Las organizaciones que representan a las víctimas se opusieron a la decisión de la jueza María Eugenia Castellanos, de unir los dos juicios contra los generales. En efecto, Efraín Ríos Montt, por su salud mental, fue declarado incapaz de afrontar un juicio oral y público. Su proceso es un juicio “por medidas de seguridad”, a puerta cerrada, en el que es representado por sus abogados. Con esta modalidad, no puede ser condenado a penas de prisión si es declarado culpable. Por el contrario, José Mauricio Rodríguez sí puede afrontar un juicio ordinario. A criterio de los querellantes, unir dos procesos de naturaleza distinta es ilegal.
Según Francisco Vivar, abogado de CALDH, unirlos equivale a violar los derechos de uno de los dos acusados. La jueza del tribunal B de mayor riesgo lo entendió de otra forma. Según explicó a Plaza Pública unos días antes de esta anulación, su motivo para unir los dos procesos era evitar que los testigos tuvieran que declarar dos veces. “Eso sería revictimizarlos, y es lo que no quiere este tribunal, siguiendo estándares internacionales” afirmó la jueza.
Pero para los querellantes adhesivos, el unir los dos juicios de forma anómala equivale a servir en bandeja de plata a los generales, una nueva anulación del proceso judicial. Fue para curarse en salud que, antes del inicio del segundo juicio por genocidio, decidieron interponer el amparo ante la Sala Primera.
Dicha Sala les dio la razón una primera vez: les otorgó el amparo y suspendió el juicio. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo sin dar explicaciones. Esto permitió a la jueza Castellanos proseguir con el debate a puerta cerrada, a pesar del riesgo latente de que quedara invalidado. Durante el mes y medio que duró el debate, 40 peritos y 30 testigos pasaron a declarar ante el tribunal.
Este 4 de mayo, 5 testigos que sufrieron las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Ríos Montt llegaron desde Quiché para declarar ante el tribunal. Para su gran frustración, la jueza les anunció que el juicio quedaba suspendido. “Los testigos nos han manifestado que les da vergüenza volver a declarar. Sienten que están jugando con ellos”, expresó Francisco Vivar.
Si el amparo de hoy queda en firme, y si la Corte de Constitucionalidad lo avala, entonces el segundo juicio quedaría anulado. Habría que empezar las audiencias de cero. Los 30 testigos que ya declararon dos veces, tendrán que declarar una tercera vez en el futuro juicio contra Ríos Montt, y luego una cuarta vez, en el juicio contra José Mauricio Rodríguez. Queda por ver si la paciencia les alcanza.
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