Cuando dejaron solo al teniente David

El teniente David aquel día se quedó solo. Tenía diez hombres bajo su mando y una instrucción de los superiores del Frente Javier Tambriz: dirigir la escuadra de avanzada que debía preparar la alimentación, armamento y explosivos para la llegada de un pelotón que se dirigiría a San Andrés Itzapa, con el fin de efectuar una toma político-militar de este municipio de Chimaltenango.

Hacía ya dos días que fallaba la comunicación por radio con la base de operaciones, ubicada en el cerro Balan Juyú, en el límite de Patzún, y que David no había podido comunicarse con el capitán Santiago, el capitán Hernán, la capitana Ana, ni con el capitán Oliverio, quienes dirigían la operación. La movilización formaba parte de un plan estratégico, que llevaba planeándose desde hacía seis meses, coordinado desde México por el comandante en jefe de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), Gaspar Ilom; entre el Frente Javier Tambriz, que operaría en Chimaltenango y el Luis Ixmatá en el volcán Tajumulco. Era una estrategia ambiciosa, un cambio de escenario de las bases de operaciones, con el fin último de avanzar hacia la capital de Guatemala.

El campamento de esta patrulla de avanzada, dirigida por David, estaba posicionado en la montaña El Soco, elevada a 2,300 metros sobre el nivel del mar y ubicada a ocho kilómetros de San Andrés Itzapa. Sólo debían de aguardar la llegada del capitán Oliverio, que se uniría con el pelotón y que era quien iba a encabezar la operación.

Pero, el 22 de noviembre de 1988, unos días antes de se efectuara la toma del municipio, un hombre que se había perdido buscando una vaca dio por casualidad con la escuadra. Pio y Margarito, dos colaboradores, miembros de la resistencia de ORPA en San Andrés Itzapa, informaron a David que el hombre que los había encontrado se trataba de Carlos Humberto Guerra Callejas, comisionado militar y pariente de Manuel Antonio Callejas Callejas, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y ex director de la Sección de Inteligencia (G2). David decidió asesinarlo. Para no alertar a la población, no se emplearon armas y lo ahorcaron con una soga en el cuello.

Dos días más tarde, familiares y otros hombres de la aldea El Aguacate, de donde era Guerra Callejas, salieron en la búsqueda, preocupados por su ausencia y porque éste sufría de epilepsia. En total partieron de la aldea tres cuadrillas de diez hombres, y dos de ellas hallaron también al grupo de guerrilleros.  El teniente David no sabía qué hacer. Según el relato del comandante Santiago, Luis Antonio Santa Cruz Mendoza, quien dirigía el Frente Javier Tambriz y que fue el primero que vio a David cuando regresó a la base de mando tras lo sucedido, éste no pudo contactar con ninguno de los jefes para recibir orientación. “El problema fue de los dos lados, pienso que él estaba haciendo muchos esfuerzos en contactar con la base, buscando orientación, qué hacer. No lo encontró y tomó sus propias decisiones. Muy malas decisiones que no tenían nada qué ver con lo que nosotros pudimos haberle orientado”, declaró Santa Cruz, quien en el momento de los sucesos todavía ostentaba el grado de capitán.

Santa Cruz, ascendido a comandante en 1990, era el único de la Dirección Nacional que se encontraba en Guatemala. Rodrigo Asturias, el comandante en jefe Gaspar Ilom, residía en México, donde también se encontraba el comandante Pancho, Pedro Pablo Palma Lau, quien había dirigido el Javier Tambriz desde 1982 en alternancia con el comandante Everardo y que desde 1985, tras su salida a México, lo dirigió alternándose con el comandante Santiago.

Así, relató Santa Cruz, para que no fallaran los planes generales, la disposición del teniente David fue asesinarlos a todos. “Se ofusca, cree que lo mejor es eliminarlos también para seguir el secreto de los planes que están poniéndose en marcha. Entonces los elimina, los asfixia, los estrangula y trata de ocultarlos donde había trincheras de combate. Nosotros, sin saber de todo esto, enviamos la fuerza operativa al mando de Oliverio, y cuando se reúne con David se entabla en combate con unidades militares que venían en la búsqueda de estas personas. Después se da la orden a toda la fuerza de retirarse y que se reúnan con nosotros en la base de mando, ahí es donde recibo yo un informe pormenorizado de David”, contó Santa Cruz.

Luis Antonio Santa Cruz ofrece su declaración por videoconferencia desde Chile. En 2001 salió de Guatemala, según relata en su libro Insurgentes, Guatemala la paz arrancada, desencantado con el cauce que estaba tomando la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y desde 2010 reside en Chile. En el país sudamericano convalidó su licenciatura en medicina, obtenida en 1979 en la Universidad de San Carlos, un año antes de que partiera a la montaña, en principio como médico del Frente Javier Tambriz, en la base de Santiago Atitlán y después, durante 15 años, como combatiente y dirigente de esta organización.

Desde 2012, informó en el juicio, trabaja como médico residente en el hospital público San Juan de Dios de Santiago de Chile. Santa Cruz era el responsable del Javier Tambriz en el momento de la masacre.

Santa Cruz catalogó lo sucedido como un “estado de locura transitoria” del teniente David, donde también fueron asesinados un colaborador de ORPA de Santiago Atitlán, de pseudónimo Mijangos, quien había acudido a El Soco a encontrarse con miembros de la ORPA, y Antonio Olivares Blanco, un pastor evangélico que llegó a apoyar a los pobladores de El Aguacate a mediar por Guerra Callejas, en el caso de que estuviera secuestrado.

Según el informe forense elaborado el 26 de noviembre de 1988 por el doctor Emilio Mendizábal Ferrigno, en base a una necropsia y 21 reconocimientos externos (en los que, a diferencia de las necropsias, no se abren los cuerpos ni se extraen los órganos), los cuerpos fueron estrangulados con cuerdas, causando muerte por asfixia. Además, según el informe, seis de ellos tenían contusiones en testículos y pene, por golpes propinados antes de la muerte, que les causaron equimosis. Según el reporte forense, algunos presentaban quemaduras y otros también fracturas.

Según la declararon en el juicio, las viudas de algunos de los campesinos asesinados que acudieron a reconocer sus cuerpos a la zona militar 302 de Chimaltenango, a donde fueron llevados en un primer momento, todos habían sido torturados. “Yo sólo lo vi como si fuera un tubo grande que se había inflado”, dijo Yadira Ixchel Cujuy Yool, de 45 años y viuda de José Luis Callejas. “Él estaba bien torturado, todo quemado”, relató Juana Tala Chirish, de 56 años y viuda de José Gabriel Arenales Gómez.

Gaspar Ilom ordena su fusilamiento, Santiago lo perdona

La masacre no pasó desapercibida. La Organización de Estados Americanos (OEA) envió en los días posteriores una delegación a Guatemala para investigar los hechos que, a pesar de ciertas dudas iniciales sobre la posible autoría del Ejército presentadas en un informe publicado en 1991, finalmente fueron  atribuidos a la ORPA. El Gobierno también emitió un comunicado el 27 de noviembre del 88 donde culpaba a esta organización guerrillera de lo sucedido. “Las fuerzas enemigas del sistema constitucional, amparadas en la autodenominada Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas en una acción incalificable, que raya los límites de lo increíble y en total desprecio a los más elementales principios de humanidad, secuestraron y posteriormente asesinaron a 21 humildes campesinos de la aldea El Aguacate”, indica la publicación del gobierno de Vinicio Cerezo, recogida por Prensa Libre el 28 de noviembre de 1988.

Los sucesos provocaron que Gaspar llóm, Rodrigo Asturias —hijo del premio Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias, y fundador y comandante en jefe de ORPA— ordenara al comandante Santiago (Santa Cruz) el ajusticiamiento del teniente David, por considerar que estos hechos perjudicarían a la organización guerrillera cuando se hicieran públicos. Sin embargo, Santa Cruz consideró que la eliminación física de David podía ser contraproducente para la cohesión del Frente, ya que algunos compañeros estaban de acuerdo con la masacre. Según relató Santa Cruz, el castigo de David se redujo a desarmarlo durante un tiempo y sancionarlo en el campamento.

Tres meses más tarde, David se incorporó nuevamente a las filas de la ORPA. “Siguió haciendo tareas, fue un oficial disciplinado, dio las orientaciones, pasaron como tres años, él pidió la baja y se salió de la organización”, explicó Santa Cruz en la audiencia. Finalmente se fue a México, donde volvió a integrarse con la organización, trabajando con los campamentos de refugiados de Quintana Roo, donde en 1992 coincidió con Pedro Palma Lau, según explicó éste en su declaración, hasta que regresó a Guatemala tras la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996.

La Organización del Pueblo en Armas siguió batallando nueve años más después de esta masacre, hasta las desmovilizaciones de abril de 1997, promovidas por la firma de la paz. En 1991 el Frente Javier Tambriz integró durante un tiempo el Frente Unitario, con combatientes de las Fuerzas Amadas Rebeldes (FAR) —que se separarían en el 93— el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Sin embargo, fueron sufriendo bajas y perdiendo su fuerza en el transcurso de estos años. Al final, en 1992, según explica Santiago Santa Cruz en su libro contaban con un total de 27 combatientes. En el 95, la situación de la organización, sin apenas apoyos, era “extremo delicada”. Santa Cruz relata el cambio que también sufría el comandante en jefe, Gaspar Ilom:

“Lo vi diferente. Lo sustancial de nuestros intercambios ya no gravitó en torno al aspecto militar. No era más aquel jefe que se entusiasmaba con la planificación operativa y mencionaba, con precisión, a los jefes enemigos, exponiendo detalles que indicaban un profundo conocimiento de ellos. Tampoco me describió como antes, de memoria y con minuciosidad, el contenido de los cargamentos que enviaba a los Frentes de Guerra. Su mayor interés se centraba en el tema de los contactos diplomáticos y los roces internacionales, pendiente del reforzamiento publicitario de su imagen y asistiendo a estudios fotográficos del DF vestido de verde olivo”.

La Organización del Pueblo en Armas, que se separó de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en 1971 y en 1979 inició su andadura con la toma de la finca Mujilá, en Colomba, Quetzaltenango; durante los siguientes años contó con frentes guerrilleros en San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Escuintla, Suchitepéquez, Santa Rosa y Ciudad de Guatemala —donde realizaron tomas de municipios, se enfrentaron en combates con el Ejército y fueron sumando combatientes— se desvaneció, y todos sus integrantes se dispersaron, pasando a ocupar puestos en organizaciones no gubernamentales, en el Estado, en instituciones académicas o allá donde tuvieran un espacio.

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“El Javier Tambriz inicialmente fue dirigido por Javier Tambriz, que cayó en combate, por eso en honor a él se le puso Javier Tambriz. Después fue jefe Everardo, el famoso Everardo. Después fui jefe su servidor: Pancho. Y cuando yo salí por razones de salud, el jefe fue el comandante Santiago”.

Han pasado 25 años. El comandante Pancho ahora es nuevamente Pedro Pablo Palma Lau, exsecretario de Asuntos Agrarios, exdirector de Fontierras durante el Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y diputado por 12 años con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Efraín Ríos Montt, Unión del Cambio Nacional (UCN), Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota hasta 2011. Actualmente, es asesor en el tercer viceministerio de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Gobernación dirigido por el exteniente coronel del ejército, Mauricio López Bonilla.

Palma Lau está de pie frente a los tres jueces del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimaltenango. Va vestido con un traje verde oscuro, con calcetines de la misma tonalidad y zapatos bien lustrados. Es uno de los testigos del Ministerio Público, llamado a declarar en una de las audiencias por la masacre de El Aguacate. Se está celebrando el primer juicio en Guatemala contra un guerrillero por un delito de guerra. Aunque el caso se empezó a investigar en 1990, dos años después de que sucedieran los hechos, éste quedó olvidado y se retomó, de oficio, en 2011, después de crearse la Agencia Fiscal Especial para la investigación de los delitos cometidos por grupos armados no estatales durante el conflicto armado interno dentro del Ministerio Público. El MP acusa a Fermín Felipe Solano Barillas, señalado como el teniente David, y le imputa los delitos de asesinato continuado y delito de deberes contra la humanidad, este último exento de amnistía.

En las bancas del juzgado están sentadas Guadalupe y Lily Taj Taj, de 38 y 35 años, huérfanas de Horacio Taj Taj Callejas, uno de los 22 asesinados el 24 de noviembre del 88. Además, están presentes Néstor Solano, hermano del acusado y María Dolores Can Siquinajay, la esposa de Fermín Solano, también natural de San Andrés Itzapa, quien se encuentra acompañada de sus padres. Palma Lau ha solicitado permiso para levantarse, “permiso para ponerme de pie”, con el fin de poder dibujar un esquema, después de que el fiscal le haya preguntado sobre cómo funcionaba la estructura de ORPA.

Aunque esta petición en principio desconcierta un poco a los jueces (Walter Paulino Jiménez Texaj -presidente-, Alba Delia Moscoso Linares -vocal- y Juan Fernando Godínez Cuellar -vocal-, finalmente solicitan a un secretario de la sala que vaya a tomar unas hojas de papel. El exdiputado se acerca entonces a la mesa del Tribunal y realiza el esquema en un folio, que sólo puede ver el Tribunal, mientras que el resto del público sólo puede escuchar: “comandante en jefe, comandantes, capitanes, tenientes y combatientes”.

“Esto es importante entenderlo, porque aquí no habían eslabones intermedios. En la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial —para poner un ejemplo— hasta una guerra de guerrillas, los mandos tienen que ser únicos, verticales y con comunicación directa para que las órdenes de combate no san distorsionadas por intermediarios”, afirma Palma Lau.

En el lado derecho de la sala de audiencias, sentado tras una mesa y debajo de un cartel dorado donde se puede leer “ACUSADO” se encuentra abatido Fermín Solano. Durante los 40 minutos de intervención de Palma Lau, Solano ha buscado varias veces cruzar su mirada con la de quien fue su comandante desde que se integró al Frente Javier Tambriz en 1985. Palma Lau sólo lo mira una vez, cuando indica que la última vez que vio al acusado fue en 2007, cuando Solano acudió al Congreso a solicitarle que, en su calidad de diputado de la Unión de Cambio Nacional (UCN), le ayudara a conseguir una plaza de maestro.

Cinco años más tarde, Solano Barillas fue capturado en la escuela Gabriel Arriola Porres, en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de Ciudad de Guatemala, en la que daba clases. Su aprehensión se realizó el 2 de mayo de 2013, el día en que se reanudaban las audiencias del juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt.

Sin buscar eslabones

En este caso, a diferencia del juicio por genocidio, el Ministerio Público ha dejado solo a Solano Barillas. No hay más acusados. Sin tener en cuenta la cadena de mando que llevó a acusar a Efraín Ríos Montt y a José Mauricio Rodríguez por el caso de genocidio, o al general Oscar Humberto Mejía Víctores por el genocidio y deberes contra la humanidad en Baja Verapaz. Aunque, hasta el momento, los únicas personas que guardan prisión por crímenes de guerra en Guatemala, con condenas firmes, han sido mandos bajos: un comisionado militar en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango; cuatro comisionados militares por el caso de la masacre del Jute, y tres kaibiles y un comandante en Dos Erres.

Tampoco en este caso hay una acusación hacia quienes se encontraban por encima del acusado como autor material de la masacre: el comandante Pancho, Pedro Pablo Palma Lau; el comandante Santiago, Luis Antonio Santa Cruz Mendoza; el capitán Hernán, Jaime Aurelio Tun Luch; o la capitana Ana, Sandra Chávez Gálvez (asesinada en Ciudad de México en 1992).

El MP tampoco ha investigado, acusado, capturado, o llamado a testificar, a ninguna de las diez personas que aquel día se encontraban bajo las órdenes del teniente David y quienes le apoyaron a perpetrar los asesinatos.

El fiscal Jorge Gálvez y Gálvez, uno de los dos agentes fiscales a cargo del caso al ser preguntado por el motivo de no haber acusado o llamado a testificar a ninguno de los miembros de la escuadra bajo las órdenes de David, dijo que todos estaban muertos. Sin embargo, el fiscal Lázaro López y López, quien dirige el caso, informó a Plaza Pública que “dos o tres” de los colaboradores de la resistencia de ORPA en San Andrés Itzapa, que estuvieron presentes en los hechos –quizá Pio y Margarito, citados por Luis Antonio Santa Cruz en su libro– “probablemente estén vivos”.

Cuando se le cuestiona por qué el MP no ha buscado a estas personas, teniendo en cuenta que el Ministerio Público no cuenta con ningún testimonio presencial de los hechos, dijo que nadie en el municipio estaba dispuesto a ayudar al MP. “Por el miedo, por el temor a lo que les pueda pasar, no hay colaboración”, aduce.

Según información proporcionada por Santa Cruz Mendoza en el juicio, los dos guerrilleros que se encontraban aquel día por debajo del teniente David ya fallecieron. Se trataba del subteniente Leonel, quien falleció en México, y un combatiente conocido con el pseudónimo de Baltasar, quien fue capturado por el Ejército.

En cuanto al motivo de no haber acusado a ningún mando por encima de David, el fiscal Lázaro López asegura que el proceso no ha concluido y que podría haber más acusados; pero añade que en base a los testimonios recogidos en las audiencias no hubo órdenes emitidas por el mando del Javier Tambriz: “La acción se tomó unilateralmente, no había órdenes de masacre”, explicó Lázaro López.

De la misma manera, tanto Palma Lau, quien en aquel momento fungía como comandante de la ORPA, aunque se encontraba en México, como el comandante Santa Cruz, dijeron que fue una acción inconsulta y que éste realizó las acciones por su propia cuenta.

Palma Lau explicó al tribunal cómo en los Libros El manual del buen combatiente y el Manual del buen jefe guerrillero, escritos por él en los años ochenta, se habla de la forma en que se debe de tratar a la población, que siempre es con respeto. De la misma manera, Sandino Asturias, hijo de Rodrigo Asturias, el comandante en jefe de la ORPA, muestra en una entrevista un manual escrito por Gaspar Ilom en octubre de 1982 bajo el nombre de Las milicias civiles, una táctica dentro de la contrainsurgencia enemiga, donde se habla del trato que debe dar la guerrilla a los comisionados militares:

“Son o debieran ser los puntos de control y las fuentes de información directa del enemigo sobre la población, la efectividad de su papel depende del trabajo político que se haya hecho con ellos”. El texto, en la página 17 agrega “…si no se adopta una política adecuada por parte del movimiento revolucionario, puede llegar a convertirse en el punto fuerte de las milicias civiles, si no se maneja en términos correctos puede verse fortalecidas de alguna forma la política del Ejército, es una batalla política que tenemos que ganarle al enemigo… pero la expresión de la fuerza guerrillera no se debe de dar en contra de las milicias, sino en contra de las tropas de operaciones del Ejército”.

En el mismo sentido, el coronel Mario Mérida, quien realizó labores de inteligencia como subjefe del Archivo del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Vinicio Cerezo y que como parte de su trabajo daba seguimiento a las actividades de los grupos guerrilleros dice que, a su juicio, tampoco hay que seguir la cadena de mando.

“El Aguacate fue una acción particular de quien estaba a cargo de esa acción. Uno parte de ese supuesto de que el sujeto hace un análisis de los costos políticos y militares para la organización de haber sido descubiertos en ese lugar y soluciona el problema con la ejecución de la gente. Por qué razón, porque también resultaba más fácil que inculparan al ejército de Guatemala del hecho, había más posibilidad de que el hecho quedara en la impunidad”, dice Mérida, quien actualmente dirige el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Mérida añade que, al igual que en el ejército, los grupos guerrilleros llevaban a cabo las acciones siguiendo el esquema de “operación centralizada, ejecución descentralizada”, es decir, había una orden del mando pero la respuesta operacional, según Mérida, quedaba a cargo de los responsables. En cuanto a la operación que iba a efectuar el frente, informa que esta acción ya se encontraba enmarcada dentro de planes más ambiciosos, contemplados dentro de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG.

Pero Míchel Andrade, director de Impunity Watch en Guatemala, quien fue miembro de la Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos (Minugua), creada con los Acuerdos de Paz, y cuya institución siguió de cerca el juicio por genocidio, subraya la necesidad de seguir la cadena de mando, también en este caso, puesto que las unidades guerrilleras funcionaban de la misma manera que el ejército y deben ser juzgadas siguiendo los mismos parámetros. Así, insiste en que el Ministerio Público debe utilizar los mismos parámetros tanto en los juicios contra el Ejército como en los juicios contra la guerrilla. 

“Ríos Montt, durante el juicio, dijo que él no tenía conocimiento ni responsabilidad sobre lo que estaban haciendo las tropas, fue el único argumento que utilizó la defensa”, recuerda Andrade, “pero siguiendo el razonamiento de la cadena de mando, existe responsabilidad superior, porque el superior conoce y evalúa lo que están haciendo las unidades en terreno, tiene una responsabilidad por los actos que éstas cometen. Esto se aplica a todas las fuerzas armadas, incluyendo a una guerrilla. El tema no se puede dejar diciendo: ‘este era un loco y nadie más tiene responsabilidad’. La responsabilidad tiene que llegar hasta más arriba de la cadena de mando”, explica Andrade, para agregar que está en juego la credibilidad de la investigación criminal del Ministerio Público, “están aplicando casuísticamente la interpretación de la responsabilidad penal”.

Andrade afirma que el responsable sería Gaspar Ilom, quien falleció en 2005, pero también Luis Antonio Santa Cruz Mendoza, quien en aquel momento era el jefe al mando del Frente Javier Tambriz, y Pedro Pablo Palma Lau, comandante Pancho, quien también estaba al frente de la operación. Entre tanto, de los tres capitanes también al mando de la operación, solo está vivo el capitán Hernán, Jaime Aurelio Tun Luch. La capitana Ana, Sandra Chávez Gálvez, fue asesinada en México en 1992 mientras que el capitán Oliverio, Aureliano Iguardia Santos, falleció en mayo de 2013.

Sin apoyos

Actualmente, la URNG el partido político que se conformó en 1982 aglutinando a los cuatro grupos guerrilleros (el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT; las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR; el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP y ORPA) no ha emitido algún comunicado pronunciándose sobre este juicio. Y los excompañeros del teniente David llamados a testificar durante el debate no tuvieron ambages en señalarle directamente con el dedo, identificando al acusado en el banquillo, Fermín Solano como el teniente David, responsable de los hechos.

Así lo hizo Pedro Pablo Palma Lau, quien se exculpó al probar que se enteró de la masacre cuando estaba en México. Lo mismo el capitán Hernán, Jaime Aurelio Tun Luch, un capitán cercano a Palma Lau dentro de ORPA, que durante algunos meses entre 1987 y 1988 ostentó el mando del Frente Javier Tambriz cuando ni Santa Cruz ni Palma Lau se encontraban en el país. Tun Luch trabajó en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) durante el gobierno de Alfonso Portillo, bajo la dirección de Ricardo Marroquín Rosada, exdirigente de ORPA, que volvió a ocupar el cargo en la SAAS en el gobierno de Álvaro Colom y que ha trabajado durante este gobierno en la Comisión para la Reforma Policial.

Tun Luch fue capturado en 2001 como responsable de la masacre de El Aguacate, según unas órdenes de captura emitidas el 4 de julio de 1990 por los delitos de genocidio, asociación ilegal, secuestro y masacre. Preguntado por este proceso y estas capturas, el fiscal Lázaro López indicó que no habían podido encontrar el expediente en el Juzgado de Chimaltenango. Que éste se extravió.

Al igual que Palma Lau, Tun Luch trabaja como asesor en la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Tercer Viceministerio de Seguridad Comunitaria. Según información recogida en Guatecompras, Tun Luch percibe un salario de Q6,500 mensuales y Palma Lau recibe Q25 mil.

Además, testificaron en contra de Fermín Solano Barillas, Jaime Adalberto Agustín Recinos, quien fue combatiente dentro del Frente Javier Tambriz y que ahora presta sus servicios como agente de seguridad del Ministerio Público; y Braulio Che Ku, otro ex combatiente de ORPA, que en el momento de la masacre tenía 13 años y que según una noticia difundida por los medios fue capturado el 17 de febrero de 2010 cuando trabajaba en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) junto a cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por haber abusado sexualmente de un joven de 19 años. Ambos declaran haber pertenecido al Frente Javier Tambriz y haber conocido al teniente David, que según escucharon fue el responsable de la masacre. Todos señalan a David.

“No soy el teniente David”

Sentado en su banquillo, Fermín Solano mira pasar a los testigos y ve cómo, uno a uno, lo señalan con el dedo índice, después de que el fiscal Lázaro López les solicita identificar si el teniente David se encuentra en la sala. Antes de ser detenido, Fermín Felipe Solano Barillas vivía junto a su esposa, sus dos hijas y su hermano en una casa heredada de su abuela en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco.

Por falta de dinero y, aunque en un principio pensaron en vender la casa, Solano es defendido por el abogado Julio Pérez Hernández del Instituto de la Defensa Pública Penal de Chimaltenango. El defensor indica que éste es uno de 300 casos que lleva en paralelo. Desde el momento de su captura, Fermín Solano se ha negado a prestar declaración. Sin embargo, al terminar una de las audiencias, mientras está sentado en un banco afuera del juzgado de Chimaltenango con los grilletes puestos, asegura a la prensa que él no es el teniente David, que él se encontraba en México en el momento de los hechos y que no ha tenido el dinero para poder demostrarlo. Su abogado Julio Pérez, afirma que, efectivamente, ésa será su defensa.

Según argumenta Pérez, a excepción de los testimonios, el MP no cuenta con ninguna prueba que demuestre que Fermín Solano Barillas era David en 1988. Afirma, además, que todos los testigos que lo señalaron trabajan para el Estado (Palma Lau y Tun Luch en el Ministerio de Gobernación y Jaime Recinos en el MP), por lo que se trata de un complot.

Su hermano, Néstor Solano, asegura lo mismo en una entrevista con Plaza Pública y explica que Fermín Solano marchó a México en 1983, después de que los Tribunales de Fuero Especial impulsados por Efraín Ríos Montt lo condenaran a muerte, acusado de pertenecer al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), el partido comunista, y ordenaran su ejecución, de la que finalmente fue absuelto. Néstor Solano añade que su hermano permaneció en México hasta 1996 y asegura que tienen los documentos para poder demostrarlo. Preguntado sobre el motivo de por qué fue entonces capturado su hermano, dice que no lo sabe.

En el 2000, según cuenta él mismo, Solano migró a Estados Unidos, donde permaneció hasta 2004 cuando regresó a Guatemala, para mudarse a San Andrés Itzapa, donde residió hasta 2006 cultivando la tierra de un concuño, justamente en la aldea El Aguacate. María Dolores Can Siquinajay, la esposa de Fermín Solano, con quien lleva casada 16 años, es originaria de San Andrés Itzapa y tiene parientes provenientes de El Aguacate.

En la última audiencia, celebrada el pasado 23 de abril, la defensa llevó varios testigos que indicaron que Fermín Solano Barillas se encontraba en 1988 en Quintana Roo, ayudando en los campos de refugiados.

De hecho, en una noticia publicada en Siglo XXI el 3 de mayo del año 2000 y titulada “Minugua sabía que David estaba vivo” se identifica a Fermín Solano Barillas como el teniente David: “La información de que Fermín Solano Barillas, conocido como teniente David o Esteban, está vivo y en otro país no era desconocida en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), según lo confirmó su vocero, Bertrand De La Grange”. Es decir, que si se tratara de un complot para implicar a Fermín Solano, éste estaría fraguándose ya desde el año 2000. En esta misma noticia, la hermana de Fermín Solano, Marita Solano, aseguró de la misma manera que su hermano se encontraba en México, sin negar que éste fuera el teniente David.

“Sólo quiero justicia”

Las viudas de los campesinos asesinados en noviembre del 88 tampoco saben si Fermín Solano es el teniente David, ni siquiera una de ellas se atreve a afirmar en la audiencia que la guerrilla fuera la autora de los hechos. Eso le compete al Ministerio Público. Ellas sólo saben del dolor que sufrieron –ninguna puede relatar los hechos sin comenzar a llorar— y que quieren justicia. Así lo relata Yadira Ixchel Cujuy Yool, quien en 1988 tenía 20 años y llevaba casada un año y cinco meses con José Luis Callejas, uno de los campesinos asesinados. Yadira mide cerca de 1.40 y su voz parece la de una niña.

“Esos hombres que lo hicieron, que bueno fuera que pidieran perdón a Dios. No sé cuánto odio tenían ellos. La Biblia dice que quien a cuchillo mata, a cuchillo muere, pero yo los perdono. Yo no puedo señalar a ese señor que ustedes tienen ahí, yo no lo conozco. Y si él fue, que Dios lo bendiga. Yo no le guardo rencor, pero sí me causa dolor porque yo aquí siento el amor por mi esposo, yo a mi esposo no le puedo olvidar. Yo sólo digo que si él es el culpable, que apliquen la ley. Y yo no creo que fuera solo uno, fueron muchos”.

Al igual que ella, las demás viudas, Juana Tala Chirish –viuda de José Gabriel Arenales Gómez—, Esther Gómez Arenales –viuda de Jaime Callejas Tobar— o Agustina Machic Elías –viuda de Horacio Taj Taj Callejas— lloran al relatar los hechos, cuentan las penas que pasaron con sus hijos, el drama de tener que reconocer los cuerpos de sus maridos la noche en que tuvieron que bajar con candelas a pedir posada a San Andrés Itzapa, cómo tuvieron que abandonar el Aguacate por miedo tanto a la guerrilla como al ejército. Por intermediación de Vinicio Cerezo, estas 22 viudas recibieron un lote en San Andrés Itzapa y buena parte de ellas han recibido el apoyo económico impulsado por el Programa Nacional de Resarcimiento o la ayuda que se otorgó a los Patrulleros de Autodefensa Civil.

—¿Qué le pide al Tribunal?

—Como una ayuda psicológica. Sufrimos mucho —pide Yadira.

Según informó el juez Walter Jiménez Texaj al concluir la audiencia del 23 de abril, se espera que todas las pruebas sean expuestas en dos audiencias más y se podrá decidir cuál será el dictamen para Fermín Solano Barillas. David está solo ante la decisión de los jueces.