Nadie controla a Perenco, y la Procuraduría le dice que se detenga

El estudio de impacto ambiental (EIA) es el documento en el que una empresa indica cuáles serán los posibles efectos de su actividad sobre el medio ambiente, y cómo piensa prevenirlos o minimizarlos. Desde 1986, fecha en que fue aprobada la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, toda obra o industria debe tener un EIA aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) antes de empezar actividades

El hecho de que Perenco no tenga ningún EIA aprobado viola esta normativa.  De esta forma, se expone a una multa de hasta Q100 mil y si la empresa no regulariza su situación podrían obligarla a cerrar. Además, esto choca con los términos del contrato firmado en 2010 entre la empresa y el gobierno de Guatemala. Pero, además, indica el exministro de ambiente Andreas Lehnhoff, sin EIA las autoridades no pueden hacer un monitoreo ambiental riguroso de la actividad de esta petrolera. “Perenco no debería continuar operando, tiene que regularizar su situación primero”, afirma Lehnhoff, quien acaba de entregar su cargo a Sidney Samuels.

Esta es también la opinión de la Procuraduría General de la Nación. El viernes 29 de enero, la institución encargada de velar por los intereses del Estado emitió un dictamen en el que recomienda que Perenco “se abstenga de continuar el proyecto” hasta que cuente con un instrumento ambiental aprobado por el MARN. Según Consuelo Álvarez, asesora de la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, esta recomendación se dirige al ministerio y  “ellos deben decidir qué hacer”.

Lee en inglés: No one is controlling Perenco and the Office of the Counsel-General is requesting it to stop

Perenco es una multinacional franco-británica fundada en 1975. En Guatemala, genera el 91% del petróleo nacional, que extrae del campo Xan, situado en el parque nacional de la Laguna del Tigre, en Petén. La explotación de Xan empezó en 1985, cuando el Estado guatemalteco suscribió un contrato de 25 años improrrogables con la petrolera Basic Resources, la cual fue absorbida por Perenco en 2001. En 2010, en medio de una agria polémica, el presidente Álvaro Colom le prorrogó por 15 años más el permiso de explotación, a pesar de los términos del primer contrato.

Con esta prórroga, Perenco se comprometió a realizar nuevos estudios ambientales. Si bien la empresa presentó dichos estudios, los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina evadieron su responsabilidad de validarlos o desaprobarlos.

Durante los cinco últimos años, el MARN, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas  (Conap) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), han protagonizado un embrollo burocrático escaqueándose de un enfrentamiento con el gigante petrolero. Una comedia digna de los tres monos sabios, que no ven, no oyen y sobre todo, no dicen.

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Hoy, por la Procuraduría General de la Nación y la corta administración de Andreas Lehnhoff al frente del MARN, se desvela una cascada de anomalías administrativas con las cuales Perenco ha podido explotar el oro negro guatemalteco sin un verdadero control ambiental por parte del MARN.

Tortuguismo administrativo y misteriosas desapariciones de expedientes

Todo empezó en 2012 con una acción del Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS). La organización ambientalista pidió al presidente Otto Pérez Molina que declarara lesivo para Guatemala el contrato suscrito en 2010 por el gobierno de Colom. Según Rafael Maldonado, asesor jurídico de CALAS, este contrato es ilegal porque la actividad se desarrolla en un área de máxima protección ambiental, en donde cualquier tipo de actividad industrial está prohibida.

Ante la prensa, Pérez Molina aseguró que iba a estudiar el caso. En realidad, su gobierno lo enterró, tal y como lo muestra el dictamen recién emitido por la PGN.  En vez de resolver si el contrato era o no dañino para el Estado, el Ministerio de Energía y Minas lo retuvo por más de tres años. Tres años que no parecen ser casualidad: según la ley, el Estado tiene ese plazo para dictaminar sobre la lesividad de un contrato. Pasados los tres años, éste no se puede rescindir.  

El tortuguismo del MEM libró a Perenco de una posible anulación del contrato petrolero. Pero a la vez, esta irregularidad fue detectada en octubre de 2015 por la Procuraduría General de la Nación, dirigida por María Eugenia Villagrán.  En su dictamen, la PGN indica que por “el retraso en la tramitación de la solicitud (…) es viable poner una denuncia al Ministerio Público”. Denuncia que, según Consuelo Ramírez, la PGN está a punto de presentar.

Luis Aroldo Ayala, director de Hidrocarburos del MEM, dijo no estar al corriente del dictamen de la PGN y se abstuvo de opinar sobre la acción de CALAS y sobre la retención en la que habría incurrido este Ministerio. Se intentó hablar con el exministro de Energía y Minas, Erick Archila, pero no contestó las llamadas, ni los mensajes.

Pero antes de emitir esta opinión, la PGN convocó a una reunión a representantes del MARN y del MEM. Les pidió que investigaran sobre el estatus de Perenco en sus respectivas dependencias. El MARN fue quien hizo las averiguaciones más profundas.

Durante la transición encabezada por Alejandro Maldonado Aguirre, Andreas Lehnhoff fue nombrado ministro de ambiente. Reconocido activista en pro de la naturaleza, director regional del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), su administración significó una ruptura con respecto a los ministros de ambiente del gobierno Patriota.

Lehnhoff, siguiendo las instrucciones de la PGN, pidió a su equipo que buscara los expedientes que tenían que ver con Perenco. No podían imaginar lo que encontrarían: un juego de omisiones y desapariciones de expedientes que, según el propio MARN,  bien podrían constituir delitos penales.

Lo primero que constataron fue la desaparición, en el Conap, del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Perenco. Las autoridades actuales del Consejo, encabezadas por Enma Diaz, aseguran haberlo buscado tanto como pudieron, sin éxito.

Este estudio fue presentado por Perenco en 2011 ante el MARN. Puesto que  la actividad petrolera se realiza en un parque nacional, el ministerio se lo reenvió al Conap para que este emitiera su opinión. Es allí donde se pierde el rastro del estudio. Según documentos obtenidos por Plaza Pública, este parece haberse extraviado en 2012, durante la administración de Erick Cabrera en el Conap. Esto fue confirmado por extrabajadores del Consejo que no quisieron ser identificados. La pérdida del documento evitó que tanto el MARN y el Conap aprobaran o desaprobaran el Estudio. Según los documentos, ambas instituciones se olvidaron del asunto y dejaron de solicitar o dar información al respecto. Sin embargo, el petróleo siguió fluyendo por 477 kilómetros de oleoductos de Perenco, en contra de las exigencias de la Ley del Medio Ambiente.

“No se sabe quién lo escondió, no tenemos elementos para saberlo”, indicó Andreas Lehnhoff. Para saberlo, tanto el Marn como el Conap pusieron, en noviembre 2015, una denuncia ante el MP por esta desaparición.

Otra sorpresa esperaba a los funcionarios del MARN que investigaban el caso Perenco. En 2011, seis meses antes de presentar el EIA, Perenco entregó un Diagnóstico de Impacto Ambiental. Este tipo de diagnóstico busca analizar los daños ambientales causados por la actividad pasada de una empresa. Es la diferencia con un EIA, el cual intenta anticipar impactos ambientales de proyectos futuros. Sin embargo, por alguna razón, Perenco agregó en su diagnóstico, consideraciones sobre el impacto de los nuevos pozos que pretendía abrir. El diagnóstico también tenía otras deficiencias, como por ejemplo, el número de pozos que operan variaba a lo largo del informe. Por estas razones, el Conap, en 2011, recomendó al MARN que no lo aprobara. Siguiendo el dictamen de Conap, el MARN tendría que haberlo rechazado a su vez. No fue lo que pasó.

En vez de emitir la resolución esperada, y según las evidencias, las autoridades del MARN en funciones en 2011 enviaron el expediente a lo más profundo del “archivo muerto”, como le llaman en la institución, en donde se acumulan los documentos que ya nadie necesita. De esta forma, el MARN dejó sin resolución el documento ambiental presentado por Perenco.

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Según los documentos el diagnóstico tenía que haberse resuelto durante la gestión de Luis Ferraté en el MARN. Preguntado al respecto, el exministro de ambiente dijo no recordar ese documento, y negó haber ordenado que fuera archivado de esa manera. “Hay cosas que uno delega a los directores o los viceministros. Yo no soy quien ve estos documentos, ni quien los dictamina. El Ministro sólo se encarga de la política rectora y normativa del Ministerio”, se exculpó Ferraté.

Las resoluciones de los estudios y diagnósticos de impacto ambiental no son firmadas por el Ministro, sino por el Director de Gestión Ambiental. En aquellos meses, quien ostentaba este puesto era Eugenia Castro Modenessi, ya fallecida. Luis Ferraté y el entonces ministro de Gobernación, Carlos Menocal, fueron de los opositores más decididos a la firma del contrato petrolero por el presidente Colom, oposición por la cual Ferraté afirma haber recibido amenazas.

El equipo de Andreas Lehnhoff, al desenterrar el diagnóstico ambiental de Perenco, hizo dos cosas. Presentar otra denuncia penal por la acción anómala de archivarlo sin resolverlo, y emitir su resolución respecto a este documento (doc 4). Y su resolución fue “no aprobado”, a causa de sus “deficiencias e inconsistencias”.

Perenco se declaró inconforme con esta resolución y apeló mediante un recurso de revocatoria interpuesto el 4 de enero 2016. Ahora, le toca al nuevo Ministro de Ambiente, Sidney Samuels, decidir si aprueba o desaprueba en definitiva el documento ambiental de Perenco. Se intentó hablar con el Ministro, pero fue imposible. Se le enviaron preguntas sobre la decisión que tomaría, pero, al momento de publicación de este reportaje, no han sido contestadas.

Una de las dudas que surgen de este enredo administrativo es ¿por qué las instituciones ambientales dejaron los expedientes de Perenco sin resolución? Un exfuncionario del MARN, que pidió no ser identificado, ofreció una explicación: Según él, ningún funcionario del Conap o del MARN se atrevería a aprobar unos estudios ambientales que convaliden y legalicen la instalación de una industria extractiva dentro de un área protegida. El riesgo de caer en una grave ilegalidad sería demasiado alto. Por eso, parece ser, en vez de emitir una resolución contraria a los intereses de Perenco, los funcionarios optaron por archivar los expedientes y dejarlos sin resolver.

Podría argumentarse que Perenco, en realidad fue víctima de la desidia administrativa del MARN, del Conap y del MEM. De ahí que la falta de resolución oficial de los expedientes impida a la empresa tener certeza de que sus operaciones y sus enormes inversiones son legales. Pero en un caso así, opina el experto en derecho ambiental, Fred Batlle, tras cinco años de silencio administrativo la empresa tendría que haber obligado al Estado a contestarle utilizando el sistema de justicia. Sin embargo, Perenco nunca se quejó de la falta de respuesta. Por el contrario, prosiguió con la explotación petrolera sin tener los estudios de impacto ambiental aprobados.

Surge también la duda sobre el estado ambiental del parque nacional de la Laguna del Tigre, tras 30 años de explotación petrolera y la instalación ilegal de varias comunidades. Es por esto que Andreas Lehnhoff ordenó una visita de campo a las instalaciones de Perenco. “En cualquier lugar del mundo, la explotación petrolera genera desechos. Se producen lodos de perforación. Esta misión era para saber cómo se tratan estos lodos, cómo se hacen inocuos y cómo les sacan los metales pesados, si los hubiera.  “Queríamos saber qué pasaba con los cuerpos de agua, porque una gota de hidrocarburos puede contaminar una gran cantidad de metros cúbicos de agua”, dice el exministro Lehnhoff.  El informe de esta visita de campo no ha sido publicado, y ni el propio Lehnhoff lo ha podido ver, puesto que dejó su cargo antes de que estuviera terminado. 

Se intentó en repetidas ocasiones hablar con personeros de Perenco. Se llamó por teléfono y escribió en repetidas ocasiones al asesor legal de la empresa, Fredy Gudiel Samayoa, así como a la encargada de comunicación social, Zoraida Jordan, pero no se logró obtener ninguna declaración por parte de la multinacional.