El último trabajo de los sindicalistas

Cuatro cadáveres, apilados en una fosa de dos metros, amortiguaron la caída del cuerpo del ingeniero Sergio Saúl Linares, que se convertía en el quinto cadáver. En ese entonces no tenían nombres ni rangos. Sólo eran una masa de carne y huesos sospechosas de conspirar contra el gobierno militar de 1984. No era el último. Antes de cerrar el agujero lanzaron un sexto cuerpo que presionó a los otros: el de Amancio Villatoro, líder sindical de una fábrica de chicles. Entonces sí: la tierra fértil del departamento de Chimaltenango, a 80 kilómetros al oeste de la capital, cerró la fosa creada a 100 metros del puesto de control del destacamento militar de San Juan Comalapa. Soldados vivieron sobre muertos durante 16 años, de 1980 a 1996, y se retiraron cuando se firmó la paz dejando 220 cuerpos bajo tierra en 31 fosas colectivas y 14 individuales.

300

Junto a ambos aparecía la cifra 300 y después la misma fecha: 29/3/1984. Las familias estaban casi seguras de que la cifra y la fecha significaban que habían muerto aquel día.

“Que hayan aparecido en ese documento sólo nos confirmó lo que ya sabíamos: que El Ejército se los llevó”, dice Mirtala Linares, hermana de Saúl, que era abogada y presentó más de 90 recursos de legales para que le entregaran a su hermano pero nunca sucedió.

Ambos fueron secuestrados por hombres armados en una camioneta blanca casi con un mes de diferencia. Villatoro fue capturado de forma ilegal por el Ejército el 30 de enero de 1984 y Linares el 23 de febrero del mismo año. Según el Diario Militar la detención de ambos obedece a una ofensiva del gobierno militar contra los sindicatos y el Partido Guatemalteco de los Trabajadores (PGT). Antes el Ejército había capturado a algunos compañeros de militancia que, bajo tortura, delataron a otros miembros del partido. Así llegaron hasta Linares y Villatoro.

“Un amigo militar de la familia nos dijo que por la tortura Saúl estaba ciego y en silla de ruedas… que no lo buscáramos más”, dice la hermana de Saúl.

Se sospecha que Villatoro pasó dos meses bajo tortura, aunque sus huesos no lo delatan. Pero otro sindicalista del mismo grupo de Villatoro, Álvaro Sosa Ramos, narró años después lo que le ocurrió a él cuando fue capturado: lo colgaron de  los pies y lo golpearon con machetes y a patadas además de apagar cigarrillos en su cuerpo. En una declaración hace años dijo que no había visto a Villatoro pero que podía imaginarse lo que había sufrido.

“Es increíble cómo el cuerpo reacciona violentamente a los choques eléctricos y cómo llega hasta golpear la pared. Había veces que dejaba que mi cabeza pegara en la pared para poder perder la razón pero nunca pude lograrlo. Después de los choques eléctricos mi cuerpo estaba hirviendo de fiebre, esta sediento y pedía agua. Podía oír a las víctimas de los otros cuartos pedir agua también”, dijo Sosa en una declaración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fosa 317-IX

En el 2003 la Fundación de antropología forense de Guatemala (Fafg) empezó a buscar restos de personas en los terrenos que ocupó la base militar de San Juan Comalapa. El 23 de septiembre del 2003 los antropólogos encontraron aquellas seis osamentas en la fosa 317-IX.  Durante más de cuatro años la Fafg alimentó un banco de ADN para identificar a las víctimas: las familias de Linares y Villatoro acudieron a dar muestras. En el 2011 se informó que las últimas personas que enterraron aquel 29 de marzo de 1984 eran Linares y Villatoro.

“Esto viene a confirmar que el Diario militar es verídico, que todo es cierto”, dice Mirtala Linares. Lo dice con un dejo de satisfacción, como agradeciendo que su hermano ayudará a saber parte de la historia y que no se siga descalificando el documento.

Sabe que un día encontrará la respuesta igual encontró los restos de su hermano. Ahora yace en Guatemala, enterrado junto a su madre, cumpliendo –afirma su hermana– su deseo.

“¿La pregunta que me hago es por qué lo llevaron hasta allá, por qué?”, se dice Mirtala a sí misma.

El investigador Manolo Vela ha ofrecido un principio de respuesta. En un texto titulado El Diario Militar, los ciudadanos y la Policía Nacional de Guatemala explica brevemente, después de estudiar  y comparar información del Diario Militar con los archivos de la Policía, que varios de los capturados eran trasladados a otras zonas del país, en la mayoría de casos eran entregados la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa que buscaba información sobre células de la guerrilla en varios departamentos. Esta la obtenían después de torturas y si los trasladaban físicamente era con la intención de que “pusieran” (delataran) a co-militantes de la zona.

Según datos encontrados en el Diario Militar, al menos 21 personas fueron entregadas la zona militar número 17 en Quetzaltenango, la base Aérea del sur en Retalhuleu; el destacamento de Santa Anta Berlín, Coatepeque, zona militar 13-16 en Mazatenango, la 302 en Chimaltenango y la zona militar 21 en Cobán, Alta Verapaz.

“La decisión de trasladar a los capturados de la Ciudad de Guatemala a las secciones de inteligencia de las Zonas Militares ubicadas en el interior del país radica en el tipo de información que éstos tenían y la utilidad que esta información podía tener para las operaciones en aquellos territorios. En muchos casos se trata de ciudadanos con contactos en las zonas a las que son trasladados”, dice el texto de Vela.

Es decir que para los militares cada detenido consituía, más que nada, un libro lleno de información que tenían que abrir de alguna manera para descifrar su contenido.

Villatoro y Linares tenían información de Chimaltenango al ser del sector central del PGT y la Central de Sindicatos.

Los llevaron a la base militar de Comalapa, hay indicios de que intentaron leerlos. Después los tiraron a la fosa, mullida con cadáveres anteriores. Ahora será la fiscalía quien retome la lectura. Para saber qué pasó en aquella época. Para aprender qué ocurrió con el resto de los desaparecidos.