Los golpes dados en el Congreso vienen a corroborar que, en ese importante poder del Estado, algunos aliados, durante décadas del poder económico tradicional y emergente, construyeron mecanismos de enriquecimiento ilícito a través de falsas contrataciones. El Ministerio Público (MP) ha conseguido desentrañar lo que, si bien es fácil de decir, resulta difícil de demostrar: los contratados no laboraban para el Congreso y muy probablemente trasladaban todo o parte de lo cobrado a los diputados contratistas. Ha quedado más que demostrado que el método Muadi no era práctica exclusiva del alto representante del sindicato empresarial, sino que es un vicio de décadas, en cuyo usufructo muchos han medrado.
La persecución y, esperamos, el enjuiciamiento y la condena de los responsables parecerían estar poniendo la lápida al uso y abuso del poder público que políticos tradicionales practicaron por años, a la sombra y al cuidado de los partidos supuestamente defensores de un sistema político y económico que se dice el único posible. Debe tenerse claro que, si esa lacra surgió, creció y se consolidó en el Congreso y en las distintas instituciones del poder público, es porque los propietarios de las mayores riquezas del país se asociaron con ellos y los utilizaron en su beneficio. Leyes que los protejan y beneficien han sido promovidas y defendidas por estos diputados hoy execrados. Son ellos, los dueños del poder económico, quienes han financiado sus campañas y encumbrado en el imaginario popular a sus líderes. Ríos Montt, Oscar Berger, Pérez Molina son ejemplos de políticos que, diciéndose defensores de la libertad económica, convivieron activa y oportunistamente con estos políticos y con las empresas que administran, como los medios de comunicación donde Rabbé vocifera.
Es por ello que la transparencia, amplia y absoluta en todas las acciones públicas y comerciales, es indispensable. Ningún empleado del Congreso, por ejemplo, ha sido extorsionado porque el monto de sus ingresos haya sido publicado. El ingreso de un maestro es público, como los cobros de los médicos o el valor de los productos de primera necesidad, y ni médicos ni dueños de fábricas de productos son extorsionados. Los extorsionistas atacan al más pobre y desprotegido, y no al que se enriquece a costa de defraudar al Estado o de explotar a sus trabajadores.
Falso es, entonces, que hacer públicos los ingresos ponga en riesgo la seguridad de las personas, como falso es también que alcaldes y gobernadores, al perder el beneficio del antejuicio, serían perseguidos injustamente. El MP ha demostrado lo complejo, complicado y difícil que es perseguir a los defraudadores porque gozan de tal protección. Claro que los Medrano y los Vivar se pondrían a temblar, pero hay decenas, si no centenas, de alcaldes que no tendrían mayor problema si perdieran ese privilegio. Los errores y equívocos en el manejo de la cosa pública causan a muchos alcaldes serios problemas con la Contraloría. Y contrario a las opiniones oportunistas del alcalde de Villa Nueva, flamante presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM) con apoyo y beneplácito del presidente de la república, en esos casos no hay antejuicio que los salve.
Apoyar a alcaldes y gobernadores en la petición de mantener ese derecho es, pues, pactar abierta y cínicamente con la corrupción. Y Morales dijo en su campaña que no es ni corrupto ni ladrón, pero a la vuelta de la esquina nos sale defendiendo y protegiendo a los que pueden resultar corruptos.
Lamentablemente, en estos casi cinco meses que el señor Morales lleva en el ejercicio del cargo, no hemos visto una sola señal de que esté dispuesto a enfrentar y atacar directamente la corrupción. Todo lo contrario, si hoy dice una cosa, en el momento en que le son útiles los corruptos y los corruptores, presto y veloz sale en su defensa. Así pasó con los tránsfugas, así su pedido de separación del señor Giordano de su partido, así con su supuesta decisión firme de apoyar las reformas constitucionales para el sector justicia.
Morales debe decirnos públicamente si está dispuesto a compartir acciones con quienes esconden sus capitales en empresas de cartón en el exterior para evitar el pago de impuestos, sean estos predicadores de la teología de la prosperidad o supuestos defensores de la libre opinión. Los dueños de los grandes capitales, que ahora llevan de paseo en sus aviones a los hijos del presidente, deben dejar de chaquetearlo apapachando a sus hijos y asumir públicamente que están dispuestos a que las grandes ganancias sean fiscalizadas y a pagar impuestos adecuados. No solo hay que quejarse de que la justicia no funciona. Hay que asumir el costo de su consolidación y desarrollo, y aquí el gran capital tiene enorme responsabilidad.
Si bien las detenciones de exdiputados corruptos son alentadoras, más alentador será que sus pares les retiren cuanto antes el privilegio del antejuicio. Allí se verá si los FCN —viejos y recién comprados— asumen por un momento la dignidad de su cargo.
Pero todo esto será un grano de arena en el mar si el presidente y los empresarios, ahora sus allegados, no se comprometen, en serio y sin ambages, a que todos los manejos de la función pública, del comercio y de la industria sean totalmente transparentes.
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