El Procurador de los Derechos Humanos, como autoridad reguladora en el tema del derecho de acceso a la información pública (también conocido como el derecho a saber), rindió ayer su informe anual correspondiente a 2013. En diversos contextos, muchos defienden el hecho de que uno de los principales problemas que enfrenta el cumplimiento de la ley es que prácticamente ésta no se utiliza o, lo que es peor, hay una serie de impedimentos que hacen poco efectiva la garantía la cumplimiento de dicho derecho.
Ciertamente, en lo segundo hay razón, pero en lo primero los datos demuestran lo contrario. Lo cual desde mi perspectiva es muy positivo en un país en donde la secrecía y la opacidad han sido la base de la institucionalización de lo público.
Cada año, y el anterior no fue la excepción, las solicitudes de información han ido creciendo considerablemente. El Informe recoge los datos de los cinco años que tiene de vigencia la ley de acceso y demuestran que cada vez hay más interés por solicitar información. En el 2009 se registraron 11,289 solicitudes. Al año siguiente hubo incremento de 5,619 solicitudes (16,908). En el 2011, se presentaron 19,961, lo cual implicó un aumento de 3,053 peticiones. En el 2012, se solicitaron 1,983 solicitudes más que el año anterior; y el año pasado el número de peticiones de información fue abrumador. En lo que va de los cinco años no se había registrado un aumento similar. Las solicitudes presentadas en el 2013 llegaron a 30,055, es decir, 8,111 peticiones más.
En este punto merece la pena puntualizar algo: estas solicitudes extras pueden responder a un interés en obtener información o también cabe la posibilidad de que los portales de información no están funcionando a cabalidad y por ello las personas se ven en la necesidad de recurrir al proceso de solicitud.
Esto puede analizarse desde varias perspectivas. La primera y más importante es que hay un interés patente en la ciudadanía por tener acceso a información pública. Eso quiere decir que pese a los alicaídos esfuerzos que hay en general por incentivar el uso de la ley, cada día crece más el deseo por contar con información de primera mano. Información que de una u otra manera tiene muchos fines, pero sobre todo incrementar el nivel de conocimiento de las personas que finalmente se traduce en la posibilidad de tomar decisiones más fundamentadas e informadas.
Otro punto importante que merece la pena resaltar es que en promedio, los días que utilizan los sujetos obligados para responder han descendido también. Ahora el promedio de respuesta osciló entre los tres días. Si bien, esto puede tener sus matices, hay que reconocer que el uso de herramientas tecnológicas y el apoyo que se le ha dado a este tema desde las mismas unidades de información así como las unidades de archivo han tenido un impacto positivo. Es cierto, que en muchos sujetos obligados aún existe la cultura del ocultamiento o de la falsa interpretación de que el plazo que la ley otorga (10 días) es lo que hay que tomar en referencia y entonces proceden a entregar la información el último día que les posibilita la norma.
Esta escalada de incrementos también se registró en los recursos de revisión. Se presentaron 126 casos, lo cual se traduce en la mayor capacidad de inconformidad y autonomía que las personas van adquiriendo ante las respuestas del sujeto obligado. En este caso particular habría que conocer el fondo de los recursos y analizar las respuestas de cada uno de ellos para determinar el camino que están tomando estas acciones administrativas que la ley promueve. Pero esto será materia de otras reflexiones, ya que los datos del informe son abundantes.
Considero que como tal, este proceso de rendición de cuentas de la autoridad reguladora revela entre otras cosas el impulso que se le ha dado al tema y al desarrollo de la Secretaría de Acceso a la Información (SECAI). De no ser así, no hubiera sido posible el seguimiento e incremento en el número de sujetos obligados que presentaron informe, el aumento en el número de portales electrónicos que fueron sujetos de análisis, así como la apertura de 888 expedientes a sujetos obligados por el incumplimiento en la presentación del informe.
Aún falta mucho. Hay muchos problemas institucionales y de interpretación antojadiza de la ley, pero mientas existan personas que presenten solicitudes, el tema cobrará más importancia. Y claro que sí la tiene, el derecho de acceso a la información pública como parte del derecho a la información es un elemento fundamental en todo sistema democrático.
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