El caso contra Sandra Torres termina por arrastrar a la UNE, a la Contraloría y al TSE

La jueza Claudette Domínguez resolvió en contra de Torres y fuerza a Consuelo Porras a que investigue máss, justo en medio de la tormenta que sacude al Ministerio Público a raíz de la acusación del exfiscal Andrei González contra la Fiscal General: el ex investigador de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ahora en el exilio, aseguró que Porras protegió y benefició a la excandidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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La jueza Domínguez, cuyas resoluciones han sido cuestionadas a menudo por organizaciones de Derechos Humanos, vinculó penalmente a Sandra Torres por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. También le negó la prisión domiciliar y la envió a la cárcel Mariscal Zavala.

La investigación desarrollada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (Feci), presenta a Sandra Torres como la cabeza de un grupo que se concertó para captar y gastar, sin dejar registro, al menos 5.6 millones de quetzales en las elecciones de 2015.

Una tarea que, según la jueza, pudo ejecutar al valerse de «su alta jerarquía y poder derivado de su cargo de secretaria general del comité ejecutivo nacional y candidata presidencial».

Falló la estrategia de la defensa

Sandra Torres respiraba profundo y tenía la cabeza agachada mientras la jueza rebatía los argumentos de su defensa. Su estrategia fue asegurar que ella no fungía como secretaria general del partido cuando ocurrió la recaudación millonaria de fondos anónimos, pero no funcionó.

La jueza Domínguez utilizó las declaraciones testimoniales de Ronaldo Robles y Carlos Menocal, ambos integrantes del comité ejecutivo de la UNE hasta el año 2017. Según sus declaraciones, presentadas en 2018, nunca fueron convocados a una reunión para que Torres pudiera ceder la responsabilidad temporal de la organización a Orlando Blanco, el secretario adjunto.

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Esas declaraciones sirvieron para contradecir el acta del 16 de julio de 2015, que la defensa presentó para hacer constar el traspaso de responsabilidades de Torres al diputado Blanco. Pero el documento tiene un problema: aunque se describe que el acto ocurrió ante la presencia de 22 integrantes del comité ejecutivo, solo está firmado por César Fajardo, exdiputado, abogado que casó a Sandra Torres y Álvaro Colom, y secretario de actas del partido en aquella fecha.

Aunque hubiera delegado funciones, «debió verificar los recursos que entraban para su campaña» manifestó la jueza.

Tampoco sirvió decir que el delito de financiamiento electoral fue incorporado al Código Penal en 2018, y que por lo tanto no se podía juzgar a Sandra Torres con una legislación posterior a los hechos imputados.

La jueza Domínguez explicó que «el artículo 407N (del Código Penal) regula financiamiento electoral ilícito como toda contribución recibida de manera anónima y las que no se registren en el libro contable de la organización política. Esta se encontraba vigente a la temporalidad de los hechos atribuidos, por lo que en ningún momento ha dejado de tener validez».

En TSE y CGC «puede haber otros sindicados»

El caso contra Sandra Torres ahora debe girar hacia una investigación sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Ambas instituciones, según la resolución de la jueza, tenían bajo su responsabilidad la fiscalización de las cuentas del partido, pero aunque hubo una alerta de anomalías, no actuaron. El registrador electoral, Leopoldo Guerra, terminó por archivarla.

La jueza Domínguez ordenó al Ministerio Público (MP) que dedujera responsabilidades en el TSE y en la CGC.

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Al primero porque le corresponde «el control y fiscalización de fondos (de los partidos) para su funcionamiento y actividades permanentes». Y a la CGC porque debió haber practicado la fiscalización a la UNE mediante auditoría gubernamental y revisando los registros contables.

La defensa argumentó que el MP no era el competente para presentar la denuncia. A manera de reflexión, la jueza dijo que no era válido decir que el TSE no había tenido la capacidad para realizar las pesquisas. «Eso no lo comparte la juzgadora. Tenía la responsabilidad, era la obligada. No es posible quitarle responsabilidad al TSE».

El testimonio que incrimina a Sandra Torres

De entre toda la investigación que inculpa a Sandra Torres, hay dos testimonios que la señalan directamente, aunque difieren en un detalle importante.

Per Michael Erichsen Rydhager, propietario del grupo farmacéutico Unipharm, está ligado a proceso al igual que otros de los aportantes no registrados de la UNE. En su declaración al MP aseguró que, a petición de Mario Leal, entregó dos cheques para la campaña del partido.

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El primer aporte fue por 250 mil quetzales con un cheque para la empresa Maariv, S.A., a inicios de septiembre de 2015. El segundo lo pagó el siguiente mes por la misma cantidad, pero de su cuenta personal.

Erichsen dijo que quería entregar personalmente el cheque Torres, desconfiaba que el primer aporte le hubiera llegado. Sandra Torres lo recibió en la sede del partido, en la zona 10. A esa cita también acudió Roberto Rosales Sánchez, entonces director comercial de Unipharm, quien también declaró ante la FECI.

Los dos testigos coinciden en que Torres los recibió con claro objetivo de aceptar el aporte. En esa ocasión la acompañaba un candidato a diputado (posiblemente Estuardo Vargas). Hay una contradicción en los testimonios: Erichsen asegura que el cheque fue elaborado enfrente de Torres y entregado en sus manos, Rosales relató que fue el diputado quien, en una oficina aparte, proporcionó los datos y recibió el documento.

Lo que está confirmado, por testimonios y correos electrónicos, es que el dinero sirvió para pagar moto mupis, y otros insumos de publicidad móvil para la campaña, con el rostro de Sandra Torres.

El caso contra Torres prosperó luego de que el MP presentara de forma tardía el caso. La Fiscal General autorizó que se presentara un día después de que la política quedara inscrita como candidata presidencial, y por lo tanto gozara de inmunidad. Ahora, el MP tiene dos meses más para completar su investigación. La próxima audiencia de Torres tendrá lugar la segunda semana de enero, debido a las vacaciones del juzgado de Claudette Domínguez.

Mientras Sandra Torres guarda prisión preventiva, quedó archivada la investigación contra el diputado Orlando Blanco por las anomalías en los pagos de los vuelos de helicópteros utilizados en la campaña electoral de 2015. Según la auditoría electoral, «omitió información de financistas por dos millones trescientos mil quetzales». Así como ocurrirá con los diputados señalados pero que fueron reelectos, también conserva su inmunidad.

Orígenes de la acusación

El caso por financiamiento electoral no registrado de la UNE surgió en 2016, cuando los investigadores profundizaban en el proceso conocido como Traficantes de Influencias, la red ilícita que se incrustó en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para influir en la devolución del crédito fiscal.

Pero antes de eso, el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas tuvieron a la vista los nombres de por lo menos dos de las entidades que captaron recursos de manera ilegal para financiar la campaña de 2015. Plaza Pública analizó el informe de financistas en octubre de 2015, luego de la segunda vuelta que el binomio de Sandra Torres y Mario Leal perdió.

La base para esa publicación fue el reporte que el mismo partido entregó al TSE. Ahí ya figuraban las entidades Maariv y el Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A. como financistas mayoritarias de la UNE. Las investigaciones de Cicig y Feci indicaron que las empresas recaudaban fondos de manera ilícita, porque aportaban recursos sin tener actividad comercial.

Maariv S.A. —una empresa de cartón con domicilio en una casa vieja— está vinculada al recaudador y excandidato a vicepresidente, Mario Leal, ahora prófugo. De acuerdo a los reportes contables y fiscales, nunca tuvo actividad comercial hasta que inició la campaña electoral de 2015. Por lo menos de abril a junio captó 4.6 millones de quetzales que luego sirvieron para pagar los gastos de campaña. Esto fue pasado por alto por el personal del TSE y la CGC.

En las escuchas telefónicas de Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado del presidente Álvaro Colom y financista del Partido Patriota y UNE, se corrobora que hubo arreglos para generar facturas por servicios ficticios, que serían cobrados por Maariv. Una de estas operaciones simuladas involucra a Gustavo Adolfo Alejos Jansa, hijo de Alejos Cámbara, se realizó el 13 mayo 2015 por 500,000 quetzales. El dinero salió de una empresa que Alejos padre utilizó para resguardar sus bienes luego que le embargaron las cuentas bancarias a causa de otra investigación.

No obstante la resolución de la jueza, en esta fase del proceso puso límites a las pruebas que la Feci presentó. De 300, admitió 22 y de los 27.6 millones de quetzales que la Feci documentó, ajustó la cifra a 5,664 millones de quetzales provenientes de siete transacciones monetarias.

Por tener antejuicio, están pendientes de ser imputados los legisladores Jairo Flores, Julio Ixcamey, Estuardo Vargas y la diputada Karina Paz, exasistente de Mario Leal y ahora parte del Comité Ejecutivo de la UNE. Paz estaba entre el público que llegó a apoyar a Sandra Torres cuando la jueza leyó su nombre en la acusación de la fiscalía.