La exdiputada Lucrecia Marroquín de Palomo, viuda del abogado Francisco Palomo, asesinado por sicarios en junio de 2015, busca reactivar la pena de muerte en Guatemala. En una entrevista con el diario digital República GT, con base en un estudio estadounidense argumentó la correlación de la pena capital con la disminución de los niveles de criminalidad. “Por cada persona que se le aplica la pena de muerte hay una disminución de 74 asesinatos”, aseguró.
La afirmación de Marroquín es “engañosa”. El estudio al cual hace referencia indica que la reducción de homicidios puede ser debido a otras causas y no a la aplicación de la pena de muerte. Según sus autores, no se analizaron otras variables como una presencia policial más fuerte o tasas de captura contra homicidios.
El estudio que refiere Marroquín fue realizado por Roy D. Adler, profesor de Marketing y Michael Summers, catedrático de métodos cuantitativos de la Universidad de Pepperdine. En 2007, Adler y Summers publicaron un artículo en el periódico Wall Street Journal, donde concluían que por cada ejecución se reducían aproximadamente 74 homicidios al año siguiente. Para llegar a esa conclusión, examinaron datos de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). Observaron la relación entre el número de ejecuciones y el número de muertes durante un período de 26 años, de 1979 a 2004. En su análisis, los autores determinaron que el aumento de homicidios coincidía con la disminución de la aplicación de penas de muerte y en la misma proporción al aumentar las ejecuciones disminuían los homicidios.
Cuando se publicó esta investigación surgieron críticas sobre la certeza de las cifras, y la necesidad de incluir factores como las tasas de captura contra homicidios y comparación de datos con los Estados que no aplican la pena de muerte. Además de analizar otras variables, no sólo las ejecuciones y homicidios. Incluso en el artículo, Adler y Summer lo mencionan. “Podría haber una tercera variable, como una presencia policial más fuerte o un cambio de la población de las zonas urbanas. Pero hasta que no sea identificada, la solución más sencilla es probablemente la solución real”, escribieron.
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En Guatemala sigue vigente la pena de muerte. Sin embargo, no se aplica desde 2000. El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó el acuerdo que daba la potestad al mandatario para otorgar el indulto. Hasta que se resuelva este vacío legal, no pueden ser ejecutadas más personas. El mes pasado las exdiputadas Lucrecia Marroquín de Palomo y Zury Ríos presentaron una iniciativa de ley que busca reactivar la pena de muerte.
Para Carlos Guerra del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), la pena de muerte no funciona como un disuasivo. “En lugar de pensarse en un castigo, debería buscarse la prevención del delito. En 2014, se presentó la Política Nacional de Reforma Penitenciaria. Creemos que es un primer paso, pero falta trabajar una reforma integral del sistema judicial en todo su conjunto”, opina.
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