Especialmente organizaciones de mujeres insistieron para que fuese feminicidio, por su vinculación con el Estado y la sociedad. No obstante, por intereses políticos e ideológicos patriarcales muy marcados, los y las diputadas del Congreso de la República aprobaron femicidio.
Sin embargo, cada vez se observa que la violencia se ensaña y ha traspasado todo nivel de sentido común al asesinar mujeres de forma brutal. En los últimos meses, el hallazgo de cuerpos de jovencitas descuartizadas se ha vuelto común en nuestro medio y hasta parece incrustarse y normalizarse en las noticias y la cotidianidad de niñas y mujeres.
Esta situación cada vez más preocupante exige la revisión de la ley porque los hechos no son aislados, los asesinatos de mujeres no ocurren en ámbitos privados solamente, involucran en gran parte al Estado y sus instituciones. Por esa razón, comparto con Victoria Sanford al afirmar que:
“Feminicidio es un término político. Conceptualmente abarca más que el femicidio porque no solamente culpa a los perpetradores masculinos, sino también al Estado y las estructuras judiciales que normalizan la misoginia. La impunidad, el silencio y la indiferencia son parte del feminicidio”.
Traigo a colación esto por dos casos particulares que a través de los medios de comunicación masivos han dado mucho de qué hablar y develar. El caso de Cristina Siekavizza, quien fue asesinada por su pareja. Este crimen, lejos de esclarecerse, ha pasado por una serie de situaciones que generan cada vez más indignación y un cuestionamiento serio a la cultura de violencia que no resulta ser tan común, doméstica, sino institucional.
Porque desde la influencia de personas que formaron parte del sistema de justicia, se obstruyó el camino y se pretendió desaparecer evidencias para así favorecer al homicida, afectando de manera inhumana la dignidad de una niña y un niño, y generando impunidad.
Es importante poner atención a este caso, porque rompe con una serie de estereotipos con los que muchas veces nos dejamos engañar.
Se tiene la idea que los asesinos son todos aquellos que van tatuados, que viven en las áreas marginales, son pobres, mareros entre otros aspectos; se criminaliza especialmente a la juventud. Nos han hecho creer que el rostro de la violencia está en esa parte de la población, mas no en los condominios y zonas exclusivas, donde vive la gente de clase alta, la gente pudiente. Donde los hombres tienen cara de “civilizados”, –así les gusta que se les reconozcan en la sociedad–, educados, posiblemente muy temerosos a Dios entre otros aspectos. Este caso nos demuestra que la situación de violencia no tiene rostro, estatus social, pertenencia étnica, religión. Está en todas partes, por lo que los cambios y acciones debieran ser partiendo de esta complejidad.
Desde mi consideración, debiera tipificarse el delito de feminicidio porque esto permite revisar entonces la responsabilidad más allá del homicida, se debe señalar la misoginia de los operadores de justicia. Y buscar que crímenes como este no se vuelvan a repetir.
Relacionado con esto, la situación de Olga Say, trabajadora maya de casa particular de esa familia, ahora involucrada de manera involuntaria (porque ella como mujer no tuvo influencia en la misoginia del asesino), se esperaría que a ella se le dé todas las garantías legales, económicas y de seguridad en su calidad de testigo protegida por el Ministerio Público, por su colaboración en el esclarecimiento del crimen; para que ella pueda intentar retomar su vida normal y no sufrir persecución ni el riesgo de perder la vida por contribuir a esclarecer el hecho. Por ser mujer e indígena, hay que analizar con sumo cuidado su papel como testiga; hay que entender primero el tipo de relación que se establece, sabiendo que la sociedad guatemalteca es altamente racista con las y los indígenas.
Otro de los casos es el de Mindy Noemí Rodas, una joven mujer que fue agredida violentamente por su pareja sólo porque exigió la pensión alimentaria de su hijo. Su expareja le desfiguró el rostro y la dejó inconsciente. A pesar de las complicaciones de su recuperación logró salir para continuar un juicio, pero la negligencia del sistema de justicia aplazó mucho tiempo que se abriera un debate en contra de su agresor. Pasando por varios meses, amenazas, persecución entre otras situaciones por parte de su expareja que entonces se encontraba preso. Pocos meses antes del juicio ella fue asesinada, ni siquiera pudo estar en el debate para demostrar que efectivamente su expareja le había desfigurado el rostro. Mindy Rodas dejó en orfandad a un niño que hace poco manifestó que esperaba todavía a su mamá.
En conclusión, esto no sólo se debiera tipificar como un delito de femicidio sino feminicidio porque las estructuras del sistema de justicia no le protegieron como debiera ser, el debate debió ser de inmediato y no dejar tanto tiempo para que su agresor siguiera ejerciendo poder sobre ella. El agresor en última instancia no tendría tanto poder si la justicia operara de manera efectiva y eficaz, pero el hecho de aplazar un debate donde están implicados abogados y jueces entre otros actores, facilita que muchas mujeres como ella puedan ser asesinadas y formar parte de las estadísticas. Por eso, es necesario revisar la Ley, revisar las acciones de los operadores de justicia para que los asesinatos no sean una noticia cotidiana.
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