El señor de las ONG

Hasta hace unos años era un obrero de una familia cualquiera. Ahora es el constructor de San Marcos y toda la región. Pocos saben del verdadero alcance que ha logrado en la construcción de infraestructura y casi nadie conoce detalladamente sus conexiones reales, en la política o en otros ámbitos, pero se apuntan siempre a las de más alto nivel. Por eso, Miranda permanece ajeno a la actualidad política marquense: porque está por encima de todos ellos. No es un protagonista: tras bambalinas, ordena a golpe de talonario. Aunque sus negocios están omnipresentes, él no se deja ver, prefiere no mostrarse mucho, no darse publicidad. En San Marcos, muchos se preguntan: ¿cómo ha logrado tanto en tan poco tiempo?

Marino Estanislao Miranda proviene de una familia humilde, como tantas otras, del municipio San Cristóbal Cucho, aunque algunos de sus hermanos vivían en El Quetzal. Ambos son municipios pobres. Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), casi el 80 por ciento de la población de El Quetzal vive en pobreza y el 26 por ciento en pobreza extrema, mientras en San Cristóbal Cucho estas cifras alcanzan el 68 por ciento y el 16 por ciento, respectivamente. 

Aún recuerdan en la cabecera departamental cuando usaba un carrito viejo y vivía en la casa de sus suegros, enfrente de donde se ubica su oficina y hogar actual, es una sencilla morada que hoy pasa desapercibida. 

Pero su historia de vida cambió cuando en los años ochenta conoció a Daniel Caballeros Archila, un empresario que llegaría a ser alcalde uceneísta de San Marcos a principios de los noventa y que más tarde, durante el cuatrienio actual, terminaría ejerciendo como diputado del partido Lider, aún si fue elegido como parte del Partido Patriota. Caballeros le contrató para trabajar en su constructora DCA como bodeguero y albañil, los puestos más bajos; pero ya se le notaban sus ansias de progresar y mientras trabajaba también estudiaba Administración de Empresas. Aunque nunca se graduó, su ascenso en la empresa fue rápido y pronto se convirtió en el administrador de la constructora.

A finales de los años noventa, Marino Miranda pensó que una vez aprendido el oficio, podía tener su propia compañía y se puso manos a la obra: creó la constructora M&M. Y desde 2007, su ascenso ha sido implacable e imparable con picos exorbitantes de ingresos, especialmente en el año 2009.

Su casa-oficina es hoy un llamativo edificio de cuatro niveles, pintado en colores rosas y rojos con un  inmenso garaje, donde se estacionan numerosos vehículos de reciente adquisición. Los hay de todos los estilos, desde enormes picops todo terreno hasta algún Corolla. La recepción se encuentra en el primer piso y dos secretarias son las que dan la bienvenida a los clientes. Es un espacio pequeño, bien cuidado, con algunas sillas para que esperen los visitantes.

“Queremos hablar con Marino Miranda sobre la constructora. Es para un reportaje”, explicamos allí mismo.

De forma rápida, una de ellas se moviliza y desaparece en una de las habitaciones. Cuando se abre la puerta, ahí se atisba a Miranda, de 51 años, carácter reservado, con corbata, junto a varias personas más.

“Está reunido, pero no tiene tiempo para hablar con ustedes”, responde la secretaria y nos da una tarjeta de presentación a modo de despedida. 

Miranda ha medrado en buena medida gracias a contratos que le han otorgado organizaciones no gubernamentales que reciben concesiones del Estado. Desde 2010 una parte de sus trabajos y de sus ingresos los logra a través de la Asociación para el Desarrollo Integral Marquense (Adimarq), cuya sede se encuentra a escasas cuadras de la Constructora de Miranda. Tan cerca que es común observar cómo hay movimiento de vehículos de la constructora a la ong y viceversa.

Poca gente en San Marcos parece conocer Adimarq y menos el lugar donde se ubica, ni siquiera en el ámbito de los cooperantes, y todavía hoy algunos habitantes reconocen la sede de Adimarq como la casa de una antigua maestra.

No hay ningún rótulo que la identifique.

La puerta permanece abierta. La construcción exhibe los mismos patrones arquitectónicos que la casa-oficina de Miranda.

Reciben las visitas dos jóvenes –chico y chica– tras un gran mostrador, no se les ve muy ocupados, ni se siente que haya mucho movimiento en la oficina. No hay apenas objetos, salvo un reloj que destaca porque no funciona y marca las 8:40. La única actividad visible es la llegada en dos ocasiones de una vendedora de atoles y tortillas.

Los dos jóvenes poco saben de la historia del lugar donde trabajan. No saben, por ejemplo, que desde que se creó en 2009, a Adimarq se le han adjudicado 23 procesos con un valor total de Q18.8 millones, según Guatecompras. Su director general es Herlyn Ulises Mérida González, pero en ese momento no se encuentra.

El joven lo llama por teléfono y nos lo pasa para que hablemos con él. Se muestra amable y asegura que cuando salga de una reunión que tiene en la Municipalidad nos llamará. Nos acercamos al Palacio Municipal, donde es cierto que se celebra una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo.

Asisten ongs y contratistas. Pero Mérida no está, no ha ido en toda la mañana, ni nadie que represente a Adimarq. Le llamamos al celular y nos responde que ahora se encuentra en Gobernación, pero que nos devolverá la llamada.

Esperamos; en vano. Nunca lo hizo.

Adimarq tiene sus empresas predilectas. Todos sus proyectos han resultado asignados siempre a una trinidad de constructoras: Constructora M&M, que es propiedad de Marino Estanislao Miranda; Construcción, Diseño y Maquinaria S.A, creada este año y cuyo representante legal es Miranda; y Bloquera Santa Fe, a nombre de Magnolia Noemí López Castillo, la esposa de Miranda. Las tres se localizan además en la misma dirección que la Constructora M&M. En total, entre sus tres empresas, la familia Miranda ha percibido unos Q312 millones de fondos provenientes, en su origen, del Estado. Porque no ha sido Adimarq su única benefactora. Ni la má importante.

Antes, el favor de otra ong: el caso de Ades

Antes de que Adimarq existiera, Marino Miranda gozaba ya del favor de otras ong leales. De hecho, aquel  mismo año, el 2009, fue precisamente el más fructífero para la Constructora M&M, pues obtuvo 48 proyectos de un valor que ascendía a Q104 millones.

Su mayor mecenas fue la ong Asociación para el Desarrollo Social (Ades) que le ha aportado a Miranda un moto de 81 millones. Desde 2004 a noviembre de 2009, Ades recibió Q204 millones del Estado, en ese último año, con 128 millones recibidos, se destacó como la segunda ong que más fondos estatales manejó, superada sólo por la Asociación de Desarrollo Rural (Asader), que también ha trabajado con Miranda.

En los dos últimos años, los beneficios de Ades han continuado acumulándose, pero decayeron en ritmo. Hasta mediados de 2011, ha recibido Q260 millones de fondos estatales según Guatecompras.

Sin embargo, su oficina actual no aparenta, ni mucho menos, haber gestionado nunca tanto capital. La primera planta está abandonada y al lado hay una tienda de camas. Cuando uno sube unas escalera y llega a la puerta de Ades se aprecian en sus paredes amarillas unas enormes rajas. En el momento de la visita, Mario Gustavo Orozco Juárez, su director ejecutivo, se encontraba en la capital en un viaje de negocios.  

Es posible que la causa de la pequeña caída en desgracia de Ades en los últimos dos años se deba a que en aquel 2009, el mismo año de su auge, cobró una publicidad que le resultó negativa: se la acusó públicamente de varias irregularidades. La Controlaría General de Cuentas, por ejemplo, notificó un reparo porque no había publicado todos los datos actualizados en Guatecompras.  Hubo anomalías mayores que gozaron de espacio en los medios de comunicación.

En junio de 2009, cuando Obdulio Solórzano –acusado de cometer varias anomalías durante su gestión- aún era su director, Fonapaz le adjudicó la construcción de 144 paradas de autobuses, el proyecto denominado como Rutas Seguras. Fue elegida a pesar de que su oferta constituía una sobrevaloración, como reconocería de forma tácita el Gobierno meses después, cuando Jairo Flores, el sucesor de Solórzano en Fonapaz, renegoció la oferta y bajó su importe.

Pero, además, en el último trimestre de 2009, Fonapaz rescindió cinco convenios con Ades por incumplimiento en la presentación de fianzas por Q12.1 millones.

Más tarde, también se dio a conocer que Mario Gustavo Orozco Juárez, su director ejecutivo, había recibido de comisión Q744 mil por subcontratar a la Constructora Metal S.A para la construcción de paradas. Esta empresa pertenece a Erick Hernán Quan Luna y a Edwin Escobar (alcalde electo de Villa Nueva, por CREO) y fue la que presentó la oferta más baja: Q24.6 millones. Aunque Metal S.A. se creó en 1992 nunca había participado en concursos del Estado. Pese a ello, en su primera vez, obtuvo la concesión de un proyecto relevante.

A partir de 2009, y con Ades públicamente asediada y viniendo a menos, Miranda decide independizarse de ella. Aparece entonces Adimarq, legalmente a nombre de los hermanos Mérida González, unos desconocidos para casi todos en San Marcos, y que le han concedido sus 23 proyectos a las tres empresas de construcción que están en la órbita de Miranda.

Allende las fronteras

Miranda, está claro, no es un empresario de pueblo. Desde su época de albañil hasta hoy, ha sabido trascender las fronteras de su municipio y también de su departamento. Su pálida y eludida fama y los contratos de sus empresas se han filtrado a otros lugares de San Marcos, pero también a otras ong y alcaldías de Sololá.

Entre las ong, la que le ha aportado más dinero después de Ades es la Asociación de Desarrollo de los Pueblos (Asodep), de Jasser Jonathan Paz Morales, que pese a tener su sede en Zacapa, en marzo de 2009 le adjudicó a Miranda un único proyecto de Q30 millones para la construcción de una carretera de terracería en el municipio de Tajumulco.

De nuevo, los fondos que manejaba Asedop provenían de Fonapaz. Esta organización fue una de las que había sobrevalorado obras durante la dirección de Solórzano y en 2010 tuvo que devolver Q5.2 millones al Fondo.

La Asociación de Desarrollo Rural (Asader), otra organización que hubo de reintegrar Q4.6 millones a Fonapaz, tuvo también tratos con Miranda: durante 2008 y 2009 lo contrató para ejecutar trabajos valorados en unos Q4.3 millones. Asader, ubicada en la capital y propiedad de Roberto Samuel Dávila Meza, fue la que más dinero recibió en 2009 y en la actualidad, es la tercera con más capital del Estado. Tiene 16 inconformidades en Guatecompras y ha sido sancionada por la Contraloría General de Cuentas.

Por otra parte, la Asociación para el Desarrollo Agroecológico Sostenible (Apdas), de Amílcar López Escalante, proporcionó Q3.7 millones a Miranda en proyectos en Malacatán. Esta empresa ubicada en San Pedro Sacatepéquez solo participó en licitaciones del Estado en los proyectos que le fueron adjudicados.

También la Asociación Pro Bienestar de los Sectores Rurales de Guatemala (Jade Maya), de Rony Gabriel Hidalgo Camposeco, hizo su aporte al ascenso de Miranda con Q2.8 millones. Guatecompras muestra asimismo inconformidades contra esta organización, sancionada además por la Controlaría.

La Asociación Teculuteca para la Democracia y el Desarrollo Integral, Asoteddi, de Julio Misael López y López, con sede en Zacapa, es en la actualidad la segunda ong que más dinero del Estado ha manejado. La cantidad asciende a casi Q500 millones. Su relación con Miranda se resume en una adjudicación que en 2008 le otorgó casi Q2 millones para construir un camino vecinal en el municipio de Tutuapa, en San Marcos. También ha recibido sanciones  por parte de la Controlaría.

Las reformas anheladas

La ejecución de fondos públicos por medio de ongs ha sido muy cuestionada desde el primer momento. Esta situación se ha denunciado de manera reiterada desde el gobierno de Álvaro Arzú, cuando se facilitó su creación y los mecanismos legales para su funcionamiento. No es raro que casi todas las ong tengan sanciones, respondan a tráfico de influencias y destaquen por su falta de transparencia. En 2004, Maite Rico y Bertrand de la Grage  denunciaron la situación en su estudio El poder paralelo de las ong en Guatemala y recientemente el ex ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight en su libro Rendición de Cuentas ha arrojado cierta luz sobre cómo en el Congreso los diputados atan muchos de estos contratos, principalmente en la negociación por el listado geográfico de obras.

La presión ante la evidencia de los malos manejos hizo que el ahora exdirector de Fonapaz y diputado electo por la Unidad Nacional de la Esperanza, Jairo Flores se comprometiera a no ejecutar fondos a través de ong desde principios de 2010, sin cumplirlo plenamente. Desde finales de ese mismo año está en curso una iniciativa de ley para que se controlen más los fondos de las ong y su manejo. 

Mientras la iniciativa de ley todavía esté discutiéndose, familias como la de Marino Estanislao Miranda seguirán con sus obras, opacas y caras, desde ong que administran la construcción de infraestructura del Estado.