicidios, que es una de las mayores preocupaciones de los guatemaltecos. ¿A qué adjudica ese descenso?

Hay varias causas. En primer lugar, puede que las instituciones estén más organizadas. Cuando estuve en la sala de la Niñez y Adolescencia teníamos mucha relación con la subsecretaría de Bienestar Social, encargada de los adolescentes en conflicto con la ley penal y, de veras, nosotros teníamos mucha interacción para ver cómo mejorar todos los protocolos de investigación, tratamiento y de protección para los adolescentes. Ellos tienen alta visión de organización, tienen investigados, tienen el mapeo de todas las personas que se dedican a delinquir. El profesionalismo en nuestros investigadores y en nuestros policías ha surtido sus efectos. También los integrantes de la Policía Nacional Civil, a nivel de aprehensión, a nivel de prevención, sin lugar a dudas han incidido en que haya reducción. Por el otro lado se han abierto ciertos espacios laborales, eso también colabora a que la gente tenga una ubicación.

A pesar de ello, las tasas de impunidad están a niveles muy altos. ¿Cómo trabajará para combatir este indicador?

Yo siento que es muy fácil. En primer lugar, me parece importantísimo la interacción con todas las instituciones del Estado. Ya no es justicia, ya es Estado. Todos debemos responder a la función que la ley nos está otorgando.

¿Cómo va a desarrollar su colaboración con la SAT?

Tengo conocimiento de que ya hay una agencia que trabaja directamente con esta institución. Si alguien incumple, inmediatamente accionar. No podemos retardar ninguna acción que debe ser oportuna y precisa para evitar estos márgenes de impunidad.

Hay arrestados que han protestado por el tiempo que se alarga la prisión preventiva y consideran que no se respeta el debido proceso.

Hay que hacer la revisión precisa en cada caso. En materia judicial, cada caso es un caso, no podemos atribuir como situaciones generales a todos los casos, eso no es cierto. Cada caso tiene sus propias incidencias procesales, que a veces lo hacen ser más tardado o menos tardado. En conformidad con lo que establece el artículo 151 de la Constitución, el MP tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Tenemos que velar porque se cumplan los plazos establecidos en la ley.

La semana pasada se denunció una filtración desde el MP y la Cicig que impidió el arresto de tres personas que iban a ser detenidas por un caso de corrupción. ¿Qué plantea para evitar este tipo de situaciones?

En principio, revisar el acuerdo interinstitucional que se ha firmado. Si es lo más conveniente la vía electrónica para este tipo de situaciones y, si no, pues que se haga personal, para que la persona que directamente recibe esta notificación y la entrega para hacerla efectiva sea responsable a manera de seguir quién es el responsable. Si se da por esta vía no podemos descartar que se puede dar por un lado o por el otro por cualquier institución, pero es más complicado darle seguimiento. Habría que revisar la pertinencia o no del acuerdo que tienen suscrito.

¿Comparte la calificación de “terrorista” que plantea aplicar el ministerio de Gobernación para las pandillas?

Tendríamos que analizar el tema en su profundidad. A veces no puede uno precisar “sí” o “no” sin tener verdaderamente la profundización del estudio permanente en la materia.

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¿Cómo plantea abordar la problemática de estas estructuras criminales?

En principio, preventivamente. Son seres humanos que necesitan nuestro apoyo como sociedad guatemalteca. Creo que es sumamente importante poderles dar esas oportunidades de vida. Quiero, de alguna manera, hacer una propuesta pública a nivel Estado de cómo vamos a contrarrestar, a través del aspecto preventivo, a este sector de la población sobre la base de esta propuesta. Esperando que tenga acogimiento a nivel nacional se va empezar a trabajar con mucho entusiasmo, mucha responsabilidad, mucha mística y mucho corazón.

Usted es una persona creyente. ¿Cómo influye la fe en su actividad?

En los valores.

¿Cómo comenzó a interesarse por el Derecho?

Toda la vida me ha gustado. La filosofía de vida de vida de mis padres fue ser justos. Desde que nacimos hasta que crecimos vienen a nuestras conciencias ese gran valor de justicia. Eso fue lo que me inclino a seguir Derecho. Me encanta, ya que uno de los valores más preciados del ser humano es la justicia.

Es la segunda vez que está en la nómina de la que el presidente debe elegir Fiscal General.

Eso prueba que me gusta la investigación. Estoy en la Alta Corte por misericordia de Dios, por esfuerzo, por mi trayectoria. Tengo más de 35 años de ejercer la profesión en diferentes ámbitos.

¿Qué diferencia hay respecto a la última vez?

Igual pensamiento tenía la primera. Dije: “bueno, siendo de las mejores clases calificadas, tengo una oportunidad, porque la ponderación tiene su mérito porque recorrido”.

Es usted contratista del Estado, ¿cree que genera eso algún problema para su postulación?

No soy contratista del Estado. Yo tuve un contrato 029 en el Organismo Judicial, porque el doctor (Josué) Baquiax me llamó para ver si podía prestarle asesoría en materia constitucional al OJ. Como es una de las materias que a mí me encantan, yo acepté hacer el contrato. Fueron dos meses, como mucho tres. Luego él me llama y me dice: “he pensado en usted para la supervisión real de tribunales”, donde me nombraron. Fue el contrato 029 por dos meses, no soy contratista del Estado.

¿Qué relación mantiene con Blanca Stalling?

Ninguna.

Se ha publicado que fue una de las personas que hizo cabildeo por usted para acceder a la CC.

Quién cabildeo por mí y quién no, nunca lo supe, en primer lugar. Si alguien me hubiera cabildeado, yo fuera la titular de la Corte de Constitucionalidad, pero como no hubo cabildeos, entonces soy la suplente.