Según el texto de la organización, aunque ha disminuido el número de ataques contra quienes defienden derechos humanos, ha crecido de manera preocupante el nivel de agresión. En particular, contra quienes defienden el territorio o se oponen a industrias extractivas o explotadoras irracionales de recursos naturales, entiéndase minería a cielo abierto, monocultivo extensivo o hidroeléctricas chuparríos.
Los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos son el ámbito que más se ha elevado en los últimos años. Con estos también han crecido los procesos de criminalización, es decir, aquellos que utilizan el derecho penal en forma indebida para anular resistencia pacífica o rechazar políticas agresoras. El análisis de cómo se gesta y produce este método de anulación del liderazgo social es un aporte valioso de la Udefegua para comprender e identificar estos mecanismos y los actores y sectores que los impulsan, patrocinan y ejecutan.
El empleo de este recurso significa que se produce una colusión entre la empresa o el grupo en cuestión, el cual cuenta con recursos económicos y vínculos de poder que le facilitan su propósito. Esos vínculos son directos o se construyen con actores del sistema de justicia e incluso con fuerzas de seguridad públicas o privadas. Mediante la colusión de los intereses y grupos se generan demandas penales en contra de quienes, merced a su liderazgo, se ubican como las personas clave en la acción comunitaria.
El proceso, de acuerdo con el análisis de la Udefegua, suele arrancar con campañas locales o nacionales encaminadas a deslegitimar la actividad de la defensora o del defensor. Ello, porque se requiere la justificación pública del accionar posterior y, en virtud del liderazgo ejercido, se necesita ablandar el entorno social para que se vea con naturalidad la acción criminalizadora.
Luego basta con una demanda en contra de la persona a la que se desea anular para que, en manos operativas dentro del sistema de justicia, previamente adiestradas, se construya un caso. Una vez construido, sirve para obtener los elementos necesarios que sirvan a un juez o a una jueza, casi siempre en colusión, para emitir la orden de captura y ejecutarla. El proceso, de uno o dos años (incluso más) durante los cuales el defensor o la defensora guarda prisión, resulta eficaz para que el objetivo perverso de aniquilarlo civilmente sea alcanzado, según la óptica de los agresores.
Un caso concreto es el del entorno de los proyectos Renace y Oxec, en la zona de las Verapaces. Por la acción comunitaria, que evidenció la violación de las normas técnicas y de consulta, las comunidades obtuvieron un amparo provisional para la suspensión de la licencia de Oxec y pueden lograr el mismo resultado con Renace. Debido a esta circunstancia, para la corporación familiar propietaria de estos, «tan guatemalteca como tú», es menester lograr la anulación de quienes impulsan estos procesos.
De tal suerte, una vez ubicadas las organizaciones que apoyan a las comunidades, ha habido una campaña mediática en contra de estas, así como en contra del liderazgo de las poblaciones. Semanas atrás, en Twitter se mostró un video en contra del Colectivo Madre Selva y particularmente de su director, José Cruz. El tuit en cuestión, emitido por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, le abrió la puerta al desarrollo de la campaña. Luego, las columnas de opinión de Pedro Trujillo y de José Rubén Zamora, así como publicaciones en medios electrónicos en contra de Bernardo Caal, rostro comunitario visible en la resistencia a las hidroeléctricas chuparríos. Pocos días después se hizo público que se emitió orden de captura en contra de Caal, quien al momento de presentarse ante juez habrá de enfrentar un proceso fabricado con el único propósito de eliminar su liderazgo y dejar a las comunidades a merced de la voracidad empresarial.
Más de este autor