El Ministerio de Ambiente denuncia a expresidente Colom y a su Gabinete por prórroga petrolera

A finales de 2015, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dirigido por Andreas Lehnhoff, hizo varias averiguaciones sobre los expedientes presentados por Perenco. Los funcionarios descubrieron que el gigante petrolero carecía de Estudio de Impacto Ambiental validado por las autoridades. Descubrieron y denunciaron también otras anomalías como pérdidas de expedientes y retardos inexplicables en su tramitación.  El 30 de octubre de 2015, el MARN presentó ante la fiscalía de delitos administrativos del Ministerio Público (MP), una denuncia penal en contra del Gabinete del expresidente Álvaro Colom por la firma del contrato con Perenco.

“En época de ¡Justicia ya! nos dijimos: vamos a hacer lo que nos corresponde. Ponemos la bandera roja sobre estas anomalías. Ahora le toca al MP y a la PGN hacer las investigaciones de los temas civiles y penales”, explica Andreas Lehnhoff.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió la semana pasada un dictamen en el que recomendó que Perenco detuviera su proyecto mientras no contara con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. La petrolera franco-británica ha hecho oídos sordos y sigue operando.

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Todo un gobierno en una denuncia

En la denuncia se señalan tres delitos: abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y omisión de denuncia. Los dos primeros delitosvan en contra de Álvaro Colom, Rafael Espada y todos los ministros que integraban el Gobierno en julio de 2010, excepto Luis Ferraté, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Jerónimo Lancerio, de Cultura y Deportes, y Carlos Menocal, de Gobernación. Los tres se opusieron públicamente a la prórroga del contrato con la petrolera. En el acuerdo gubernativo que dio vida a este contrato, ellos emitieron un voto razonado en el que explicaban su oposición. El último delito, omisión de denuncia, los incluye a ellos también, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier posible ilegalidad que conozcan.

Luis Ferraté niega haber incurrido en ese delito: su voto en contra del contrato petrolero cuenta como denuncia, asegura. Sus argumentos tendrían que haber servido de fundamento para que el Ministerio Público actuara de oficio, afirma.

Carlos Menocal indica que, a la hora de votar, él no tenía ni el expertise ambiental, ni el conocimiento detallado del expediente como avanzar argumentos técnicos y legales. Su oposición a la prórroga, explica, fue más como una objeción de conciencia en contra de la explotación petrolera en la selva petenera. ​El ahora asesor en el Congreso asegura no haber recibido aún ninguna comunicación del Ministerio Público relativa al tema.

En la denuncia penal, el MARN indica como motivos de la acción judicial, que “el riesgo al que se expone la fauna, flora y patrimonio cultural (…) en un área protegida es evidente”. Luego, específica los daños:

• Daños genéticos a peces y especies acuáticas
• Deforestación
• Disminución de poblaciones de especies amenazadas
• Contaminación de suelo, agua y aire
• Presencia de comunidades humanas que laboran en la actividad minera (realización de actividades agrícolas y ganaderas).

Con lo cual, concluye el MARN, la actividad petrolera “conlleva un deterioro para la salud y vida digna humana no solo de los guatemaltecos sino de todos los habitantes del mundo.”

Queda por ver la reacción del Ministerio Público ante esta denuncia. Plaza Pública intentó conversar con los responsables de la Fiscalía de Delitos Administrativos, pero, según se informó en comunicación social del MP por el trámite que lleva el caso, en este momento no es posible adelantar algún detalle de la investigación. Álvaro Colom aseguró que aún no ha sido llamado a declarar. Esto, más de tres meses después de que la queja llegara al MP.

Historia de Estado pro-petróleo

En 1985, el Estado guatemalteco firmó un contrato con la empresa petrolera Basic Ressources para la explotación del campo Xan, situado en el municipio de San Andrés, Petén.

En aquel tiempo, no existían leyes ambientales en Guatemala. Pero en  1986 fue aprobada la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y en 1989 fue declarada la Reserva de la Biosfera Maya que abarca toda la mitad norte de Petén. El campo Xan quedó dentro de los límites de esta reserva, en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, área núcleo que, por su importancia ecológica, goza en teoría del mayor nivel de protección ambiental.

La Laguna del Tigre cuenta con humedales que sirven de hábitat a una rica fauna. Además, es un tramo en el viaje de muchas aves migratorias. Por eso, en 1990, fue declarada como sitio Ramsar, una convención suscrita por 169 países, entre estos Guatemala, que obliga a cada Estado a conservar los humedales “de importancia internacional”.

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Sin embargo, todos estos cambios no afectaron la producción petrolera: el contrato había sido suscrito antes y, por  tanto, la nueva legislación no se le podía aplicar. Esto, a pesar de la inexorable degradación del Parque Nacional de la Laguna del Tigre. La carretera abierta por Basic Resources permitió la instalación ilegal de varias comunidades y de fincas ganaderas, muchas veces asociadas al narcotráfico, dentro del área protegida. Esto causó deforestación masiva y multiplicación de los incendios forestales.

En 2001, Basic Ressources fue absorbida por Perenco, empresa franco-británica con sede en Bahamas. Esta empresa, fundada en 1975, opera en 13 países de Europa, Asia, África y Latinoamérica. Especializada en campos petrolíferos modestos y de mediana rentabilidad, ha estado envuelta en numerosos escándalos. Por ejemplo, ha sido acusada de contaminación en República Democrática del Congo, y mantiene en este momento un litigio internacional con Ecuador por las ganancias de la explotación petrolera. 

En Guatemala, Perenco produce entre 3 y 3,5 millones de barriles de crudo por año según datos  del Ministerio de Energía y Minas. Los ingresos para el Estado por esta actividad han variado con los años: alcanzaron un pico histórico en 2011, con 130 millones de dólares aportados a las arcas nacionales. Pero en 2015, con la caída de los precios del barril, el aporte sólo fue de 23 millones de dólares.

Desde que Perenco asumió el control de Xan, todo siguió su cauce, hasta que la empresa y las autoridades tomaron conciencia de que el contrato terminaba en 2010 y que su renovación no sería fácil con la nueva legislación en vigor. Desde entonces, la empresa ha recibido múltiples favores por parte de las autoridades.

El primer favor estatal a Perenco ocurrió en 2007 y tuvo carácter de delito. Delito juzgado y con sentencia firme desde 2012. Sergio Veliz Rizzo, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), fue condenado a tres años de prisión por modificar ilegalmente el plan maestro del parque nacional de la Laguna del Tigre.

Un plan maestro es un reglamento que dice qué se puede hacer y qué no en cada área protegida. Además, propone una evaluación ambiental del área, y señala cuáles son las principales amenazas en su contra.

En 2005, el CONAP renovó el plan maestro del Parque de la Laguna del Tigre, y, tras un largo trabajo de campo que incluyó al Centro de Estudios para la Conservación de la Universidad de San Carlos, a oenegés como Conservación Internacional y a equipos de arqueólogos, se consensuó un Plan Maestro aprobado por todas las partes, incluido el Consejo director de Conap.

Uno de los puntos clave de este plan era señalar la amenaza de la explotación petrolera. “Se señalaron amenazas directas, como daños a la flora y la fauna. Por ejemplo, la ONG The Nature Conservancy mostró que los peces de las lagunas mostraban daños en su ADN. Y se señalaron amenazas indirectas como la apertura de caminos que fomentaron la colonización del área y la deforestación”, explica Francisco Castañeda Moya, director del Centro de Estudios para la Conservación de la Universidad de San Carlos (Cecon).  El nuevo Plan Maestro prohibía explícitamente el desarrollo de nuevas actividades petroleras en el área de la Laguna del Tigre.

El resultado no fue del agrado de Perenco, y se lo hizo saber, por medio de una carta, al entonces secretario ejecutivo de Conap, pidiéndole que lo dejara sin efecto. En respuesta, Sergio Veliz Rizzo editó el documento y eliminó todos los párrafos que hablaban del petróleo. De esta forma, la petrolera dejó de ser una amenaza para el parque, y ya no se prohibía el desarrollo de la actividad ni la apertura de nuevos caminos. Este documento amañado fue publicado, y se convirtió en la referencia ambiental para el área. Sin estas modificaciones, la prórroga del contrato petrolero hubiera sido aún más difícil de justificar en el plano legal.

Veliz Rizzo, que al menos hasta diciembre de 2015 era asesor del Fondo para la Vivienda, fue condenado en 2012 a tres años de cárcel conmutables. Pero para ese entonces, el favor a Perenco ya había rendido sus frutos.

La segunda ayuda a Perenco vino de Manuel Baldizón en 2008. El entonces diputado petenero, que aún estaba afiliado a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), quien presentó e hizo votar un proyecto llamado Fonpetrol. El objetivo era la repartición de los ingresos generados por el petróleo, pero, además, la ley contenía un regalo invaluable para Perenco: una reforma a la Ley de Hidrocarburos. Antes, ésta prohibía la renovación de los contratos petroleros. Con la modificación, el Congreso permitió darles vida por 15 años adicionales.

Con esto, el camino parecía despejado para celebrar la firma de un nuevo contrato con la petrolera franco-británica. Pero no les fue tan fácil.

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Álvaro Colom tomó partido por la empresa de manera decidida. En declaraciones a la prensa, manifestó: “Sería una locura que en un país que se está muriendo de hambre, el Gobierno deseche una buena inversión”. Agregó que el dinero del contrato permitiría la luchar contra el narcotráfico, dar seguridad a la población de Petén y resguardar la Reserva de la Biosfera Maya.

Pero estos argumentos no convencieron a los escépticos. El Conap, a pesar de ser una secretaría de la Presidencia, presentó dictámenes desfavorables al contrato. La USAC, quien tiene a su cargo la administración del Biotopo de la Laguna del Tigre, también se opuso frontalmente. La Universidad Rafael Landívar y las organizaciones ambientalistas repudiaron a su vez la prórroga del contrato, como también lo hizo una comisión científica internacional enviada por la Convención Ramsar.

Álvaro Colom ni siquiera convenció a todo su gabinete. La decisión de firmar el nuevo contrato, oficializada el 22 de julio de 2010 por un acuerdo gubernativo, se tomó con la oposición de tres ministros: Carlos Menocal, ministro de Gobernación, Jerónimo Lancerio, de Cultura y Deportes, y Luis Ferraté, de Ambiente y Recursos Naturales. Hecho sin precedentes: el acuerdo gubernativo se publicó con tres votos disidentes. Menocal razonó su voto con argumentos de naturaleza ética. En cambio, Lancerio y Ferraté lo hicieron con argumentos jurídicos que muestran la ilegalidad del contrato.

Ferraté manifestó que la prórroga iba en contra de la Ley de Áreas Protegidas, de la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Maya y de la Convención Ramsar.

Perenco y las autoridades se defendieron diciendo que se trataba de la prórroga de un contrato antiguo y, que por lo tanto, las leyes de 1985 debían aplicarse. Pero, según el voto disidente de Ferraté, este argumento caía por su propio peso: según los términos del contrato, este era en realidad una ampliación y modificación del anterior, permitía nuevas actividades como la perforación de nuevos pozos y la construcción de una “minirefinería” de petróleo.

Además, argumentó Ferraté, si se aplicaban las normas de 1985, entonces también se tenía que aplicar la antigua Ley de Hidrocarburos, que prohibía la renovación de los contratos petroleros.

Hoy en día, Álvaro Colom sigue justificando la prórroga del contrato petrolero. “Nadie, ni el ministro de ambiente, ni la Secretaria Ejecutiva de Conap, me pudo demostrar que la prórroga del contrato por 15 años degradaría más a la Laguna del Tigre de lo que ya está. No había efecto adicional. Al contrario, nosotros beneficiamos el área protegida con la recuperación de muchas narcofincas que estaban en el área. Recuperamos 136 mil hectáreas de terreno y logramos que salieran de allí miles de cabezas de ganado”, explicó el exmandatario. En cuanto a la legalidad del contrato, zanja diciendo que fue estudiado muy a fondo para verificar que no fuera ilegal. Recordó además el beneficio social para los municipios de Petén y la Franja Transversal del Norte que reciben buena parte de los fondos petroleros.

La ley Fonpetrol establece que los Consejos Departamentales de Desarrollo de los departamentos donde se realizan las operaciones petroleras deben recibir el 20% de los beneficios que deja la actividad. Este monto, que se reparte a partes iguales entre las municipalidades de estos departamentos, debe ser invertido en infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, turismo sostenible e inversión social. El monto que las municipalidades se repartieron gracias a Fonpetrol en 2015 fue de Q170 millones. En 2016, podrán repartirse Q46 millones, según los datos del presupuesto general.

Después de la firma del contrato, la Corte de Constitucionalidad recibió varios amparos y acciones de inconstitucionalidad por parte de algunas instituciones y organizaciones: del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), de la Universidad de San Carlos, de comunidades cercanas al campo petrolero y del propio Conap. Todos fueron denegados. Perenco siguió operando.

La única acción legal con vida en contra del contrato es una denuncia de la USAC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sigue en trámite. Queda además por ver la reacción del Ministerio de Ambiente ante el dictamen de la PGN, que recomienda un cese de operaciones mientras Perenco no tenga un Estudio de Impacto Ambiental aprobado.

La petrolera ha optado por el silencio, y rechazado las entrevistas solicitadas por Plaza Pública.

La historia de Perenco en Guatemala, así como los hallazgos recientes realizados por funcionarios del MARN, muestra la tendencia del Estado a romper con sus propias reglas y principios para favorecer determinados intereses.

Pero, sobre todo, muestra que Guatemala no ha sabido decidir hacia qué modelo de desarrollo quiere dirigirse. Como lo explica Andreas Lenhoff: “Guatemala debe determinar sus prioridades. Debe poner en la balanza si quiere privilegiar la explotación petrolera o las áreas protegidas. Si Guatemala determina que la explotación petrolera es más importante, entonces el Congreso debe revertir la declaratoria de áreas protegidas. Lo que no se puede es tener una ley de áreas protegidas y aceptar un contrato que contravenga esta ley”.