El largo paseo del capitán Lima Oliva

El capitán Byron Miguel Lima Oliva salió de paseo el viernes pasado. Así lo aseguró el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, en una apresurada conferencia de prensa que se montó alrededor de las 9:00 de la noche de ese mismo día. Según López Bonilla, lo hacía rutinariamente y a sus anchas, con contactos dentro del sistema penitenciario y en vehículos particulares. Según Lima Oliva, sólo salía de Pavoncito las veces necesarias para un tratamiento médico por apnea en grado grave y, el viernes en particular, a una serie de cirugías dentales obligatorias por el cambio total de su dentadura.

Para el primero, la captura del capitán, encontrado culpable en 2001 por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, era una muestra del descontrol existente en los centros penitenciarios y dirección general de los mismos; para el segundo, en el mejor de los casos, una confusión y una injusticia.

Pero las siguientes 28 horas del caso, desde su detención alrededor de las 5:30 de la tarde del viernes hasta las 9:00 de la noche del sábado que se le ligó a juicio por encubrimiento propio, sacaron una vez más a la luz pública las deficiencias del sistema penitenciario y pusieron las miradas de nuevo sobre Byron Lima, el preso modelo, para unos, o el reo “paisa” más poderoso dentro de las cárceles guatemaltecas, es decir, el prisionero más fuerte entre quienes no pertenecen a las pandillas.

El ministro

López Bonilla llegó una hora tarde a la conferencia de prensa que él mismo había pactado. Sin preámbulos, se dirigió al micrófono instalado en la sala de la tercera planta del Ministerio de Gobernación y empezó hablar. Confirmó la captura de Byron Lima Oliva a pocos kilómetros de Pavoncito; aseguró que no era un intento de fuga sino una evasión del recinto penitenciario; afirmó que en el vehículo de Lima había dos armas sin registro que presumiblemente serían ingresadas a la cárcel; y anunció la destitución del director general de centros penitenciarios, José Luis González, y de la directora de turno de Pavoncito, Azalea Patricia López Vásquez. Así, en líneas generales.

Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (FEP) capturaron a Lima Oliva en el kilómetro 18.5 de la ruta hacia Fraijanes a las 5:30 de la tarde del viernes 15. Ahí, en ese punto, habían instalado un operativo especial. El capitán se conducía abordo de una camioneta Toyota Land Cruiser blindada color negro, manejada por William Estuardo Salguero, su excuñado. Era acompañado por el director de la unidad de registros y traslados de Centros Penitenciarios, Edgar Rolando Hernández Franco, y por el agente Eliseo Ical. Atrás, otro vehículo conducido por Selvin Godoy Godoy, piloto de las hijas de Lima Oliva, servía de colero. Era una camioneta Land Rover negra en la que iban los agentes penitenciarios Domingo Choc Coy, Santos Benedicto Sarseño Lemus, Mario Sandino Rodríguez y Modesto Vásquez Vásquez.

Les hicieron el alto, los sacaron del vehículo, decomisaron armas cortas y, tres horas después, llegaban a la Torre de Tribunales acusados, según los partes policiales, de portación ilegal de armas e intento de evasión. La principal prueba de la evasión era una fotocopia tamaño carta, un permiso solicitado por el mismo reo y que no cumplía con los requisitos legales.

En boca de López Bonilla, “la salida de Pavoncito mostraba un proceso irregular sin controles”. La ley del Régimen Penitenciario establece el procedimiento para tratamiento médico en su artículo 14. En casos de gravedad o cuando los reos así lo soliciten, éstos tienen derecho a ser asistidos por médicos particulares, previo dictamen favorable del médico forense, del Ministerio Público (MP) y con autorización del juez de ejecución penal. Sólo en casos de extrema urgencia, la salida de los reos podría ser autorizada por el director del centro y éste tendría la obligación inmediata de notificar al juez. Nada de esto se hizo en el caso de la salida de Lima Oliva.

Al momento de su detención, el capitán tenía una fotocopia de una solicitud autorizada por González para asistir a una cita odontológica entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. La misma no tenía carácter de extrema urgencia, ya que había sido solicitada dos días atrás; no se había comunicado al juez de ejecución penal; y Lima Oliva había salido a las 5:45 de la mañana y casi 12 horas después regresaba hacia Pavoncito. “Hay cosas que se hacen a mis espaldas y sin autorización”, afirmó el ministro.

El viernes por la noche, la tesis de Gobernación era clara: Lima Oliva, como otros reos, gozaban de prebendas entre las autoridades del sistema penitenciario para salir a discrecion de las penitenciarías, entre otros beneficios. “Hay mucha información de que esto pudo haber sucedido antes en varias ocasiones, no sólo con él sino con otros reos”, aseguró López Bonilla.

Los rumores del poder de Lima Oliva y de sus vinculaciones con actos criminales dentro de Pavoncito no son nuevos. El MP da cuenta de investigaciones abiertas por agresiones y amenazas a otros reos, entre otras. ¿Por qué no se había investigado antes? ¿No se tenía en la mira a la dirección de centros penitenciarios por posibles vinculaciones?.  “A mis espaldas se ha llevado a cabo una serie decisiones irregulares y anómalas que me aseguran que lo que hay (en centros penitenciarios) es un descontrol”, afirmó López Bonilla. Desde Italia, un día después, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, daría espaldarazo a las decisiones de destitución hechas por el ministro y aseguró que la investigación seguía abierta.

Según fuentes policiales y del ministerio de Gobernación consultadas, la captura fue el resultado de una investigación que se venía realizando desde hace varias semanas en los centros penitenciarios del país. El operativo demostraba esa falta de controles administrativos, el poder de Lima Oliva para disponer de vehículos y hombres propios en sus traslados, y hasta la intención de ingresar armas de pequeño calibre al interior del recinto. “Lima Oliva ha obtenido poder dentro de Pavoncito por lo que pediremos su trasladado”, afirmó López Bonilla y se marchó.

El acusado

Sentado detrás del grupo de abogados, Lima Oliva no parecía el hombre fuerte que dirige con mano de hierro los destinos de una penitenciaría y tiene a su disposición agentes penitenciarios y administradores de Pavoncito. El sábado por la tarde, se le veía cansado, derrotado. No sacaba el pecho como en las fotos de diciembre pasado publicadas en El Metropolitano de Mixco, donde posaba con González y empresarios de seguridad privada en una visita guiada a Pavoncito, considerada por ellos la cárcel modelo del sistema penitenciario guatemalteco.

Por momentos, apoyaba la cabeza en el barandal que tenía enfrente. En otros, los menos, giraba el rostro hacia los periodistas y mostraba su nariz aguileña, una mirada taciturna y su frente amplia. Esas miradas duraban poco, apenas unos segundos. Así, con las manos engrilletadas detrás de la espalda, parecía que no le quedaba rastros de la explosividad con que habló a la prensa la noche del viernes cuando llegó a la Torre de Tribunales.

“Si quiere que me defienda, me voy a defender. Si quieren que demuestre más cosas de lo que puede existir en un gobierno corrupto, como fue el de Álvaro Colom, Alfonso Portillo y el de toda esa raza, ¡sigamos pues! Vamos a ver cuál es el objetivo de esta detención”, dijo a Emisoras Unidas. “Que venga el juez. ¡Veamos el gran gasto y el ridículo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado!”, decía el viernes.

El sábado por la tarde, el capitán mantuvo silencio. Esperaba conocer las pruebas que presentaría el MP para poder desvirtuarlas todas una vez rindiera su declaración. Su abogado, Marco Antonio Rossell había adelantado que no había pruebas en su contra, que todo era un montaje del Ministerio de Gobernación.

En la historia judicial reciente del capitán pocas veces ha habido pruebas en su contra. Ocho casos abiertos por el MP, que van desde amenazas hasta tráfico de drogas, fueron desestimados o archivados. Otros seis casos de amenazas, extorsión y agresiones están en investigación a la espera de pruebas, que pocas veces llegan. En septiembre de 2009, la auxiliatura móvil de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Fraijanes abrió un expediente de investigación contra Lima Oliva. Se le denunciaba por someter a castigos físicos y psicológicos a 13 reos de Pavoncito. El capitán daba las órdenes. Cincuenta reos a sus servicios las cumplían a rajatabla. Nadie quería hablar de ello.

Su defensor reconoció a elPeriódico que las denuncias contra su defendido superaban el medio centenar a mediados del año pasado, pero que la mayoría eran deslegitimadas por falta de pruebas. Los fiscales del MP tenían otra percepción: las denuncias no eran ratificadas por temor a represalias dentro de las cárceles.

Así, aunque dentro de las penitenciarías se habla de su participación en revueltas y asesinatos de pandilleros o de tener nexos con capos de la droga vinculados al Cartel del Golfo y los Zetas, jamás han existido pruebas reales que lo vinculen con ello. Mucho menos por ser el hombre que, según las autoridades, maneja con brazo de hierro la cárcel de Pavoncito y tiene control en otros recintos, como en Fraijanes II, desde donde, según fuentes del Mingob, recibió fotografías del motín de noviembre pasado y las reenvió a algunos periodistas.

“Lima Oliva es el hombre fuerte de Pavoncito”, comentó un fiscal del MP hace algunos meses, poco después que se entablara una nueva causa contra el ex capitán por falsificación de documentos en su proceso de redención de pena. “Él dispone de los reos, de los negocios, del control sobre la seguridad interna y los administradores… Él manda adentro, lo hizo en el Preventivo de la zona 18 y lo hace ahora. Sale cada vez que quiere. Hasta parece ser una broma que quiera salir de ahí”, sostuvo.

Marco Antonio Rossell, defensor del capitán, lo defendía de esta manera en agosto de 2012: “Lo que no permite el capitán es que los reos se estén asoleando todo el día. Él lo dirige todo. Ese es un presidio, no un campo de vacacionistas y ahí se debe observar la disciplina”, dijo a elPeriódico.

El exdirector

La dirección penitenciaria vio de otra manera a Lima Oliva. Quién fuera hasta el viernes el director general del Sistema Penitenciario, Luis Alberto González, lo describió como un “reo modelo”. Lo dijo en marzo de 2012, cuando reconoció que existían estructuras criminales y corrupción administrativa dentro de los 22 centros que manejaba su dependencia, que era difícil controlarlas por las condiciones de hacinamiento de los internos y que eso cambiaría con la construcción de nuevas cárceles dotadas con nuevas tecnologías de control y seguridad. Para esto último, Pavoncito y el sistema de trabajo del capitán serían el ejemplo a seguir.

El liderazgo de Lima Oliva le permite ser el coordinador laboral de la cooperativa Torre Fuerte, que funciona en Pavoncito desde 2010. Pero, además, maneja un segundo perímetro de revisión de visitantes, controlado por reos bajo sus órdenes y que tienen dispositivos de comunicación interna y escáneres electrónicos. Aunque algunos personeros de Gobernación creen que el capitán y sus hombres lo que buscan es el monopolio de lo que ingresa, tanto lo permitido como lo no permitido; y que a González no terminaba de gustarle este segundo anillo de seguridad constituido por los reos leales a Lima, éste se mantuvo intacto hasta ahora.

Así, el ex director general no colocaba las acciones de Lima Oliva al interior de la cárcel en la categoría de “criminales”. De él, dijo que era un reo modelo que había impuesto disciplina entre los otros reos debido a su pasado militar, que había introducido esquemas laborales para asegurar la reinserción futura de los reos, que estaba haciendo un buen trabajo en Pavoncito. “Usted sabe que la disciplina en el ejército es básica… Y él ha trasladado esta disciplina a donde ha llegado. Es un líder, un reo modelo”, dijo.

González también tiene su pasado militar. Egresó de la Promoción 96 de caballeros cadetes de la Escuela Politécnica; fue jefe de la sección de inteligencia G-2 de la zona militar 21, en Cobán, Alta Verapaz, a mediados de los años noventa; y para finales de los años 2000 estaba al frente la Guardia Presidencial y de los Cuadros Móviles. Su despacho lo adornaban, hasta esta semana, un mapa de Guatemala, el plano de una cárcel modelo que proyectaban construir y el escudo con una calavera con boina roja que recuerda su pasado como paracaidista kaibil.

Se presentaba con un “soy coronel del ejército” y cuando hablaba del sistema penitenciario no hacía mucha referencia a sus estudios en administración, derecho y seguridad pública; sino, más bien a la falta de mística de los agentes penitenciarios, a dotar de una nueva doctrina de trabajo a todo el equipo administrativo y la necesidad de imponer disciplina a los reos. Y las palabras mística, doctrina y disciplina eran acompañadas con un “así como la que existe en el ejército”.

Quizás por compartir esos principios castrenses y ese pasado militar, González veía con buenos ojos el liderazgo que ejerce Lima Oliva dentro Pavoncito. Así, sin jamás cuestionar públicamente cómo es que lo había ganado ni cómo lo seguía manteniendo. Según dijo en diferentes entrevistas, era porque el capitán hacía un buen trabajo.

González lo matizó en una entrevista a La Hora: “Byron es un privado de libertad que está poniendo esfuerzo en una rehabilitación eficaz, de formar un equipo y coadyuvar a una rehabilitación como la que están llevando a cabo”; lo repitió a elPeriódico en agosto de 2012 “Lo que visualicé en Pavoncito es un liderazgo, un liderazgo positivo y no sólo de Byron Lima” ; y lo volvió a admitir a elFaro.net: “Este personaje ha demostrado buena voluntad y un liderazgo que ha traído beneficio para mucha gente”.

¿Y las denuncias hechas por reos no era suficiente motivo para girar una investigación interna? No. González siempre adujo que su trabajo era resguardar y custodiar al reo; y que la investigación de ilícitos correspondía al MP. Así, mientras Lima Oliva manejaba la disciplina de Pavoncito; él seguía mostrando a ese centro penitenciario como una cárcel modelo con un sistema que debía de replicarse en el resto de penitenciarías.

El abogado

Marco Antonio Rossell levantó las manos en señal de victoria ante las cámaras de televisión. A su lado estaba su defendido, Byron Lima Oliva. Elevó la voz: “Gracias a un juez valiente, a juez estudioso, un juez honorable, fue absuelto de los tres delitos que le habían puesto”, dijo. Hizo un ademán con su índice derecho y anunció que el capitán regresaba a Pavoncito. Levantó las cejas, alzó la voz de nuevo: “Porque el que manda es el juez, no es el ministro de Gobernación”. Dio un paso a su derecha, suficiente para quedar dentro del encuadre de las cámaras, dio las gracias a los periodistas, sonrió enseñando toda la dentadura y volteó la mirada a su defendido.

Rossell tiene el rostro alargado, cejas pobladas y cabello engomado hacia atrás y con dos entradas pronunciadas en la frente. Se graduó en 1999 de la Universidad Mariano Gálvez, fue juez de paz de tránsito y del ramo penal en la capital y en Villanueva. Cuando habla, sube y baja el volumen y varía el tono de su voz una y otra vez.

Al juez, Rossell se dirigía con una voz empalagosa, casi servil y llena de reverencias. Al relatar las investigaciones del MP, giraba su rostro a la izquierda, hacia la representación fiscal, y utilizaba un tono grave y carrasposo, casi de narrador de películas de terror. Al referirse a su cliente, lo hizo con una voz suave, como la de padre comprensivo, y apeló a que ya no se sigan cometiendo injusticas contra él.

Entre la media docena de abogados defensores reunidos en la Torre de Tribunales, Rossell llevaba la voz de mando. Coordinaba con el resto de abogados la estrategia de defensa, se quejaba del calor en la sala de audiencias y le pedía al guardia que abra la puerta un poco; se arregló el nudo de la corbata cuantas veces fue necesario y luego sonreía a los periodistas; y sentenció que no habían pruebas para acusar a su defendido del delito de evasión y ligarlo a un nuevo proceso judicial. Era sencillo: Si Lima Oliva no había cometido ningún delito de los que le acusaba el MP, el resto de acusados tampoco podrían ser culpados por ellos.

La acusación de evasión era lo que más preocupaba, no por los años que se podrían sumar a la condena de Byron Lima, sino por las repercusiones que ésta trae consigo. El artículo 470 del Código Penal establece que una persona, detenida o ya condenada, que intentara evadir la justicia será sancionada con prisión de 10 a 20 años y una multa de Q50 mil a Q100 mil. Pero, según la ley, cualquier persona encontrada culpable por este delito no podrá gozar de suspensión de pena o de cualquier medida sustitutiva.

Lima Oliva, junto a su padre, el coronel en retiro Byron Disrael Lima Estrada, fueron condenados a 30 años en junio de 2001 por ser coautores en la ejecución extrajudicial del obispo Gerardi. Después, la Sala Segunda modificó el delito a encubrimiento y redujo en 10 años su pena de presión. Desde 2009, los abogados de los Lima han intentado la redención de sus penas apelando a buena conducta y trabajo social. Su padre la obtuvo en diciembre pasado. El capitán sigue peleando judicialmente para obtenerla.

Quizá por ello, cuando el juez de turno, Carlos Roberto Mota, sentenció que no había indicios que demostraran un intento de evasión, Rossell se giró sobre la silla, le dio una palmada en la pierna a Lima Oliva y le dijo: “Lo logramos”. A cambio, el juez ligó a su defendido a proceso por encubrimiento propio junto a los cinco agentes penitenciarios y el jefe de la Unidad de Registros y Traslados. Minutos después, Rossell saldría junto a su defendido, con la sonrisa en el rostro y los brazos en alto a celebrar la victoria.

El juez

Cuando Carlos Roberto Mota, juez de turno, entró a la sala de audiencias del sótano de la Torre de Tribunales, los periodistas tenían más de una hora de estar haciendo posta. La captura de Lima Oliva amarró la agenda informativa de una semana especialmente agitada. El intento de linchamiento en la zona 1, la renuncia del Papa, la apertura a juicio en el caso Totonicapán, el asesinato de la abogada penalista Lea de León y hasta la lluvia de meteoritos en Rusia mantuvieron en un sube y baja a los noticieros. Desde el viernes por la noche, todo fue la recaptura de Lima Oliva.

Ante el juez, el capitán dio su propia versión de los hechos. “Lo que pasó aquí fue una confusión”, dijo. Aseguró que tenía permiso de la Dirección General para salir de Pavoncito; que fue a una consulta dental privada y mostró una certificación del dentista que lo atendió, Francisco José Valdez, desde las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde; que recordaba que había salido de la cárcel “más o menos unas 37 veces”, por diferentes padecimientos debido a una apnea del sueño y mostró el diagnóstico realizado por el internista neumólogo Marco Antonio Pérez Escobar. “Jamás intenté darme a la fuga en el pasado, en todas estas ocasiones”, dijo.

¿La cita era de extrema urgencia? Según él, sí. El martes anterior pasó una consulta previa en la clínica del Grupo Odontostic, en la calzada Roosevelt, y tuvo complicaciones por un exceso de anestesia que le generó inflamaciones, dolor y problemas respiratorios. Un día después, solicitó permiso para salir de nuevo del penal. ¿De quién eran los vehículos? De Cesar Atahualpa Lima, un familiar fallecido hace pocos meses de insuficiencia renal. ¿Por qué utilizar vehículos privados? Por seguridad personal, porque las pandillas quieren matarlo, y porque en esos mismos se había trasladado a audiencias en la Torre de Tribunales en ocasiones pasadas y no había ningún reclamo por ello. ¿A qué horas salió de Pavoncito? Según el permiso que tenía en su poder, a las 6:00 de la mañana.

El punto central seguía siendo el permiso. Según Lima Oliva, solicitó su salida a Edy Fischer Arbizú, jefe de la subdirección operativa de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el 13 de febrero. Un día después, el ex director general González autorizó su salida y calzó su firma en él.  Por su parte, Fischer Arbizú autorizó el ingreso de los vehículos particulares en que sería trasladado: dos camionetas, una negra y una café oscura, no como relataba la acusación del MP.

Según el capitán, lo único que hizo fue solicitar un permiso. Nada más. Si el sistema penitenciario así lo disponía, se lo podían haber negado. Ningún privilegio, solo una solicitud. “En ley, en el artículo 14, dice que tiene que avisarle al juez de ejecución. Esa ya fue responsabilidad del director… Yo no soy abogado pero sé que el procedimiento lo tiene que hacerlo la autoridad máxima que es responsable de mi resguardo y custodia, que es el sistema penitenciario”, dijo Lima Oliva.

Pero fueron los pilotos, William Estuardo Salguero y Selvin Godoy Godoy, quienes sí mostraron que existían ciertos privilegios. El primero reconoció que ingresaba en su vehículo al perímetro de seguridad de Pavoncito cuatro veces por semana; el segundo, dos o tres veces cada semana, y para ello tenía un permiso firmado por el mismo González. Además, Salguero aceptó que al momento de la captura tenía tres teléfonos celulares, todos de su propiedad y de los que no recordaba a qué número telefónico correspondían, y que uno de ellos lo había utilizado Lima Oliva para hacer una llamada, aunque esto está prohibido.

Más allá, Hernández Franco, jefe de Requisas y Traslados, reconoció que conocía a Lima Oliva desde los años en que estudió en la Escuela Politécnica y que tras su encarcelamiento por el asesinato del obispo Gerardi lo visitó “dos o tres ocasiones por solidaridad”. ¿Llamadas telefónicas hechas por el reo? Ninguna, aseguró. ¿Conocimiento si el permiso tenía el aval de un juez? No. ¿Quién autorizó la salida? González y Fischer.

A ojos del juez de turno, las pruebas no demostraron un intento de evasión de Lima Oliva sino, al contrario, el incumplimiento de las autoridades de la DGSP en el procedimiento de salida del reo. Por eso, Mota desestimó los cargos de evasión, complicidad para la evasión y asociaciones ilícitas y dejó libre de cargos a los dos pilotos. Al capitán lo ligó a proceso por encubrimiento propio; y al resto, todos personeros del sistema penitenciario, por el delito de incumplimiento de deberes.  Para los agentes, ordenó arresto domiciliario. Para Hernández Franco, prisión preventiva por existir peligro de fuga. Para todo el caso, un plazo de 60 días para fijar la próxima audiencia.

Cuando el reloj marcaba cerca de las 9:00 de la noche del sábado, el mismo juez de turno hizo la pregunta que los periodistas se estaban haciendo. ¿Por qué el ministerio de Gobernación no puso a disposición del MP al ex director González si sabían que él había firmado el permiso de Lima Oliva? Más allá, por qué si todas las personas del DGSP acusadas sólo seguían órdenes, el MP no acusó a la cadena de mando que autorizó la salida de reo: el alcaide, la exdirectora de turno de Pavoncito, el subdirector de operaciones y el exdirector González.

Para esas preguntas no había respuestas la noche de sábado en la Torre de Tribunales. Rossell no habló de ello. Lima Oliva dijo que ya estaba cansado de estar peleando y que ya no tenía ganas de  seguir haciéndolo. Dos agentes penitenciarios le hicieron el favor de sortear a las preguntas de los periodistas y de llevarlo a la celda con el resto de acusados. Minutos después, el abogado Rossell, afuera de la Torre, celebraba la victoria fumando un cigarrillo y repartiendo abrazos a los familiares de su cliente. “Un show, todo fue un show”, decía y mostraba su sonrisa amplia.