Como parte del proceso de democratización, concretizado en la Constitución de 1985, se crearon las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, quienes contribuirían a fortalecer el ejercicio de la democracia.
Sin embargo, a 26 años de vida democrática, es menester indagar si efectivamente se ha logrado consolidar la institucionalidad de estos órganos del Estado para la plena participación y democratización, así como su supremacía sobre el comportamiento de la sociedad civil y de la ciudadanía.
Cada cuatro años, en el caso del Tribunal Supremo Electoral se ha evidenciado que es una de las instituciones que ha perdido credibilidad y con mayor evidencia el cuestionamiento de sus funciones ante eventos electorales. La función del Tribunal Supremo Electoral en estos momentos hay que analizarlo con detenimiento a la luz de hechos particulares, tales como el caso de El Estor, en el departamento de Izabal, municipio donde han prevalecido los intereses de ciertos individuos y empresas en contra de la voluntad y derechos humanos de la población del lugar.
Por Victoria Tubin y Fernando Ical
¿Cómo puede ser posible que el Ministerio Público secuestre cajas de papeletas marcadas y las entrega casi tres semanas después de las votaciones del 11 de septiembre, luego de que la máxima autoridad electoral, en su resolución respecto de este municipio, resolvió oficialmente que tenían pruebas fehacientes de la quema de más de la tercera parte de las boletas y que en consecuencia se debía repetir las elecciones para Alcalde y Concejo Municipal? ¿Qué significa tener pruebas fehacientes sobre algo? Por lo menos de acuerdo a la acepción general, el término fehaciente se refiere a algo fidedigno, irrefutable, verdadero e incuestionable.
Entonces, ¿qué pasó allí?, ¿por qué el TSE afirmaba tener pruebas fehacientes de la quema de boletas electorales en dicho municipio?, ¿quiénes fueron sus fuentes de información? Y si era cierto lo de la quema de boletas, de acuerdo a sus pruebas fehacientes, ¿por qué no señaló a los responsables? y ¿cuál será el proceso judicial que se ha de seguir en su contra? Pero luego, aparecen las cajas con las boletas electorales supuestamente retenidas por el Ministerio Público, pero también las y los ciudadanos estoreños saben de la participación de particulares armados en el secuestro de dichos documentos. De nuevo, uno pregunta ¿Entonces qué pasó?, ¿por qué el TSE solo argumenta que, ante la duda de que las boletas electorales, al haber sido secuestradas por más de 15 días, se pudo haber manipulado o alterado las mismas, entonces confirma la repetición de las votaciones? Las 63 cajas aparecieron porque la ciudadanía hizo presión, para demostrar que la resolución de repetir las elecciones no tenía ningún fundamento, de lo cual el TSE no mostró interés de investigar que ocurrió.
Al final, la autoridad electoral reconoció que efectivamente no habían sido incendiadas las papeletas. La verdad es que hay muchos aspectos obscuros que lo único que generan es impunidad, desencanto ciudadano, serias dudas sobre las funciones del TSE por no hacer las investigaciones pertinentes y a profundidad, por no señalar y conducir a donde corresponde a los responsables de manipular y coartar la democracia electoral. Sin duda alguna, lo que hay detrás de todo esto es el negocio de la minería, las tierras y los agronegocios.
El proceso electoral 2011 ha evidenciado formas antidemocráticas, acciones de violencia y coacción de ciudadanos/as a favor de sectores interesados, para imponerse en los espacios de poder gubernamental a costa de lo que sea. Lo peor y más dañino sería que estos hechos quedaran en la impunidad, sin que ninguna de las instituciones del Estado hiciera algo para evidenciar quiénes están detrás de todo esto. Seguramente (lo reconocemos) la Ley Electoral y de Partidos Políticos no permite hacer mucho, pero esta debilidad se agrava cuando las funcionarias y funcionarios que laboran en esta institución no cumplen sus funciones, no investigan y dan resoluciones que fácilmente se interpretan como acciones que privilegian a algunos partidos políticos.
No hay que olvidar que las personas más pobres emiten su voto porque esperan cambios, vivir más dignamente, pero estas acciones terminan creando desconfianza y pérdida de interés de la población en el poder local. Para colmo, el TSE ha anunciado que analiza trasladar los centros de votación a las cabeceras departamentales, bajo el argumento de que en las comunidades y cabeceras municipales se corre mucho riesgo de violencia. ¿Qué implicaciones tiene esto, a quiénes beneficia, quiénes proveerán el transporte? Se correrá el riesgo de que la intimidación y coacción del voto sea aún mayor.
En fin, este es solamente el caso de un lugar, habría que investigar qué ocurrió en los otros municipios, donde sí hubo quema de papeletas y que la resolución del TSE fue negar la repetición de las elecciones a alcaldía. Es necesario transparentar las funciones de las instituciones del Estado.
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