FAQ. Preguntas sobre el acuerdo de Tercer País Seguro

¿Todas las personas que soliciten asilo en Estados Unidos serán enviadas a Guatemala, sin importar su nacionalidad?

Si bien el comunicado publicado por el gobierno, el viernes 26 de julio, menciona que el acuerdo será «aplicado para personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña», el acuerdo firmado por Degenhart y McAleenan no menciona a estos países en específico. Según el documento hay dos casos en que Estados Unidos tendrá la responsabilidad de atender las solicitudes en su territorios. Primero, cuando se trate de un menor no acompañado. Segundo, cuando la persona llegue a Estados Unidos con una visa emitida de forma válida o cuando la persona llegue a Estados Unidos sin necesidad de una visa. El punto #1 del Artículo 7 sí menciona que Estados Unidos colaborará con Guatemala para «identificar a las personas idóneas para ser trasladadas al territorio de Guatemala». El acuerdo no detalla en qué consiste esa idoneidad. El punto #5 del mismo artículo señala que las partes realizarán un plan de implementación inicial que abordará «(el) número de personas a ser trasladadas».

Los guatemaltecos que soliciten refugio o asilo, ¿también deberán esperar en Guatemala?

El Artículo 2 del documento menciona que este acuerdo «no aplica a los solicitantes de protección que son ciudadanos o nacionales de Guatemala; o quienes, siendo apátridas, residen habitualmente en Guatemala». Pero podrían ser enviados al norte de México a esperar sus audiencias, como parte de la política Permanecer en México. Según el Instituto Nacional de Migración de México (INM), de enero a junio de este año, hasta 17,000 solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala han sido enviados a Mexicali y Tijuana.

Guatemala procesará solicitudes. ¿Eso qué significa?

Sí. El Punto #2 del Artículo 4 del acuerdo indica que «Guatemala evaluará las solicitudes de protección una por una». Esto deberá ser autorizado la autoridad en materia migratoria, es decir, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Esto quiere decir que una persona puede solicitar protección en Estados Unidos, pero su solicitud será trasladada y procesada por el IGM. De nuevo, el documento no clarifica si Guatemala se encargará de todas las solicitudes de protección que reciba Estados Unidos o únicamente las de provenientes de personas de El Salvador y Honduras.

¿Cuántas personas serán enviadas a Guatemala bajo esta política?

Aún no es posible saberlo. Hasta que ambas partes (el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos) no realicen el plan de implementación inicial, que mencionan en el acuerdo, y que determina el número de personas que serán trasladadas de Estados Unidos a Guatemala, no se sabe el número de solicitantes de asilos que Guatemala acogería. Según un conteo realizado por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), este año Estados Unidos tiene 945,711 casos de asilo pendientes. De esos, 199,592 son de personas de Guatemala, 161,575 de El Salvador y 153,298 de Honduras. Si esta política afectara únicamente a solicitantes El Salvador y Honduras, mas no de Guatemala, el país recibiría hoy a 314,873 personas, aproximadamente, solo de solicitantes de asilo. Aparte tenemos a los solicitantes de refugio. En el 2019 Estados Unidos limitó el número de solicitudes de refugio que tramitaría a 30,000. En el 2018 recibieron 725 solicitudes de El Salvador y 71 de Honduras. Pero tampoco hay ninguna restricción en los términos actuales del acuerdo que lo vaya a limitar a esos dos países.

¿Dónde albergaría Guatemala a quienes estén esperando asilo o refugio?

Esto no se ha determinado. Actualmente el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) cuenta con un albergue en la zona 5 que tiene una capacidad de 200 personas. Según confirmó por teléfono su vocera, Alejandra Mena, este albergue está actualmente habilitado. «Desconozco si en los próximos días o meses se estará habilitando otro albergue», señaló. «Esto lo determinarán las autoridades encargadas». Las personas pueden permanecer en este albergue hasta que solventen su situación migratoria, señaló la vocera. Casa del Migrante de la zona 1, dirigida por el padre Mauro Verzeletti, tiene una capacidad de 50 personas. Sin embargo, esta y las otras casas del migrante en Guatemala, son consideradas de tránsito. Es decir, es raro que una persona permanezca más de una noche. Tres, a lo sumo. Si bien el año pasado, con la llegada de la primera caravana, la Casa pudo albergar a unas tres mil personas, lo hizo ubicándolas en el suelo, en los pasillos, hacinadas en las habitaciones y con la ayuda de la Escuela Oficial Urbana, ubicada al cruzar la calle, que, porque sus alumnos estaban de vacaciones, pudo ofrecer sus instalaciones. Edgar Gutiérrez afirma que ni siquiera la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tendría la capacidad de atender a tantas personas. «Ellos pueden montar campamentos provisionales, manejar la logística de la alimentación y servicios básicos, pero hasta ahí», argumenta el analista. Por otro lado, el ministro Degenhart anunció ayer, en conferencia de prensa, que las personas enviadas a Guatemala recibirán un estatus migratorio legal y que «no se define un área a la que deben estar circunscritos», dijo. Sugirió, por lo tanto, que no se les dotará de albergue y que podrán moverse con libertad por todo el país. En el caso de los nacionales del CA-4 ese es un derecho que ya tienen.

¿Qué se sabe de las visas agrícolas que el gobierno de Estados Unidos entrega a trabajadores guatemaltecos?  

Cada año el gobierno de Estados Unidos otorga cierto número de visas agrícolas que, en este caso, serían visas H-2A. Estas visas son temporales. En el 2017, Estados Unidos otorgó 412,820 visas H-2A. La mayoría fueron para México. Guatemala recibió 3,519 y fue el tercer país con más. Cada año varía el número total de visas de acuerdo a la demanda, y a la capacidad de la Embajada de los Estados Unidos de procesar las solicitudes. El acuerdo firmado entre Degenhart y McAleenan no lo menciona. El 30 de julio, John Pallasch y Gabriel Aguilera, por parte de Estados Unidos y Guatemala respectivamente, firmaron otro acuerdo que promete mejorar el programa de las visas H-2A. Ese mismo día la Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó un comunicado con algunos detalles, sin embargo, no menciona cuántas visas agrícolas recibirá Guatemala. El comunicado dice que este acuerdo fortalecerá la protección de trabajadores estadounidenses y guatemaltecos, asegurando que ambos serán menos susceptibles a actos criminales.

¿Es correcto decir que en Guatemala habrá “campos de concentración”?

Depende. En entrevista con elPeriódico, Edgar Gutiérrez afirmó que, con este acuerdo, Guatemala, el país entero, se convertiría en el «campo de concentración más grande que ha existido en la historia». A finales del mes pasado, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez llamó también «campos de concentración» a los centros de detención ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, donde permanecen las y los solicitantes de asilo. Andrea Pitzer, la autora de A Global History of Concentration Camps, define los campos de concentración como la «detención masiva de civiles sin el derecho a un juicio». Es necesario aclarar que los campos de concentración difieren de los campos de exterminio. Mientras los campos de concentración, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron construidos para confinar a un grupo de personas. Los campos de exterminio fueron construidos específicamente para la aniquilación de las y los opositores del régimen Nazi. Si bien las personas detenidas en los campos de concentración durante el Holocausto morían, lo hacían por inanición, falta de alimentación o los abusos de los guardias, en los campos de exterminio morían dentro de las cámaras de gas, por ejemplo, o tras ser ejecutados.

Por otro lado, Enrique Degenhart ha afirmado que salvadoreños y hondureños (a quienes afectará exclusivamente el acuerdo, según él) podrán moverse con total libertad por territorio guatemalteco.

¿Cuál será el costo de atender a estas personas?

La Casa del Migrante, según el padre Verzeletti, calcula entre Q.250 y Q.300 por persona, al día. Esto incluye, alimentación, vivienda, servicios médicos, servicios psicosociales y asesoría jurídica. Todos, insiste, necesarios para las y los solicitantes de asilo. «Guatemala simplemente ni tiene la infraestructura necesaria, ni la capacidad para atender a estas personas», sentenció el padre. Pero el Gobierno asegura que no se comprometerá ningún dinero público, como dice el acuerdo. Esto encaja con la idea de libre movimiento y ningún servicio estatal que ha insinuado Degenhart. Pero también hay quien ha visto en esa línea un subterfugio para evitar que el pacto tenga que ser ratificado por el Congreso, como señaló la Corte de Constitucionalidad.

¿Cuánto tiempo pasarían en Guatemala quienes soliciten asilo y refugio?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad determina que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) debe programar una entrevista inicial con el solicitante 45 días después que la aplicación fue enviada. La misma ley indica que USCIS debe dar una respuesta a la solicitud de asilo en 180 días. El proceso será el mismo. Sin embargo, la abogada migratoria estadounidense Lorilei Williams, en entrevista con Plaza Pública, el año pasado, señaló que un caso de asilo puede tomar hasta cinco años. Si bien hay ocasiones en que se solucionan rápido, es poco probable que los casos de quienes sean trasladados a Guatemala (tras haber solicitado asilo en Estados Unidos), considerando la distancia, sean resueltos con rapidez.

¿Qué pasa con las personas cuya solicitud sea negada?

El Punto #1 del Artículo 3 del acuerdo señala que «Guatemala no retornará ni expulsará a solicitantes de protección en Guatemala, a menos que el solicitante abandone la solicitud o que esta sea denegada a través de una decisión administrativa». Adicional, los ciudadanos de El Salvador y Honduras tienen paso libre en Guatemala, según el convenio migratorio CA4, por lo que no estarían obligados a salir del país en caso su solicitud en Estados Unidos sea negada.

¿Cuándo entra en vigencia este acuerdo?

Antes de entrar en vigencia el acuerdo debe ser ratificado por el Congreso. El mismo acuerdo menciona que éste entrará en vigor luego que ambas partes hayan cumplido con los «procedimientos jurídicos nacionales necesarios». Sin embargo, el Punto #2 del Articulo 4 del acuerdo afirma que Guatemala procesará las solicitudes «en la fecha efectiva del presente Acuerdo o posterior a ella». El punto #4 del Artículo 7 señala que Estados Unidos y Guatemala realizarán evaluaciones continuas. La primera de esas evaluaciones será dentro de tres meses. El acuerdo tiene una vigencia de dos años. Es renovable. Y si una de las dos partes desea terminar el acuerdo, podrá hacerlo mientras se informe por escrito y con tres meses de antelación.

¿Empiezan ya a llegar a Guatemala solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras?

No, mientras no se hayan cumplido los «procedimientos jurídicos nacionales necesarios», no podrán iniciar estos movimientos. Pero nadie tiene del todo claro a qué se refiere el acuerdo con esa expresión. Los vuelos de ciudadanos repatriados, que ocurren cada semana, mantienen el mismo aproximado de deportados: 100 a 120 personas, todas guatemaltecas. Según informó la vocera del IGM, este año 33,039 personas han sido repatriadas.

¿Pueden Degenhart o Jimmy Morales firmar el acuerdo sin el consentimiento, o sin que el Congreso lo apruebe?

Esto es algo que está en disputa.

La Corte de Constitucionalidad prohibió la firma del documento. Antes tenía que conocerlo el Congreso. Sin embargo, el presidente ha sugerido que, por no haber comprometido fondos públicos, no es necesario que el Congreso lo hiciera. Edgar Gutiérrez, excanciller, sostiene que no: «Este acuerdo modifica aspectos del código migratorio», señala, «la constitución dice que cuando un convenio modifica una ley aprobada por el congreso, el congreso mismo debe ratificar este convenio». Añade Gutiérrez que según el Artículo 171 de la Constitución, este acuerdo podría vulnerar la integridad de la nación. Por lo tanto, el Congreso sí tuvo que haber conocido el acuerdo que firmó Degenhart. A esto agrega la constitucionalista Sonia Lucía Valenzuela que el Congreso tiene que aprobarlo y ratificarlo también. «Todos los tratados de Derechos Humanos y de materia internacional deben ser gestionados por el ministro de relaciones exterior y este los debe traer a Guatemala para que surtan efecto jurídico en el país», dice. Así mismo, afirma que le llama la atención que Degenhart haya sido quien firmó el acuerdo. «Él como ministro no tiene las facultades para firmar este tipo de acuerdos», señala. Ayer, durante conferencia de prensa, Degenhart señaló que el presidente Morales le otorgó el poder legal de firmar los acuerdos, pero por el momento no hay evidencia de ese mandato.

¿Qué consecuencias políticas tiene esta supuesta desobediencia? ¿Es posible darle marcha atrás al acuerdo?

La constitucionalista Sonia Lucía Valenzuela cree que en papel la Corte de Constitucionalidad tiene todo para darle marcha atrás al acuerdo. Pero, añade, es un juego político. Va a depender mucho de la voluntad de Corte y la reacción de la ciudadanía guatemalteca, el sector privado y la comunidad internacional (incluyendo las comunidades de migrantes). El excanciller Edgar Gutiérrez compara esta situación con la de inicios de año, cuando Morales violó una sentencia de la Corte, referente a la Cicig. «Son dos desobediencias, dos desacatos», dice el analista. «La corte es capaz de terminar con este gobierno». El especialista en derecho internacional Arturo Villagrán comentó en su cuenta de Twitter que el gobierno de Donald Trump, mediante amenazas, coaccionó a oficiales del estado. Esta acción, según los artículos 51 y 52 de la Convención de Viena, nulifica el acuerdo.

¿Qué efectos en el país podría tener la aplicación de este acuerdo?

Al padre Verzeletti le preocupa la etiqueta de “país seguro” y cómo esta va a crear una falsa expectativa del país. «De repente vamos a tener personas de Haití, de África, de todas partes del mundo llegando a Guatemala, pensando que aquí estarán seguras», señala. Añade, Verzeletti, que este tipo de acuerdos y la forma cómo fueron concretados también perpetúan la relación de poderío y sumisión entre Estados Unidos y Guatemala. «Trump consiguió un gran objetivo: transformar a Guatemala en un muro», dice.

¿Desde cuándo se negociaba este acuerdo?

Las versiones varían. La ministra de relaciones exteriores Sandra Jovel afirmó que desde el año pasado oficiales del gobierno de Estados Unidos y Guatemala empezaban a planificarlo. Por otro lado, el secretario interino de la DHS, Kevin McAleenan afirmó en conferencia de prensa, junto al embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, que las negociaciones iniciaron en marzo de este año. Añadió que el gobierno de Estados Unidos espera pronto firmar acuerdos similares con los gobiernos de El Salvador y Honduras. Considera McAleenan que la crisis migratoria es un problema regional, por lo que esperan involucrar a los gobiernos de Costa Rica y Panamá, como ya lo hicieron con México y Guatemala. No mencionó a Nicaragua.