A los seis años de estar en el Ministerio Público, por primera vez se me asignaron teléfono, vehículo y seguridad. El puesto era de auxiliar fiscal en la Agencia Especial de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que llevaba los casos relacionados con los parlamentarios salvadoreños del Parlacén ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad en el 2006. Me tocó sustituir a otro auxiliar fiscal que había sido asesinado por los casos que ahí llevaba, y entonces comprendí que esto no era una prebenda, sino una necesidad para poder realizar el trabajo encomendado.
Tener seguridad, lejos de ser un beneficio, era un gasto adicional. Con el paso del tiempo, y habiendo tenido casos en los cuales recibí un sinfín de amenazas, llegué a tener tres agentes de seguridad por turno, quienes dormían en mi casa y consumían el súper que les hacíamos. Para ese entonces yo ganaba unos 10,000 quetzales al mes e invertía por lo menos unos 2,000 en mantenerlos en condiciones cómodas en mi hogar.
El Ministerio Público nunca me pagó un almuerzo. Además, habiendo tenido dos cajas chicas bajo mi mando, nunca las usé para gastos personales. Ni siquiera cobraba viáticos cuando viajaba al interior. Además, siempre mantuve un celular personal, pues, aunque siempre tuve el del MP, este era una herramienta de trabajo que en su momento salvaba vidas, literalmente, ya que por esa vía coordinábamos operativos y preveníamos asesinatos de los cuales se nos avisaba a través de las escuchas telefónicas.
Después, en la SAT, tenía seguridad asignada (estos empleados sí tenían viáticos y lugar donde dormir), y al poco tiempo comencé de nuevo a recibir algunos avisos en temas de seguridad, lo que hizo que se reforzara mi seguridad y la de mi familia cercana, mi esposa y mis hijos. Se les aumentó la seguridad, y a mi hermana también se le asignó un agente y un vehículo. Mi mamá, por su parte, rechazó la seguridad y el vehículo aun cuando le pedí que los aceptara.
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En la SAT sí tuve prebendas, que existían por el simple hecho del puesto. Las dietas del directorio eran de 2,500 cada sesión, que eran entre ocho y diez al mes. Además, en estas sesiones se daba comida acorde a la hora de la sesión. En cada reunión que se hacía en la SAT, de Coincón o de Gabinete Económico, siempre servimos comida a los asistentes y a sus acompañantes. El entonces vicepresidente llegó a decir que sesionáramos más en la SAT porque dábamos buena comida. En lo personal, jamás saqué una sola factura de un almuerzo personal a nombre de la SAT y, aunque me pagaban almuerzo cuando tenía reunión en la oficina, prefería salir a comer. También teníamos seguro de vida y de salud. Nunca los usé, ni siquiera cuando nació mi hija.
Después, cuando dejé el cargo, me enteré de que me correspondían seguridad y un vehículo blindado por un año, y pregunté quién había insistido en que me lo quedara. De este vehículo me daban una asignación de combustible que no alcanzaba para el mes, por lo que de nuevo gastaba unos 2,000 mensuales.
En los bomberos, por otro lado, en 15 años de servicio nunca recibí un solo centavo o prebenda de ningún tipo. Por el contrario, puse de mi bolsa para comprar equipo contra incendios, botiquín, casco, uniformes, etc. Y así lo hacen la mayoría de los bomberos, siendo que los ad honorem donan además su tiempo. Sí había algunos mandos que tenían carro sin justificación, pero de todas las instituciones es la que menos prebendas tiene y una de las que más le sirve a la población. Ahí conocí la voluntad de servicio y la dedicación al prójimo en sus integrantes.
En conclusión, los funcionarios públicos deberían servir más a la población, como los bomberos, y servirse menos del Estado, como el Congreso o la SAT.
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