Más bien deberían dedicarse a convencer a la ciudadanía a través de su respectivo plan de gobierno, de cómo solventarían los problemas estructurales y políticos de este país. Y no seguir engañando con promesas que se sabe no será posible realizar, si no toman en cuenta a los diferentes sectores de la sociedad en general.
Las alianzas son un arma de doble filo, porque en ellas se negocian ciertos aspectos de favoritismo clientelar y partidista, cuando lo que se requiere son acciones de Estado y no de sectores partidistas o empresariales. Entonces, hace falta sintonizar y revisar cómo debieran ser las alianzas, bajo qué aspectos políticos y sociales se firman acuerdos y cómo esto se traduce en acciones hacia la mayoría que acude a depositar su voto.
En el caso de Otto Pérez Molina del Partido Patriota, se ha publicado que una de sus alianzas que no era de sorprenderse fue con los expatrulleros, esto porque responde a intereses lógicos e históricos; pero no son ellos únicamente por quienes tendría que responder en caso llegara a la alta Magistratura del país. El imaginario tradicional de concebir el poder estatal debe cambiar, no será lo mismo ejercer el poder a través de la jerarquía militar autoritaria y violenta, que la construcción de una sociedad en democracia participativa y humana. Por lo tanto, habría que preguntarse: ¿Qué propuesta o cuál va a ser el acercamiento del General hacia las miles y miles de personas afectadas por la guerra sucia y psicológica, para que ellos/as emitan sufragio a su favor? ¿Qué ocurrirá con los incipientes procesos de juicio contra militares y expatrulleros por las masacres cometidas? Acaso ¿recuperarán su libertad o hasta ocuparán puestos públicos? Es de reconocer y señalar, que dichos procesos de justicia han costado la espera de más de tres décadas por parte de las familias afectadas, quienes en muchos de los casos han tenido que compartir el mismo espacio con sus agresores. Aunque hayan sido testigo de las graves violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad –genocidio–, la impunidad ha amparado la reproducción del terror y miedo en muchos lugares.
Por otro lado, no hay que olvidar que han sido las mismas familias afectadas quienes han tenido que buscar esa justicia, que ha costado años, desgaste y hasta algunos/as fallecieron con la esperanza de que se hiciera justicia contra quienes desestabilizaron su vida hasta sus últimos días, otros que siguen su lucha porque se dignifique y se logre cerrar esa herida profunda. Y aunque el Estado haya firmado la Paz, y que dentro de sus compromisos fue hacer valer la justicia, a través de los gobiernos de turno se ha hecho caso omiso a investigar y procesar los casos y dignificar a las familias. El Estado no ha respondido a estas demandas y ha ido postergando su atención; ahora que se ha logrado realizar estos procesos de juicio con todas las pruebas que esto exige contra responsables de masacres, se puede entender que los mismos han contribuido en alguna medida a cerrar el duelo prolongado.
Habría que llamar la atención a esto que es sumamente importante para las familias afectadas y no necesariamente es venganza o despertar nuevamente el odio como algunos militares retirados han afirmado. La justicia es necesaria para los daños que poco se han dimensionado y que han afectado especialmente a las familias mayas. Por lo tanto, es necesario dejar un precedente para la memoria histórica, para que nunca más se permita que los horrores del pasado se repitan en nuevas generaciones.
La justicia y los procesos judiciales son necesarios, la violencia política en nuestro país ha dejado muchas huellas de dolor con diferentes rostros y manifestaciones, a los cuales ninguno de los gobiernos hasta ahora le ha prestado atención.
Especialmente al presidenciable del Partido Patriota, me gustaría escuchar cuál va a ser su compromiso con este grueso número de población afectada. No basta con discursos, hace falta la traducción de los mismos en acciones.
Valdría la pena escuchar de los dos presidenciables, cuál va a ser el compromiso real que asumen con esta población sobre todo en:
- Investigación sobre las desapariciones forzadas, que son más 45,0000 personas
- Masacres perpetradas y que todavía muchos de los autores materiales e intelectuales siguen gozando impunidad
- Procesos de duelo para los y las sobrevivientes
- Investigación y procesos de juicio contra responsables de violaciones sexuales contra mujeres
- Desaparición de niñez
- Identificación e inhumación de personas masacradas
¿Estarán programando los presidenciables reunirse también con las familias afectadas por la violencia política, para asumir algunos compromisos y no solamente pedir el voto y luego olvidarse de ellos y ellas?
Considero que para resolver algunos de los problemas de este país, se debe empezar a atender estos puntos.
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