Para argumentar su oposición a un impuesto contra la impunidad, sugerido un día antes por Iván Velásquez, jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz, dijo que el Estado de Guatemala cuenta con recursos indispensables para financiar el sistema de seguridad y justicia, y aseguró que ”Q20 mil millones se evaporan al año por tanta corrupción”.
Briz no especificó la fuente de esa información. Su asistente dijo que el dato fue obtenido de un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización internacional Oxfam, en el cual se detalla que Q20.8 millardos del presupuesto 2015 son vulnerables a este flagelo. Según ese estudio, lo indicado por el presidente del CACIF es “engañoso”, ya que aunque en el mismo se señala que los rubros del presupuesto más accesibles a la corrupción pueden alcanzar los Q20 millardos, ello no implica que esa sea la cifra que desaparece por corrupción.
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El documento identifica entre los rubros más expuestos, las transferencias de capital, la adquisición de medicinas, y la ejecución de recursos por medio de fideicomisos. El informe específica que no existe una fórmula o metodología científica para cuantificar la corrupción; pero se estima que para 2015 uno de cada cinco quetzales de estos rubros está expuesto a ese flagelo. Se perderían Q4,160 millones, equivalentes al 6% del presupuesto total del Estado. Sólo en el denominado Listado Geográfico de Obras, hay Q11.5 millardos expuestos a los sobreprecios, mala calidad de materiales y falta de transparencia en adjudicaciones.
La propuesta de Icefi para hacer frente a la corrupción, se basa en el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado, la modernización de la legislación, un mejor acceso a la información pública y una mayor participación ciudadana.
El pasado 10 de noviembre, Iván Velásquez propuso crear un impuesto especial y transitorio contra la impunidad que sólo aplicaría a patrimonios que superen determinados montos, con el fin de obtener recursos para fortalecer la justicia y seguridad en el país. El sector privado no tardó en manifestarse en contra de la creación de un nuevo gravamen, argumentando que no confían en el buen manejo de los tributos, por la corrupción que existe en las instituciones públicas.
Manfredo Marroquín presidente de Acción Ciudadana, cree que las estimaciones de Icefi son conservadoras y el costo de la corrupción puede ser aún más alto. El experto considera que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado son un paso para mejorar la transparencia, pero enfatiza en que una normativa no resuelve nada, si no se vigila su cumplimiento.
Marroquín opina que Guatemala necesita recursos para fortalecer la justicia y ve viable la creación de un impuesto contra la impunidad. ”Aunque el Estado comenzara a ser transparente el día de mañana y no se robaran ni un centavo, los recursos no alcanzan para la ampliación y mejora del Ministerio Público y el Organismo Judicial. Hay que preocuparse porque no se pierda el dinero en corrupción, pero también hay que ampliar la recaudación”, señaló.
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